El máximo tribunal europeo juzgará a España por la autorización de cielos abiertos en León
La Comisión Europea demanda al Estado por las irregularidades de la Junta en la evaluación de explotaciones.
22/01/2010 marco romero | león
Las autoridades europeas han decidido demandar al Estado español ante el Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas por las irregularidades que supuestamente ha cometido la Junta de Castilla y León durante la evaluación ambiental de las explotaciones mineras a cielo abierto de MSP, ahora Coto Minero del Sil, en Laciana. La Comisión Europea inicia de esta forma un procedimiento judicial ante el máximo órgano jurisdiccional de la Unión, cuya sentencia creará jurisprudencia sobre todos los tribunales europeos.
El Diario Oficial de la UE publicó el sábado los argumentos con los que la Comisión sustenta su demanda por el incumplimiento del Derecho Europeo en la tramitación de los cielos abiertos de Feixolín, Ladrones, Salguero-Prégame-Valdesagadas, Fonfría, ampliación de Feixolín y Nueva Julia, todos en el municipio de Villablino y propiedad del empresario Victorino Alonso. Son muchas las conclusiones del Ejecutivo de la UE para denunciar la ilegalidad de estas explotaciones, al no haberse aplicado las directivas de Evaluación de Impacto Ambiental ni de Hábitats, teniendo en cuenta que en la zona sobreviven a la extinción especies prioritarias como el oso pardo cantábrico y el urogallo.
No son fiables. El documento resulta demoledor con la Consejería de Medio Ambiente, autora de los informes de impacto ambiental de los cielos abiertos. Considera que sus autorizaciones no permitieron «identificar, describir y evaluar de manera apropiada los efectos de los proyectos». De haberlo hecho correctamente, la Comisión estima que las evaluaciones hubieran concluido que el promotor debe asegurar que «hay certeza» de que los cielos abiertos producen efectos negativos sobre estas especies.
Aunque el responsable de la gestión ambiental en Castilla y León es la Junta, el interlocutor en este tipo de demandas es el Estado español por no haber vigilado que la normativa comunitaria se cumpla. Respecto a la Directiva de Evaluación Ambiental, la Comisión estima que «no se han tenido en cuenta los posibles efectos indirectos, acumulativos o sinérgicos sobre las especies más vulnerables». Quiere decir con esto que la Junta, sabiendo que los procesos de evaluación ambiental correspondían a proyectos enmarcados en suelo altamente protegido, no tuvo en cuenta de qué manera afectaban a su entorno más cercano, desvirtuó las posibles consecuencias sobre el medio al cursar las explotaciones de forma separada sin valorarlas como un todo y, por último, no tuvo en cuenta que, al ser una actividad negativa para el medio, no se trata de una suma de proyectos, sino una multiplicación de sus efectos. Del texto también se deducen posibles infracciones cometidas desde el Ayuntamiento de Villablino, competente en todo lo relativo a las licencias ambientales y urbanísticas.
El documento resulta demoledor en algunos de sus argumentos, como el relativo a la Directiva que protege la Red Natura 2000, en concreto el LIC y la Zepa Alto Sil. La Comisión considera que las consecuencias sobre el oso y urogallo cantábricos «no pueden solamente evaluarse en términos de destrucción directa de zonas críticas de esas especies, sino que deben tenerse en cuenta la mayor fragmentación, deterioro y destrucción de hábitats».
La Comisión Europea demanda al Estado por las irregularidades de la Junta en la evaluación de explotaciones.
22/01/2010 marco romero | león
Las autoridades europeas han decidido demandar al Estado español ante el Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas por las irregularidades que supuestamente ha cometido la Junta de Castilla y León durante la evaluación ambiental de las explotaciones mineras a cielo abierto de MSP, ahora Coto Minero del Sil, en Laciana. La Comisión Europea inicia de esta forma un procedimiento judicial ante el máximo órgano jurisdiccional de la Unión, cuya sentencia creará jurisprudencia sobre todos los tribunales europeos.
El Diario Oficial de la UE publicó el sábado los argumentos con los que la Comisión sustenta su demanda por el incumplimiento del Derecho Europeo en la tramitación de los cielos abiertos de Feixolín, Ladrones, Salguero-Prégame-Valdesagadas, Fonfría, ampliación de Feixolín y Nueva Julia, todos en el municipio de Villablino y propiedad del empresario Victorino Alonso. Son muchas las conclusiones del Ejecutivo de la UE para denunciar la ilegalidad de estas explotaciones, al no haberse aplicado las directivas de Evaluación de Impacto Ambiental ni de Hábitats, teniendo en cuenta que en la zona sobreviven a la extinción especies prioritarias como el oso pardo cantábrico y el urogallo.
No son fiables. El documento resulta demoledor con la Consejería de Medio Ambiente, autora de los informes de impacto ambiental de los cielos abiertos. Considera que sus autorizaciones no permitieron «identificar, describir y evaluar de manera apropiada los efectos de los proyectos». De haberlo hecho correctamente, la Comisión estima que las evaluaciones hubieran concluido que el promotor debe asegurar que «hay certeza» de que los cielos abiertos producen efectos negativos sobre estas especies.
Aunque el responsable de la gestión ambiental en Castilla y León es la Junta, el interlocutor en este tipo de demandas es el Estado español por no haber vigilado que la normativa comunitaria se cumpla. Respecto a la Directiva de Evaluación Ambiental, la Comisión estima que «no se han tenido en cuenta los posibles efectos indirectos, acumulativos o sinérgicos sobre las especies más vulnerables». Quiere decir con esto que la Junta, sabiendo que los procesos de evaluación ambiental correspondían a proyectos enmarcados en suelo altamente protegido, no tuvo en cuenta de qué manera afectaban a su entorno más cercano, desvirtuó las posibles consecuencias sobre el medio al cursar las explotaciones de forma separada sin valorarlas como un todo y, por último, no tuvo en cuenta que, al ser una actividad negativa para el medio, no se trata de una suma de proyectos, sino una multiplicación de sus efectos. Del texto también se deducen posibles infracciones cometidas desde el Ayuntamiento de Villablino, competente en todo lo relativo a las licencias ambientales y urbanísticas.
El documento resulta demoledor en algunos de sus argumentos, como el relativo a la Directiva que protege la Red Natura 2000, en concreto el LIC y la Zepa Alto Sil. La Comisión considera que las consecuencias sobre el oso y urogallo cantábricos «no pueden solamente evaluarse en términos de destrucción directa de zonas críticas de esas especies, sino que deben tenerse en cuenta la mayor fragmentación, deterioro y destrucción de hábitats».
No hay comentarios:
Publicar un comentario