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12 abril, 2010

LA ADMINISTRACIÓN ES EL ENEMIGO DE TODOS

Las ONG del medio ambiente basan su presencia en directivas europeas.
12/04/2010

Los grupos conservacionistas, como es de esperar, se muestran desalentados ante una maniobra política que les deja fuera de juego, algo que va en contra del actual ordenamiento jurídico comunitario, como plantea Rita Rodríguez, abogada de los servicios jurídicos de la asociación ecologista WWWF. La letrada subraya que las directrices europeas de Impacto Ambiental y de Evaluación Ambiental Estratégica otorgan a las oenegés del medio ambiente la posibilidad de estudiar y recurrir cualquier proyecto, «algo que no se puede modificar desde el derecho interno». «Han de respetar esas directivas porque las resoluciones definitivas de la Administración deben reconocer, entre otros, a las ONG conservacionistas», sentenció.

WWWF recuerda que la Comisión Europea estudia una queja presentada contra la tramitación de la Ciudad del Medio Ambiente con rango de ley por parte de la Junta, apoyándose en la mayoría absoluta del grupo Popular en las Cortes. La Ciudad del Medio Ambiente es un macroproyecto de asentamiento humano previsto en una área de 550 hectáreas de especial protección. Rodríguez advirtió que todos los proyectos similares que se pretendan aprobar por ley se encontrarán con la oposición ecologista ante la UE, incluso ante el Tribunal Constitucional. Grupos ecologistas locales como Gedemol denuncian que con esta ley en la mano y «con la capa del interés general», la Junta podrá aprobar todo tipo de proyectos, «legales o no», incluso el pantano de Omaña en cuanto tenga las competencias de CHD.

EL PSOE Y GRUPOS ECOLOGISTAS ESTUDIAN JUNTOS EL RECURSO DE INCONSTITUCIONALIDAD

El PSOE y los grupos ecologistas estudian juntos el recurso de inconstitucionalidad.
12/04/2010 M. romero | león

«Una ley en fraude de ley», «las leyes sólo tienen sentido si son de aplicación general», «no respeta la división de los tres poderes del Estado», «formalmente es una declaración de intenciones pero no es aplicable». La última reforma de la Ley de Ordenación del Territiorio genera muchas dudas respecto a su aplicación y a si respeta los preceptos constitucionales.

El secretario general del PSOE en Castilla y León, Óscar López, adelantó que su partido está recabando todos los argumentos posibles para presentar un recurso de inconstitucionalidad contra lo que este partido considera «un atropello cometido gracias al uso del rodillo» en el parlamento autonómico, donde el Partido Popular tiene mayoría absoluta. López recordó que «hay tres meses» para estudiar las bases de un posible recurso ante el Tribunal Constitucional, decisión que se conocerá en la próxima Ejecutiva regional. Paralelamente, el grupo socialista en las Cortes trabaja con varios grupos ecologistas interesados en parar la citada reforma normativa que, entre otras cosas, evitará que las oenegés del medio ambiente tengan posibilidad de recurrir proyectos ante la jurisdicción ordinaria. «Ha pasado muy oculta, pero ha sido un verdadero engaño porque hay mucho y muy gordo», alerta el procurador socialista Francisco Ramos, parlamentario que defendió la abstención de su grupo en las votaciones de esta proposición de ley, que sí votaron los procuradores leonesistas Joaquín Otero y Héctor Castresana, del grupo Mixto.

Ramos denunció que, a partir de ahora, «cualquier plan regional se aprobará por ley con la mayoría parlamentaria y así quedará blindado ante la tutela judicial y eso supone una grave alteración de la normalidad democrática». Según su interpretación, «el Gobierno autonómico no gobernará, sino que lo hará el parlamento a través de su grupo; esto es acabar con la división de poderes». A tenor del nuevo marco legal, el PSOE se teme tres nuevas leyes para impulsar proyectos alentados desde la Consejería de Medio Ambiente: ley para aprobar las directrices de ordenación del territorio de la montaña central cantábrica, ley del PORN de Fuentes Carrionas que prohíbe el esquí alpino en San Glorio y ley para aprobar el macrocomplejo invernal, para el que además ya ha anunciado la participación económica en el capital social de Tres Provincias, que necesita cien millones de euros para construir la estación.

«Con este marco no se atraerá a inversores competitivos y con futuro porque no hay garantías jurídicas de ningún tipo», sentenció el procurador socialista.

Dos magistrados consultados coinciden en que se podría hablar de «una ley en fraude de ley» porque el control judicial de la Adminsitración está contemplado en la Ley de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa y de otra manera se estaría produciendo «la captación del poder Legislativo por el Ejecutivo». Además de que «no se puede gobernar desde el Parlamento». En opinión de ambos «no parece posible» que la nueva reforma legal aprobada en las Cortes pase el filtro del Tribunal Constitucional. Blindar con leyes regionales determinados proyectos podría vulnerar el artículo 106 de la Constitución Española, que deja en manos de los tribunales el control sobre la actuación administrativa.

El catedrático de Derecho Administrativo Carlos González-Antón subraya que los cambios introducidos «impiden que se puedan impugnar» planes y proyectos ante el Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León, no sólo los grupos ecologistas, sino también los ayuntamientos y diputaciones. En su opinión, se trata de una ley especial que va en contra del principio de funcionamiento de la legalidad. «Aunque se cumple la normativa, no se puede recurrir. Es una ley en fraude de ley», indica en coincidencia con los jueces. Esto significa que la Administración sube de rango una decisión adminsitrativa a ley para que ningún juzgado ni tribunal ordinario puedan deliberar sobre su legalidad. Asimismo, este abogado especializado en medio ambiente destaca que «una ley sólo tiene sentido si es de aplicación general. No es normal que la ordenación del territorio tenga el mismo rango de ley que una general». Y lo extiende a las concentraciones parcelarias, a los cielos abiertos...

"CON LA JUSTICIA HEMOS TOPADO"

Una argucia legal permitirá a la Junta sacar adelante proyectos tirados por los tribunales
Ruiz ya puede aprobar de oficio un macroproyecto y convertirlo en una ley sólo recurrible ante el Constitucional.
12/04/2010 marco romero | león

Los grupos parlamentarios Popular y Mixto en las Cortes de Castilla y León han hecho uso de una argucia legal para modificar la Ley de Ordenación del Territorio que ha pasado inadvertida pero que tiene aplicaciones más trascendentes que el simple hecho de reducir plazos en la tramitación de planes y proyectos, tanto que se está planteando la «inconstitucionalidad» de esta reforma desde diversos frentes políticos y sociales. Hace algo más de dos semanas, los citados grupos parlamentarios sacaron adelante mediante el proceso de lectura única -”no hay posibilidad de enmiendas-” una proposición de ley con el pretexto de «dotar de más rapidez y agilidad» a los trámites administrativos en la aprobación de todo tipo de proyectos, con la estación de esquí de San Glorio como fondo del debate político. Y, en efecto, a partir de ahora sacar adelante unas Directrices de Ordenación del Territorio o un proyecto regional no pasará de 45 días, frente a los seis meses que tardaba como mínimo este procedimiento.

Sin embargo, la modificación legal va más allá y recompone el artículo 24 de forma que deja en manos de la Consejería de Medio Ambiente la competencia para iniciar de oficio cualquier proyecto que considere oportuno y, si es de excepcional relevancia para el desarrollo social o económico de Castilla y León, tramitarlo como ley en el parlamento autonómico.

Es decir, a partir de ahora cualquier macroproyecto que el Ejecutivo autonómico decida impulsar lo propondrá como ley al Legislativo sin posibilidad de que intervenga el poder Judicial, lo que en opinión de varios expertos consultados, entre ellos magistrados, catedráticos, abogados de las grandes oenegés del medio ambiente, parlamentarios y el principal partido de la oposición, es un atropello a la división de poderes y dudan que sea compatible, de partida, con el artículo 106 de la Constitución Española: «Los tribunales controlan la potestad reglamentaria y la legalidad de la actuación administrativa, así como el sometimiento de ésta a los fines que la justifican».

Cualquier proyecto que sea aprobado como ley evitará la actuación de la justicia ordinaria aunque lo soliciten los interesados, incluidos ayuntamientos y grupos conservacionistas. Por lo tanto, a partir de ahora la impugnación de un proyecto sólo podrá llevarse ante el Tribunal Constitucional por la vía del recurso de inconstitucionalidad. Se da la circunstancia de que los proyectos más polémicos aceptados por la Consejería de Medio Ambiente pese a vulnerar la legislación nacional y europea, caso de los cielos abiertos de Laciana, los parques eólicos de León o la Ciudad del Medio Ambiente de Soria, están siendo parados reiteradamente por los juzgados de Instrucción o por el Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León, con sentencias ejemplares en el ámbito del ordenamiento jurídico. Un gran proyecto lanzado desde esta consejería evitará pasar el filtro de la justicia ordinaria, ni siquiera cuando se trate de documentos de gran relevancia como unas DOT. La ley reformada mantiene la posibilidad de que se pueda aplicar a instrumentos de ordenación que ya están en elaboración o tramitación, como el plan de ordenación de Fuentes Carrionas que bloquea el complejo invernal de San Isidro o las directrices de ordenación de la montaña central cantábrica con las que se pretende blindar la estación de esquí. Eso en el caso de León, porque en la comunidad autónoma existen ejemplos igualmente contestados que tardarán 45 días en ser resueltos por la vía oficial.

Esta reforma se realiza en el ámbito de otras mejoras técnicas que reordenan el procedimiento de aprobación de los distintos instrumentos de ordenación. Hace coincidir trámites simultáneamente para simplificarlos y dotar al proyecto de una mayor celeridad, de manera que se pueden recabar a la vez informes de las instituciones consultivas o afectadas directamente por el proyecto y el trámite de información pública.