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16 julio, 2012

ESPAÑA ENTRA EN LA ESPIRAL DE LA MUERTE

España entra en la espiral de la muerte
Antoni Domènech · G. Buster · Daniel Raventós, Sin Permiso
http://www.sinpermiso.info/textos/index.php?id=5151

El pasado viernes, 13 de julio, el Consejo de Ministros aprobó el radical paquete de medidas de austeridad fiscal procíclica anunciadas por Rajoy en sede parlamentaria dos días antes. “No disponemos de más ley ni de más criterio que el que la necesidad nos impone. Hacemos lo que no nos queda más remedio que hacer, tanto si nos gusta como si no nos gusta. Soy el primero en estar haciendo lo que no le gusta”: palabras literales de un presidente más nervioso, más inseguro y con peor dicción que de costumbre. Es la segunda vez en dos años que una escena así se produce en las Cortes: el 11 de julio de 2012 de Rajoy es el 10 de mayo de 2010 de Zapatero.

Zapatero se dio un autogolpe de Estado para evitar, supuestamente, el golpe de la intervención de la Troika. Con el resultado de todos conocido: todo fue a peor, como no podía ser de otro modo con unas políticas procíclicas de consolidación fiscal y recortes de derechos sociales e ingresos populares en un país, entonces, con un desempleo superior al 20%, el 45% de los jóvenes en paro y la demanda efectiva en rápido proceso de contracción. Ahora se anuncia un recorte anual para los próximos tres años de más del 2% del PIB, en un país con más del 25% de su población activa desempleada, más del 50% de los jóvenes en paro –decenas y decenas de miles convertidos ya en emigrantes— y una demanda efectiva en caída libre.

De ideas milagreras, retóricas electorales y agendas ocultas

Rajoy subió al poder con la idea milagrera –avalada por toda una corte de tertulianos, todólogos mediáticos y pseudoeconomistas diz-que-profesionales— de que bastaba poco más que un gobierno conservador de gentes de viso en la Moncloa para recuperar la “confianza” de los mercados financieros internacionales y la benevolencia de los burócratas de Bruselas y de Francfort. Esa era la idea “técnica” básica.

Había, además, una retórica de campaña electoral rectificadora del giro antisocial de Zapatero: no se tocaría a los pensionistas, no se tocaría a los funcionarios públicos, no se recortarían derechos ni en educación, ni en sanidad (¿quién dice copago?), ni en la cobertura del paro; habría austeridad y consolidación fiscal, por supuesto, pero se trataría de una “austeridad expansiva” (sic), facilitadora del crecimiento económico (no se subiría el IVA, ¡claro que no!). Contra el entreguismo de Zapatero, se defendería la soberanía nacional; España sabría hacerse respetar en la UE y ante la Troika: el Reino, en fin, no sería intervenido, ni informal ni, menos, formalmente. Por fin alguien haría valer la “marca España”.

Y había, por supuesto, una agenda oculta. Con la excusa de la necesidad de bienquistarse a los mercados financieros y recuperar la “confianza” perdida por la calamitosa gestión del PSOE, acometer un conjunto de contrarreformas –incoadas ya por el gobierno Zapatero y largamente anheladas por la derecha social española— que alteraran radical e irreversiblemente la relación de fuerzas. Que reconfiguraran la constitución social del país, particularmente la regulación del mercado de trabajo. Que reordenaran pro domo sua, a favor del poder político-económico del PP, la fatalmente dañada estructura bancaria (lo que pasaba crucialmente por convertir a Bankia en un coloso financiero privado promiscuamente vinculado al partido). Que terminaran de poner en almoneda y desmantelar el sector público, pusieran proa a la conversión de la vida económica de nuestro país en un rimero interminable de peajes privatizados, cobrables por rentistas improductivos de toda laya, nacionales y extranjeros, y entraran por uvas en la más o menos disimulada tarea de recentralizar administrativamente y jibarizar el “Estado de Medioestar” español, como atinadamente lo ha llamado en alguna ocasión Gaspar Llamazares.

La agenda oculta, en una palabra, consistía en aprovechar la crisis para consolidar hasta las últimas consecuencias el tipo de capitalismo oligopólico de amiguetes políticamente promiscuos construido por el PSOE y el PP en las últimas décadas y reubicar al núcleo político dirigente conservador en la nueva situación. Si se quiere, y por servirnos del neologismo muy a propósito inventado por el académico de la lengua Emilio Lledó, pasar de la economía política del capitalismo oligopólico de amiguetes, al casino de negocios público-privados de los “amigantes” (que rima con mangantes).

Del fracaso, también, de la agenda oculta

En tan sólo 6 meses de gobierno, la realidad de la crisis se ha llevado ya por delante la idea “técnica” básica del programa electoral del PP, la de la “confianza”: la prima de riesgo no ha dejado de subir, la renta variable no ha dejado de bajar, el interés de los bonos españoles se ha disparado hasta rebasar todos los niveles de alarma (7%), y lo que es más grave y perentorio, ha comenzado a acelerarse una fuga masiva de capitales y depósitos bancarios, cuyo ritmo anual se estima ahora mismo en un ¡50% de nuestro PIB! Un pánico bancario desatado, peligrosísimo para España y para el conjunto de la UE, al que no son ajenas las sucesivas torpezas del gobierno Rajoy en el manejo de la crisis de solvencia de la banca española. Y a todo eso, la unión bancaria y la garantía europea de depósitos –única medida eficaz para contener la hemorragia—, siguen ahora tan lejos, si no más, que antes de la famosa cumbre del pasado 28/29 de junio. Han pasado sólo dos semanas, y parecen meses. Tiempo suficiente, en cualquier caso, para que varios sedicentes “europeístas” demostraran una vez más su incapacidad para comprender la naturaleza de la crisis política europea y se cubrieran con el más bobalicón de los ridículos.

Como previsto por todo el mundo, de desmentir la retórica electoral se encargó el propio gobierno no bien entró en ejercicio. Pero lo verdaderamente interesante es la suerte que ha corrido en sólo 6 meses el desarrollo de la agenda oculta del PP. Porque la puesta por obra del “programa oculto” se fundaba también en la necia idea de la restauración de la “confianza” (y en el pésimo diagnóstico –compartido con el núcleo dirigente del PSOE— de la naturaleza de la presente crisis europea que subyace a esa idea). La realización del programa oculto de Mariano Rajoy pasaba decisivamente por evitar la intervención de España por la Troika; intervenido el Reino, todo cambia. No importa el grosero jaleo forofesco de los diputados del PP a cada anuncio de recorte declarado por el jefe, ni siquiera el obsceno “que se jodan” los parados de una pijilla descerebrada que calienta escaño en las Cortes. Harto más significativo se antoja el rostro desalterado del Presidente del gobierno. Porque, si bien se entiende, de lo que verdaderamente se despedía era de su agenda oculta.

Y despedirse de la agenda oculta no era sólo despedirse del verdadero programa partidista con que accedió al gobierno. Es mucho más. Es despedirse de toda una época política y económica que ese programa trataba de salvar, y a su modo, perpetuar, rectificándola por la vía de escorar irrreversiblemente, hasta donde se pudiera, su centro de gravitación hacia la derecha. Es muy significativo que el Consejo de Ministros del pasado viernes comenzara no en Moncloa, sino en la Zarzuela, con el monarca en persona presidiendo la sesión del reconocimiento oficial de todos los fracasos. Como agarrándose a un clavo ardiendo, precisamente al amparo de un Rey de todo punto desacreditado ante la opinión pública y convertido en los últimos meses en la cara visible del fracaso nacional y del fin de época. En el símbolo mismo de la agónica fatiga política, social y moral del régimen de la Segunda Restauración borbónica que fue la Transición democrática.

Res ipsa loquitur: ministros que filtran secretos de su cartera (el escándalo de la ministra Báñez y el ERE del PSOE); una red gigantesca de espionaje a empresas y ciudadanos y compra y venta de datos privados protegidos por la ley con la connivencia de las instituciones privadas y públicas –incluidos los servicios secretos— encargadas de protegerlos; socialización de la corrupción de lo público a lo privado con las preferentes, como se ha visto con la apertura de la causa contra los gerentes de Bankia, la CAM y CaixaNovaGalicia; el bloqueo de un poder judicial incapaz de autogobernarse, carente de la legitimidad democrática que solo pueden otorgarle los ciudadanos, y no el escalafón de la judicatura y los acuerdos bajo mano entre el PP y el PSOE; unos incendios pavorosos que no se pueden extinguir por los recortes del gasto público; amnistía a los depredadores urbanísticos de la propiedad común de las costas; amnistía a los defraudadores fiscales… ¿Qué más?

La espiral de la muerte

Con las medidas de recortes y austeridad fiscal que ha impuesto la Troika al gobierno, España entra en la espiral de la muerte. Es decir, se aventura por la senda que ha llevado al suicidio económico, social y político a las naciones hasta ahora intervenidas (Grecia, Portugal, Irlanda). La dinámica es harto conocida: las drásticas medidas procíclicas de austeridad fiscal encaminadas a reducir la deuda y el déficit públicos generan destrucción de empresas y de empleo, desplome de los salarios, caída de la demanda agregada, descenso de los ingresos fiscales del Estado y, para cerrar el círculo vicioso, ulterior crecimiento del endeudamiento público, acrecida desconfianza de los acreedores internacionales y nuevas y más desapoderadas exigencias de austeridad y consolidación fiscales y consiguiente degradación del Estado social, de la enseñanza, de la sanidad, de la cobertura del desempleo.

En esa perspectiva, perdida la soberanía monetaria y sin autoridad fiscal común en la UE, el círculo vicioso sólo podría romperse con una enérgica mejora de la exportación. Los últimos datos al respecto no son nada halagüeños. Y no cabía esperar otra cosa. Primero, porque a diferencia de Portugal, por ejemplo, en donde el sector exportador representa cerca del 50% de su economía, la exportación española significa apenas un tercio, es decir que al menos dos tercios de la demanda de los productos de las empresas españolas vienen de un mercado interior deprimido por el paro creciente, por el tremendo estado de endeudamiento de las familias y de las empresas españolas, por los recortes salariales públicos y privados, por el terrible aumento del IVA, por las nuevas tasas universitarias, por el copago sanitario, por presentes y venideros peajes de usuario en el acceso a los bienes públicos o comunes; en una palabra, por las extremistas políticas de austeridad fiscal. Y segundo: porque las políticas de austeridad incompetentemente impuestas a escala europea han deprimido la demanda continental, y el grueso de nuestras exportaciones –como las de los alemanes, dicho sea de pasada— van a parar a una eurozona devastada por esas suicidas políticas procíclicas de consolidación fiscal.

Es evidente que el núcleo dirigente del PP es a estas alturas perfectamente consciente de todo eso. El fracaso estrepitoso de Montoro es el fracaso de la agenda oculta de una derecha política española que era todavía orgánica en intereses oligárquicos más o menos nacionalmente arraigados, y que tenía intereses electorales propios. Es aventurado –y acaso necio— decir que estamos asistiendo al triunfo del “independiente” y “cosmopolita” De Guindos, ese fracasado gestor europeo de los intereses del quebrado banco norteamericano Lehman Brothers.

Pero de lo que no cabe la menor duda es de que decidir –o allanarse a— meter a España en la espiral de la muerte trae consecuencias devastadoras para la identidad de quien lo propone (el PP). Para la identidad de quien lo aplaude, jactándose incluso de haberlo propuesto antes (Duran i Lleida). Para la identidad de quien lo tolera “responsablemente” y aun lo acompaña como “inevitable” y “necesario” con dos que tres salvedades y matices y tres que cuatro lagrimitas impostadas (Rubalcaba). Y desde luego para la identidad política de quienes, aplaudiéndolo en el fondo, sólo pretenden aprovecharse del río revuelto para promover aquí o allá su propia agenda superficialmente populista (el desmantelamiento del Estado de las Autonomías, à la Rosa Díez; el fantasma del pacto fiscal catalán sin contenido social para justificar, à la Mas, su cruel ofensiva en toda regla contra los derechos de las clases populares).

Como las elites políticas coloniales tradicionales

Las medidas de choque decididas –“sin libertad”— por Rajoy la semana pasada van contra los intereses mediatos e inmediatos de la inmensa mayoría de la población española, incluidas esas clases medias madrileñas abrumadoramente votantes del PP que habrán perdido todos sus ahorros con la estafa de Bankia y Caja Madrid. La espiral de la muerte al estilo griego no sólo tiene consecuencias económicas y sociales devastadoras; tiene también consecuencias para las propias elites políticas que se allanan de mayor o menor grado al suicidio de la nación. Porque pierden su identidad política como representantes fiduciarios más o menos legítimos de distintos intereses sociales más o menos encontrados, para convertirse paulatinamente en castas políticas de tipo colonial, sin arraigo social en la población. Franz Fanon describió hace ya muchos años a ese tipo de elites coloniales en Los condenados de la Tierra, una obra maestra de la literatura anticolonialista de los años 60.

Este era el tenor literal de su descripción: las elites coloniales, cualquiera que sea el matiz de su color político:
-niegan a los pueblos la seguridad en los puestos de trabajo;
-reducen los ingresos del grueso de la población al nivel de subsistencia;
-llevan a los pobres a la desesperación;
-buscan con denuedo desmantelar a los movimientos y a las organizaciones sociales, señaladamente a los sindicatos obreros;
-se empeñan en degradar el sistema educativo, de modo que solo las elites puedan tener acceso a la educación superior;
-hacen leyes a la medida de las empresas transnacionales saqueadoras;
-criminalizan el disenso, la crítica y a la oposición política no acomodaticia.
El corolario de esa clásica descripción del hacer de las elites coloniales era el comportamiento que buscaban inducir en la población: el miedo y la sensación de inestabilidad generados por esas políticas garantizaban la pasividad de la población, forzada a derivar hacia la propia supervivencia personal todas las energías disponibles.

Lo mejor del buen discurso parlamentario de Cayo Lara –convertido de facto en el jefe de toda la oposición en las Cortes, incluidos, verosímilmente, los parlamentarios socialistas desolados por las frívolas payasadas de Rubalcaba— es que entendió perfectamente este punto. No sólo ha traicionado Rajoy a su propio electorado al violar groseramente las promesas de su programa, no sólo, esto es, ha fracasado como político democrático, sino que ha fracasado también en la promoción de su agenda oculta “soberana”, es decir, ha fracasado como político tecnocrático. Doble fracaso. Se impone la consulta popular.

Hasta un periodista tan cargantemente circuelocuente como Pedro J. Ramírez se ha visto en la necesidad de reconocer sin reservas lo obvio, aunque sea para salir cínicamente al paso:

“En otras circunstancias el reconocimiento de esta súbita pérdida de autonomía democrática debería llevar aparejada la dimisión del gobierno de turno, la disolución del Parlamento y la convocatoria de nuevas elecciones. Pero nadie está pidiendo que Rajoy haga eso porque su rotundo triunfo electoral ha sido muy reciente y, como indican todos los sondeos, no se percibe ninguna alternativa fiable. Más bien existe el consenso de que al líder del PP le toca cargar con la cruz de lo que será una creciente impopularidad, gestionar con la mayor solvencia posible la ejecución del diktat de Bruselas y tratar de que la desagradable travesía del desierto concluya cuanto antes.” [“Protectorado de ’soberanía suspendida’”, El Mundo, 15 julio 2012.]

Quien comprenda mínimamente la naturaleza de la crisis política europea, o quien al menos sepa algo de macroeconomía elemental, o quien, si más no, se haya molestado en informarse un poco de la experiencia de Grecia, Irlanda y Portugal desde su intervención, sabe ya que lo que viene no es “una desagradable travesía del desierto” destinada a “concluir cuanto antes”. Sino la entrada en una verdadera espiral de la muerte.

Que la población sea, o no, presa del pánico, que se entregue, o no, a una inerme pasividad política cruzado el portalón de esa espiral, dependerá de la decisión con que el conjunto de la izquierda social y política de este país –sindicatos obreros, 15 M, colectivos de parados y trabajadores precarizados, representantes institucionales (locales, autonómicos y estatales) de las izquierdas federalistas y soberanistas, asociaciones ciudadanas, colectivos culturales, investigadores y académicos comprometidos, grupos de apoyo a los desahuciados, afectados por las estafas bancarias, pequeños comerciantes arruinados por el IVA, autónomos acorralados por la inopinada subida de su IRPF, etc.— sepan aunar voluntades y plantear como una necesidad perentoria la convocatoria de un referéndum democrático que, manifiesta y clamorosamente fracasadas las elites rectoras dominantes, permita a los pueblos de España elegir libremente su destino en uno de los momentos más dramáticos de nuestra historia, que, como bien dijo hace muchos años el poeta, es la más triste de todas las historias.

DIOS (LA IGLESIA), PATRIA (CASTA POLÍTICA) Y REY (CAZAELEFANTES), LOS ÚNICOS QUE NO SABEN NADA DE RECORTES

Rajoy no tiene derecho a dejar en la miseria a millones de españoles

@Roberto Centeno
16/07/2012 06:00h
http://www.cotizalia.com/opinion/disparate-economico/2012/07/16/rajoy-no-tiene-derecho-a-dejar-en-la-miseria-a-millones-de-espanoles-7267/

Hace tres semanas, con motivo de un viaje a EEUU, me despedía de ustedes hasta septiembre. Pero al volver me he encontrado con que, después de seis meses de tomar decisiones, casi todas en sentido contrario a lo que necesitaba el país, Mariano Rajoy decide superar los límites de lo tolerable y, de una manera tan vil como irresponsable, llevar a sectores enteros de población, a millones de españoles, a una situación de pobreza y exclusión social intolerables. Y todo ello no para salir de la crisis, ya que estas medidas hundirán aún más el crecimiento y el empleo, sino para mantener los privilegios de una casta política incompetente y corrupta que no está dispuesta a sacrificio alguno.

Con una cobardía poco común, elude su compromiso más esencial, el de gobernar, y lanza la mentira más escandalosa de toda su amplia trayectoria de embustes y falsas promesas: “Los españoles no podemos elegir si hacemos o no sacrificios. No tenemos esa libertad”.

Es decir, que los españoles no podemos elegir entre que nos arruinen a impuestos y nos recorten salarios y prestaciones o acabar con el despilfarro de 120.000 millones de euros anuales que supone, en conjunto, el modelo de Estado impuesto por la casta política. Que los españoles no tenemos la libertad para elegir entre acabar con las duplicidades entre AAPP (34.000 millones tirados por la fregadera) y cerrar las 3.000 empresas públicas inútiles creadas para ocultar deuda y colocar a 450.000 parientes, amigos y correligionarios a dedo con sueldos un 35% superiores a la media de los funcionarios, o que nos bajen las prestaciones de desempleo, las pensiones, la dependencia o la reinserción social.

También que los españoles no tenemos la libertad para elegir que se devuelvan al Estado las competencias de Justicia, Educación y Sanidad (lo que supondría un ahorro de 47.000 millones de euros, según cálculos de la Presidenta de la Comunidad de Madrid, porque desde que Aznar cometió el error histórico de transferirlos a las CCAA el coste por alumno y enfermo ha aumentado más del doble en términos reales) y debemos aceptar sin rechistar recortes brutales en Sanidad y Educación y copago a todo lo que se mueve porque, para nuestro presidente, “eso ni se plantea”. Los niveles de irresponsabilidad y miseria moral de Rajoy resultan inauditos.

Dice no tener la libertad para decidir, pero sí para llevar a la ruina a la nación. Si es cierto que no la tiene porque es un cobarde y los barones no le dejan, debe dimitir. Que no diga que es una imposición de Bruselas, porque Draghi se lo dejó bien claro: “Menos impuestos y más recortes de gasto”. Rajoy, al igual que cuando estaba en la oposición -cuando Valencia, Murcia o Madrid capital estaban a la cabeza del despilfarro sin que moviera un dedo para evitarlo- es incapaz de recortar nada. Su ineptitud, elevada a escala nacional, no sólo está llevando a la miseria y a la exclusión social a millones de personas, está arruinando a varias generaciones de españoles con una deuda y unos tipos de interés inasumibles. El jueves pasado la Asociación de Empresas de Trabajo temporal dio a conocer una cifra pavorosa: el número de familias españolas que vive por debajo del umbral de la pobreza asciende ya al 26,5%, mucho más que en Grecia. Y la opción de Rajoy es empobrecernos todavía más.

Una conversación en Washington

Hace dos lunes, en el hotel Fairmont en Washington, y gracias a un amigo común, tuve la suerte de poder exponer a un primera espada del FMI el que, en mi opinión, es el principal problema de España: el modelo de Estado. Le dije: “O ustedes nos ayudan acabar con las CCAA o las CCAA acabarán con España, es así de simple”. Naturalmente, esto hay que demostrarlo con cifras y a ello dediqué todo el tiempo del que dispuse. El FMI, al igual que la UE y al igual que Alemania, sabe que el problema de España radica en las regiones. Sabe también que Rajoy miente, y que miente en todo: en la situación del sistema financiero, en la situación macroeconómica y en el déficit público. Pero lo que no conoce bien es la dimensión real del problema. Me quedo corto si afirmo que mi interlocutor se quedó asombrado. Y es lógico, porque cuesta creerlo.

“Ni el FMI ni la UE -me dijo- pueden imponer un cambio del modelo de Estado. Son ustedes, los españoles, quienes deben hacerlo”. Le expliqué que eso era imposible porque España no es una democracia formal, algo que requiere un sistema representativo del electorado y la separación de poderes en origen

¿Cómo puede creer nadie que partiendo en enero de una situación de quiebra del sistema autonómico (que representa los dos tercios del gasto público de la nación) el Gobierno, en lugar de intervenir a las CCAA, les transfiere cerca de 30.000 millones de euros sin condición alguna? Un dinero que ya han despilfarrado, porque ahora necesitan 25.000 millones más. ¿Cómo puede nadie creer que un Gobierno renuncie a intervenir en la asignación correcta de dos tercios de los recursos de la nación?; ¿o que en los cinco primeros meses de 2012 el déficit del Estado se haya incrementado en un 31% y la extrapolación a fin de año nos lleve a un déficit de las AAPP del 11,6% del PIB (porque el supuesto adelanto a CCAA jamás será recuperado (1))?

Cuando conté, a modo de ejemplo, que la alcaldesa de Madrid y sus concejales tienen 1.500 asesores con un sueldo medio de 47.000 euros y 183 coches oficiales de uso personal, no me creyó. Así de simple. Tuve que pedirle que tecleara en Google “Asesores ayuntamiento Madrid”. Se quedó boquiabierto. El alcalde de Washington, al igual que el de Nueva York, ni siquiera tiene coche oficial y va en metro cada día a su trabajo. Cuando le expliqué que en España hay más de 30.000 coches oficiales, que desde 1978 se han contratado dos millones de empleados públicos a dedo, entre amigos y correligionarios, que las CCAA tienen más de 200 embajadas en el extranjero o que disponen de casi 50 canales de TV con una pérdida anual de 2.400 millones no se lo podía creer.

“Es obvio -me dijo- que ningún gobierno del mundo tiene derecho a empobrecer de ese modo a los ciudadanos si tiene alternativas de reducción de gasto tan claras, pero ni el FMI ni la UE pueden imponer un cambio del modelo de Estado. Son ustedes, los españoles, quienes deben hacerlo”. Le expliqué que eso era imposible porque España no es una democracia formal, algo que requiere un sistema representativo del electorado y la separación de poderes en origen; España no tiene ni lo uno ni lo otro. Los españoles carecemos de cauce legal alguno para cambiar el modelo de Estado. Ni diez millones de firmas servirían para ello. Lo entendía pero no era un tema del FMI me dijo, de todas formas “si esas son las cifras reales el rescate es inevitable, y eso obligaría a cambiar el modelo de Estado o algo equivalente”.

España necesita un rescate de 500.000 millones ya.

¿Alguien se ha molestado en sumar los vencimientos de deuda? En julio, los vencimientos del Tesoro eran de 19.000 millones y sólo se ha cubierto una tercera parte; 13.000 en agosto y septiembre; 27.600 octubre y, el resto, 9.000. Total: 62.000 millones. Las CCAA necesitan 28.000 y los bancos, descontando Santander y BBVA, han emitido 80.000 millones de euros con aval del Estado, de los que 38.000 vencen este año. Total: 128.000 millones. Unos 6.000 los sacarán saqueando la caja de las Loterías, y los bancos parte del BCE, pero aún quedan 100.000.

La liquidez que tenía el Tesoro la han transferido de forma casi íntegra a las CCAA y al pago a proveedores; con el déficit 2012 hay unas necesidades de financiación de 150.000 millones de aquí a fin de año (unos 27.000 millones al mes), que con la prima y los intereses desbocados son imposibles de lograr. Y, después, 175.000 millones en 2013 -vencimientos y déficit - y 250.000 en 2014. España necesita ya un rescate de 500.000 millones.

Sin embargo, eso no es lo único. España no puede seguir siendo el cortijo de una casta política parasitaria, cuyo pensamiento real sobre el conjunto de los ciudadanos es el expresado por la indigna palmera del PP: “Que se jodan”. Es lo que piensan los 17 presidentes autonómicos y su inmensa corte de parásitos sociales, es lo que piensan los 8.160 alcaldes y 68.578 concejales, los miles de presidentes de empresas públicas y los miles de diputados, senadores, asesores o sindicalistas de pesebre completamente inútiles. ¿Acaso uno, uno sólo de ellos, o de los casi dos millones de empleados públicos nombrados a dedo, estaría dispuesto de renunciar a su prebendas para evitar la ruina de los españoles?

Las nuevas medidas no sólo son una chapuza absoluta, son un expolio sin precedentes a las clases medias y trabajadoras, mientras la casta política se niega a aplicarse a sí misma el menor recorte. Los 65.000 millones en dos años y medio no solo son falsos, son clamorosamente insuficientes. El conjunto, y con las valoraciones oficiales, supone 48.000 millones, no 65.000, o 19.000 millones año, o 6.300 millones en el cuatrimestre que queda. Se necesitarían 50.000 para cumplir el compromiso de déficit 2012. Además, las valoraciones oficiales son falsas, la recaudación estimada por IVA y otros impuestos se ha calculado sobre la base de que el consumo se mantiene. La teoría económica explica que eso no es así mientras la experiencia demuestra que se queda en la mitad.

La reducción de gasto por el número de concejales, valorada en 3.500 millones, es tres veces la real, pero como hay que esperar a las nuevas elecciones acaba en cero. Si se ponen las cifras reales, los 19.000 al año, se quedan en 12.000 escasos o 4.000 en 2012. Y, aunque van a reducir pensiones y subir la tarifa eléctrica, apenas llegará a la décima parte de lo necesario. Nada a cambio de una deflación brutal y de condenar a la miseria y a la exclusión social a millones de personas. Adicionalmente, el efecto sobre el sistema financiero de la caída de la venta de viviendas y la subida de la morosidad llevará a muchas entidades a la insolvencia. La buena noticia es que ni Rajoy ni el modelo de Estado sobrevivirán al inevitable rescate. La sustitución de estos irresponsables por profesionales es nuestra única posibilidad de salvación.

(1) La cifra del déficit del Estado correspondiente al mes de mayo es del 3,4% del PIB, que se compara con el 2,6% en el mismo periodo 2011. A partir de aquí, dos estimaciones son posibles: elevar el 3,4% a tasa anual (8,6%) y sumarle el 2% del objetivo de déficit de CCAA, ayuntamientos y Seguridad Social (10,6%), algo poco realista porque ese objetivo es una quimera. O, segunda, suponer proporcionalidad entre el 2,6% del Estado a mayo y el 8,9% total al final de 2011, y el 3,4% actual y el total a fin de año, lo que nos llevaría a una estimación de déficit de 2012 del 11,6% .

OPINIÓN: ESPAÑA Y EL GOBIERNO, AL LÍMITE

España y el Gobierno, al límite

José Antonio Zarzalejos.- 16/07/2012
http://www.elconfidencial.com/opinion/notebook/2012/07/16/espana-y-el-gobierno-al-limite-9517/

El Gobierno cruza los dedos. Si en los próximos días los mercados no avalan su último ajuste de 65.000 millones (2012-2014), baja la prima de riesgo y el bono español a diez años no se relaja hasta el 6%, España quedará excluida del mercado de deuda soberana y, en consecuencia, a merced de un rescate completo de su economía. Las expectativas desde que el pasado miércoles Mariano Rajoy presentase el tercer -o cuarto- plan de recortes y reformas, no son en absoluto positivas. Aunque con matices, el presidente del Bundesbank, Jens Weidmann, muy próximo a Ángela Merkel, sugirió el sábado que el Gobierno español debería ampliar la petición del rescate bancario a toda la economía española y reclamó que el FMI se incorpore a la vigilancia de nuestras variables macroeconómicas.

Esta advertencia lanzada desde Berlín y Frankfurt -al alimón- no ha sido el único revés al plan de Rajoy. Para la credibilidad del Gobierno y de la economía española fue mucho más perjudicial, según fuentes financieras consultadas, el mensaje de división y enfrentamiento que lanzó el jueves el Consejo de Política Fiscal y Financiera: Cataluña, Andalucía, Canarias y Asturias votaron contra los objetivos de déficit establecidos por el Ejecutivo para las Comunidades Autónomas (1,5% en 2012; 0,7% en 2013 y 0,1% para 2014). Dos autonomías gobernadas por el Partido Popular, Extremadura y Castilla y León, se abstuvieron. Galicia estuvo a un paso de hacerlo. Igualmente, se ha calificado de “muy grave” que el ministro de Hacienda y Administraciones Públicas -cuyo comportamiento algunos consejeros autonómicos calificaron de “chulesco”- sacase tarjeta amarilla a ocho comunidades por el mal sesgo de sus cuentas públicas (de las 600 empresas públicas autonómicas que se iban a suprimir sólo se han disuelto dos), aunque el Ejecutivo se ha negado a precisar cuáles eran las incumplidoras. El País Vasco, por su parte, ni siquiera votó: considera que su régimen concertado le deja al margen de cualquier criterio de coordinación.

Este disenso entre el Gobierno central y las comunidades autónomas alimenta el criterio, cada vez más generalizado, de que el Estado autonómico -que dispone del 48% del gasto total del Estado- y la elefantiasis del conjunto de las Administraciones Públicas son el verdadero problema español, no abordado por el Ejecutivo, tanto por falta de liderazgo político como por las serias dificultades que comporta de orden constitucional, que sólo podrían superarse con una reforma del Título VIII de la Constitución. Está siendo muy comentada la intervención del catedrático de Derecho Administrativo, Tomás Ramón Fernández, en el campus de FAES 2012 en la que este experto de larga trayectoria expuso los mecanismos de corrección necesarios de nuestro Estado, con planteamientos realistas.

Por otra parte, los recursos de inconstitucionalidad presentados por los Gobiernos vasco y catalán contra los recortes en sanidad y educación y contra la liberalización de horarios comerciales, abundan en la convicción de la ineficiencia de la actual estructura estatal, que ha creado una fractura en la unidad de mercado y una inercia de gasto público imparable: comparados los gastos públicos con los ingresos del mismo carácter en los años 2009, 2010 y 2011, las Administraciones Públicas gastaron, respectivamente, un 31%, 25% y 24% más de lo que ingresaron (Jesús Sánchez Quiñones en ‘La Burbuja de la Administración Pública’ en este diario el pasado día 10 de julio).

Tampoco se ha entendido que el Gobierno -a diferencia del reciente plan de Mario Monti en Italia, que dejará los actuales 8.102 ayuntamientos en sólo 1.500- no haya acordado una drástica reducción de municipios (aunque sí de concejales: el 30%). Los tres Estados intervenidos han sido compelidos a hacerlo, después de que en las últimas décadas tanto Alemania (pasó de más de 24.000 a 8.500), los países escandinavos (Suecia, Noruega y Dinamarca) y Reino Unido hayan disminuido estas circunscripciones administrativas y políticas de manera sustancial para descargar el andamiaje público. El Gobierno de Rajoy, quizás temeroso de las reacciones sociales que esta reordenación podría conllevar, ha preferido suprimir decenas y decenas de mancomunidades -el 70% de las cuales no presentaban sus cuentas- transfiriendo a las Diputaciones provinciales la gestión de los servicios que desarrollaban en beneficio de los municipios pequeños. El ahorro, sin embargo, es muchísimo menor que la agrupación de ayuntamientos.

Por otra parte, además de la reforma de las Administraciones Públicas, el plan de ajuste del Gobierno sólo contempla recortes coyunturales en la masa salarial de los empleados públicos (en total casi 3.200.000), suprimiéndoles la paga de Navidad, pero no se ha formulado un plan de adelgazamiento de las plantillas públicas como también ha hecho Mario Monti en Italia, que baraja una reducción del 10% de empleos públicos. Buena parte de los incrementos de las plantillas no se corresponde a funcionarios de carrera, sino a contratados en régimen administrativo y laboral, especialmente en las comunidades autónomas, en las que se contabilizan los puestos de confianza en los grupos parlamentarios integrados por más de 1.200 diputados autonómicos en las diecisiete asambleas legislativas.

La situación límite en la que se encuentra el Gobierno -y la economía española- tiene también que ver con los ocultamientos del Ejecutivo para eludir la interlocución con la ciudadanía: aspectos sustanciales del ajuste no fueron detallados por el presidente en el Congreso ni aclarados por los ministros en la referencia del Consejo del pasado viernes

Como constataba en este diario el pasado sábado Daniel Lacalle (“¿Qué haremos cuando sólo haya bancos rescatados y empresas subvencionadas?”), la City londinense ha comprobado defraudada el plan de Rajoy: “Las medidas para reducir el déficit y las filtradas para el sector eléctrico siguen una misma línea: recaudar eficientemente para mantener al subvencionado”. La afirmación del analista parece enteramente cierta porque, según cálculos coincidentes, el ajuste -con las medidas actuales- será de 56.440 millones de euros y recaerá en porcentaje mayor sobre la recaudación fiscal que sobre el gasto público. Si se consuma la llamada reforma eléctrica -que podría dejar al sector en una muy apurada situación, porque se trataría de un régimen impositivo mediante tasas y cánones a la generación e instalaciones- el Gobierno se habría decantado claramente más por la presión fiscal que sobre el ahorro en el gasto estructural del Estado y Administraciones Públicas a todos los niveles. Algo, no sólo recesivo, sino incoherente con la identidad ideológica de un Ejecutivo cuyo equipo económico no está ya en condiciones de abordar un nuevo parcheo. El fracaso de este plan lleva al país a una intervención ad hoc, ya que no hay alternativa política frente a la mayoría absoluta del PP.

La situación límite en la que se encuentra el Gobierno -y la economía española- tiene también que ver con los ocultamientos del Ejecutivo, atribuibles a miedo escénico o a una mala comunicación, para eludir la interlocución con la ciudadanía: aspectos sustanciales del ajuste no fueron detallados por el presidente en el Congreso ni aclarados por la vicepresidenta y los ministros de Economía y de Hacienda en la referencia del Consejo de Ministros del pasado viernes. El monto del ajuste se conoció en la madrugada del sábado mediante una nota en inglés en la web del ministerio de Economía, cifrando el ajuste en 54.440 millones y no en los 65.000 anunciados por Rajoy. Aspectos como la reducción de bienes y servicios sometidos a tipo reducido del IVA que pasan al general, la retención del 21% (ahora en el 15%) a profesionales, la rectificación sobre la compensación en 2015 de la paga extra de Navidad a los funcionarios, la suspensión del subsidio de desempleo por “indicios de fraude”, la suspensión de los convenios colectivos para el personal laboral público, la reducción de transferencias por dependencia a las autonomías y el incremento -de rondón- del impuesto de sociedades que en tres años supondrá un aporte empresarial adicional de 7.500 millones, han sido aspectos conocidos tras la lectura de las disposiciones en el Boletín Oficial del Estado pero no explicitadas por el Gobierno.

El gesto del Mariano Rajoy de adelantar al sábado la clausura del Congreso del PP de Andalucía para evitar las protestas previstas ante la sede del evento en la ciudad de Granada, enlaza con la permanente actitud gubernamental defensiva y menos decidida de lo necesario, logrando así, no sólo que los colectivos más afectados por sus medidas (funcionarios, ámbito de la cultura, pequeño comercio, parados…) preparen un calendario de movilizaciones con los sindicatos que comenzarán el próximo día 19, sino también que los medios de comunicación que hasta el momento han sido más complacientes con las políticas gubernamentales comiencen a mostrarse claramente críticos.

El diario El Mundo cerraba su editorial de ayer con esta dura afirmación: “La timorata acción del Gobierno en lo que se refiere a ajustarse el cinturón a sí mismo y a las comunidades da argumentos a los que buscan esa intervención”. Por su parte, ABC sostenía que “el ciudadano no percibe la misma intensidad reformista en las Administraciones Públicas, especialmente en la autonómica, pese a ser una de las causas principales de la crisis”. La Vanguardia, en su editorial, ‘Tras el gran ajuste del viernes’ no dejaba de expresar su escepticismo sobre la eficacia de las medidas adoptadas. Y la supuesta falta de empatía del Gobierno con la sociedad -el PSOE ha hecho creer que los aplausos al presidente en el Congreso eran de complacencia, cuando en realidad trataban de compensar los abucheos de la bancada de Rubalcaba y el difícil trance por el que pasaba Rajoy- y el “¡Que se jodan!” de Andrea Fabra han terminado por crear un clima espeso, políticamente muy precario. Un situación, en su conjunto, límite.