La reforma podría servir para aprobar la estación de esquí de San Glorio en suelo protegido.
La Justicia paralizó en 2008 la construcción de un complejo invernal en San Glorio, entre León y Palencia. PDCC
MANUEL ANSEDE - Madrid - 13/04/2010 22:00
La Junta de Castilla y León, dominada por el PP, ha elaborado un rodillo legal para que sus macroproyectos, muchos de ellos paralizados en los tribunales, eludan la Justicia. Gracias a un cambio por el procedimiento urgente en la legislación autonómica, las Cortes podrán aprobar como ley proyectos presentados por grupos parlamentarios. Merced a este ardid, no serán necesarios informes técnicos del Consejo Consultivo de Castilla y León, previsiblemente negativos, para aprobar, por ejemplo, una macroestación de esquí en un parque natural, y los ciudadanos no podrán recurrir a la Justicia ordinaria para parar su construcción. Sólo el Tribunal Constitucional, fuera del alcance de la sociedad civil, puede tumbar un proyecto con rango de ley.
Los diputados regionales del PP aprovecharon su mayoría en las Cortes autonómicas para aprobar esta modificación de la Ley de Ordenación del Territorio el pasado 26 de marzo, aunque el PSOE, única oposición en la comunidad, y las organizaciones ecologistas empiezan a reaccionar ahora. El grupo socialista estudia presentar un recurso de inconstitucionalidad en los próximos tres meses y las ONG locales han denunciado la situación al Defensor del Pueblo.
Esquí en zona de osos
Según fuentes socialistas, el Gobierno del conservador Juan Vicente Herrera ha impuesto este cambio para desbloquear la construcción de la estación de esquí de San Glorio, un proyecto de 100 millones de euros que pretende crear más de 50 kilómetros de pistas entre las provincias de Palencia y León, en una zona parcialmente protegida y en territorio de oso pardo. A comienzos de 2008, el Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León tumbó el proyecto. Ahora, según las fuentes socialistas, el PP podría presentar de nuevo el proyecto y aprobarlo como ley gracias a su mayoría en las Cortes. La consejera de Medio Ambiente y vicepresidenta primera de la Junta de Castilla y León, María Jesús Ruiz, rechazó hoy hacer declaraciones a este periódico sobre la argucia legal aprobada hace dos semanas.
"En temas medioambientales, en Castilla y León ya no estamos del lado de la democracia. Los ciudadanos, las ONG y las empresas ya no tenemos ningún instrumento legal para recurrir las decisiones que tome la Junta", lamenta Fernando Jubete, miembro de la Plataforma para la Defensa de la Cordillera Cantábrica. El ecologista cree que "la ley está diseñada para San Glorio", pero teme que "a partir de ahora todos los proyectos se aprueben de la misma manera", con el rodillo. De momento, el pasado 5 de abril el PP presentó en el registro de las Cortes una proposición de ley para ejecutar de manera inmediata el proyecto Meseta Ski, un parque temático en un pueblo vallisoletano de 100 habitantes, Villavieja del Cerro, que ha sido paralizado por violar la Ley de Montes.
Informes a la basura
"Cuando la Junta presenta un proyecto de ley, tiene que incorporar informes técnicos del Consejo Consultivo de Castilla y León [equivalente al Consejo de Estado], pero con el cambio en la ley que ha hecho el PP se tiran a la basura estos informes, que hubieran dejado en una posición bochornosa a los proponentes, por los contenidos inadmisibles de sus proyectos", explica Francisco Ramos, procurador socialista en las Cortes. "Ya no gobierna el gobierno, sino el grupo parlamentario popular, para saltarse el poder judicial. Esto es matar a Montesquieu", critica el diputado autonómico.
El Gobierno de Herrera ya cambió la ley en 2006 para que la Junta, no los grupos parlamentarios como ahora, pudiera plantear la conversión de los proyectos urbanísticos en leyes. Así tramitaron en 2007 la llamada Ciudad del Medio Ambiente de Soria, un proyecto de 500 millones de euros para levantar una urbanización de 800 chalés y un parque empresarial en suelo protegido. El PSOE presentó un recurso de inconstitucionalidad, pero el Tribunal Constitucional tarda una media de seis años en pronunciarse. Las obras comienzan este mes.
La Justicia paralizó en 2008 la construcción de un complejo invernal en San Glorio, entre León y Palencia. PDCC
MANUEL ANSEDE - Madrid - 13/04/2010 22:00
La Junta de Castilla y León, dominada por el PP, ha elaborado un rodillo legal para que sus macroproyectos, muchos de ellos paralizados en los tribunales, eludan la Justicia. Gracias a un cambio por el procedimiento urgente en la legislación autonómica, las Cortes podrán aprobar como ley proyectos presentados por grupos parlamentarios. Merced a este ardid, no serán necesarios informes técnicos del Consejo Consultivo de Castilla y León, previsiblemente negativos, para aprobar, por ejemplo, una macroestación de esquí en un parque natural, y los ciudadanos no podrán recurrir a la Justicia ordinaria para parar su construcción. Sólo el Tribunal Constitucional, fuera del alcance de la sociedad civil, puede tumbar un proyecto con rango de ley.
Los diputados regionales del PP aprovecharon su mayoría en las Cortes autonómicas para aprobar esta modificación de la Ley de Ordenación del Territorio el pasado 26 de marzo, aunque el PSOE, única oposición en la comunidad, y las organizaciones ecologistas empiezan a reaccionar ahora. El grupo socialista estudia presentar un recurso de inconstitucionalidad en los próximos tres meses y las ONG locales han denunciado la situación al Defensor del Pueblo.
Esquí en zona de osos
Según fuentes socialistas, el Gobierno del conservador Juan Vicente Herrera ha impuesto este cambio para desbloquear la construcción de la estación de esquí de San Glorio, un proyecto de 100 millones de euros que pretende crear más de 50 kilómetros de pistas entre las provincias de Palencia y León, en una zona parcialmente protegida y en territorio de oso pardo. A comienzos de 2008, el Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León tumbó el proyecto. Ahora, según las fuentes socialistas, el PP podría presentar de nuevo el proyecto y aprobarlo como ley gracias a su mayoría en las Cortes. La consejera de Medio Ambiente y vicepresidenta primera de la Junta de Castilla y León, María Jesús Ruiz, rechazó hoy hacer declaraciones a este periódico sobre la argucia legal aprobada hace dos semanas.
"En temas medioambientales, en Castilla y León ya no estamos del lado de la democracia. Los ciudadanos, las ONG y las empresas ya no tenemos ningún instrumento legal para recurrir las decisiones que tome la Junta", lamenta Fernando Jubete, miembro de la Plataforma para la Defensa de la Cordillera Cantábrica. El ecologista cree que "la ley está diseñada para San Glorio", pero teme que "a partir de ahora todos los proyectos se aprueben de la misma manera", con el rodillo. De momento, el pasado 5 de abril el PP presentó en el registro de las Cortes una proposición de ley para ejecutar de manera inmediata el proyecto Meseta Ski, un parque temático en un pueblo vallisoletano de 100 habitantes, Villavieja del Cerro, que ha sido paralizado por violar la Ley de Montes.
Informes a la basura
"Cuando la Junta presenta un proyecto de ley, tiene que incorporar informes técnicos del Consejo Consultivo de Castilla y León [equivalente al Consejo de Estado], pero con el cambio en la ley que ha hecho el PP se tiran a la basura estos informes, que hubieran dejado en una posición bochornosa a los proponentes, por los contenidos inadmisibles de sus proyectos", explica Francisco Ramos, procurador socialista en las Cortes. "Ya no gobierna el gobierno, sino el grupo parlamentario popular, para saltarse el poder judicial. Esto es matar a Montesquieu", critica el diputado autonómico.
El Gobierno de Herrera ya cambió la ley en 2006 para que la Junta, no los grupos parlamentarios como ahora, pudiera plantear la conversión de los proyectos urbanísticos en leyes. Así tramitaron en 2007 la llamada Ciudad del Medio Ambiente de Soria, un proyecto de 500 millones de euros para levantar una urbanización de 800 chalés y un parque empresarial en suelo protegido. El PSOE presentó un recurso de inconstitucionalidad, pero el Tribunal Constitucional tarda una media de seis años en pronunciarse. Las obras comienzan este mes.
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