El PSOE se opone porque considera el texto «apresurado» y el PP le acusa de «boicot» al Pacto Local.
ISABEL JIMENO | VALLADOLID.Abc.com
El Pleno de las Cortes de Castilla y León dio ayer luz vez, con el apoyo del PP y el Grupo Mixto y el voto en contra del PSOE, a la Ley de Transferencia que permitirá dar mayores competencias a ayuntamientos y diputaciones. «Un nuevo paso, un nuevo impulso al Pacto Local» hacia «la segunda descentralización», defendió desde la tribuna el consejero de Interior y Justicia, Alfonso Fernández Mañueco, quien recordó que esta norma abre la puerta a la posibilidad de transferir a los entes locales 200 centros y 700 empleados vinculados a asuntos «sensibles» como guarderías, centros de día para mayores, áreas recreativas o centros juveniles.
Se hará a través de «un proceso voluntario» que garantizará que se mantenga la naturaleza jurídica de «servicio público» y que las administraciones locales «van a recibir las mismas instalaciones y personal y la prestación económica va a quedar garantizada en los Presupuestos de la Comunidad», subrayó Fernández Mañueco. Además, recordó que la Junta basará las transferencias en la capacidad de gestión de cada municipio y lo negociará con cada uno en comisiones bilaterales que deben contar con el acuerdo «unánime» de ambas partes.
Los argumentos no convencieron, sin embargo, el PSOE, que se definió como «municipalista» y, en la línea mantenida en los últimos días, volvió a poner en entredicho que la transferencia garantice el carácter público, entre otros, de los centros infantiles de 0 a 3 años, y que en el futuro estos servicios cuenten con los recursos necesarios. «Es una ley mala, manifiestamente mejorable, del endoso y del endiñe», criticó el procurador Ángel Velasco, encargado de argumentar el voto en contra del principal partido de la oposición a una norma fruto de la «precipitación y apresuramiento», plagada de «múltiples incoherencias».
Una postura duramente criticada por el popular Francisco Aguilar, quien acusó al Grupo Socialista de pretender «un boicot al Pacto Local y al proyecto de ley» con unas enmiendas que tratan de «vaciar, mutilar» de contenido el texto. «Hacen un cerco en el que se quedan absolutamente solos», apuntó el procurador del PP, quien echó en cara al PSOE las «contradicciones» en este punto manifestadas por varios de sus alcaldes. «Llena de clavos la senda del camino que quiere conducir a la mayoría de edad a los ayuntamientos», afirmó Aguilar.
Convalidado el Decreto Ley
Fue uno de los asuntos en los que los dos principales partidos pusieron de nuevo de manifiesto sus divergencias. Aún así, también hubo motivos para el entendimiento -eso sí, sin renunciar a las críticas y reproches mutuos- como la convalidación del primer Decreto Ley aprobado por la Junta para el reparto de los 125 millones del Plan de Convergencia entre los ayuntamientos de menos de 20.000 habitantes para, «con el margen de maniobra y sin afectar a la sostenibilidad de las finanzas públicas», contribuir a «dinamizar la economía y generar empleo», defendió la consejera de Hacienda, Pilar del Olmo.
Por unanimidad, los tres grupos (PP, PSOE y Mixto) también dieron el visto bueno a la ratificación del convenio entre Castilla y León, Asturias y Cantabria para la gestión coordinada del Parque Nacional de Picos de Europa y a la ampliación en seis meses, hasta junio de 2010, del proceso de renovación parcial de consejeros en las Cajas.
Se hará a través de «un proceso voluntario» que garantizará que se mantenga la naturaleza jurídica de «servicio público» y que las administraciones locales «van a recibir las mismas instalaciones y personal y la prestación económica va a quedar garantizada en los Presupuestos de la Comunidad», subrayó Fernández Mañueco. Además, recordó que la Junta basará las transferencias en la capacidad de gestión de cada municipio y lo negociará con cada uno en comisiones bilaterales que deben contar con el acuerdo «unánime» de ambas partes.
Los argumentos no convencieron, sin embargo, el PSOE, que se definió como «municipalista» y, en la línea mantenida en los últimos días, volvió a poner en entredicho que la transferencia garantice el carácter público, entre otros, de los centros infantiles de 0 a 3 años, y que en el futuro estos servicios cuenten con los recursos necesarios. «Es una ley mala, manifiestamente mejorable, del endoso y del endiñe», criticó el procurador Ángel Velasco, encargado de argumentar el voto en contra del principal partido de la oposición a una norma fruto de la «precipitación y apresuramiento», plagada de «múltiples incoherencias».
Una postura duramente criticada por el popular Francisco Aguilar, quien acusó al Grupo Socialista de pretender «un boicot al Pacto Local y al proyecto de ley» con unas enmiendas que tratan de «vaciar, mutilar» de contenido el texto. «Hacen un cerco en el que se quedan absolutamente solos», apuntó el procurador del PP, quien echó en cara al PSOE las «contradicciones» en este punto manifestadas por varios de sus alcaldes. «Llena de clavos la senda del camino que quiere conducir a la mayoría de edad a los ayuntamientos», afirmó Aguilar.
Convalidado el Decreto Ley
Fue uno de los asuntos en los que los dos principales partidos pusieron de nuevo de manifiesto sus divergencias. Aún así, también hubo motivos para el entendimiento -eso sí, sin renunciar a las críticas y reproches mutuos- como la convalidación del primer Decreto Ley aprobado por la Junta para el reparto de los 125 millones del Plan de Convergencia entre los ayuntamientos de menos de 20.000 habitantes para, «con el margen de maniobra y sin afectar a la sostenibilidad de las finanzas públicas», contribuir a «dinamizar la economía y generar empleo», defendió la consejera de Hacienda, Pilar del Olmo.
Por unanimidad, los tres grupos (PP, PSOE y Mixto) también dieron el visto bueno a la ratificación del convenio entre Castilla y León, Asturias y Cantabria para la gestión coordinada del Parque Nacional de Picos de Europa y a la ampliación en seis meses, hasta junio de 2010, del proceso de renovación parcial de consejeros en las Cajas.
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