El interventor recibe fondos del esquí escolar que paga la Diputación de León.
C.M. | A.D. | León
La promoción del esquí para escolares en las estaciones leonesas supone un elevado coste para la Diputación Provincial, que reúne cada campaña a unos 3.000 pequeños deportistas, y al tiempo un lucrativo negocio para hosteleros, agencias e incluso, y de forma indirecta, para el interventor de la Diputación, Manuel Jesús López Sánchez.
Una demanda judicial entre dos empresas, la agencia Marsans y Hosteleón Vending S.L., por el impago de unos servicios en San Isidro que se dirime en el Juzgado número 6 de León, ha sacado a la luz el papel de López Sánchez en este negocio y también las dudas que proyecta su actividad hostelera en combinación con su cargo funcionarial.
La Diputación Provincial saca a concurso los servicios de atención que requieren los escolares. Entre ellos, aparece los de alojamiento y manutención, que fraccionan en 3 lotes de 50 niños durante 10 semanas. La agencia Marsans fue la adjudicataria de dos lotes en la campaña de enero a abril de 2009 por un importe de 113.000 euros. El tercero recayó en Hosteleón, concesionaria del hostal Pico Agujas, que facturó 67.000 euros.
Lejos de prestar el servicio, Marsans subcontrató la manutención con Hosteleón y el alojamiento con Toneo apartamentos, que no se trata de una sociedad sino del nombre que reciben las buhardillas propiedad de López Sánchez. En total unos 900 chicos se alojaron en estas habitaciones del viejo hotel Toneo, en el tiempo en que su propietario ejercía de viceinterventor. Su ascenso se produjo en julio.
De acuerdo con la demanda presentada por Hosteleón contra Marsans por el impago de 41.000 euros, la agencia sólo le abonó las primeras cuatro semanas de la manutención subcontratada. El resto hasta las diez fueron facturadas y, según la documentación de Marsans, abonadas a López Sánchez. Por este insólito desvío de los pagos, surgió el conflicto. Este pleito por impagos, en estricta esencia nada extraordinario, es el que indirectamente alumbra al interventor de la Diputación y da al asunto otra vertiente.
Facturas a las que ha tenido acceso elmundo.es señalan que los servicios de manutención y alojamiento prestados desde mediados de febrero de 2009 fueron en su totalidad abonados al funcionario-hostelero. Y sólo la cuantía de estas últimas facturas, referentes a 5 semanas desde mediados de febrero y hasta el 3 de abril, ronda los 60.000 euros. Si apreciable es la cantidad, no lo es menos que este pago al ahora interventor suponga el 95% de la cifra que Marsans percibió de la Diputación por estos mismos servicios en virtud del contrato firmado.
Tres posibles ilegalidades
A juicio de los expertos consultados, podría entenderse que la agencia (que subcontrató todos los servicios acordados con la Diputación) desarrolló un papel de intermediaria o de simple gestora de una prestación que finalmente desarrolló y cobró en una cuantía mayoritaria (el 95%) una persona que, según la Ley de Incompatibilidades 20/1982, no podría contratar de forma directa con la Administración para la que trabaja y donde además ejerce un papel fundamental en la fiscalización de cuentas y la gestión económica de la hacienda pública. El artículo 3 de esta norma estipula como totalmente incompatible la prestación continuada o esporádica de servicio de cualquier naturaleza con la entidad pública en la que el funcionario desempeñe su cargo.
Otra vulneración de la Ley vendría dada en el hecho de que Marsans contrató con terceros todos los servicios de hospedaje y alimentación concertados con la Diputación sin, al parecer, comunicar esta operación por escrito y con antelación al órgano de contratación, detallando los servicios, el importe y una declaración formulada ante autoridad cualificada de que el subcontratista no se halla inhabilitado para contratar de acuerdo con la Ley de Contratos del Sector Público. Y por último, el pliego limitaba cualquier subcontratación al 60% del importe de la adjudicación. Marsans, al parecer, no prestó servicio alguno, todo lo subcontrató.
Una demanda judicial entre dos empresas, la agencia Marsans y Hosteleón Vending S.L., por el impago de unos servicios en San Isidro que se dirime en el Juzgado número 6 de León, ha sacado a la luz el papel de López Sánchez en este negocio y también las dudas que proyecta su actividad hostelera en combinación con su cargo funcionarial.
La Diputación Provincial saca a concurso los servicios de atención que requieren los escolares. Entre ellos, aparece los de alojamiento y manutención, que fraccionan en 3 lotes de 50 niños durante 10 semanas. La agencia Marsans fue la adjudicataria de dos lotes en la campaña de enero a abril de 2009 por un importe de 113.000 euros. El tercero recayó en Hosteleón, concesionaria del hostal Pico Agujas, que facturó 67.000 euros.
Lejos de prestar el servicio, Marsans subcontrató la manutención con Hosteleón y el alojamiento con Toneo apartamentos, que no se trata de una sociedad sino del nombre que reciben las buhardillas propiedad de López Sánchez. En total unos 900 chicos se alojaron en estas habitaciones del viejo hotel Toneo, en el tiempo en que su propietario ejercía de viceinterventor. Su ascenso se produjo en julio.
De acuerdo con la demanda presentada por Hosteleón contra Marsans por el impago de 41.000 euros, la agencia sólo le abonó las primeras cuatro semanas de la manutención subcontratada. El resto hasta las diez fueron facturadas y, según la documentación de Marsans, abonadas a López Sánchez. Por este insólito desvío de los pagos, surgió el conflicto. Este pleito por impagos, en estricta esencia nada extraordinario, es el que indirectamente alumbra al interventor de la Diputación y da al asunto otra vertiente.
Facturas a las que ha tenido acceso elmundo.es señalan que los servicios de manutención y alojamiento prestados desde mediados de febrero de 2009 fueron en su totalidad abonados al funcionario-hostelero. Y sólo la cuantía de estas últimas facturas, referentes a 5 semanas desde mediados de febrero y hasta el 3 de abril, ronda los 60.000 euros. Si apreciable es la cantidad, no lo es menos que este pago al ahora interventor suponga el 95% de la cifra que Marsans percibió de la Diputación por estos mismos servicios en virtud del contrato firmado.
Tres posibles ilegalidades
A juicio de los expertos consultados, podría entenderse que la agencia (que subcontrató todos los servicios acordados con la Diputación) desarrolló un papel de intermediaria o de simple gestora de una prestación que finalmente desarrolló y cobró en una cuantía mayoritaria (el 95%) una persona que, según la Ley de Incompatibilidades 20/1982, no podría contratar de forma directa con la Administración para la que trabaja y donde además ejerce un papel fundamental en la fiscalización de cuentas y la gestión económica de la hacienda pública. El artículo 3 de esta norma estipula como totalmente incompatible la prestación continuada o esporádica de servicio de cualquier naturaleza con la entidad pública en la que el funcionario desempeñe su cargo.
Otra vulneración de la Ley vendría dada en el hecho de que Marsans contrató con terceros todos los servicios de hospedaje y alimentación concertados con la Diputación sin, al parecer, comunicar esta operación por escrito y con antelación al órgano de contratación, detallando los servicios, el importe y una declaración formulada ante autoridad cualificada de que el subcontratista no se halla inhabilitado para contratar de acuerdo con la Ley de Contratos del Sector Público. Y por último, el pliego limitaba cualquier subcontratación al 60% del importe de la adjudicación. Marsans, al parecer, no prestó servicio alguno, todo lo subcontrató.
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