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22 enero, 2010

¡DAI! ¡DAI! ...QUE DECIA MARIANO

Exigen el dinero que no se ha invertido en restaurar la montaña.
22/01/2010 M. Romero | león

La demanda de la Comisión de las Comunidades Europeas viene motivada por las quejas presentadas hace más de ocho años por parte del vecino de Villablino Antonio Arias Tronco, hostelero con intereses en la zona, y de colectivos conservacionistas como Filón Verde y la Asociación Ambiental Laciana. Ayer, conocida la decisión de la Comisión, ambas partes mostrabajan «satisfacción moral» y «alegría contenida». Sobre todo porque la sentencia servirá para que se puedan exigir las medidas compensatorias «a la empresa que ha ejecutado proyectos ilegales que no las preveían», señaló su representante legal, el letrado Carlos González-Antón. Esta circunstancia es importante desde la perspectiva de que las administraciones deben exigir no sólo la restauración de lo dañado, «sino las medidas compensatorias que nunca se ejecutaron, algo que ha supuesto un enriquecimiento de la empresa minera a costa de los recursos de todos», agregó.
Filón Verde quiere resaltar una sensación de «alegría contenida» en nombre de todos los grupos conservacionistas de la provincia «porque, aunque tarde para algunas zonas, el Tribunal de Justicia de la UE podrá dar la razón a los que intentamos que exista un desarrollo sostenible para Laciana y la montaña cantábrica». «No es de recibo -"añaden las mismas fuentes-" que las administraciones españolas hayan no sólo permitido, sino alentado, la atrocidad de la explotación minera realizada en esta comarca. Los planes mineros de cielos abiertos que se quieren aprobar quedan ahora seriamente comprometidos». Filón Verde cuestiona que «lo primero que no está claro es que existan razones imperiosas de interés público para la minería a cielo abierto en esta comarca». Por esta razón, exigirá a la Junta la adopción de las medidas compensatorias oportunas para restaurar la montaña.
«De nuevo una gran satisfacción moral porque las denuncias iniciadas en el año 2002 y reiteradas a lo largo de estos años van a ser resueltas por el tribunal más alto de Europa», indicaba Antonio Arias, que ejerció sus acciones legales a través de la sociedad Narsil S.L. «Espero que de esta forma los jueces y fiscales españoles que tienen todavía mucho que hacer con los delitos ambientales y urbanísticos cometidos cumplan con su función y condenen a los responsables de la Junta, del Ayuntamiento de Villablino y de la empresa MSP, en especial a su dueño Victorino Alonso». El empresario recordó que todavía tienen que pronunciarse los tribunales sobre la restauración de los daños al monte el Feixolín «y parar la actividad minera ilegal que se sigue produciendo» bajo el amparo de la Junta. La consejera de Medio Ambiente no se pronunció ayer al respecto.

EL MÁXIMO TRIBUNAL EUROPEO JUZGARÁ A ESPAÑA POR LA AUTORIZACIÓN DE CIELOS ABIERTOS EN LEÓN

El máximo tribunal europeo juzgará a España por la autorización de cielos abiertos en León
La Comisión Europea demanda al Estado por las irregularidades de la Junta en la evaluación de explotaciones.
22/01/2010 marco romero | león
Las autoridades europeas han decidido demandar al Estado español ante el Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas por las irregularidades que supuestamente ha cometido la Junta de Castilla y León durante la evaluación ambiental de las explotaciones mineras a cielo abierto de MSP, ahora Coto Minero del Sil, en Laciana. La Comisión Europea inicia de esta forma un procedimiento judicial ante el máximo órgano jurisdiccional de la Unión, cuya sentencia creará jurisprudencia sobre todos los tribunales europeos. 
El Diario Oficial de la UE publicó el sábado los argumentos con los que la Comisión sustenta su demanda por el incumplimiento del Derecho Europeo en la tramitación de los cielos abiertos de Feixolín, Ladrones, Salguero-Prégame-Valdesagadas, Fonfría, ampliación de Feixolín y Nueva Julia, todos en el municipio de Villablino y propiedad del empresario Victorino Alonso. Son muchas las conclusiones del Ejecutivo de la UE para denunciar la ilegalidad de estas explotaciones, al no haberse aplicado las directivas de Evaluación de Impacto Ambiental ni de Hábitats, teniendo en cuenta que en la zona sobreviven a la extinción especies prioritarias como el oso pardo cantábrico y el urogallo.
No son fiables. El documento resulta demoledor con la Consejería de Medio Ambiente, autora de los informes de impacto ambiental de los cielos abiertos. Considera que sus autorizaciones no permitieron «identificar, describir y evaluar de manera apropiada los efectos de los proyectos». De haberlo hecho correctamente, la Comisión estima que las evaluaciones hubieran concluido que el promotor debe asegurar que «hay certeza» de que los cielos abiertos producen efectos negativos sobre estas especies.
Aunque el responsable de la gestión ambiental en Castilla y León es la Junta, el interlocutor en este tipo de demandas es el Estado español por no haber vigilado que la normativa comunitaria se cumpla. Respecto a la Directiva de Evaluación Ambiental, la Comisión estima que «no se han tenido en cuenta los posibles efectos indirectos, acumulativos o sinérgicos sobre las especies más vulnerables». Quiere decir con esto que la Junta, sabiendo que los procesos de evaluación ambiental correspondían a proyectos enmarcados en suelo altamente protegido, no tuvo en cuenta de qué manera afectaban a su entorno más cercano, desvirtuó las posibles consecuencias sobre el medio al cursar las explotaciones de forma separada sin valorarlas como un todo y, por último, no tuvo en cuenta que, al ser una actividad negativa para el medio, no se trata de una suma de proyectos, sino una multiplicación de sus efectos. Del texto también se deducen posibles infracciones cometidas desde el Ayuntamiento de Villablino, competente en todo lo relativo a las licencias ambientales y urbanísticas.
El documento resulta demoledor en algunos de sus argumentos, como el relativo a la Directiva que protege la Red Natura 2000, en concreto el LIC y la Zepa Alto Sil. La Comisión considera que las consecuencias sobre el oso y urogallo cantábricos «no pueden solamente evaluarse en términos de destrucción directa de zonas críticas de esas especies, sino que deben tenerse en cuenta la mayor fragmentación, deterioro y destrucción de hábitats».

PRENSA: LAS SENTENCIAS DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LAS COMUNIDADES EUROPEAS SERÁN VINCULANTES PARA ESPAÑA

La sentencia orientará varios procesos pendientes en León.
22/01/2010. DIARIO DE LEÓN.

La sentencia del Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas, con sede en Luxemburgo, será vinculante para España. Y también muy relevante porque orientará las resoluciones judiciales que aún están pendientes en Castilla y León respecto a la tramitación de las mismas explotaciones mineras. Según ha podido saber este periódico, el Tribunal Superior de Justicia (TSJ) tiene pendientes varios procesos relativos a la restauración ambiental y de daños de los cielos abiertos y por la caducidad de, al menos, cuatro concesiones mineras en la misma zona. Asimismo, los Juzgados de lo Contencioso de León tramitan una multa de 129 millones de euros impuesta a MSP.
La representación legal de los promotores de las quejas, ejercida por Ecourban, valoró que la resolución del TSUE va a asentar doctrina aplicable no sólo a los cielos abiertos en explotación y planeados, sino a proyectos que también afectan a especies en peligro de extinción, caso de los parques eólicos de Omaña y La Cepeda o la estación de esquí de San Glorio. «Esta sentencia avanzará sobre la interpretación de que hay que dar a las directivas de Hábitats y de Evaluación de Impacto Ambiental cuando se ven amenazadas por múltiples proyectos que son evaluados fragmentariamente, algu que está sucediendo en España con mucha frecuencia», indicaron fuentes de la citada consultora.