Buscar este blog

14 abril, 2010

ESTE ES EL SISTEMA QUE HACEMOS LEGAL CON NUESTRO VOTO 2

La Comisión Europea castiga a España por las prácticas de la poderosa industria minera leonesa.
• Las explotaciones de carbón a cielo abierto amenazan el valle de Laciana (León). Sus habitantes contemplan resignados como Coto Minero Cantábrico arrasa los valles. Mientras las Administraciones españolas callan y consienten, Europa amenaza con sanciones.

Reportaje por:

Si uno acude a Villablino (León), en pleno valle de Laciana, y visita la Fundación Reserva de la Biosfera, puede documentarse con folletos ilustrados con fotografías que hace mucho tiempo que no reflejan la realidad. Las cimas verdes de las montañas, las aguas cristalinas de los ríos o, incluso, la vida tranquila de los osos pardos y urogallos se han esfumado. Las explotaciones de carbón a cielo abierto se han ocupado de ello.
En España, según el Instituto para la Reestructuración de la Minería del Carbón, del Ministerio de Industria, hay seis empresas que recurren a esta práctica, mucho más barata y con menos riesgos que la minería de interior, pero con un impacto ambiental extraordinario. La comarca de Laciana no solo es la que más cielos abiertos concentra sino, además, la que más yacimientos de este tipo tiene proyectados, cuatro más hasta 2012.

La empresa responsable es Coto Minero Cantábrico –aún conocida en la región por su antiguo nombre, MSP (Minero Siderúrgica de Ponferrada)–, propiedad de Victorino Alonso, también dueño de Uminsa, con las que concentra las dos terceras partes de la producción nacional de carbón. La compañía arrastra una larga lista de denuncias y causas abiertas de las que su portavoz, Juan José Valverde, prefiere guardar silencio “por consejo de los abogados”. La última ha sido un dictamen de la Comisión Europea que denuncia el impacto de los cielos abiertos de Nueva Julia, Los Ladrones y Fonfría, en áreas LIC (Lugar de Interés Comunitario) y ZEPA (Zona de Especial Protección para las Aves), en el Espacio Natural Alto Sil. Las licencias fueron adjudicadas sin evaluación de impacto ambiental, aunque Valverde asegura lo contrario.

La responsabilidad, para el Tribunal de las Comunidades Europeas, recae directamente sobre “el Reino de España”, acusado de desviar fondos europeos que han servido para atentar contra espacios protegidos de la Red Natura 2000. Mientras, el hermetismo por parte de la Consejería de Medio Ambiente y de la Dirección General de Energía y Minas de la Junta de Castilla y León es absoluto. Remiten al informe de la Abogacía del Estado, que no niega las consecuencias negativas en el ecosistema, tan solo indica que “algunos de los proyectos a los que se hace referencia en la demanda fueron autorizados antes de la entrada en vigor de la Directiva de Impacto Ambiental y de la Directiva Hábitats”.

No es la única causa que tiene abierta la empresa y tampoco es el único intento de poner freno al atentado ecológico. El restaurador Antonio Arias es uno de los vecinos más beligerantes con las explotaciones de Coto Minero Cantábrico. De hecho, fue el primero en iniciar procesos judiciales contra la empresa –en 1995– por El Feixolín, que afectaba a una de sus fincas. Recientemente, el Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León sentenciaba que Coto Minero debía suspender toda actividad allí, dado que esta se inició sin evaluación de impacto ambiental.

La alcaldesa de Villablino y senadora por el PSOE, Ana Luisa Durán, considera que “en el pasado se hicieron cosas mal en este Ayuntamiento” pero se jacta de que su mandato está limpio de irregularidades. Sin embargo, tanto desde Filón Verde, Los Verdes de Laciana o, incluso, en privado algunos vecinos del pueblo coinciden al denunciar la connivencia de las Administraciones, tanto local, como regional y central, en el conflicto del carbón.

Eliecer Alonso, ex secretario de Medio Ambiente de la ejecutiva socialista de Laciana, cuenta: “Ya en 2005 la actual alcaldesa firmó unilateralmente un convenio con Victorino Alonso para cinco nuevas cortas, del que nadie de la ejecutiva teníamos conocimiento”. Tras la publicación de un comunicado de los miembros de la ejecutiva de rechazo al convenio, todos fueron expulsados del PSOE, con la excepción de Durán, por orden directa de la Secretaría General de Organización y Coordinación de Ferraz. Ese mismo año, el entonces concejal de Medio Ambiente en el Ayuntamiento, Abel Díaz, pidió la creación de “una fiscalía para que investigase las ayudas al carbón”. La respuesta en la Junta fue negativa y, meses después, Díaz dejó definitivamente la política y se recicló en hostelero con su restaurante El Campillo, en Sosas de Laciana. El propio Díaz señala: “Existen intereses detrás de las ayudas al carbón; lógicamente, la empresa mira por su cuenta de resultados, pero quienes deberían ejercer un control no lo hacen, es decir, la Junta y el Ministerio de Medio Ambiente, para el que Laciana no existe”.

Las acusaciones y rumores sobre la financiación del PSOE por parte de Coto Minero Cantábrico es un extremo que el portavoz de la compañía niega, si bien admite “la simpatía que nos tiene el PSOE”. Mientras, quienes ejercen la oposición más frontal contra la empresa son objeto de amenazas y coacciones, según explica el propio Arias, o Manuel Barrero, concejal de Los Verdes en el Ayuntamiento –del que fue alcalde en los años 80–, que asegura: “Hay mucho miedo en el pueblo, y pensar en una recogida de firmas es imposible; nadie se atreve a dar la cara”. El concejal narra cómo el departamento de Compras de Coto Minero deja de hacer pedidos a los negocios que han expresado su oposición a los cielos abiertos. Por el contrario, “quienes se han mostrado a favor de las ayudas a Coto Minero han prosperado más”. Es el caso, según fuentes del antiguo consistorio, de Miguel Martínez, antiguo alcalde de San Andrés de Rabanedo y actual presidente de Paradores Nacionales; Ángel Villalba, ex portavoz del PSOE en las Cortes de Castilla y León y actual presidente de FEVE; María José Ruiz, consejera de Medio Ambiente de la Junta y, desde 2004, también vicepresidenta primera; o la propia alcaldesa, que desde su concejalía de Cultura en Villablino ascendió a alcaldesa y senadora desde 2004.
La alcaldesa Durán, cuyo Ayuntamiento arrastra una deuda de más de 16 millones de euros, indica que “dependemos por completo de la minería, porque ninguna otra industria ha apostado por la región, en parte, porque mientras no se arreglen las comunicaciones nadie lo hará”. Según la regidora, “de cada cien euros de riqueza que se genera en la zona, 14 proceden del carbón; Coto Minero es responsable del empleo de miles de personas”.

El verde Barrero, que junto a su colega el ex eurodiputado David Hammerstein abrió la brecha legal en Europa en 2005, rebate las cifras, señalando que “se están falseando, no llega ni siquiera a 200 mineros empleados y solo el cuerpo de funcionarios de la comarca triplica este número”. Según las últimas cuentas presentadas en el Registro Mercantil, Coto Minero Cantábrico tiene 512 empleados, y en 2004 tenía 902.

Por otro lado y al margen del Plan Nacional de Reserva Estratégica de Carbón 2006-2012, la Administración lleva meses trabajando en un Plan de Minería a cielo abierto en Laciana y Babia para un horizonte del año 2020. Ello a pesar de que desde Europa no se ve con buenos ojos esta política. El eurodiputado alemán de Los Verdes Reinhard Bütikofer asegura que “no solo es incompatible con una política de sostenibilidad, sino que además, España está distorsionando el mercado favoreciendo con ayudas a su carbón autóctono, a pesar de que éste es más caro, de peor rendimiento y más contaminante que, por ejemplo, el polaco”.

El Consejo de Ministros sigue dando ayudas al carbón. Solo en 2009, Uminsa y Coto Minero recibieron ayudas por valor de más de 275 millones de euros.

ESTE ES EL SISTEMA QUE HACEMOS LEGAL CON NUESTRO VOTO

Castilla y León cambia la ley para blindar sus macroproyectos.
La reforma podría servir para aprobar la estación de esquí de San Glorio en suelo protegido.

La Justicia paralizó en 2008 la construcción de un complejo invernal en San Glorio, entre León y Palencia. PDCC
MANUEL ANSEDE - Madrid - 13/04/2010 22:00

La Junta de Castilla y León, dominada por el PP, ha elaborado un rodillo legal para que sus macroproyectos, muchos de ellos paralizados en los tribunales, eludan la Justicia. Gracias a un cambio por el procedimiento urgente en la legislación autonómica, las Cortes podrán aprobar como ley proyectos presentados por grupos parlamentarios. Merced a este ardid, no serán necesarios informes técnicos del Consejo Consultivo de Castilla y León, previsiblemente negativos, para aprobar, por ejemplo, una macroestación de esquí en un parque natural, y los ciudadanos no podrán recurrir a la Justicia ordinaria para parar su construcción. Sólo el Tribunal Constitucional, fuera del alcance de la sociedad civil, puede tumbar un proyecto con rango de ley.

Los diputados regionales del PP aprovecharon su mayoría en las Cortes autonómicas para aprobar esta modificación de la Ley de Ordenación del Territorio el pasado 26 de marzo, aunque el PSOE, única oposición en la comunidad, y las organizaciones ecologistas empiezan a reaccionar ahora. El grupo socialista estudia presentar un recurso de inconstitucionalidad en los próximos tres meses y las ONG locales han denunciado la situación al Defensor del Pueblo.
Esquí en zona de osos

Según fuentes socialistas, el Gobierno del conservador Juan Vicente Herrera ha impuesto este cambio para desbloquear la construcción de la estación de esquí de San Glorio, un proyecto de 100 millones de euros que pretende crear más de 50 kilómetros de pistas entre las provincias de Palencia y León, en una zona parcialmente protegida y en territorio de oso pardo. A comienzos de 2008, el Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León tumbó el proyecto. Ahora, según las fuentes socialistas, el PP podría presentar de nuevo el proyecto y aprobarlo como ley gracias a su mayoría en las Cortes. La consejera de Medio Ambiente y vicepresidenta primera de la Junta de Castilla y León, María Jesús Ruiz, rechazó hoy hacer declaraciones a este periódico sobre la argucia legal aprobada hace dos semanas.

"En temas medioambientales, en Castilla y León ya no estamos del lado de la democracia. Los ciudadanos, las ONG y las empresas ya no tenemos ningún instrumento legal para recurrir las decisiones que tome la Junta", lamenta Fernando Jubete, miembro de la Plataforma para la Defensa de la Cordillera Cantábrica. El ecologista cree que "la ley está diseñada para San Glorio", pero teme que "a partir de ahora todos los proyectos se aprueben de la misma manera", con el rodillo. De momento, el pasado 5 de abril el PP presentó en el registro de las Cortes una proposición de ley para ejecutar de manera inmediata el proyecto Meseta Ski, un parque temático en un pueblo vallisoletano de 100 habitantes, Villavieja del Cerro, que ha sido paralizado por violar la Ley de Montes.
Informes a la basura

"Cuando la Junta presenta un proyecto de ley, tiene que incorporar informes técnicos del Consejo Consultivo de Castilla y León [equivalente al Consejo de Estado], pero con el cambio en la ley que ha hecho el PP se tiran a la basura estos informes, que hubieran dejado en una posición bochornosa a los proponentes, por los contenidos inadmisibles de sus proyectos", explica Francisco Ramos, procurador socialista en las Cortes. "Ya no gobierna el gobierno, sino el grupo parlamentario popular, para saltarse el poder judicial. Esto es matar a Montesquieu", critica el diputado autonómico.

El Gobierno de Herrera ya cambió la ley en 2006 para que la Junta, no los grupos parlamentarios como ahora, pudiera plantear la conversión de los proyectos urbanísticos en leyes. Así tramitaron en 2007 la llamada Ciudad del Medio Ambiente de Soria, un proyecto de 500 millones de euros para levantar una urbanización de 800 chalés y un parque empresarial en suelo protegido. El PSOE presentó un recurso de inconstitucionalidad, pero el Tribunal Constitucional tarda una media de seis años en pronunciarse. Las obras comienzan este mes.