Expolio, usurpación y desamortización
La Ley presentada en el Congreso de los Diputados sobre
Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local supone la
aniquilación de las entidades locales menores y la Ley de Ordenación,
Servicios y Gobierno del Territorio de la Comunidad de Castilla y León
pretende la concentración de servicios en unidades supramunicipales y la
resurrección in excelsis de las Diputaciones Provinciales.
Valentín Cabero
- Catedrático Geografía. Universidad Salamanca
Nuestra Comunidad Autónoma de Castilla y León camina hacia la ruina
total. La debacle demográfica ha sido puesta de relieve una y otra vez,
sin que la Agenda de la Población
de la Junta de Castilla y León haya sido capaz de dar respuestas
positivas. Hasta ahora todo ha sido retórica política. ¿Qué decir de la
catástrofe financiera que estos días ha llegado con los retales de Caja España-Caja Duero
al corazón de la ciudad de León, y deja llenos de rabia y pesimismo a
miles de honestos y honrados ciudadanos? ¡Qué decir de los recortes y
pérdida de autonomía de nuestras universidades publicas frente al
creciente poder y generosidad con las privadas!
La
política neoliberal y tecnocrática que estamos viviendo bajo el discurso
de los recortes, de la austeridad, de la racionalidad y del socorrido mantra
de la sostenibilidad esconde a verdaderos lobos y lobeznos cubiertos
con pieles de ovejas y de corderos. Cubiertos eso si con un manto
legislativo que busca adueñarse de las joyas ambientales, de los
recursos forestales, de los dominios pratenses, de las reservas
hídricas, de los yacimientos mineros, etc. que nos quedan, y que son
señas de identidad y de referencia común. De momento, y aprovechando la
crisis o justificando “la consolidación fiscal como máxima prioridad”,
dos instrumentos legislativos se han puesto manos a la obra para
derrumbar definitivamente el armazón de las estructuras locales más
antiguas y reconocidas, y para arramblar con sus pertenencias y recursos
más valiosos.
Por un lado, la Ley presentada en el Congreso de los Diputados sobre Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local supone la aniquilación de las entidades locales menores, y por otro lado, la Ley de Ordenación, Servicios y Gobierno del Territorio de la Comunidad de Castilla y León pretende la concentración de servicios en unidades supramunicipales y la resurrección in excelsis de las Diputaciones Provinciales. De la comarcalización nada se dice.
Fachada de la Diputación Provincial de Salamanca. /J.S.
Menos mal que las asociaciones de
entidades locales menores se han puesto en movimiento, redescubriéndonos
los valores y ventajas de su presencia y gestión en el territorio, y
denunciando cómo los intereses desamortizadores y las aves de rapiña de
la privatización sobrevuelan sobre nuestros paisajes y nuestras tierras
preñadas de memoria, de esfuerzo colectivo y de riquezas para el futuro.
Mientras tanto, el partido de la oposición sigue en Babia y perdido por
los Cerros de Úbeda.
Recordemos que en Castilla y
León de los casi 2 millones de hectáreas forestales gestionadas por la
Comunidad Autónoma, 1.664.206 hectáreas son montes catalogados de
Utilidad Pública pertenecientes a las entidades locales. Sobre estos
recursos el expolio y las usurpaciones son ya visibles. El 20% de esta
superficie está contratada por la Consejería de Medio Ambiente, y las
dentelladas que se avecinan sobre estos bienes serán mayúsculas de
materializarse las amenazas previstas y puestas en marcha. El traspaso
de las Entidades Locales Menores a los municipios es el primer paso, y
vaciarlas de competencias, el segundo. La despoblación ya hizo su labor
de zapa y de erosión territorial. Ahora llega la almoneda y la subasta.
Recuerdo aquí y ahora las palabras escritas por Francisco Tomás y
Valiente, presidente en su día del Tribunal Constitucional y vilmente
asesinado por ETA, cuando nos señalaba en 1974 en una magnífica lección
quienes eran los compradores y beneficiarios de las sucesivas
desamortizaciones del siglo XIX: “ En primer lugar, un
puñado de negociantes… de profesionales de las subastas, de
especuladores o acaparadores más o menos escrupulosos o tramposos,
hombres a quienes no ofenderíamos calificando de oportunistas. En
segundo lugar, grupos típicamente burgueses de comerciantes, abogados,
funcionarios (con frecuencia titulares de cargos burocráticos
responsables de la aplicación de la legislación desamortizadora),
industriales y políticos…”.
Junto a estos
protagonistas podemos indicar también la presencia de grandes
hacendados, de algunos nobles, y de muy pocos, poquísimos campesinos.
Traslademos estos datos, estas figuras del inmediato pasado, al momento
actual, y hagamos una hipótesis acerca del futuro de nuestros bienes
comunales y del patrimonio público. ¿Quiénes serán los nuevos
acaparadores y beneficiarios en la nueva desamortización del siglo XXI
realizada bajo la bendición de una legislación y ordenación que priva a
los pueblos de sus derechos y propiedades históricas? Me atrevo a
señalar, en palabras de Cervantes y Quevedo, a los bellacos, malandrines
y tramposos de nuestros días: a los defraudadores amnistiados por
Montoro, a los empresarios vinculados a la CEOE y protegidos por la
administración, a los burócratas instalados en los altos intersticios
del poder, a los constructores con dinero negro, negrísimo, agazapados
ahora en los escondrijos de la crisis, a las corporaciones industriales y
bancarias que acogen en sus consejos de administración a altos expertos
en tráfico de influencias para pagarles los favores y “servicios”
prestados. Muchos de ellos, con sus cumquibus, se
han refugiado hace tiempo en grandes cotos redondos. Muy pocos,
poquísimos, campesinos tradicionales y emigrantes que engrosaron el
éxodo rural se beneficiarán de esta nueva desamortización.
Adiós a la agricultura y ganadería familiar y a las prácticas concejiles respetuosas con el medio ambiente.
