El Consejo de Ministros da un primer visto bueno a la nueva ley que permite actividades con fines económicos en las grandes joyas de la naturaleza
Juana Viúdez
Madrid
6 SEP 2013
Reserva natural del parque nacional de Monfragüe, Cáceres. / Bernardo Pérez
El Consejo de Ministros ha dado este viernes el visto bueno al anteproyecto de la nueva Ley de Parques Nacionales,
una norma que abre la posibilidad de desarrollar actividades con fines
económicos en los espacios con mayor nivel de protección ambiental del
país, nuestras 15 joyas de la naturaleza. Entre esos posibles negocios
que se podrán instalar cuando la norma esté en vigor se encuentra la navegación con usos turísticos en el parque de Monfragüe (Cáceres)
o el vuelo sin motor, actividad que una disposición adicional permite
excepcionalmente en el Parque Nacional de Guadarrama (Madrid).
La vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáinz de Santamaría, ha
asegurado que la norma, pendiente todavía de informes de distinta
naturaleza, pretende reforzar la eficacia del papel del Estado, que
podrá intervenir en la gestión de los Parques Nacionales,
en manos de las Comunidades Autónomas, incluso de forma directa en el
caso de “emergencia medioambiental”. El Gobierno del PP fija con esta
norma que los Parques Nacionales futuros deben tener un mínimo de 25.000
hectáreas en el momento en el que sean declarados y aunque se
endurezcan los requisitos, una vez que reciba el visto bueno se
agilizará su tramitación.
El documento se ha visto en el Consejo de Ministros en trámite de primera lectura, por lo que todavía está sujeto a cambios.
La caza es uno de los aspectos espinosos de la nueva ley de Parques
Nacionales. Uno de los últimos borradores, del 11 de agosto, sigue
considerándola una actividad incompatible con los usos de un Parque
Nacional, pero se reserva la figura del control de poblaciones –en el
que se matan animales- y que se viene utilizando para permitir la caza.
Formaciones como Seo –BirdLife, Ecologistas en acción o WWF
reclaman que se especifique en el documento que ese control de
poblaciones solo podrán realizarlo técnicos del parque, y que no se deje
en manos de cazadores.
El Gobierno también quiere dar mayor protagonismo a los propietarios
de terrenos que forman parte de los Parques Nacionales. Los
conservacionistas temen que ellos puedan hacer negocio con la caza.
Según el texto, los particulares podrán “desarrollar actividades
económicas y comerciales, en especial relacionadas con el uso público y
el turismo rural”.
“El objetivo de los parques nacionales siempre ha sido la
conservación y se está rompiendo esa regla”, opina Asunción Ruiz,
directora ejecutiva de Seo-Bird Life. Juan Carlos del Olmo, de WWF,
insiste en que hace falta una nueva ley para frenar la deriva actual, en
la que la falta de coordinación entre parques está haciendo mella en la
gestión de la red y reivindica la necesidad de que las comunidades
autónomas rindan cuentas sobre los usos que dan a las partidas para
Parques Nacionales, algo que no se hace. El Tribunal Constitucional ya
estableció en 2004 y 2005 que la gestión de los parques correspondía a
las comunidades autónomas y reservaba para la Administración general
otras funciones. En Ecologistas en Acción vaticinan nuevas batallas
judiciales.
