Las tres comunidades autónomas que integran el Parque Nacional no han podido asumir en el 2009 las competencias por un desacuerdo económico con el Estado.
05/01/2010. Diario de León
La foto prometía, pero de momento sólo se ha quedado en eso, una foto que plasmaba a mediados de marzo la determinación de los presidentes de las tres comunidades autónomas que integran el Parque Nacional de Picos de Europa -Castilla y León, Asturias y Cantabria- de iniciar los trámites para asumir la gestión coordinada de este espacio protegido, hasta ahora, en manos del Gobierno de España. De esta manera, el Parque Nacional de Picos de Europa, cuya extensión supera las 64.660 hectáreas, se convertiría así en un territorio sin barreras administrativas, antes de que acabara el año 2009, según manifestaron en ese momento los interlocutores del pacto sellado en León. Nada más se supo de esas intenciones que a estas alturas deberían estar materializadas en un documento por el que las comunidades autónomas asumirían las competencias de Picos de Europa. El mutismo en las tres administraciones autonómicas se rompió cuando la consejera de Medio Ambiente, María Jesús Ruiz, reconoció a principios de diciembre en León que el traspaso de la gestión del Parque Nacional de los Picos de Europa a Castilla y León, Cantabria y Asturias estába «paralizado». El motivo que apuntó Ruiz fue el desacuerdo en la financiación que debe destinar el Estado, que cuantificó en diez millones de euros. Sin embargo expresó su deseo de que la transferencia de las competencias se produzca «lo antes posible» y reconoció que el prceso será más lento de lo apuntado en un primer momento.
El retraso en la negociación parace tener su origen en una serie de diferencias importantes de criterio en cuando a los fondos que tendrían que transferirse, en lo que dista una cuantía económica de aproximadamente diez millones de euros. «Seguimos sin avanzar ahí especialmente», confirmó la consejera de Medio Ambiente.
Por el momento, los representantes de las tres comunidades trabajan en la elaboración de los estatutos del Consorcio que gestionará el Parque Nacional en el momento en el que se produzca la transferencia. Tras las reuniones mantenidas por los directores generales de cada una de las autonomías, ya se están cerrando jurídicamente los últimos extremos.
María Jesús Ruiz explicó que el Ministerio de Medio Ambiente exige la constitución formal de este Consorcio para seguir avanzando en los trámites necesarios para la transferencia de las competencias. La consejera insistió en que la Junta considera que deben asignarse «unos fondos mínimos y cubrirse mejor la zona de Cantabria y de Castilla y León respecto al personal del Parque Nacional-, aspectos que centran el debate en el que se está trabajando actualmente.
05/01/2010. Diario de León
La foto prometía, pero de momento sólo se ha quedado en eso, una foto que plasmaba a mediados de marzo la determinación de los presidentes de las tres comunidades autónomas que integran el Parque Nacional de Picos de Europa -Castilla y León, Asturias y Cantabria- de iniciar los trámites para asumir la gestión coordinada de este espacio protegido, hasta ahora, en manos del Gobierno de España. De esta manera, el Parque Nacional de Picos de Europa, cuya extensión supera las 64.660 hectáreas, se convertiría así en un territorio sin barreras administrativas, antes de que acabara el año 2009, según manifestaron en ese momento los interlocutores del pacto sellado en León. Nada más se supo de esas intenciones que a estas alturas deberían estar materializadas en un documento por el que las comunidades autónomas asumirían las competencias de Picos de Europa. El mutismo en las tres administraciones autonómicas se rompió cuando la consejera de Medio Ambiente, María Jesús Ruiz, reconoció a principios de diciembre en León que el traspaso de la gestión del Parque Nacional de los Picos de Europa a Castilla y León, Cantabria y Asturias estába «paralizado». El motivo que apuntó Ruiz fue el desacuerdo en la financiación que debe destinar el Estado, que cuantificó en diez millones de euros. Sin embargo expresó su deseo de que la transferencia de las competencias se produzca «lo antes posible» y reconoció que el prceso será más lento de lo apuntado en un primer momento.
El retraso en la negociación parace tener su origen en una serie de diferencias importantes de criterio en cuando a los fondos que tendrían que transferirse, en lo que dista una cuantía económica de aproximadamente diez millones de euros. «Seguimos sin avanzar ahí especialmente», confirmó la consejera de Medio Ambiente.
Por el momento, los representantes de las tres comunidades trabajan en la elaboración de los estatutos del Consorcio que gestionará el Parque Nacional en el momento en el que se produzca la transferencia. Tras las reuniones mantenidas por los directores generales de cada una de las autonomías, ya se están cerrando jurídicamente los últimos extremos.
María Jesús Ruiz explicó que el Ministerio de Medio Ambiente exige la constitución formal de este Consorcio para seguir avanzando en los trámites necesarios para la transferencia de las competencias. La consejera insistió en que la Junta considera que deben asignarse «unos fondos mínimos y cubrirse mejor la zona de Cantabria y de Castilla y León respecto al personal del Parque Nacional-, aspectos que centran el debate en el que se está trabajando actualmente.
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