Su plan de compensaciones tiene la oposición de los ayuntamientos leoneses
30/11/2010 maría carnero | león. Diario de león.
El Palacio de la Magdalena de Santander es el lugar escogido para la celebración, el próximo viernes 3 de diciembre, del XXI pleno del Patronato del Parque Nacional de Picos de Europa, una reunión a la que están convocados representantes de los ayuntamientos integrados en este espacio natural protegido, de la administración central, autonómica, universidades, grupos ecologistas y asociaciones de propietarios. Se trata del último Patronato que se celebrarán, antes de que se apruebe definitivamente el traspaso de sus competencias del Estado a las comunidades sobre las que se asienta, y que se debatirán por última vez, en la ponencia técnica que se celebrará en Madrid el próximo 9 de diciembre, y que se ratificará por la Comisión Mixta de Transferencias, el 17 de este mismo mes, para su entrada en vigor el 1 de enero del 2011.
Uno de los puntos del orden del día más importantes de este encuentro, que será presidido por el presidente del Patronato, y consejero de Ganadería de Cantabria, Jesús Oria, será el debate del proyecto de Real Decreto por el que se aprueba el régimen económico y de compensaciones para los habitantes y municipios que residen dentro de los límites de este espacio natural protegido.
Según la Ley 16/1995, de 30 de mayo, de declaración del Parque Nacional, este proyecto debería haberse aprobado al menos un año después de la constitución del parque de Picos de Europa, hace 16 años, simultáneamente o con anterioridad al Plan Rector de Uso y Gestión (PRUG), que finalmente vio la luz en el 2002, aunque fue anulado tres años más tarde por el Tribunal Supremo precisamente por no llevar anexo un plan económico y de compensaciones, tal y como exige la ley. Desde entonces, Picos de Europa se quedó sin documento básico de referencia, por lo que, hasta que se apruebe un nuevo PRUG, la única guía es la propia legislación de la red de parques nacionales, que priva igualmente a los habitantes del parque de la libertad para desarrollar actividades forestales, cinegéticas, agrícolas y ganaderas, sin hasta el momento haber sido compensados por ello.
Este punto del patronato será uno de los más calientes del día, ya que cuenta con la oposición de varios alcaldes, entre ellos el de Posada de Valdeón y el Oseja de Sajambre, los dos únicos ayuntamientos leoneses del parque, por entender que no están reflejados los intereses económicos de sus municipios en un plan tildado de «ambiguo» y de «incompleto». Entre otras cosas, este plan propone un pago único a los ayuntamientos por dejar de percibir ingresos por la prohibición de explotar sus recursos naturales como la caza, la pesca, la minería o los usos forestales.
Uno de los puntos del orden del día más importantes de este encuentro, que será presidido por el presidente del Patronato, y consejero de Ganadería de Cantabria, Jesús Oria, será el debate del proyecto de Real Decreto por el que se aprueba el régimen económico y de compensaciones para los habitantes y municipios que residen dentro de los límites de este espacio natural protegido.
Según la Ley 16/1995, de 30 de mayo, de declaración del Parque Nacional, este proyecto debería haberse aprobado al menos un año después de la constitución del parque de Picos de Europa, hace 16 años, simultáneamente o con anterioridad al Plan Rector de Uso y Gestión (PRUG), que finalmente vio la luz en el 2002, aunque fue anulado tres años más tarde por el Tribunal Supremo precisamente por no llevar anexo un plan económico y de compensaciones, tal y como exige la ley. Desde entonces, Picos de Europa se quedó sin documento básico de referencia, por lo que, hasta que se apruebe un nuevo PRUG, la única guía es la propia legislación de la red de parques nacionales, que priva igualmente a los habitantes del parque de la libertad para desarrollar actividades forestales, cinegéticas, agrícolas y ganaderas, sin hasta el momento haber sido compensados por ello.
Este punto del patronato será uno de los más calientes del día, ya que cuenta con la oposición de varios alcaldes, entre ellos el de Posada de Valdeón y el Oseja de Sajambre, los dos únicos ayuntamientos leoneses del parque, por entender que no están reflejados los intereses económicos de sus municipios en un plan tildado de «ambiguo» y de «incompleto». Entre otras cosas, este plan propone un pago único a los ayuntamientos por dejar de percibir ingresos por la prohibición de explotar sus recursos naturales como la caza, la pesca, la minería o los usos forestales.
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