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11 octubre, 2013

OTRA AMENAZA MÁS

El gobierno da vía libre a la práctica del "fracking"

Eladio Meizoso
Cadena Ser


A media noche y en el Senado. Lejos de los focos de las cámaras. Este gobierno, si no se había retratado de sobra con el caso Bárcenas, lo hace con sus mismas políticas: Subidas abusivas de los precios de la electricidad, impuestos al sol, y ahora vía libre a las petroleras para que envenenen el subsuelo y los acuíferos buscando petróleo y gas. Queda más que claro quien manda aquí y el triste papel de los políticos, que son poco más que ejecutores de la voluntad de quien les paga.

Casi a medianoche de este miércoles el Senado ha aprobado una reforma legislativa que da vía libre al ’fracking’, la polémica técnica de inyección de agua a presión -con otros aditivos- en el subsuelo para obtener gas natural.

Con los votos del PP y UPN, el Senado ha aprobado la ley que autoriza la técnica de fractura hidráulica para la obtención de hidrocarburos, incluido el gas natural. Y el Gobierno lo ha aprobado en una norma que no guarda relación con ello, sino que estipula la garantía de suministro eléctrico fuera de la Península.

Desde la oposición, Jesus Alique, del PSOE, denuncia esta luz verde a una actividad que entraña riesgos sin un debate a fondo previo. "El ’fracking’ es una técnica tremendamente agresiva y tiene importantes riesgos para el medio ambiente y la salud humana. Es un asunto sobre el que debería haber un amplio debate parlamentario y una amplia participación científica y académica, pero el PP, con nocturnidad y alevosía, aprueba el ’fracking’ a toda España", ha declarado a la Cadena SER.

El texto establece también que los proyectos de ’fracking’ sean sometidos a declaración de impacto ambiental, que también está precisamente en trámite parlamentario y de la que se relajarán las exigencias, según este portavoz. Aún falta un trámite. El Congreso debe ratificar este proyecto de ley, pero sin más debate parlamentario.

EN DEFENSA DE LAS JUNTAS VECINALES


En defensa de las juntas vecinales

Red Roja
http://rebelion.org/noticia.php?id=175323

El Gobierno del Estado español, basándose en la reforma del artículo 135 de la Constitución y en la Ley Orgánica 2/2012, que consagran el mandato neoliberal de la UE de imponer la denominada “estabilidad presupuestaria” como principio rector de todas las políticas, amenaza actualmente con eliminar las Entidades Locales Menores (ELM), mediante el “Proyecto de Ley de racionalización y sostenibilidad de la Administración local” aprobado en el Consejo de Ministros el 26 de julio de 2013.

Estas entidades de ámbito territorial inferior al municipio bajo diversas denominaciones (juntas vecinales, concejos, anejos, pedanías, parroquias rurales tienen la consideración de entidad local, con personalidad y capacidad jurídica plena para el ejercicio de sus competencias:

a) La administración y conservación de su patrimonio, incluido el forestal, y la regulación del aprovechamiento de sus bienes comunales.

b) La vigilancia, conservación y limpieza de vías urbanas, caminos rurales, fuentes, lavaderos y abrevaderos.

La distribución geográfica de las ELM en el Estado español revela una extremada concentración de las mismas en el noroeste peninsular, de modo que sólo la Comunidad Autónoma de Castilla y León cuenta con 2.231 Juntas Vecinales de las 3.725 registradas, lo que representa el 60%. De estas 2.231, en León hay 1.234, el 33,12% de todo el Estado y el 55,31% de la Comunidad Autónoma.

Las ELM poseen bienes comunales (territorio de bosques, pastos, montes y cursos de agua) que pertenecen a todos los vecinos y vecinas del pueblo y de cuyos recursos e ingresos disfrutan y acceden todos por igual. En el conjunto del territorio del Estado español, estas tierras comunales suman 3,5 millones de hectáreas.

Históricamente se regían mediante concejo abierto, una asamblea de todos los vecinos y vecinas donde se debatían y gestionaban los asuntos del pueblo. En la actualidad una junta vecinal representativa es elegida entre los vecinos y vecinas censados, a partir de listas organizadas por los partidos políticos. La junta vecinal tiene la competencia de convocar al concejo. Los miembros de las juntas vecinales ejercen su cargo de forma absolutamente gratuita.

La cercanía entre representantes y representadas y el carácter asambleario del concejo facilita la participación y la democracia de base entre la gente de los pueblos, pero la dinámica de delegación por el voto, el pernicioso control ejercido por los grandes partidos políticos y la pérdida de la costumbre de la intervención en los asuntos públicos por la extensión a la población rural de una visión y actitud individualista más propia medio urbano, así como el abandono masivo de la población del medio rural en los últimos 40 años, ha limitado la potencialidad de un desarrollo de la democracia de base en estas entidades. Hay que reconocer que muchas de ellas se han asimilado al modelo de vida política y social de los municipios, abandonando las que han sido formas tradicionales de organización sociopolítica y autogobierno popular.

Pero esta caracterización no es homogénea para todo el territorio del Estado. Donde se han desarrollado resistencias populares a las políticas de la Transición (Constitución del 78, elecciones y bipartidismo), p. e. en el País Vasco, los concejos han conservado su vigencia y sus atribuciones de gobierno de la comunidad, siendo la junta - a la que no se concurre en listas de partidos sino en listas de vecinos - el órgano ejecutivo responsable de implementar los acuerdos del concejo.

La aprobación de esta Ley supondrá cuatro grandes hachazos para las juntas vecinales y las pequeñas comunidades rurales del norte peninsular:

1. La pérdida de su personalidad jurídica como entidad local autónoma.

2. El expolio del patrimonio de los pueblos, que pasará a los Ayuntamientos, Diputaciones o Comunidades Autónomas, según los casos, y la indefinición legal en cuanto a la titularidad de sus bienes comunales.

3. La pérdida de la capacidad de decisión vecinal sobre la gestión de ese patrimonio y bienes (montes, pastos, cotos de caza, edificios comunitarios, etc.) deja vía libre a los macro-negocios que puedan hacerse con esos recursos comunales, “favoreciendo la iniciativa económica privada evitando intervenciones administrativas desproporcionadas” (según la “Exposición de motivos”, cuarto objetivo básico del Proyecto de Ley); es decir, impide que la junta vecinal o el concejo (al defender intereses no mercantilistas) puedan vetar dichos macro-negocios.

4. La probable privatización o gestión externa de algunos servicios básicos y esenciales para los pueblos, como el abastecimiento de agua, cuyo modelo de gestión lo decidirían las Diputaciones según criterios de eficiencia y rentabilidad económica.

El mundo rural no ha generado esta crisis. Las juntas vecinales y concejos del norte peninsular no tienen deudas; los alcaldes y alcaldesas pedáneos no cobran un euro por su dedicación, su trabajo y sus esfuerzos; la gestión que realizan es racional, eficiente y no despilfarradora.

El Gobierno del Estado, que ya cuenta con las leyes para garantizar el pago de la deuda (art. 135 de la Constitución reformado y la Ley 2/2012 de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera que lo desarrolla), promueve un Proyecto de Ley de racionalización y sostenibilidad de la Administración local que no es sino un intento de trasladar el programa neoliberal al ámbito rural donde perviven relaciones sociales precapitalistas o al menos no netamente mercantiles.

Las necesidades del capital en este contexto de la crisis, le empujan a intentar extraer plusvalía de todo lo que aún se haya mantenido en cierto modo no determinado por las estrictas relaciones capitalistas. Así lo estamos viviendo con servicios públicos tan imprescindibles socialmente como la sanidad y la educación que están siendo privatizados.

Y con este Proyecto de ley se pretende el mismo tipo de intervención en el ámbito rural. Utilizando el pretexto de superar el déficit o de cuadrar las cuentas públicas de los ayuntamientos, facilitar la venta y privatización del patrimonio comunal de las juntas vecinales y de los pueblos.

Podíamos hablar del objetivo del capital de “valorizar” también el mundo rural, es decir, transformar el valor de uso propio de la gestión comunal, en la que los vecinos y vecinas se benefician, pero no ganan, en valor de cambio resultante de la venta y privatización del patrimonio comunal. Estamos ante otra desamortización de los comunes en la línea de las que conocemos del siglo XIX. Como ha señalado el profesor de la Universidad de Salamanca Valentín Cabero: “No podemos tolerar que, bajo el amparo de esta reforma injusta, y en el contexto de una crisis financiera ajena al mundo rural, los grupos oligárquicos y corporativos se apoderen y se beneficien de las plusvalías naturales, culturales y agroalimentarias pertenecientes por derecho, por trabajo y por historia al mundo rural”.

En definitiva, de aprobarse y llevarse a efecto, esta Ley privará a los pequeños pueblos de la titularidad de su patrimonio comunal, incapacitándolos para que gestionen de manera democrática y directa sus propios recursos, cercenando siglos de organización y funcionamiento vecinal ejemplar a través de los concejos.

En Red Roja pensamos que en este contexto de crisis general del capitalismo corresponde defender la autonomía de los pueblos frente al centralismo, la soberanía de sus concejos frente al caciquismo, la de sus bienes comunales frente a quienes promueven su expolio, la cultura popular frente a la pérdida de identidad, los servicios públicos básicos frente a su supresión o privatización, servicios públicos que tanto cuesta conseguir para el medio rural y por los que hay que luchar de continuo: escuelas, urgencias médicas, transporte, carreteras en buen estado, unidades veterinarias…

Los pueblos y las clases populares históricamente han aprendido la necesidad de organizarse para su supervivencia frente a las agresiones del poder. En este caso toca defender un mundo rural vivo frente a tantos y tantos abusos y agresiones, frente a su muerte por despoblamiento, planificada y fomentada por decisiones políticas y medidas legales como este Proyecto de Ley.

Nos sumamos a los colectivos en lucha por que las juntas vecinales mantengan su estatus jurídico actual, defendemos la gestión vecinal, democrática y participativa de los pueblos a través del concejo abierto y la inalienabilidad de sus bienes comunales como forma de gestión colectiva del territorio y sus recursos más básicos. 

¡No al expolio de nuestros pueblos!

¡No a la supresión de las Juntas Vecinales!

¡VIVAN LOS CONCEJOS!

MONTARAZ, EL LIBRO DIGITAL DE MIGUEL ÁNGEL AMBROSIO

Miguel Ángel Ambrosio ofrece su ‘Montaraz’ por entregas digitales

El escritor de origen leonés ambienta de nuevo una obra en la Montaña de Riaño.

e. gancedo | león 11/10/2013
«¿Y si gusta? Es una sencilla pregunta que nos hemos hecho, hacemos y haremos a lo largo de nuestra vida cada vez que nos enfrentamos ante el escrutinio de los demás...». Largo y tendido ha reflexionado sobre esa sencilla pregunta Miguel Ambrosio, escritor y guionista bilbaíno con raíces familiares en la Montaña de Riaño, concretamente en Cuénabres, donde ambientó su anterior novela, Cartucho. Una pregunta que en el ruedo literario plantea la eterna duda entre si ‘¿gustará?’ o ‘¿no gustará?’ y ante la cual Ambrosio ha querido ir «un poco más allá»: «Por eso me he planteado las consecuencias de esta cuestión pero sólo si la respuesta es afirmativa».

Y así, el nuevo proyecto de Miguel Ángel Ambrosio, como explica él mismo, «es sencillo». «Cada semana colgaré en mi blog http://cartucholanovela.wordpress.com/ diez páginas de mi nueva obra, El Montaraz, aún sin publicar». «Y por qué diez? «Porque en el caso de que no gusten no son más que unas pocas páginas con las que no habréis perdido demasiado tiempo. Pero, ¿y si gusta? Entonces esperaréis con expectación durante siete días a las diez páginas siguientes».

«Una vez leídas las diez páginas, si no gustan, cerraréis el blog y os dedicaréis a vuestras labores diarias cotidianas. Pero, ¿y si gustan? Entonces quizás, y esa es mi esperanza, reenviaréis el link de la página, lo daréis a conocer por mail, Twitter, Facebook… a vuestros contactos porque querréis compartir con ellos algo con lo que habéis disfrutado. Si lo hacemos con vídeos de gatitos mimosos, perros que se parecen a sus dueños o de adolescentes que se dan golpes ridículos en sus monopatines, ¿por qué no lo vamos a hacer con pequeñas dosis de literatura? Si os gusta, claro...», recuerda.

«La finalidad del proyecto es evidente», responde el novelista. «En los tiempos de crisis económica y cultural que vivimos es extremadamente complicado llamar la atención de una editorial para que estudie la posibilidad de publicar una obra de un autor poco conocido, como es mi caso. En una ocasión escuché a un escritor decir que escribir no será fácil, pero publicar es una odisea. Suscribo sus palabras». No obstante, tal y como se viene preguntando, ¿y si gusta? «Entonces quizás decenas, cientos, quién sabe si miles de personas, llamarán, con su mera lectura de diez páginas semanales, la atención a esas editoriales para que estudien la posibilidad de publicar El Montaraz», indica Ambrosio, que ha trabajado en programas como España directo, de TVE, y fue guionista del célebre Vaya semanita. El escritor no desvela si en cualquier caso terminará la novela hasta su última página ni tampoco cuántas tendrá.

Este proyecto novelístico ha alcanzado ya su página 60 y, como pasaba en Cartucho, también está ambientado en la ganadera y cazadora Montaña leonesa.