12/04/2010 M. romero | león
«Una ley en fraude de ley», «las leyes sólo tienen sentido si son de aplicación general», «no respeta la división de los tres poderes del Estado», «formalmente es una declaración de intenciones pero no es aplicable». La última reforma de la Ley de Ordenación del Territiorio genera muchas dudas respecto a su aplicación y a si respeta los preceptos constitucionales.
El secretario general del PSOE en Castilla y León, Óscar López, adelantó que su partido está recabando todos los argumentos posibles para presentar un recurso de inconstitucionalidad contra lo que este partido considera «un atropello cometido gracias al uso del rodillo» en el parlamento autonómico, donde el Partido Popular tiene mayoría absoluta. López recordó que «hay tres meses» para estudiar las bases de un posible recurso ante el Tribunal Constitucional, decisión que se conocerá en la próxima Ejecutiva regional. Paralelamente, el grupo socialista en las Cortes trabaja con varios grupos ecologistas interesados en parar la citada reforma normativa que, entre otras cosas, evitará que las oenegés del medio ambiente tengan posibilidad de recurrir proyectos ante la jurisdicción ordinaria. «Ha pasado muy oculta, pero ha sido un verdadero engaño porque hay mucho y muy gordo», alerta el procurador socialista Francisco Ramos, parlamentario que defendió la abstención de su grupo en las votaciones de esta proposición de ley, que sí votaron los procuradores leonesistas Joaquín Otero y Héctor Castresana, del grupo Mixto.
Ramos denunció que, a partir de ahora, «cualquier plan regional se aprobará por ley con la mayoría parlamentaria y así quedará blindado ante la tutela judicial y eso supone una grave alteración de la normalidad democrática». Según su interpretación, «el Gobierno autonómico no gobernará, sino que lo hará el parlamento a través de su grupo; esto es acabar con la división de poderes». A tenor del nuevo marco legal, el PSOE se teme tres nuevas leyes para impulsar proyectos alentados desde la Consejería de Medio Ambiente: ley para aprobar las directrices de ordenación del territorio de la montaña central cantábrica, ley del PORN de Fuentes Carrionas que prohíbe el esquí alpino en San Glorio y ley para aprobar el macrocomplejo invernal, para el que además ya ha anunciado la participación económica en el capital social de Tres Provincias, que necesita cien millones de euros para construir la estación.
«Con este marco no se atraerá a inversores competitivos y con futuro porque no hay garantías jurídicas de ningún tipo», sentenció el procurador socialista.
Dos magistrados consultados coinciden en que se podría hablar de «una ley en fraude de ley» porque el control judicial de la Adminsitración está contemplado en la Ley de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa y de otra manera se estaría produciendo «la captación del poder Legislativo por el Ejecutivo». Además de que «no se puede gobernar desde el Parlamento». En opinión de ambos «no parece posible» que la nueva reforma legal aprobada en las Cortes pase el filtro del Tribunal Constitucional. Blindar con leyes regionales determinados proyectos podría vulnerar el artículo 106 de la Constitución Española, que deja en manos de los tribunales el control sobre la actuación administrativa.
El catedrático de Derecho Administrativo Carlos González-Antón subraya que los cambios introducidos «impiden que se puedan impugnar» planes y proyectos ante el Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León, no sólo los grupos ecologistas, sino también los ayuntamientos y diputaciones. En su opinión, se trata de una ley especial que va en contra del principio de funcionamiento de la legalidad. «Aunque se cumple la normativa, no se puede recurrir. Es una ley en fraude de ley», indica en coincidencia con los jueces. Esto significa que la Administración sube de rango una decisión adminsitrativa a ley para que ningún juzgado ni tribunal ordinario puedan deliberar sobre su legalidad. Asimismo, este abogado especializado en medio ambiente destaca que «una ley sólo tiene sentido si es de aplicación general. No es normal que la ordenación del territorio tenga el mismo rango de ley que una general». Y lo extiende a las concentraciones parcelarias, a los cielos abiertos...
El secretario general del PSOE en Castilla y León, Óscar López, adelantó que su partido está recabando todos los argumentos posibles para presentar un recurso de inconstitucionalidad contra lo que este partido considera «un atropello cometido gracias al uso del rodillo» en el parlamento autonómico, donde el Partido Popular tiene mayoría absoluta. López recordó que «hay tres meses» para estudiar las bases de un posible recurso ante el Tribunal Constitucional, decisión que se conocerá en la próxima Ejecutiva regional. Paralelamente, el grupo socialista en las Cortes trabaja con varios grupos ecologistas interesados en parar la citada reforma normativa que, entre otras cosas, evitará que las oenegés del medio ambiente tengan posibilidad de recurrir proyectos ante la jurisdicción ordinaria. «Ha pasado muy oculta, pero ha sido un verdadero engaño porque hay mucho y muy gordo», alerta el procurador socialista Francisco Ramos, parlamentario que defendió la abstención de su grupo en las votaciones de esta proposición de ley, que sí votaron los procuradores leonesistas Joaquín Otero y Héctor Castresana, del grupo Mixto.
Ramos denunció que, a partir de ahora, «cualquier plan regional se aprobará por ley con la mayoría parlamentaria y así quedará blindado ante la tutela judicial y eso supone una grave alteración de la normalidad democrática». Según su interpretación, «el Gobierno autonómico no gobernará, sino que lo hará el parlamento a través de su grupo; esto es acabar con la división de poderes». A tenor del nuevo marco legal, el PSOE se teme tres nuevas leyes para impulsar proyectos alentados desde la Consejería de Medio Ambiente: ley para aprobar las directrices de ordenación del territorio de la montaña central cantábrica, ley del PORN de Fuentes Carrionas que prohíbe el esquí alpino en San Glorio y ley para aprobar el macrocomplejo invernal, para el que además ya ha anunciado la participación económica en el capital social de Tres Provincias, que necesita cien millones de euros para construir la estación.
«Con este marco no se atraerá a inversores competitivos y con futuro porque no hay garantías jurídicas de ningún tipo», sentenció el procurador socialista.
Dos magistrados consultados coinciden en que se podría hablar de «una ley en fraude de ley» porque el control judicial de la Adminsitración está contemplado en la Ley de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa y de otra manera se estaría produciendo «la captación del poder Legislativo por el Ejecutivo». Además de que «no se puede gobernar desde el Parlamento». En opinión de ambos «no parece posible» que la nueva reforma legal aprobada en las Cortes pase el filtro del Tribunal Constitucional. Blindar con leyes regionales determinados proyectos podría vulnerar el artículo 106 de la Constitución Española, que deja en manos de los tribunales el control sobre la actuación administrativa.
El catedrático de Derecho Administrativo Carlos González-Antón subraya que los cambios introducidos «impiden que se puedan impugnar» planes y proyectos ante el Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León, no sólo los grupos ecologistas, sino también los ayuntamientos y diputaciones. En su opinión, se trata de una ley especial que va en contra del principio de funcionamiento de la legalidad. «Aunque se cumple la normativa, no se puede recurrir. Es una ley en fraude de ley», indica en coincidencia con los jueces. Esto significa que la Administración sube de rango una decisión adminsitrativa a ley para que ningún juzgado ni tribunal ordinario puedan deliberar sobre su legalidad. Asimismo, este abogado especializado en medio ambiente destaca que «una ley sólo tiene sentido si es de aplicación general. No es normal que la ordenación del territorio tenga el mismo rango de ley que una general». Y lo extiende a las concentraciones parcelarias, a los cielos abiertos...
No hay comentarios:
Publicar un comentario