26/12/2009
Tribuna | gustavo postigo. Diario de León.
Con motivo de haberse cumplido 25 años de la aprobación del Estatuto autonómico denominado originariamente de Castilla-León. Como testigo directo de lo ocurrido por aquel entonces, me decido a escribir esto, que va dedicado: a los que por ese tiempo no habían nacido, o eran muy jóvenes, a los que por imbecilidad manifiesta o intereses mezquinos, pasaron del acontecimiento, o le defendieron, y a los que como yo, lucharon para que nuestro pueblo ocupara el lugar que le correspondía y deseaba la mayoría de los segovianos.
Cuando se discutía el Estado de las autonomías, cómo iban a constituirse y qué provincias iban a integrarlas. Dentro del espacio geográfico que ocupaban las regiones de Castilla y León, colindantes, pero perfectamente diferenciadas en todos los sentidos, la provincia de León, suscitaba muchas controversias entre los responsables políticos encargados del tema. Con los ciudadanos no se contó porque debieron de considerar que en una incipiente democracia, para asuntos de esta trascendencia, no tenían la experiencia y la preparación adecuada para poder opinar. Ahora parece que seguimos más o menos lo mismo.
Unos recomendaban que León, con 15.500 km 2 de superficie, 500.000 habitantes y fundamentos históricos, geográficos, económicos y sociales suficientemente acreditados, debería constituirse en autonomía uniprovincial, a semejanza de Asturias, Navarra y Murcia. Otros se decantaban por la unión con Asturias, su vecina en cuerpo y alma de toda la vida. Tengan en cuenta que la mayoría de los colegios profesionales y multitud de sociedades, llevaban y llevan la denominación de astur-leonesas. Y en el orden cultural, cuando sólo había una Facultad Universitaria en León, la de Veterinaria pertenecía al distrito universitario de Oviedo, y no al de Valladolid. Y por último los políticos de UCD, no todos, pero sí los más influyentes, a los que al final se unieron, no sé por qué, los del PSOE, que querían, a toda costa, meter a León en Castilla. Supongo que pensando que interesaba al partido porque el reconocido perfil progresista de esta provincia quedaría diluido en la mayoría conservador aminifundista de las de Castilla. De esta forma esperaban que el Gobierno de la Junta estaría en sus manos, y así se mataban dos pájaros de un tiro. Al final, como era evidente, esta opción se impuso, porque las corporaciones municipales, salvo honrosas excepciones, obedeciendo las órdenes del mando, consiguieron, en contra de la voluntad de los ciudadanos reunir los requisitos que exigía la Constitución para alcanzar sus propósitos. Ante tamaño desbarajuste, pasó lo que tenía que pasar, que a río revuelto, ganancia de pescadores. Y buena pesca se llevaron algunos.
Al amparo del confusionismo reinante, corrientes minoritarias de las provincias de Santander y Logroño, lograron iniciar su desmembración del engendro, al considerarse «regiones históricas» cuando hasta no hace mucho tiempo fueron partidos judiciales de Burgos, la auténtica capital de Castilla, otra víctima del contubernio. Y con el nombre genérico de Cantabria una, y de La Rioja, la otra, que no es el nombre de una región, sino el de una comarca, y encima compartida con otras provincias, sobre todo con Álava iniciaron, como hemos dicho, al final lo consiguieron, convertirse, ante la sorpresa de todos, en comunidades autónomas. Parece ser, según se comentaba entonces, que este hecho insólito contó con el consejo del asesor técnico en la materia, el ilustre jurista santanderino don Eduardo García de Entena.
Así que dos provincias con una superficie de 5.000 km 2 cada una, la tercera parte que León, Santander, con la misma población, y Logroño, con la mitad, se encontraron con lo que nadie podía pensar.
A la vista del desmadre, Segovia se levantó en armas, y por iniciativa de Comunidad Castellana, abanderada por Manolo González Herrero, un hombre especial, bueno y sabio como yo no he conocido a ninguno, se consideró que nuestra provincia tenía muchos más derechos que Santander y Logroño para constituirse en autonomía uniprovincial. No por capricho ¡ojo!, sino porque ni debíamos ni podíamos permitir, que ante una absurda situación se beneficiaran otros con menos argumentos que los nuestros.
Los parlamentarios de UCD, Modesto Fraile y Carlos Gila, así como el presidente de la Diputación, Rafael de las Heras, y otros políticos relevantes del partido, José María Herrero, Emilio Zamarriego, y algunos más que no recuerdo, hicieron causa común con este sentimiento. Dieron la espalda a las imposiciones del partido, y se alinearon con los intereses de su pueblo, jugándose su carrera política y ofreciendo a sus paisanos un comportamiento ejemplar, que a mi juicio no fue debidamente ni reconocido ni agradecido. Así de claro y así de sencillo. ¿Y qué pasó? Pues que las corporaciones municipales, salvo el Ayuntamiento de la capital y unos cuantos sumisos más, se pronunciaron a favor de la autonomía uniprovincial (170 ayuntamientos de 204, y más del 50% de la población), es decir, lo que exigía la Constitución, artículo 143, disposición transitoria 7.ª, para erigirse en comunidad autónoma. A la vista de lo que se les venía encima, con el argumento de los reinos de Taifas, la dispersión de la cabaña borreguil, y demás gilipolleces al uso, se quiso dar marcha atrás con Santander y Logroño, que ya no había remedio, y hasta hubo conatos de sublevación ante el temor de que les quitaran el chollo que les habían regalado. Segovia, por no sé cuántos pretextos, se quedó marginada, en un compás de espera, y la autonomía de Castilla-León, se constituyó sin ella. Al correr el tiempo, por una Ley Orgánica de Interés Nacional, que se sacaron de la manga, la incluyeron en el invento. Una putada como una casa.
Echen ustedes las cuentas sobre si nos dejaron mejor o peor de lo que legalmente nos correspondía. En mi opinión, nos dieron por donde amargan los pepinos.
Cuando se discutía el Estado de las autonomías, cómo iban a constituirse y qué provincias iban a integrarlas. Dentro del espacio geográfico que ocupaban las regiones de Castilla y León, colindantes, pero perfectamente diferenciadas en todos los sentidos, la provincia de León, suscitaba muchas controversias entre los responsables políticos encargados del tema. Con los ciudadanos no se contó porque debieron de considerar que en una incipiente democracia, para asuntos de esta trascendencia, no tenían la experiencia y la preparación adecuada para poder opinar. Ahora parece que seguimos más o menos lo mismo.
Unos recomendaban que León, con 15.500 km 2 de superficie, 500.000 habitantes y fundamentos históricos, geográficos, económicos y sociales suficientemente acreditados, debería constituirse en autonomía uniprovincial, a semejanza de Asturias, Navarra y Murcia. Otros se decantaban por la unión con Asturias, su vecina en cuerpo y alma de toda la vida. Tengan en cuenta que la mayoría de los colegios profesionales y multitud de sociedades, llevaban y llevan la denominación de astur-leonesas. Y en el orden cultural, cuando sólo había una Facultad Universitaria en León, la de Veterinaria pertenecía al distrito universitario de Oviedo, y no al de Valladolid. Y por último los políticos de UCD, no todos, pero sí los más influyentes, a los que al final se unieron, no sé por qué, los del PSOE, que querían, a toda costa, meter a León en Castilla. Supongo que pensando que interesaba al partido porque el reconocido perfil progresista de esta provincia quedaría diluido en la mayoría conservador aminifundista de las de Castilla. De esta forma esperaban que el Gobierno de la Junta estaría en sus manos, y así se mataban dos pájaros de un tiro. Al final, como era evidente, esta opción se impuso, porque las corporaciones municipales, salvo honrosas excepciones, obedeciendo las órdenes del mando, consiguieron, en contra de la voluntad de los ciudadanos reunir los requisitos que exigía la Constitución para alcanzar sus propósitos. Ante tamaño desbarajuste, pasó lo que tenía que pasar, que a río revuelto, ganancia de pescadores. Y buena pesca se llevaron algunos.
Al amparo del confusionismo reinante, corrientes minoritarias de las provincias de Santander y Logroño, lograron iniciar su desmembración del engendro, al considerarse «regiones históricas» cuando hasta no hace mucho tiempo fueron partidos judiciales de Burgos, la auténtica capital de Castilla, otra víctima del contubernio. Y con el nombre genérico de Cantabria una, y de La Rioja, la otra, que no es el nombre de una región, sino el de una comarca, y encima compartida con otras provincias, sobre todo con Álava iniciaron, como hemos dicho, al final lo consiguieron, convertirse, ante la sorpresa de todos, en comunidades autónomas. Parece ser, según se comentaba entonces, que este hecho insólito contó con el consejo del asesor técnico en la materia, el ilustre jurista santanderino don Eduardo García de Entena.
Así que dos provincias con una superficie de 5.000 km 2 cada una, la tercera parte que León, Santander, con la misma población, y Logroño, con la mitad, se encontraron con lo que nadie podía pensar.
A la vista del desmadre, Segovia se levantó en armas, y por iniciativa de Comunidad Castellana, abanderada por Manolo González Herrero, un hombre especial, bueno y sabio como yo no he conocido a ninguno, se consideró que nuestra provincia tenía muchos más derechos que Santander y Logroño para constituirse en autonomía uniprovincial. No por capricho ¡ojo!, sino porque ni debíamos ni podíamos permitir, que ante una absurda situación se beneficiaran otros con menos argumentos que los nuestros.
Los parlamentarios de UCD, Modesto Fraile y Carlos Gila, así como el presidente de la Diputación, Rafael de las Heras, y otros políticos relevantes del partido, José María Herrero, Emilio Zamarriego, y algunos más que no recuerdo, hicieron causa común con este sentimiento. Dieron la espalda a las imposiciones del partido, y se alinearon con los intereses de su pueblo, jugándose su carrera política y ofreciendo a sus paisanos un comportamiento ejemplar, que a mi juicio no fue debidamente ni reconocido ni agradecido. Así de claro y así de sencillo. ¿Y qué pasó? Pues que las corporaciones municipales, salvo el Ayuntamiento de la capital y unos cuantos sumisos más, se pronunciaron a favor de la autonomía uniprovincial (170 ayuntamientos de 204, y más del 50% de la población), es decir, lo que exigía la Constitución, artículo 143, disposición transitoria 7.ª, para erigirse en comunidad autónoma. A la vista de lo que se les venía encima, con el argumento de los reinos de Taifas, la dispersión de la cabaña borreguil, y demás gilipolleces al uso, se quiso dar marcha atrás con Santander y Logroño, que ya no había remedio, y hasta hubo conatos de sublevación ante el temor de que les quitaran el chollo que les habían regalado. Segovia, por no sé cuántos pretextos, se quedó marginada, en un compás de espera, y la autonomía de Castilla-León, se constituyó sin ella. Al correr el tiempo, por una Ley Orgánica de Interés Nacional, que se sacaron de la manga, la incluyeron en el invento. Una putada como una casa.
Echen ustedes las cuentas sobre si nos dejaron mejor o peor de lo que legalmente nos correspondía. En mi opinión, nos dieron por donde amargan los pepinos.