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13 octubre, 2014

OPINIÓN: NO SOPORTAMOS LA SITUACIÓN DE ESPAÑA, R. CENTENO, A. GARCÍA TREVIJANO

No soportamos la situación de España


Para una conciencia normal ya no se puede soportar vivir en la atmósfera irrespirable que invade todos los ámbitos de la vida pública española. La incompetencia más absoluta de los llamados a resolver los problemas de la nación,  como hemos visto en la desastrosa gestión –al borde del delito contra la salud pública– del primer caso de ébola, la ineficacia del Estado en todos sus niveles, la mentira como forma de gobierno y los mares de nepotismo y corrupción no son más que fenómenos consecuentes a la degeneración moral que ideó y cristalizó la “fórmula política” imperante en España desde la Transición. La nueva clase política nos impuso un régimen oligárquico de partidos, llamado cínicamente democracia, donde el pueblo no puede elegir ni a sus representantes ni a su presidente, y donde además el poder judicial depende absolutamente del poder ejecutivo.

Semejante barbaridad constitucional no habría podido realizarse sino a través de un golpe de gobierno que impuso a los españoles una Constitución sin libertad constituyente. El Poder estatal se dividió en 17 feudos territoriales contrarios a la realidad histórica y cultural de la Nación, lo que ha conducido directamente a la ruina moral y económica de España y a la corrupción sistemática en todos los ámbitos públicos. Sin este reparto territorial del poder político no habrían sido ni tan fáciles ni tan impunes el desgobierno y la disolución moral del propio concepto histórico de España. El separatismo catalán es una creación directa del sistema autonómico combinado con un sistema electoral concebido en beneficio de las minorías políticas nacionalistas.

No se puede dejar por más tiempo el país en manos de tal cuadrilla de corruptos e insolventes. ¿Cómo es posible, en el caso del ébola, que el personal sanitario militar, que tiene experiencia en NBQ (nuclear, bacteriológico, químico) con amplio entrenamiento dentro y fuera de España y con equipos adecuados, haya sido apartado por los ineptos políticos al frente de la Sanidad de Madrid, apoyados por el Gobierno? Si la enfermera, que sin entrenamiento y sin medios adecuados -traje nivel II y no IV como tiene el personal NBQ- muere o hay más contagios, este Gobierno de insensatos debería pagar por ello. La necesidad de una acción colectiva que cambie radicalmente el rumbo de la sociedad política y del Estado, y que siente las bases éticas, culturales y jurídicas de unas nuevas reglas del juego político basadas en la decisión democrática de la sociedad gobernada, se ha hecho ya patente hasta en las mentalidades más conservadoras.

El Estado de saqueo: licencia para robar
La Transición en España de un régimen autoritario a otro de libertades individuales pero sin control del poder fue completamente diferente al paso de la dictadura a la democracia de los países del Este. Mientras en el primero la democracia nos fue hurtada por una oligarquía de partidos, sin separación de poderes ni representación de los votantes y una división de la nación en feudos administrativos con licencia para robar, en los segundos la transición fue diseñada por las burocracias exsoviéticas, donde la última generación de burócratas se alió con la primera generación adjudicataria de los monopolios estatales.
En España fue justo lo contrario: se creó una nueva burocracia que tomó al asalto todos los activos públicos en su propio beneficio y monopolizó el poder en los feudos territoriales, lo que permitió la acción continuada del expolio de la riqueza. Ejemplo: caso Pujol
 
En España fue justo lo contrario: se creó una nueva burocracia que tomó al asalto todos los activos públicos en su propio beneficio y monopolizó el poder en los feudos territoriales, lo que permitió la acción continuada del expolio de la riqueza. Ejemplo, el del clan Pujol. Hasta ese extremo no han podido llegar ni siquiera los oligarcas del Este. No hay ni puede haber un Pujol en Rusia, como tampoco un Chaves o un Griñán. En una democracia verdadera, es decir, en un sistema presidencialista de gobierno con una asamblea de diputados representativos de los electores que los han elegido, sería más que imposible, inimaginable, que la vida política llegara al grado de degradación alcanzado en España. Otra consecuencia inevitable del reparto territorial es la ausencia de todo criterio de valía profesional. La competencia y la profesionalidad son inversamente proporcionales al número de centros de poder.

Un ejemplo de lo hasta ahora descrito lo tenemos en las tarjetas opacas de Bankia, una minúscula porción de lo ocurrido no ya en esa entidad, sino en la mayor parte de las 50 cajas de ahorro de españolas existentes hasta hace muy poco. Hasta la Transición, el sistema español de cajas de ahorro, con más de 150 años de historia, había sido un sistema modélico de banca pública donde los más modestos y humildes ahorradores del país habían depositado sus ahorros y encontrado financiación durante generaciones. Cumplían una función económica y social verdaderamente notable, y estaban gestionadas por excelentes profesionales.

Fue la Ley de Cajas de Ahorro 31/1985 la que metió a los partidos políticos, a los sindicatos y a la patronal en los consejos de administración, desde donde iniciaron el asalto a los puestos ejecutivos. Los gestores profesionales fueron expulsados o arrinconados, y una pléyade de ineptos y saqueadores procedentes de partidos y sindicatos con licencia para robar se hicieron cargo de estas instituciones, que tan bien habían servido a las capas más humildes y desfavorecidas de la población durante siglo y medio. Estos desalmados del PP, del PSOE o de los partidos nacionalistas como también de los sindicatos de clase –comunistas y socialistas– utilizaron los recursos económicos de las entidades en su propio provecho y el de los partidos y sindicatos que los habían nombrado.

Financiaron inversiones disparatadas en beneficio propio y de los partidos, dieron créditos ventajosos a amigos o previo pago de sustanciosas comisiones por debajo de la mesa, y se entregarían al despilfarro y el saqueo más absolutos en las empresas participadas. Hablando con propiedad, los verdaderos culpables de los crímenes financieros cometidos a través de las cajas de ahorro son los políticos, que lograron promulgar una ley para el expolio de las cajas de ahorro en beneficio de  la clase dominante. El antiguo ahorro popular que representaba el 53% del ahorro nacional está hoy en la banca privada, que ha doblado así sus pasivos. Esa ha sido la misión de los partidos y sindicatos corruptos a cambio de lucrarse y lograr altos puestos ejecutivos en esa banca privada. Ejemplo: caso Rato.

Las cajas de ahorro tenían un sistema modélico de banca pública donde los más modestos y humildes ahorradores del país habían depositado sus ahorros y encontrado financiación. La ley 31/1985 metió a partidos, sindicatos y patronal en los consejos de administración, y una pléyade de ineptos y saqueadores se hicieron cargo de estas instituciones
 
Y cuando acabaron con los recursos de las entidades, pasaron a los pequeños ahorradores, a los que engañaron con la colaboración del Banco de España y de la CNMV para que invirtieran los ahorros de toda la vida en unas cosas llamadas preferentes, que, con el señuelo de una mayor rentabilidad, los llevaría a la pérdida a veces total de sus ahorros. Nadie entre estos saqueadores ha tenido que responder de nada. El rescate de bancos y cajas nos ha costado ya más de 300.000 millones de euros entre dinero efectivo, préstamo de Bruselas, esquema de “protección” de activos, Sareb –comprando activos inmobiliarios al doble de su precio de mercado–, avales, etc. De ellos, según el FMI, casi la mitad serán irrecuperables. De momento, el dinero perdido por los contribuyentes supera los 50.000 millones, a pesar de que el ministro De Guindos asegurara solemnemente que el rescate no costaría un euro a los españoles.

Pero el tema es mucho peor que el saqueo: es la impunidad y la protección otorgada por el Gobierno a estos delincuentes comunes. El FROB, que tiene todos los datos, al igual que la Inspección del Banco de España, prometió hace un año que investigaría todos estos asuntos para descubrir quiénes se habían enriquecido, y sin embargo ha suspendido todas sus actuaciones. Alguien desde el Gobierno, de acuerdo sin duda con la oposición, ha paralizado las investigaciones, que no se limitan a los 87 salteadores de Caja Madrid –todos los cuales saldrán impunes–, sino de las 50 cajas. Podemos estimar en más de 4.000 los políticos, sindicalistas y sus secuaces que han estado robando impunemente dinero público.

Guindos acaba de afirmar: “Estoy convencido de que lo ocurrido en Caja Madrid es un caso singular”. ¡Pero cómo osa! No tiene ni vergüenza ni perdón. Es una degeneración tan colosal que necesita para mantenerse la corrupción institucional y personal en todos los centros donde han de resolverse las cuestiones públicas. En el caso concreto de Caja Madrid, una cúpula directiva de delincuentes compraba voluntades y silencios de consejeros, sindicalistas y políticos que contabilizaban como “quebrantos por errores informáticos”. Con 15 millones han conseguido un expolio de 23.000. Y los responsables ni siquiera están imputados. En otro país europeo, Blesa, Rato y otros estarían en la cárcel, junto con Pujol y Bárcenas.

Sáenz de Santamaría prometió hace un año un plan de 'regeneración democrática'. A día de hoy no se ha hecho nada y se sigue prometiendo regeneraciones en un régimen de poder irregenerableEl 20 de septiembre del pasado año, Soraya Sáenz de Santamaría anunció solemnemente, con el impávido triunfalismo que la caracteriza, la puesta en marcha de un proyecto de “regeneración democrática” donde la utilización de tarjetas de crédito por altos cargos, concejales y demás hermanos mártires se restringía drásticamente. A día de hoy, no se ha hecho absolutamente nada, pero a doña Soraya no se le ha caído la cara de vergüenza, y continúa imperturbable prometiendo regeneraciones en un régimen de poder irregenerable. Montoro, por su parte, ordena a la Agencia Tributaria que investigue a las empresas privadas del Ibex, pero ¿por qué excluye a los nidos de corruptos (cajas rescatadas, empresas públicas y políticos y sindicalistas con mando)?
 
La degeneración del Estado: la Ley 30/1984
La Ley de la Función Pública de 1984 completa este cuadro normativo de la corrupción. Eliminó el sistema de selección basado en los principios de mérito y capacidad y lo sustituyó por los nombramientos a dedo, lo que nos ha llevado de tener una de la Administraciones Públicas mejor organizada de Europa a la más ineficiente y voluminosa de los países desarrollados. La ignorancia y la falta de preparación es algo que alcanza ya límites de escándalo. ¿Cómo es posible, si no, que la señora Mato sea la ministra de Sanidad de España? ¿Qué compromisos inconfesables existen entre el pusilánime Rajoy con esta incompetente ministra, que ni siquiera sabe el origen del lujoso automóvil que tiene su marido en el garaje de su casa ni conoce quién paga las costosas fiestas de su hijo? Algún secreto debe ligar al presidente con la ministra cuando la pone en ridículo despreciándola públicamente y, sin embargo, no la cesa.

Después de cada proceso electoral desde principios de los 80, los nuevos mandamases nombran a familiares, amigos y gentes de su partido y quitan a los funcionarios de carrera competentes, y además los someten a todo tipo de humillaciones y acoso laboral hasta límites inimaginables. Los primeros son casi dos millones. Un cáncer que ha destruido económica y moralmente a la nación. No se exige ninguna condición especial ni conocimiento para ser empleado público. “A la hora de reclutar personal, el objetivo principal no es otro que el de colocar a los parientes, amigos y, sobre todo, a aquellos de los que cabrá esperar una lealtad férrea” (2). La ley implantó un sistema de botín donde “se garantiza la permanencia de la relación de empleo mediante la degradación de las pruebas de selección de personal. El sistema es de sobra conocido: basta con sustituir las pruebas de las oposiciones tradicionales con otras que pueda superar cualquiera, permitiendo al tribunal elegir al que quiera”.

¿Qué compromisos inconfesables existen entre Rajoy y Ana Mato, que ni siquiera sabe el origen del lujoso automóvil que tiene su marido en el garaje ni quién paga las fiestas de cumpleaños de su hijo?“Si en los procedimientos para selección de personal el objetivo es permitir el acceso de los adictos, en los de provisión de medios materiales el objetivo no es otro que nutrir las cajas de los partidos y el patrimonio del político de turno, adjudicando contratos al que está dispuesto a colaborar. El camino es paralelo: aumentar la discrecionalidad. Los supuestos en que es preceptiva la subasta se reducen a favor del concurso-subasta, los de concurso-subasta a los de concursos. Y, por último, se aumentan los de adjudicación directa. Todo ello relegando en lo posible las funciones de la Intervención”. “Quizás –y sin quizás– , la impunidad de la corrupción y en general de los actos delictivos de los políticos tienen su causa en los privilegios que gozan.”. 
José L. Lobo explicó ayer aquí cómo en el CNI el 75% de los empleados son ¡hijos, nietos y sobrinos de espías!, un nepotismo y una degradación profesional y moral inimaginable. Y esto no es la excepción, es la regla. Aunque, pensándolo bien, nada tiene de extraño que el centro del espionaje tenga la misma naturaleza que lo espiado. ¡Si alguien cree que esto es un país y no una cueva de ladrones, que se haga un chequeo cerebral!
*Antonio García Trevijano es pensador político
(2) Todos los entrecomillados corresponden al análisis sobre la situación de la Función Pública en España realizado por el Académico de Número Excmo. Sr. D. Jesús González Pérez, bajo el título de Ética en la Administración Pública

OPINIÓN: LA TRANSICIÓN SE VA POR EL DESAGÜE, ESTHER PALOMERA

La Transición se va por el desagüe

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Hace año y medio, Felipe González confesó, en un almuerzo-coloquio, que se le pasó por la cabeza irse unos años fuera de España, "a 7.000 kilómetros" para no tener que seguir cada día los "noticiarios". Pero no, no lo hizo. Y se conjuró ante el respetable para darle a la máquina de pensar y proponer cosas. Estaba preocupado, mucho más que por la crisis económica, por la político-institucional. Temía que todo el esfuerzo de la Transición se estuviera yendo por el desagüe y España entrara en un momento oscuro de su historia.

Seguro que el expresidente ha pensado y ha propuesto, no lo duden. Incluso habrá formado parte de los conciliábulos en los que aquellos, los de entonces, los de la Transición, se han devanado la sesera hasta llegar a la conclusión de que lo mejor es que todo cambie para que todo siga igual. Han acumulado tanto poder que se resisten a pederlo. Porque todo sigue igual o peor que en abril de 2013 cuando el otrora jefe de Gobierno pronosticaba una crisis que galopaba hacia la anarquía. La Transición no es que se haya ido por el desagüe, es que ya recorre la red de alcantarillado a la velocidad de la luz y España, sí, está en tiempo de negritud. Pero ni González ni ninguno de los actores políticos, sindicales, periodísticos o empresariales del 78 se quieren enterar de su propio ocaso. Fueron hombres de otro cuño los que hicieron de España lo que ha sido en los últimos cuarenta años -con sus luces y sus sombras- y hombres y mujeres de otro cuño serán necesarios para prevenir a este país de la la putrefacción porque el hedor empieza a ser insoportable.
Lo que hemos conocido esta semana de cómo y en qué cantidad gastaban los consejeros y directivos de Caja Madrid huele a la Italia de los 90 cuando se desplomó el sistema como consecuencia de las investigaciones judiciales que acabaron con decenas de políticos y empresarios en la cárcel. Restaurantes y hoteles de lujo, joyas, spas, electrodomésticos, trajes, vinos, reparaciones náuticas, muebles, salas de fiesta... Todo con tarjetas opacas al fisco y barra libre en los cajeros automáticos. Aquello era un festival de dinero, una apoteosis del lujo y el derroche. Y, aunque todo el mundo lo sabía, nadie habló, ni siquiera los medios de comunicación, convenientemente subvencionados por la que hasta la llegada del amigo de Aznar a la presidencia era la entidad más solvente del sistema financiero español. 

Allí, en Caja Madrid, con las tarjetas de la vergüenza y el reparto del botín estaban todos los de la Transición: partidos políticos, sindicatos, patronal y hasta la Corona. Y gastaban a manos llenas, incluso después de que la crisis ya hubiera enviado a más de 5 millones de españoles al paro, desahuciado a miles de familias y dejado sin una mísera ayuda pública a más de dos millones de hogares sin ingresos. Y ellos, los Blesa, los Rato, los Moral Santín, los Spottorno, los Tejada, los Astorqui y los Sánchez Barcoj sin atisbo de remordimiento ni mala conciencia. 

Si en el PP repartían sobres y financian sus campañas de forma ilegal; si Urdangarín estafaba a las administraciones; si los Pujol acumulaban pasta en el extranjero con las mordidas de la obra pública; si los sindicatos robaban el dinero de los cursos de formación; si los mandamás de la patronal se pagaban sueldos con las ayudas públicas y si en Andalucía se amañaban los ERE, por qué no iban a hacer lo mismo los directivos de Caja Madrid. Al fin y al cabo eran todos los mismos: los hombres de nuevo cuño que hicieron posible la Transición y hoy se reparten los cargos en los Consejos de Administración. El amigo Pablo Iglesias ya tiene más gasolina y Podemos, seguro, que otros cinco puntos de subida en las encuestas con esta nueva entrega de la casta y la demolición del sistema. Una bomba de relojería en una sociedad harta del abuso y la corrupción que pide a gritos una nueva Transición, pero esta vez sin tarjetas opacas al fisco, por favor. Si no, igual es que tenemos que pensar todos como Felipe González en irnos a 7.000 kilómetros de España para no ver los "noticieros"

ENDESA: ANATOMÍA DE UN ESCÁNDALO FINANCIERO

Endesa: Anatomía de un escándalo financiero

Por Manuel Lago | En estos días de sobredosis de corrupción y escándalos financieros es fácil que pase desapercibido para la mayoría practicas inaceptables como las que acaba de anunciar Endesa.
| Manuel Lago | 12 Octubre 2014 - 19:56 h.

Nunca antes, nunca ninguna empresa, había alcanzado una cifra similar. Estamos hablando de más de 2,5 billones de pesetas, una cifra brutal, difícil de asimilar y una autentica bofetada a la mayoría social de un país que cada día tienen que oír que no hay recursos para casi nada
En estos días de sobredosis de corrupción y escándalos financieros es fácil que pase desapercibido para la mayoría practicas inaceptables como las que acaba de anunciar Endesa. Esta compañía, una de las componentes del histórico oligopolio eléctrico español, fue una empresa de capital público -su nombre completo es Empresa Nacional de Electricidad- y la creó el estado en 1944 con la intención de controlar un sector estratégico como es la energía, a través de una empresa pública.  Hasta que Aznar acabó de privatizarla en 1998. Ahora ya no es ni de propiedad pública ni española: después de extraños movimientos y una truculenta historia de OPAs y contra OPAs acabo siendo propiedad de la italiana Enel desde 2009.
Pues bien, Endesa acaba de anunciar que el próximo día 29 de octubre va a repartir un dividendo entre sus accionistas de 14.605 millones de euros, un record absoluto en la historia de la bolsa española. Nunca antes, nunca ninguna empresa, había alcanzado una cifra similar. Estamos hablando de más de 2,5 billones de pesetas, una cifra brutal, difícil de asimilar y una autentica bofetada a la mayoría social de un país que cada día tienen que oír que no hay recursos para casi nada.
Un dividendo multimillonario que va a pagar una empresa española que se va, casi en su integridad, para Italia porque Enel posee el 92% del capital social de Endesa y por lo tanto cobrará 13.345 millones de euros. Recupera así una gran parte de lo que pagó para comprarla y redondeara el negocio cuando materialice el anuncio de sacar a bolsa una parte del paquete de acciones que posee.
La operación pasa de lo inmoral a lo escandaloso cuando se conocen algunos detalles
La operación pasa de lo inmoral a lo escandaloso cuando se conocen algunos detalles. Por ejemplo, que los beneficios de la compañía en 2013 fueron de 2.943 millones de euros y que por lo tanto, los dividendos que ahora distribuye multiplican por casi 5 veces esa cifra. Y que, con gran probabilidad, en 2014 se sitúen en el entorno de los 3.000 millones, muy lejos por lo tanto del disparatado reparto de dividendos.  Es cierto que se trata de un dividendo extraordinario vinculado en gran parte a la venta de los activos de Endesa en Chile, pero eso no hace más que añadir confusión a la operación, porque el comprador de esos activos fue, precisamente, Enel.
Estamos delante de una inaceptable y escandalosa operación de  descapitalización en la que se liquida una parte considerable del patrimonio de una compañía española -que era pública hace no mucho tiempo- a cambio de nada: Enel paga por la compra de los activos pero acto seguido lo recupera cobrando el dividendo y Endesa se queda sin activos y sin dinero. Se vacía una empresa española llevándose a una empresa de otro país una parte de su patrimonio acumulado durante décadas. Ingeniería financiera le llaman. Atraco también, porque Enel se queda con un tercio del valor de Endesa sin pagar nada.
Endesa no tiene suficiente liquidez y por lo tanto va a pedir un crédito, a endeudarse en 6.500 millones de euros para para pagar ese dividendo brutal a Enel
Pero hay otro detalle estremecedor. Endesa no tiene suficiente liquidez y por lo tanto va a pedir un crédito, a endeudarse en 6.500 millones de euros para para pagar ese dividendo brutal a Enel. Y adivine con quien se endeuda: con una empresa financiera propiedad de Enel que casualmente tiene su domicilio social en Holanda, un paraíso fiscal para este tipo de operaciones. Estamos ante un escándalo mayúsculo en el que están presentes todas las practicas condenables del capitalismo financiero especulativo, desde la privatización de una antigua empresa pública hasta la ingeniería fiscal para no pagar impuesto de sociedades pasando por la descapitalización de una compañía que forma parte de nuestra historia. Por cierto, está en manos italianas por la reacción centralista ante la posibilidad de que en 2005 una empresa catalana, Gas Natural, la comprara.
Y no, no son empresas privadas que puedan hacer lo que quieran. Porque esta operación descapitaliza y endeuda a Endesa en primer lugar pero eso afecta al conjunto de la economía española y, sobre todo, porque al final la vamos a pagar los ciudadanos a través de la reducción en el impuesto de sociedades  que Endesa va  a aplicar en los próximos diez años y en los precios de la energía.
Un comentario final: cuando pague el próximo recibo de la luz, cuando oiga hablar del déficit tarifario, cuando el ministro de industria y el oligopolio eléctrico le expliquen porque hay que seguir subiendo el precio de la energía, acuérdese de los 14.505 millones de euros del dividendo.