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22 marzo, 2010

LA BATALLA DE SAN GLORIO: LA PASTA

Plataforma contraria San Glorio se opone Junta financie la estación de esquí
abc.es

La plataforma, contraria a la construcción de la estación de esquí y formada por más de 60 colectivos conservacionistas, ha criticado hoy la posible participación de la Junta de Castilla y León en la financiación del proyecto de Estación Invernal de San Glorio.

En un comunicado de prensa, el portavoz de la PDSG, Javier Escudero, ha calificado de "tremendamente injusto e intolerable que una empresa privada boyante sea financiada con dinero público, mientras miles de pequeños y medianos negocios se ven abocados al cierre por falta de ayudas".

En este sentido, el portavoz de la plataforma ha recordado que el grupo de David Álvarez, que participa con mayoría de capital en la empresa Tres Provincias, promotora de la estación de esquí, factura al año más de 1.350 millones de euros.

Por eso la PDSG lamenta que la Junta de Castilla y León se plantee financiar con dinero público un negocio privado, que además genera pérdidas, como sucede, según la plataforma, con la estación de esquí de San Isidro, en León, que genera un millón de euros de pérdidas cada año.

Además de no ser rentable, el sector del esquí en Castilla y León supone una destrucción irreversible de los recursos naturales de la comunidad en forma aparcamientos, torretas, pistas, caminos, urbanizaciones o tendidos eléctricos, que imposibilitan otras formas de explotación económica compatibles con el entorno, ha insistido.

También ha recordado que la legislación actual prohíbe esa actividad en el Parque Natural de Fuentes Carrionas, en Palencia, a a pesar del cambio de normativa que promovió la Junta de Castilla y León para facilitar la implementación del proyecto y que anuló el Tribunal Superior de Justicia de la región.

"Pese a ello la Junta insiste en adaptar la Ley a un interés particular como es el que representa este proyecto", ha concluido Escudero. EFE 1010336

SUBASTA CAZA RIAÑO

RIAÑO
La subasta de caza llegó hasta los 253.200 euros a pesar de la crisis
La montería de ciervo llegó a las 12.200 euros y el macho montés solo alcanzó los 6.800 euros
22/03/2010 JOSÉ MARÍA CAMPOS | RIAÑO

El Ayuntamiento de Riaño acogió ayer la celebración de la subasta de los permisos de caza de las reservas de Riaño y Mampodre para un total de 122 piezas y 18 batidas de jabalí. Se alcanzó un precio total del 253.200 euros, una cifra algo inferior a la del año pasado, motivado por la subasta de menos piezas que en 2009 y la crisis económica.

Una de las sorpresas del día fueron las batidas de jabalíes que se subastaron 18 que alcanzaron un precio final de 44.700 euros similar a 2009 a pesar de haber 4 batidas menos en 2010. La puja más alta fue de 3.700 euros en el cuartel de Oseja de Sajambre. La gran puja se realizó en la montería de ciervo que alcanzó los 12.200 euros frente a los 8.100 euros del año pasado. La decepción se produjo en la subasta del macho montes trofeo tipo A que se subastaron dos con precios de 6.800 y 6.200 euros una cifra muy lejos de los 12.300 euros a los que se llegó el pasado año.

Del corzo trofeo se subastaron 45 piezas que alcanzaron un precio final de 41.000 euros con seis desiertas y unas pujas muy bajas en general. Por lo que respecta al ciervo trofeo se subastaron 11 piezas que llegaron a 28.400 euros que superó a los 18.100 euros de 2009. La pieza de mayor precio fue de 3.200 en el cuartel de Posada de Valdeón. Del ciervo no medallable se subastaron 35 piezas que sumaron un total de 43.700 euros siendo la puja más alta de 1.400 euros en los cuarteles de Posada de Valdeón y Riaño. Del rebeco no medallable se subastaron 21 por lo que se llegó a un total de 49.500 euros, con una puja máxima de 2.600 euros en los cuarteles de Vegacerneja, Posada de Valdeón y Picos.

En cuanto al macho montes trofeo tipo B se subastaron tres piezas con precios de 3.700 y 3.900 euros mientras que se macho montes no medallables se subastaron otros tres con precios de 2.100 y 1.600 euros.

LAS DOT´s Y SAN GLORIO

OPINIÓN
LAS DOT´s
Miguel A. Valladares

La ordenación de los territorios no es una cosa nueva, ha sido y es una constante necesidad de carácter social. Lejos quedan las épocas en las que el interés primordial de la ordenación territorial era solamente de tipo impositivo, siendo a partir del siglo XIX, con la consolidación del liberalismo, cuando los conceptos territoriales cambian de significado y el desarrollo de los servicios públicos pasa a ser parte fundamental de la ordenación de los territorios. De la Constitución de Cádiz, la Pepa, provienen las primeras "Dot" o el primer ordenamiento del territorio. A Raíz de ella, se instaura el sistema provincial, se crean los partidos judiciales, de manera que los territorios de tipo feudal o post-feudal pasan a ser concebidos como espacios político-administrativos.
Este modelo de ordenamiento, aún vigente, apenas ha sufrido alteraciones en los últimos 150 años (no ignoro los distintos proyectos de regionalización, que merecerían un capítulo aparte), y no es hasta las décadas de los 60 y 70 del siglo XX cuando se ponen en marcha otras "Dot" o procesos territoriales denominados de comarcalización con la aspiración de ser instrumentos de revitalización económica y la consecuente ampliación y mejora en los servicios estatales al ciudadano.
Aún podríamos considerar otras "Dot" más recientes, las Mancomunidades, instituciones de carácter territorial, que basándose en la anterior comarcalización nacieron con la pretensión de dar aquellos servicios públicos que de por sí los propios municipios serían capaces de asumir por su coste.
Sin embargo estas nuevas DOT´s (MCC), aunque tienen el mismo fin que las anteriores, tienen detrás otra historia, sobre la que, aunque de manera somera, merece la pena una reflesión. Durante la última mitad del siglo XX se van a empezar a tomar una serie de medidas de carácter económico que van a convulsionar las viejas estructuras, no sólo económicas sino políticas y sociales.
El principal cambio residió en dar la supremacía al capital productivo sobre el financiero. Las consecuencias más inmediatas de esta medida han sido, desde un punto de vista económico, una práctica de producción y consumo insostenibles. Políticamente el Capital ha quedado fuera de control de los parlamentos, no sin la connivencia de estos, se le ha dotado de un poder de intrusión en los Estados hasta ahora desconocido, y que le lleva al dominio, no ya sobre el conjunto de la sociedad y sus instituciones, sino sobre la misma naturaleza. Todo vale si es con el fin de producir. El Capital sólo admite ganancias, las pérdidas son subsanadas con dinero público. Sociológicamente estas políticas han supuesto la desertización humana de espacios que siempre supusieron la base de la subsistencia y por tanto iconos de la sostenibilidad.
Esta avalancha demográfica no es un problema únicamente de este país, sino que afecta de manera global a todo el mundo, "civilizado" y "sin civilizar". La Unión Europea consciente de la magnitud del desastre estructural que supone para sus Estados este cambio demográfico, inicio en la década de los 80 el diseño de políticas destinadas a reorganizar sus territorios con el fin de recomponer y compensar sus servicios en aquellos oasis poblacionales en los que son inaplicables los parámetros básicos y para ello esbozaron una serie de principios recogidos bajo el nombre de Directrices de Ordenamiento Territorial, las DOT.
Y así llegamos a estas, nuestras DOT (MCC), pero estas DOTs sólo contienen párrafos y más párrafos sobre desarrollo socioeconómico equilibrado y sostenible; mejora de la calidad de vida de la población; gestión responsable de los recursos naturales; protección del medio ambiente y utilización racional y equilibrada del territorio, todo una patraña, no hay nada mejor que la experiencia, comarcalización, mancomunación, si no hay proyectos, si no hay presupuestos, servirán para lo mismo que sirvieron las anteriores... para nada. En estas DOTs el coste de hacerlas, el directo, la empresa privada que las ha diseñado, más el indirecto, la jarta de políticos, consejeros, personal de la administración etc., es infinitamente superior a la inversión que predican.
Estas DOTs pudieran ser un ejemplo, parcial o completo, de lo reflexionado anteriormente, es decir, el Capital adueñándose de la naturaleza con leyes u ordenamientos a su conveniencia, y la connivencia de una Administración que debería tener en cuenta los principios sobre los que se basan las directrices de ordenamiento territorial, la Carta de Torremolinos (1983), muy explícita en estos temas y donde pone que no se diseñaran ordenamientos territoriales para favorecer intereses privados.
En fin, a orillas del Rubicon estamos... Alea iacta est, la suerte está echada... aunque a la vista de lo que acontece alrededor de dichas DOT, habría que traducirla como "esta jata está vendida", más de aquí... del Esla, más indolora.
Cuantas cosas habrá que cambiar para que no cambie nada.