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21 noviembre, 2014

EL PP ADMITE QUE INDEMNIZAR LA CAZA EN LOS PARQUES NACIONALES ES "INASUMIBLE"

El Congreso aprueba la nueva ley que permite la actividad cinegética hasta 2020.

maría carnero | león 21/11/2014
diariodeleon.es

El Congreso de los Diputados dio ayer luz verde a las 17 enmiendas procedentes del Senado al proyecto de Ley de Parques Nacionales, cuyo texto quedó definitivamente aprobado gracias a los votos del PP. El resto de los grupos rechazó la mayoría de las enmiendas, aunque en algunos casos CiU y UPyD se han abstenido, y se han producido apoyos puntuales del PSOE
La aprobación de esta polémica ley, que desde el principio ha contado con el rechazo de la oposición y de los principales grupos ecologistas, ha dejado tras de sí un intenso debate en el que salieron a la luz los motivos reales por los que el PP aplaza, a través de una de sus enmiendas, la prohibición definitiva de la caza y del resto de aprovechamientos forestales al 2020.
El Grupo Popular calcula que las indeminizaciones a propietarios, tanto privados como ayuntamientos, de espacios dentro de Parques Nacionales ascienden a 320 millones de euros, según explicó la diputada del PP María Teresa de Lara durante el debate, una cantidad que «no es factible en estos momentos».
En este sentido aseguró que la nueva ley tienen «idéntico texto» que la aprobada en 2007, cuando gobernaba el PSOE, en lo que se refiere a la prohibición de la caza deportiva y comercial y en cuanto a las indemnizaciones que asumirán las administraciones para compensar los derechos de los propietarios privados.
Por eso reprochó al PSOE que, cuando aprobó su ley de Parques Nacionales, que fija el fin de estas actividades en estos espacios para 2017, «no asumió derechos ni pagó indemnizaciones, ni llegó a ningún acuerdo con los propietarios privados o con ayuntamientos» para adecuar la situación de estos enclaves protegidos a la ley y echó en cara que no hicieran nada «en tiempos de bonanza», frente al texto del PP que, a su juicio, sí contempla las expropiaciones una vez acabado el plazo si no se alcanzan acuerdos voluntarios.
En todo caso, ha insistido en que el texto da mayor seguridad jurídica y ha lamentado la «crítica fácil» y la «demagogia», «sectarismo» y «mentira» en el debate parlamentario porque se van a votar 17 enmiendas y los grupos se han referido únicamente a una de ellas, la que permitirá seguir realizando actividades incompatibles durante seis años más, hasta 2020.
«Basta ya de demagogia y de mentiras. Ni se deja la puerta abierta a la caza, ni se favorece a los ricos y amigos de la señora De Cospedal. Ya estamos hartos de oír lo mismo siempre», ha denunciado De Lara.
Sin embargo, la secretaria de Cambio Climático del PSOE y portavoz socialista en materia de medio ambiente en el Congreso, Pilar Lucio, bromeó con que esta ley pondrá «contentos» a los amigos del PP. «Parece imposible que esto pueda pasar, este ambiente de escopeta nacional», ha lamentado Lucio.
Según ha defendido, los Parques Nacionales son la «joya de la corona de la conservación» y para cazar, talar madera, hacer rafting o volar sin motor «hay otros lugares afortunadamente» en España. «No todo vale. Hay que distinguir lo público de lo privado. Debe primar el interés general y no de unos privilegiados o unos pocos. Espero que lo dejen aquí y no traigan más leyes ambientales. No les prometan a sus amigos que esta ley les va a garantizar muchos años de caza porque no lo vamos a permitir», ha sentenciado la socialista.

CARRASCO CONTRATÓ MEDIO MILLÓN DE EUROS A LA EMPRESA DE UNA ALCALDESA DEL PP DONDE TRABAJÓ SU PAREJA

DIPUTACIÓN DE LEÓN

ileon.com | 20/11/2014

Los contratos informáticos a Isfere, vinculada directamente a la regidora de Maraña, se sucedieron durante sus siete años de mandato y han continuado tras su muerte hasta una elevadísima cuantía que hoy publica Radio León. La Policía Nacional investiga a la empresa.


Medio millón de euros. Esa es la elevadísima cifra de dinero que ha contratado el PP en la Diputación de León desde el año 2006 con la empresa Isfere, vinculada de manera directa a la alcaldesa popular de Maraña, Rosa Rodríguez, y en la que durante años trabajó la pareja sentimental de Isabel Carrasco, Jesús López Brea.
Esta es la cuantía que destaca hoy Radio León, citando documentos del área de Intervención de la propia Diputación, que sumó en adjudicaciones en un total de 113 operaciones de contratación diferentes desde el año 2006 y nada menos que hasta el pasado mes de noviembre; es decir, desde poco antes de acceder Isabel Carrasco a la Presidencia de la Diputación, durante el breve mandato de Marcos Martínez Barazón hasta su detención bajo sospecha de seis delitos de corrupción e incluso en las semanas posteriores a su encarcelamiento.
Los contratos, las más de las veces directamente impulsados desde Presidencia, se refieren a compra de diverso material informático y también mantenimiento del mismo, así como la puesta en marcha de portales web para instituciones relacionadas con la Diputación leonesa.
Según Radio León, los pagos a Isfere alcanzan la cuantía de 481.000 euros, dinero al que hay que añadir otros 77.000 euros que la compañía cobró del Patronato Provincial de Turismo (organismo autónomo que también presidía Isabel Carrasco), e incluso 460.000 más que recibió en forma de subvención por parte de la Agencia de Desarrollo Económico (ADE) de la Junta de Castilla y León.
Rosa Rodríguez, la alcaldesa de Maraña, está casada con la persona que fundó y dirige Isfere. Además de alcaldesa de esa localidad de la Montaña leonesa, formó parte de la candidatura a las Cortes de Castilla y León de 2011 encabezada por el consejero de Fomento y Medio Ambiente, Antonio Silván; y formó parte del Comité Ejecutivo Provincial del PP leonés con Isabel Carrasco pero continúa a día de hoy tras la reciente renovación acometida a la muerte de la presidenta y el encarcelamiento de quien iba a sustituirla. Rodríguez continúa siendo vocal en este máximo órgano del PP provincial.
Pero otro matiz muy relevante del presunto trato de favor, cuando no otro tipo de delito, en estos contratos de la Diputación con la empresa en la que estuvo empleado la pareja de Carrasco, es que cobra una importancia capital en el caso judicial por el asesinato en mayo de la presidenta de la institución y el PP. Porque, como publicó iLeon.com en su día, la defensa de Triana Martínez, hija de la presunta homicida y encarcelada junto a ella por el asesinato, pasa por argumentar que fue uno de los contratos directos de Carrasco con Isfere lo que tensionó la relación entre ambas, larvando un odio mutuo que para Triana justificó la persecución a la que la presidenta le sometía. Este argumento fue insistentemente reiterado por la joven ex funcionaria de la Diputación en sus declaraciones ante la jueza que instruye el caso.
También cabe recordar que la Policía Nacional, y en concreto a través de la Unidad Central de Delincuencia Económica y Fiscal de la Policía Nacional, mantienen abierta una investigación sobre los movimientos de Isfere en las últimas semanas, como publicó Diario de León. Una investigación emanaza precisamente de las acusaciones de trato de favor en contratos públicos aireada por Triana Martínez dentro del llamado 'Caso Carrasco'.