Corrupción Economía Justicia Partitocracia — 15 octubre 2013
“Ese es el gran tema: cómo se han gestionado las cajas de
ahorro desde el año 1996 hasta 2010, tema que está ligado a un rescate
financiero que ha llevado al país al colapso”. Son palabras del juez Elpidio Silva, sancionado en lugar de condecorado por haberse atrevido a encarcelar unas horas al banquero Miguel Blesa
(Bankia). Y es que los 10 partidos del régimen y la prensa oficial que
los sostiene están escondiendo algo que fiscales, jueces, economistas y
periodistas independientes ya han detectado y están dispuestos a
averigüar: la ruina de España la causaron en sus inicios no más
de 500 personas y bastaría investigar sus patrimonios para descubrir
quienes deben reparar con multas y penas de cárcel los graves delitos de
corrupción cometidos.
Ni un solo partido político del régimen y muy pocos de los que se
ofrecen como alternativa lleva todavía en su programa la exigencia de
una “comisión de investigación” que desvele cuantos banqueros y políticos se han enriquecido quebrando las cajas de ahorros que gestionaban. Y se sabe perfectamente cuales son los 20 consejos de administración responsables del fraude y como se repartieron los 77.580 millones robados: los 7 de Bankia
(22.424 millones en Caja Madrid, Bancaja, Caja Insular de Ahorros de
Canarias, Caja Laietana, Caja Avila, Caja Segovia, y Caja Rioja), los 3
de Catalunya Banc (12.052 millones en Caixa Catalunya, Tarragona y Manresa), los 2 de NCG Banco-Novacaixagalicia (8.981 millones por Caixa Galicia y Caixa Nova)- las 12 son ahora entidades nacionalizadas- más Caja de Ahorros del Mediterráneo (CAM) (14.100 millones), Caja Castilla la Mancha (CCM) (10.300 millones), Caixabank (6.575 millones), Cajasur (1200 millones), Banco de Valencia (1000 millones) y Unnim (948 millones en Caja Sabadell, Terrassa y Manlleu).
Los nombres de los 500 políticos y banqueros que aún no están entre
barrotes son muy fáciles de hallar. Los hay que fueron cargos públicos
conocidos, como los célebres socialistas Narcís Serra (Caixa Catalunya) o Juan Pedro Hernández Moltó
(Caja Castilla la Mancha). Otros son banqueros que se han movido entre
las sombras del anonimato, aunque en sus provincias eran auténticos
virreyes al que el populacho conocía por sus sobrenombres: Adolf Todó (Caixa Catalunya), José Luis Olivas, alias “El Ruina” y Domingo Parra (Banco de Valencia), Juan Francisco García, alias “El Flaco” y Juan Manuel Suárez del Toro (Caja Insular), Josep Ibern y Jaume Botern (Caja Laietana), Jose Manuel Espinosa Herrero y Agustín González González (Caja Avila), Manuel Escribano, Miguel Angel Sanchez Plaza y Atilano Soto Rábanos, alias “Milano” (Caja Segovia), Juan Antonio Fernandez Velilla y Fernando Beltrán (Caja Rioja). Y entre todos ellos, el “capo di capi”, Miguel Blesa,
quien en connivencia con dirigentes de PP, PSOE, IU, CC.OO y UGT, creó
ese monstruo llamado Bankia, aunque después fue destronado por Rodrigo Rato.
Y además esta vez el juez Elpido Silva no está solo y será complicado que le ocurra lo que el PSOE le montó al juez Marino Barbero para impedir investigar el “caso Filesa”. Por primera vez se han unido a esta investigación magistrados como Javier Gómez Bermúdez (“Caso Caja de Ahorros del Mediterráneo”) y Josep María Pijuán
(“Caso Cataluña Caixa”), con la imputación del ex ministro socialista
Narcís Serra, el banquero Adolf Todó y 52 miembros de esta caja de
ahorros.
Y junto a estos 3 jueces, 8 magistrados más pertenecientes a Jueces
para la Democracia han dado la cara en un vídeo que va ya por las 40.000
visitas en youtube: Montserrat Comas, Jesús Rentero, Isabel
Tobeña, Carlos Preciado, Carlos López Keller, Pilar Luna, Joaquím Bosch y
María Victoria Rosell. Todos ellos, junto a la impagable labor (frente a las numerosas zancadillas que les pone el poder) que están realizando el juez José Castro, la jueza Mercedes Alaya y el precedente y ejemplo que supuso ver expulsados de la carrera a los magistrados Baltasar Garzón y Javier Gómez de Liaño,
en lugar de amedrentar ha espoleado a miembros de la judicatura que se
están significando ya públicamente y sin miedo para reclamar la
separación de poderes e independencia judicial. Cuando esté legal y
constitucionalmente implantada en España, será bastante sencillo encarcelar y embargar a los 500 banqueros que provocaron la crisis con sus desfalcos.
E incluso por primera vez los jueces no están solos. También existen
fiscales que quieren abrir paso a la verdad en España. En Baleares ha
recibido amenazas de corte mafioso el fiscal Pedro Horrach por el “caso Urdangarín. Y el fiscal Fernando Maldonado habla de “retribuciones e indemnizaciones desproporcionadas, ajenas a su situación real de solvencia” en Caixa Catalunya, porque la “banda” que capitaneaban Narcís Serra, Adolf Todó y sus 52 consejeros suscribieron fondos de pensiones, seguros, pólizas, “retribuciones
e indemnizaciones que merecen ser investigadas, máxime cuando se han
producido en un entorno de grave crisis económica imperante en nuestro
país”.
Funcionarios del propio Banco de España, que en un acto de gran valentía personal desvelaron un informe sobre el “caso Bankia” que inculpaba a Blesa y que fue ocultado al juez Elpidio Silva,
ha estimado que desde mayo de 2009 el bolsillo del contribuyente ha
tenido que pagar ya 61.366 millones de euros para cubrir el “agujero”
que provocaron estos 500 banqueros. Ese dinero no incluye los avales del
Estado a emisiones de entidades, ni la protección de carteras de
activos, ni otros apoyos públicos.
“En este clima de silencio, en los arrabales del Poder se han
dado cuenta de que será necesario arremangarse y chapotear en el barro
del robo masivo producido en las Cajas para tratar, por un lado, de recuperar una parte, al menos, del dinero estafado a las entidades por los salteadores de cuello blanco de turno, y por otro, llevar a la cárcel a unos cuantos canallas.
Todo para evitar que el personal se cabree y decida un día, cuando
repare en la magnitud del desastre, prenderle fuego al escenario”, ha
escrito el periodista especializado en el sector bancario, Jesús Cacho.
Incluso altos funcionarios del FROB (entidad del Banco de España) han llegado a anunciar una investigación sobre todas aquellas operaciones irregulares llevadas a cabo en las entidades nacionalizadas
(Bankia, CatalunyaBanc, Novagalicia y BMN), para llevar ante la
Justicia a quienes se enriquecieron ilegalmente con ellas. A tal efecto,
el Fondo ha activado “un protocolo de detección de las
operaciones realizadas que podrían ser sospechosas, estando ya
trabajando con los servicios de auditoría interna de las cuatro
entidades” nacionalizadas.
Pero frente a estos valientes, otros directivos del FROB están intentando tapar los delitos que se cometieron entre 1996 y 2008,
que fue la época donde se registraron los mayores desmanes con los
“pelotazos” inmobiliarios y urbanísticos. El Banco de España solo quiere
revisar las operaciones hechas “durante los últimos 5 años”, un tope
“que sorprende y hace sospechar de las intenciones últimas de Economía y
del propio Gobierno, puesto que las mayores tropelías se cometieron antes de 2008, es decir, se perpetraron en los años gloriosos de la burbuja inmobiliaria” dice Cacho.
“Se trataría de mirar todas las grandes operaciones de
prestatarios singulares y corporativas. Pero eso sería solo el
principio, porque detrás quedaría mucho trabajo por hacer, a saber:
créditos fallidos en cuantía significativa, préstamos a promotoras
participadas por las propias Cajas, préstamos a sociedades públicas
municipales, etc. En realidad, deberían considerarse bajo
sospecha todas las operaciones que se han llevado contra resultados de
dotaciones y fallidos de los últimos 10 años de boom inmobiliario”,
señala un experto en restructuraciones bancarias que coincide con la
línea de investigación que exige el juez Elpidio Silva.
“Multitud de negocietes se han perdido “traspapelados” en las
operaciones de fusión llevadas a cabo entre Cajas en los últimos años. “Yo le digo al ministro Guindos una cosa: sería
suficiente con colocar a un equipo de entre 20 y 25 expertos bancarios
por cada entidad financiera, y darles acceso ilimitado a toda la
información existente en el Banco de España –porque todas las operaciones tienen que estar allí recogidas, como resultado de las inspecciones periódicas-, para que en seis meses, ni uno más, seis meses, quedara aclarada la operativa de cómo y quién se ha llevado la pasta, porque aquí no hay más misterio que la voluntad de encubrir y echar tierra al asunto”.
Lo ocurrido es tan grave que debería ser el propio Congreso de los Diputados quien montara esos equipos para, cuanto antes, determinar responsabilidades”,
concluye Cacho. Pero los 10 partidos de las actuales cámaras nunca lo
harán: los banqueros se llevaron el dinero a cambio de los “favores” a
los políticos que los respaldaban: sabemos de numerosos casos de políticos que no pagaron sus créditos, al igual que los partidos y sindicatos,
otros que recibieron sustanciales “rebajas” en los tipos de interés,
muchos más “colocaron” a familiares en sucursales y fundaciones
bancarias…
Son el “as” en la manga que guardan los financieros si alguno pisa de
nuevo la “trena”. De ahí el temor a que, con una nueva composición
parlamentaria que deje a los 10 actuales partidos del régimen en
minoría, los banqueros encarcelados “tiren de la manta” a cambio de la reducción de condenas y se pueda lograr así la única salida para la recuperación económica y ética de España: “transparencia, reparación y confiscación”. O simplemente lo que los historiadores recuerdan con el nombre de “desamortización”.
Encuesta:
La quiebra de las Cajas de
Ahorro ha supuesto 77.000 millones pero banqueros y políticos que las
gestionaban se han enriquecido ¿por qué?