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07 junio, 2011

RECORDATORIO: ASÍ ESTABA LA DEUDA ESPAÑOLA A FINALES DEL 2010

La deuda española global: quien debe, cuánto debe, y a quien le debe

Marco Antonio Moreno
15 de diciembre de 2010 | 06:41

Este lunes, el Banco Internacional de pagos publicó su última revisión trimestral, con información actualizada y bastante útil para compartir con los lectores. Más aún cuando uno de los puntos centrales del informe es el detalle de la exposición de la deuda de los países PIGS hacia los bancos extranjeros. En la gráfica, he extraído el detalle de ese informe para España desde la perspectiva de la deuda hacia los paises (a quien se le debe) y la perspectiva por sectores (quien es el que debe). Como se puede apreciar, el 89% de la deuda es privada mientras el 11% es del sector público.

Por otra parte, por primera vez aparece una categoría dedicada a los derivados financieros (entiéndase CDS), lo que constituye toda una sorpresa. Esta categoría lleva el nombre de “otras exposiciones”, y el BIS la define a pie de página como “otros riesgos”. Llama la atención, en todo caso, que la exposición a estos “otros riesgos” de los países PIGS sea inferior a los 700.000 millones de dólares (US$668.000.000.000), exactamente una milésima parte del total de derivados que controla la élite bancaria del mundo en sus reuniones secretas: US$700.000.000.000.000 (700 billones de dólares). Algo que advertí en en mayo de este año. Hay que reconocer, en todo caso, la generosidad del BIS en compartir estos datos pero llegan demasiado tarde: dos años antes habrían sido de utilidad.

Lo relevante del informe es que la deuda de los PIGS (Portugal, Irlanda, Grecia y España) es de 2,281 billones de dólares (US$2.281.000.000.000), de los cuales Portugal tiene el 12.7%; Irlanda: 32,7%; Grecia: 11,1% y España: 43.5%), y que de esta deuda sólo 352 mil millones de dólares (15,4%) es con la banca de Estados Unidos. Esto demuestra que la banca estadounidense tiene muy poco que perder ante un impago de los PIGS.

De acuerdo al informe del BIS, el país con mayor exposición a los PIGS es Alemania, con 513 mil millones de dólares, le sigue Francia con 410 mil millones de dólares, Reino Unido con 370 mil millones de dólares y los Estados Unidos con 353 mil millones de dólares. Esto explica por qué el mercado anticipa que las próximas fichas del dominó en caer serán Portugal y España. Una caída que puede arrastrar al precipicio a Alemania, Francia, el Reino Unido y Estados Unidos.

Esta situación nos ayuda a comprender por qué la Fed y el Banco Central Europeo están inyectando fuertes cantidades de dinero en el sistema, a espaldas de la gente, e incluso mintiendo abiertamente. Entre jueves y viernes de la semana pasada el BCE inyectó 2.300 millones de dólares por la via de la compra de bonos en estos países. Lo mismo hizo la semana anterior y lo negó, admitiéndolo en forma tardía. Estas acciones no han hecho bajar el costo de los bonos de deuda soberana, dado que sigue al alza. Y la razón es obvia: los beneficiados son los mismos bancos.

Lo que debe quedar en claro, es que el cartel bancario ha comenzado a jugar todas sus cartas para retrasar lo máximo posible el día inevitable. Hasta ese momento, mucho dinero seguirá cambiando de manos haciendo enormemente ricos a un puñado privilegiado de personajes, pero haciendo también infinitamente pobres a la inmensa mayoria del planeta.

Actualización: Comparto este artículo de Cotizalia, ... Y el BIS revela el porqué de la desesperada llamada de Obama a ZP, en el cual Alberto Artero (S. McCoy) aporta nuevos datos sobre el tema.

LOS BANCOS ROBAN Y EL GOBIERNO MIRA PARA OTRO LADO

Los bancos roban y el gobierno mira para otro lado
ByJuan Torres López y Alberto Garzón Espinosa– 5 junio, 2011
http://www.altereconomia.org/?p=555

La aprobación por el Gobierno el pasado viernes de un Real decreto que ha sido calificado por algunos medios como “ley contra los abusos en la banca” pone una vez de relieve la desfachatez gubernamental y la directa complicidad de los poderes públicos con la banca privada para permitirle salir de la crisis con más poder y una situación patrimonial saneada.

Se dice que es un decreto contra los abusos bancarios porque se modifican algunos criterios de cómputo de activos para que la exposición al riesgo de los bancos cuando realizan inversiones especulativas y de ingeniería financiera sea más transparente y, sobre todo, porque establece mecanismos para limitar las remuneraciones de los directivos, además de intervenir en el mercado para evitar que los bancos recurran a las llamadas “guerras de depósitos” ofreciendo intereses elevados que, según el gobierno, luego obligan a aumentar el coste de la financiación a la economía.

Decimos que el decreto es una desfachatez porque no se enfrenta realmente a las causas que provocaron la crisis financiera, porque solo pone paños calientes para hacer como que se regulan de otro modo las finanzas, cambiado algo para que nada cambie, y porque engaña a la sociedad haciendo creer que los abusos de la banca provienen de donde en realidad no vienen.

Lo que hay que controlar no son los sueldos de los directivos sino los beneficios de la banca.

Lo que debería hacer el gobierno no es lanzar este canto de sirena sino, de entrada, someter las remuneraciones astronómicas de los directivos bancarios a impuestos justos y progresivos y no hacerlos desaparecer, como viene haciendo. Y, sobre todo, impedir que la banca privada pueda generar los beneficios extraordinarios que obtiene a base de financiar mal a la economía productiva y de gozar de un poder de mercado radicalmente incompatible con el buen funcionamiento del sistema financiero e incluso con el juego de poderes democrático que debe primar en una sociedad que se dice democrática.

Si en España hubiera decencia y justicia decente y si los dos partidos de los que dependen la gobernabilidad, el Partido Socialista y el Popular, junto a los de la derecha nacionalista, no fueran esclavos de los créditos que reciben de la banca y que luego no pagan, se tomarían de verdad medidas contra los abusos de la banca pero éstas no serían las del decreto que acaba de aprobar el gobierno. Serían otras fundamentalmente destinadas a poner en claro y pedir responsabilidades civiles y penales, al menos, por actividades y hechos como los siguientes:

1) La posible responsabilidad de la banca española en la generación de un insostenible crecimiento del crédito bancario que provocó más tarde la crisis en la que estamos y en la utilización de vías de financiación para poder mantener ese crecimiento que claramente comportaban mucho riesgo y problemas futuros que todos estamos pagando ahora.

2) La posible responsabilidad de la banca española en la promoción de miles de contratos de permuta conocidos como clips o swaps inmobiliarios que en realidad han sido un engaño y una estafa descomunal a clientes que han perdido millones de euros.

3) La posible responsabilidad de la banca española en la generación del boom inmobiliario, entre otras vías, mediante la tasación de las viviendas artificialmente al alza para así aumentar su negocio de creación de deuda.

4) La posible responsabilidad de la banca española en la liquidación muy perjudicial de los créditos hipotecarios para miles de familias también por realizar tasaciones artificialmente a la baja.

5) La posibles irregularidades fiscales y de gestión patrimonial de la banca española que puedan estar dándose tras la apropiación de las viviendas adquiridas por familias que no han podido seguir pagando sus créditos.

6) La responsabilidad que pueda haber tenido la banca española en el hecho innegable de que millones de personas no pueden disfrutar de su derecho constitucional a la vivienda por la política crediticia que viene practicando y por su contribución a generar el paro y la pobreza que lleva consigo la crisis que ha contribuido a provocar.

7) La responsabilidad que pueda estar teniendo la banca española en la enorme rigidez a la baja que muestra el precio de la vivienda en España a pesar de haber estallado ya hace meses la burbuja y al mantener fuera del mercado cientos de miles de viviendas que podrían satisfacer necesidades sociales fundamentales.

8 ) La posible responsabilidad de la banca española ante la situación en la que se encuentra la economía española como consecuencia de estar utilizando dinero público y recursos de sus clientes para ampliar sus negocios improductivos y especulativos sin destinarlo, como se supone que es la razón de recibirlo, a financiar a empresas y consumidores.

9) La posible responsabilidad que pueda tener la banca española en nuestra mayor tasa de inflación dado el mayor nivel de gastos inherentes a las operaciones financieras y comisiones que cobra a sus clientes.

10) Las posibles responsabilidades de la banca española como financiadora de negocios criminales, de tráfico de armas y de drogas, tal y como han denunciado algunos organizamos y asociaciones internacionales.

11) La posible responsabilidad de la banca española por utilizar paraísos fiscales para facilitar la evasión fiscal y por los daños que con toda seguridad eso ha causado a la economía española.

l2) La posible responsabilidad que haya podido tener la banca española en la exclusión y segregación financieras que haya podido producirse con colectivos sociales o grupos sociales más vulnerables.

13) La posible responsabilidad de la banca española en la financiación consciente de la corrupción urbanística.

14) La posible responsabilidad de la banca española en la financiación irregular de los partidos políticos.

15) La posible responsabilidad de la banca española en el incremento del coste de la deuda soberana y su participación en actuaciones especulativas contra España incluso con recursos recibidos de los poderes públicos y de los ciudadanos españoles.

16) La posible responsabilidad de la banca española en la extensión del fraude fiscal y de la economía sumergida difundiendo productos financieros durante los últimos años con el solo propósito de blanquear dinero y ocultar a la Hacienda Pública las fuentes reales de las rentas y patrimonios de sus clientes.

17) La responsabilidad de la banca por utilizar de un modo palpable e indisimulado su poder financiero para aumentar su influencia mediática, política, académica y social comprando voluntades y publicaciones financiando publicaciones (como ocurre con los informes que justifican la privatización y recorte de las pensiones públicas) en donde una y otra vez se presentan datos que no responden a la realidad pero que contribuyen a crear un estado de opinión favorable a sus intereses económicos. Y, por tanto, engañando a la opinión pública y prostituyendo la deliberación social y la propia democracia.

18) La responsabilidad de la banca española en la enorme pérdida de empleo que se ha producido en su sector, en donde las jubilaciones se producen a las edades más bajas a pesar de que los informes que financia proponen su aumento para el resto de los trabajadores y sectores económicos, y a pesar de que es el negocio que mayores beneficios viene obteniendo desde hace años.

19) La posible responsabilidad de la banca española en la enorme cantidad de errores que se producen en la gestión de las cuentas de sus clientes o en la gestión de documentos y recibos, por los habituales abusos de confianza que llevan a gestionar de forma muy diferenciada y arbitraria sus depósitos y, de forma particular, por la suscripción de fraudulentos “fondos de pensiones” que ocultan su verdadera naturaleza y beneficio real y la desigual rentabilidad que suponen para los clientes y para las entidades bancarias.

20) Y finalmente habría que abrir otro capítulo para depurar también las responsabilidades de los directivos del Banco de España, y más concretamente de sus gobernadores, puesto que son las autoridades encargadas de supervisar a la banca privada y las que podrían haber evitado que todo esto hubiera ocurrido.

Pero ninguna de estas cuestiones se plantea ni se investiga, ni se cuestiona. En lugar de hacerles frente para poner en claro las causas que han provocado un quebranto de docenas de miles de millones de euros para pequeñas y medianas empresas y para las familias y consumidores españoles, y, además de ello, una merma sustancial de su capacidad de decisión, lo que se hace es conceder a los banqueros un régimen de privilegios totalmente incompatibles con la democracia más elemental y de casi total impunidad. El ejemplo del presidente del Banco de Santander, Emilio Botín, es elocuente:

Según informaba la web EL CONFIDENCIAL el 21 de septiembre de 2006 “durante los años 1988 y 1989, el Santander manejó cerca de medio billón de pesetas de dinero negro, que provenía de fuentes financieras más o menos inconfesables (…) El banco entregó al Fisco información falsa sobre 9.566 operaciones formalizadas que representaban 145.120 millones de pesetas. (…) A tal efecto, no dudó en declarar como titulares de las cesiones a personas fallecidas, emigrantes no residentes en España, ancianos desvalidos, trabajadores en paro, familiares de empleados del banco, antiguos clientes que ya no mantenían relación alguna con la entidad, etcétera”.

Como consecuencia del descubrimiento de esa serie de irregularidades, la acusación solicitó para el presidente del Banco de Santander, Emilio Botín, “un total de 170 años de prisión y una multa de 46.242.233,92 euros (7.694.060.334 pesetas), además de una responsabilidad civil de 84.935.195,86 euros (14.132.027.499 pesetas), que es el perjuicio causado con su actuación a la Hacienda Pública”.
Pues bien, el diario El País informaba el 27 de mayo de 2008 que para defenderse de la acusación de supuestos favores a ese banco, el ex ministro de economía Rodrigo Rato presentó un escrito de la ex-Secretaria de Estado de Justicia y luego Vicepresidenta del Gobierno, María Teresa Fernández de la Vega, “en la que ésta pidió el 25 de abril de 1996 que se cursaran al Abogado del Estado “instrucciones” sobre su actuación en el caso de las cesiones de crédito”, concretamente, pidiendo que no se dirigiera “acción penal alguna por presunto delito contra la Hacienda Pública, contra la citada entidad bancaria o sus representantes”. Gracias a lo cual, su presidente ni siquiera fue juzgado por esas actuaciones.

Estos son los verdaderos abusos de la banca y los que de verdad hacen daño a la sociedad y no las remuneraciones de sus directivos, por muy altas que sean. Y no hay por qué que seguir aguantando estos abusos. Hay que denunciarlos, censurarlos y reclamar medidas para investigar y depurar responsabilidades.

Ya es hora de que la sociedad despierte y no se deje vencer más por el miedo ancestral hacia quienes manipulan el dinero ante sus manos como si fueran magos que tienen un don especial para hacerse ricos cuando en realidad solo son trileros que se aprovechan de la necesidad ajena y que esconden sus trampas gracias a la impunidad y al poder inmenso que durante siglos han acumulado.

Ya es hora de que la gente reaccione y no permita que, con su dinero, la banca robe, engañe y haga inversiones inmorales y sumamente peligrosas para la estabilidad económica, social y ambiental del planeta.

No puede haber democracia mientras haya abusos bancarios.

ESPECULANDO CON EL HAMBRE

Especulando con el hambre.

07/06/2011 ENRIQUE JAVIER DÍEZ GUTIÉRREZ. PROFESOR DE LA UNIVERSIDAD DE LEÓN
diariodeleon.es

Entre el 2010 y el 2011, los precios de los alimentos han batido récords siete meses consecutivos. Esta ha sido una de las causas de las revueltas en Túnez, Egipto o Argelia, ante una subida de un 25% respecto a los precios del año pasado. El propio Parlamento Europeo denuncia que los altos precios de los alimentos están sumiendo a millones de personas en la hambruna y amenazan la seguridad alimentaria mundial a largo plazo, debido no a la escasez o a una menor oferta de alimentos, sino a un alza de precios provocados por la especulación de su valor en bolsa.

Según diferentes especialistas, el 2010 ha sido el año con una de las mejores cosechas de la historia. Según la FAO no hay riesgo de escasez en la última década y las reservas existentes para 2011 garantizan comida incluso con un déficit 13 veces mayor que el actual. No obstante, es sorprendente la inexistente relación aparente entre la cantidad real de cereales y los precios de las materias primas básicas como el trigo, el maíz o el azúcar.

Las tres causas fundamentales de este incremento desmesurado de los precios hay que buscarlas en el control que unas pocas empresas tienen del comercio agrícola mundial, imponiendo un precio, independientemente del costo real de producción; una segunda causa es la especulación bursátil con estas materias primas; y una tercera causa es la extensión de la producción agrícola de agrocombustibles.

La primera causa tiene que ver con el monopolio real de empresas como Syngenta, Dupont o Cargill, que controlan más del 70% de la oferta del cereal. A pesar de las proclamas de libertad de mercado, estos grandes grupos son los que controlan el mercado. De hecho han anunciado beneficios multimillonarios durante 2010 por la comercialización del grano.

La segunda causa tiene que ver con la inversión especulativa en materias primas, pues genera muchos beneficios y es algo muy seguro, ya que la demanda va en aumento. Desde que se especula en bolsa con materias primas básicas, como el trigo o el azúcar, los precios de los alimentos se han multiplicado de manera astronómica provocando una profunda crisis alimentaria que, ya en 2008, incrementó el número de personas hambrientas en 100 millones. En la medida en que la burbuja inmobiliaria estalló en los Estados Unidos y se profundizó en la crisis financiera, los especuladores empezaron a invertir en alimentos, empujando al alza sus precios.

El Relator Especial de las Naciones Unidas para el Derecho a la Alimentación denuncia que los fondos de alto riesgo, los fondos de pensiones y los bancos de inversiones -todos ellos sin interés alguno en los mercados agrícolas-, compran muy baratas las materias primas (trigo, maíz-¦) y esperan a que el crecimiento de la demanda haga subir los precios. Los estudios más fiables atribuyen hasta un 31% de la escalada en el precio del maíz al negocio especulativo de estos denominados «inversores financieros». Hacen todo lo posible para que sus fondos consigan el beneficio más alto en el más corto plazo. Entre sus prioridades no figuran obviamente ni invertir en la economía real ni evitar las hambrunas.

A mediados de febrero del 2011, el Banco Mundial comunicaba que debido al incremento en los precios de la comida, el número de hambrientos se estaba acercando a los mil millones, cuando los últimos datos de la FAO los cifraba en 925. Y un tercio de la mortalidad infantil en todo el mundo se atribuye a la malnutrición. Además 44 millones de personas están franqueado el umbral de la extrema pobreza porque sus débiles economías familiares han sido desestabilizadas por el incremento del coste de la comida. Según la FAO, en enero de 2011, por séptimo mes consecutivo, el precio de los alimentos alcanzaba un récord histórico al aumentar un 3,4% respecto a diciembre de 2010. Sabiendo que en el último semestre de 2010, el alza acumulada llegaba ya al 44%.

Por eso Izquierda Unida ha presentado al Congreso de los Diputados, por primera vez en la historia, una propuesta no de ley instando al gobierno a prohibir las inversiones financieras especulativas sobre bienes alimentarios de primera necesidad en países en vías de desarrollo, porque, como dice la propuesta, «con la comida no se juega, no se especula con ella, la alimentación es un derecho humano y debemos exigir que los mercados financieros no coticen con ese derecho como si de un juguete se tratara para el lucro desmesurado de unos y el empobrecimiento de la mayoría». Junto al control del mercado y la especulación financiera encontramos la tercera causa en el uso de cereales como agrocombustibles. El aumento del precio del petróleo ha generado el uso de combustibles alternativos como aquellos de origen vegetal. A pesar del duro debate por su impacto ambiental, su dudosa contribución en la reducción de emisiones y por agravar la crisis alimentaria, la UE aprobó un objetivo obligatorio para alcanzar un 10% de agrocombustibles en el transporte en el 2020. Llenar el depósito de un automóvil mediano con biocombustible requiere tanta cantidad de maíz como la que una persona africana consume en un año entero.

Cada vez se dedican más tierras destinadas a cosechas para biodiesel, reduciendo la oferta destinada a la producción de alimentos para la población. Esto ha reducido los alimentos disponibles, sobre todo en los países empobrecidos. Parece que nadie se atreve a poner en tela de juicio la barbaridad de millones de toneladas de maíz que se destinan a bioetanol (el 14% del maíz mundial). Porque bajo el intocable prisma neoliberal que impera, los alimentos no tienen por qué alimentar estómagos, sino que son mercancías que deben ser cotizadas en el mercado para agrandar las ganancias.

La crisis alimentaria global sólo beneficia a las multinacionales que han transformado los alimentos en una mercancía con la que especular. Las tierras, las semillas, el agua-¦ se están convirtiendo en propiedad de multinacionales que ponen un precio exorbitante a unos bienes que hasta hace muy poco eran públicos. La agricultura y la alimentación como sustentos básicos desaparecen en favor de la visión mercantilista: el fin último no es garantizar comida ni trabajo, sino hacer un buen negocio. Frente a la mercantilización de la vida, debemos de reivindicar el derecho de los pueblos a la soberanía alimentaria, a controlar su agricultura y su alimentación. No se puede especular con aquello que nos alimenta.