12/04/2010
Los grupos conservacionistas, como es de esperar, se muestran desalentados ante una maniobra política que les deja fuera de juego, algo que va en contra del actual ordenamiento jurídico comunitario, como plantea Rita Rodríguez, abogada de los servicios jurídicos de la asociación ecologista WWWF. La letrada subraya que las directrices europeas de Impacto Ambiental y de Evaluación Ambiental Estratégica otorgan a las oenegés del medio ambiente la posibilidad de estudiar y recurrir cualquier proyecto, «algo que no se puede modificar desde el derecho interno». «Han de respetar esas directivas porque las resoluciones definitivas de la Administración deben reconocer, entre otros, a las ONG conservacionistas», sentenció.
WWWF recuerda que la Comisión Europea estudia una queja presentada contra la tramitación de la Ciudad del Medio Ambiente con rango de ley por parte de la Junta, apoyándose en la mayoría absoluta del grupo Popular en las Cortes. La Ciudad del Medio Ambiente es un macroproyecto de asentamiento humano previsto en una área de 550 hectáreas de especial protección. Rodríguez advirtió que todos los proyectos similares que se pretendan aprobar por ley se encontrarán con la oposición ecologista ante la UE, incluso ante el Tribunal Constitucional. Grupos ecologistas locales como Gedemol denuncian que con esta ley en la mano y «con la capa del interés general», la Junta podrá aprobar todo tipo de proyectos, «legales o no», incluso el pantano de Omaña en cuanto tenga las competencias de CHD.
WWWF recuerda que la Comisión Europea estudia una queja presentada contra la tramitación de la Ciudad del Medio Ambiente con rango de ley por parte de la Junta, apoyándose en la mayoría absoluta del grupo Popular en las Cortes. La Ciudad del Medio Ambiente es un macroproyecto de asentamiento humano previsto en una área de 550 hectáreas de especial protección. Rodríguez advirtió que todos los proyectos similares que se pretendan aprobar por ley se encontrarán con la oposición ecologista ante la UE, incluso ante el Tribunal Constitucional. Grupos ecologistas locales como Gedemol denuncian que con esta ley en la mano y «con la capa del interés general», la Junta podrá aprobar todo tipo de proyectos, «legales o no», incluso el pantano de Omaña en cuanto tenga las competencias de CHD.
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