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18 julio, 2012

MARCHANDO UNA DE TASCAS

Duran (CIU) acusa a los campesinos andaluces de pasar el día "en el bar"(8-10-2011)

http://www.publico.es/espana/400569/duran-acusa-a-los-campesinos-andaluces-de-pasar-el-dia-en-el-bar

...con lo que damos nosotros de aportación conjunta al Estado, reciben un PER para pasar una mañana o toda la jornada en el bar del pueblo".
La frase de Duran, una nueva referencia a los campesinos andaluces, ha cosechado los aplausos más fervorosos y sonoros en el Consell Nacional que la federación nacionalista ha celebrado hoy en Barcelona para ratificar sus candidaturas para el 20N y su programa electoral.

http://www.publico.es/espana/400569/duran-acusa-a-los-campesinos-andaluces-de-pasar-el-dia-en-el-bar

17-7-2012
http://www.europapress.es/
Según el informe de la Sindicatura de Cuentas, en Cataluña, Detectan 169 empleados no declarados y dietas de 300.000 euros en el Consorcio para la normalización del catalán.

¿A que tasca iran eztos?
¿Que zerá ezo del Conzocio? ¿zocio de quien?
¿que normalización más rara?

Y con lo que "roban", 5 millones de parados vivirían como los andaluces...y a vivir que son 29.200 días.

CARTA EUROPEA DE AUTONOMÍA LOCAL

Carta Europea de Autonomía Local. Hecha en Estrasburgo el 15 de octubre de 1985.

Publicado en: Boletín Oficial del Estado, núm. 47 de 24 de febrero de 1989, páginas 5396 a 5398 (3 págs.)

Sección: I. Disposiciones generales

Departamento: Jefatura del Estado
Referencia: BOE-A-1989-4370

TEXTO

Por cuanto el día 15 de octubre de 1985, el Plenipotenciario de España, nombrado en buena y debida forma al efecto, firmó en Estrasburgo la Carta Europea de la Autonomía Local, hecha en Estrasburgo el 15 de octubre de 1985.

Vistos y examinados los dieciocho artículos de dicha Carta,

Concedida por las Cortes Generales la autorización prevista en el artículo 94.1 de la Constitución,

Vengo en aprobar y ratificar cuanto en ella se dispone, como en virtud del presente la apruebo y ratifico, prometiendo cumplirla, observarla y hacer que se cumpla y observe puntualmente en todas sus partes, a cuyo fin, para su mayor validación y firmeza mando expedir este Instrumento de Ratificación firmado por Mí, debidamente sellado y refrendado por el infrascrito Ministro de Asuntos Exteriores, con la siguiente declaración:

«El Reino de España declara que la Carta Europea de la Autonomía Local se aplicará en todo el territorio del Estado en relación con las colectividades contempladas en la legislación española de régimen local y previstas en los artículos 140 y 141 de la Constitución. No obstante, el Reino de España únicamente no se considera vinculado por el apartado 2 del artículo 3 de la Carta en la medida en que el sistema de elección directa en ella previsto haya de ser puesto en práctica en la totalidad de las colectividades locales incluidas en el ámbito de aplicación de la misma.»

Dado en Madrid a 20 de enero de 1988.

JUAN CARLOS R.

El Ministro de Asuntos Exteriores,

FRANCISCO FERNÁNDEZ ORDÓÑEZ

CARTA EUROPEA DE AUTONOMÍA LOCAL

PREÁMBULO

Los Estados miembros del Consejo de Europa, firmantes de la presente Carta, considerando que el objetivo del Consejo de Europa es conseguir una unión más estrecha entre sus miembros, a fin de salvaguardar y promover los ideales y los principios que son su patrimonio común;

Considerando que uno de los medios para que este fin se realice es la conclusión de acuerdos en el campo administrativo;

Considerando que las Entidades locales son uno de los principales fundamentos de un régimen democrático;

Considerando que el derecho de los ciudadanos a participar en la gestión de los asuntos públicos forma parte de los principios democráticos comunes a todos los Estados miembros del Consejo de Europa;

Convencidos de que en este nivel local este derecho puede ser ejercido más directamente;

Convencidos de que la existencia de Entidades locales investidas de competencias efectivas permite una administración a la vez eficaz y próxima al ciudadano;

Conscientes de que la defensa y el fortalecimiento de la autonomía local en los diferentes países de Europa representan una contribución esencial en la construcción de una Europa basada en los principios de democracia y descentralización del poder;

Afirmando que esto supone la existencia de Entidades locales dotadas de órganos de decisión democráticamente constituidos que se benefician de una amplia autonomía en cuanto a las competencias, a las modalidades de ejercicio de estas últimas y a los medios necesarios para el cumplimiento de su misión,

Han convenido lo que sigue:

Primera parte

Artículo 1.º

Las partes contratantes se comprometen a considerarse vinculadas por los artículos siguientes de la forma y en las condiciones prescritas por el artículo 12 de la presente Carta.

Art. 2.º Fundamento constitucional y legal de la autonomía local.

El principio de la autonomía local debe estar reconocido en la legislación interna y, en lo posible, en la Constitución.

Art. 3.º Concepto de la autonomía local.

1. Por autonomía local se entiende el derecho y la capacidad efectiva de las Entidades locales de ordenar y gestionar una parte importante de los asuntos públicos, en el marco de la Ley, bajo su propia responsabilidad y en beneficio de sus habitantes.

2. Este derecho se ejerce por Asambleas o Consejos integrados por miembros elegidos por sufragio libre, secreto, igual, directo y universal y que pueden disponer de órganos ejecutivos responsables ante ellos mismos. Esta disposición no causará perjuicio al recurso a las asambleas de vecinos, al referéndum o a cualquier otra forma de participación directa de los ciudadanos, allí donde esté permitido por la Ley.

Art. 4.º Alcance de la autonomía local.

1. Las competencias básicas de las Entidades locales vienen fijadas por la Constitución o por la Ley. Sin embargo, esta disposición no impide la atribución a las Entidades locales de competencias para fines específicos, de conformidad con la Ley.

2. Las Entidades locales tienen, dentro del ámbito de la Ley, libertad plena para ejercer su iniciativa en toda materia que no esté excluida de su competencia o atribuida a otra autoridad.

3. El ejercicio de las competencias públicas debe, de modo general, incumbir preferentemente a las autoridades más cercanas a los ciudadanos. La atribución de una competencia a otra autoridad debe tener en cuenta la amplitud o la naturaleza de la tarea o las necesidades de eficacia o economía.

4. Las competencias encomendadas a las Entidades locales, deben ser normalmente plenas y completas. No pueden ser puestas en tela de juicio ni limitadas por otra autoridad central o regional, más que dentro del ámbito de la Ley.

5. En caso de delegación de poderes por una autoridad central o regional, las Entidades locales deben disfrutar en lo posible de la libertad de adaptar su ejercicio a las condiciones locales.

6. Las Entidades locales deben ser consultadas, en la medida de lo posible, a su debido tiempo y de forma apropiada, a lo largo de los procesos de planificación y de decisión para todas las cuestiones que les afectan directamente.

Texto completo: http://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-1989-4370

HERRERA BUSCA CONSENSO...Y ES CAPAZ DE ENCONTRARLO

¡¡¡Y a Callar!!! Foto: internet

Herrera busca el consenso de los grupos para estudiar nuevos impuestos en el 2013

El presidente invita al PSOE a participar en la elaboración de un Plan de Estímulo del Crecimiento y Empleo. Asegura que «no hay otra alternativa» para el desarrollo económico que el control del déficit y de la deuda.

Piluca burgos corresponsal valladolid 18/07/2012.dl

La posibilidad de que el año que viene se apliquen nuevos impuestos para solventar el descenso de los ingresos quedó más que clara en el debate de Política General de la Comunidad que se celebró ayer en las Cortes. El presidente de la Junta, Juan Vicente Herrera, ofreció a los grupos parlamentarios un gran pacto de Comunidad capaz de garantizar el mantenimiento de los servicios esenciales —Sanidad, Educación y dependencia— que quedará plasmado en los presupuestos de 2013 a través de nuevos tributos. «Esta cuestión tiene que contar con una sólida base de consenso político y social», aseveró.

Noticia completa: http://www.diariodeleon.es/noticias/afondo/herrera-busca-consenso-de-los-grupos-para-estudiar-nuevos-impuestos-en-2013_708663.html

Comentario ordinario:
Dice el dicho que el que busca encuentra y parece que ha sido facíl, al final se ha optado por una vieja medida ya aplicada por el entonces Rey Alfonso X "El Sabio", joder a todo el mundo en aras del bien particular.
Al final lo que este insigne político ha conseguido con el apoyo de todos los grupos parlamentarios es asegurar su nomina con un simple cambio de la conjugación del presente indicativo del verbo joder, que quedará de la siguiente manera:

Yo, jodo
Tú te jodes
Él se jode
Nosotros jodemos
Vosotros os jodeís
Ellos se joden

Habrá que cambiar otra vez los libros de texto......
Tiene gracia lo del Plan de Estímulo del Crecimiento y Empleo, podía denominarse "Plan de Tocado y Hundido".

Miguel A. Valladares

17 julio, 2012

NO A LA DESAPARICIÓN DE LAS JUNTAS VECINALES

A los Presidentes de las Juntas Vecinales de:
Maraña, La Uña, Acebedo, Lario, Polvoredo, Liegos, Burón, Retuerto, Cuénabres, Casasuertes, Vegacerneja, Riaño, Llánabes de la Reina, Portilla de la Reina, Barniedo, Espejos de la Reina, Villafrea, Boca de Huérgano, Siero, Valverde de la Sierra, Besande, Caín, Real Concejo de Valdeón, Oseja de Sajambre, Prioro, Tejerina, Carande, Horcadas, Remolina, Las Salas, Lois, Ciguera, Salamón, Valbuena del Roblo, Crémenes, Corniero, Argovejo, Villayandre, Verdiago, Valdoré, La Velilla de Valdoré, Aleje, Alejico, Sta Olaja, etc, etc,

Han pasado más de 72 horas desde que el Consejo de "Ladrones", Ministros aprobase el anteproyecto de Ley que modificará la Ley de Bases de Régimen Local, que trae consigo la desaparición de las Juntas Vecinales. Pese a la gravedad de lo que esto supone ninguna autoridad de nuestra montaña se ha manifestado al respecto, señores presidentes de nuestras Juntas Vecinales, ¿no hay nada que decir? ¿ Más de 1.000 años de historia de nuestros Concejos no dan para más?
Todo el patrimonio pasará a los Ayuntamientos, que representan a partidos politicos corruptos y en connivencia con delincuentes de guante blanco, luego quitarán ayuntamientos, y este patrimonio poco a poco se alejará de nuestros pueblos y de nuestras manos.

¿A cuanto asciende el patrimonio de nuestras Juntas vecinales?

¿Cuantas hectáreas de bosque?
¿Cuantas hectáreas de pasto?
¿Cuantas hectáreas de pinares etc?
¿Cuantas hectáreas de terreno comunal, fuera y dentro de los pueblos, eras, terrenos edificables etc.?
¿Que valoración tienen los inmuebles de las Juntas, Casas de Juntas, toriles, dispensarios?
¿A cuanto ascienden sus cuentas corrientes?
¿A cuanto asciende el patrimonio cinegético?
¿Como valorar los servicios que prestan?
¿Con que se van a reparar, calles, cementerios, traidas de agua, etc?

Ustedes en su mayoría son representantes del partido (PP) que pide esta supresión, ¿no tienen nada que decir?

Suspendan su militancia como medida de presión o dimitan y sometan a referendum la conveniencia de tal medida, no traicionen nuestra montaña.

Miguel A. Valladares

ATAQUE A LAS RAICES DE NUESTRAS SOCIEDADES, EL GOBIERNO PRETENDE DESHACERSE DE LAS JUNTAS VECINALES Y EXPROPIARNOS NUESTRO PATRIMONIO

Evitemos la desaparición de las Juntas Vecinales de León

http://www.change.org/es/peticiones/evitemos-la-desaparición-de-las-juntas-vecinales-de-león
(En este enlace se puede firmar la petición para evitar la desaparición de las Juntas Vecinales)

La tercera parte de las Juntas Vecinales de España están en León.

Las Juntas vecinales leonesas poseen al menos el 30% del territorio de la provincia.

En la provincia de León la inmensa mayoría de los pueblos mantienen su propia personalidad administrativa diferenciada de los municipios a los que pertenecen. Es decir, son entes locales menores, con patrimonio propio (montes, eras, pastizales, cotos,…) que casi siempre es de tipo comunal, y con órganos propios, las Juntas vecinales, diferentes de los órganos de administración y gobiernos municipales que son los Ayuntamientos.

Los integrantes de las Juntas vecinales se eligen por los propios vecinos de los pueblos en las elecciones locales, y estas Juntas, herederas directas de los Concejos leoneses, se encargan de la gestión de los bienes propios y exclusivos de cada pueblo con la aprobación de los vecinos de cada localidad.

Los orígenes de este sistema de organización del León rural se remontan a los tiempos del reino leonés, y hoy en día constituyen un ejemplo de autogestión democrática de los recursos colectivos de cada pueblo que se reinvierten en los mismos pueblos con un gasto administrativo casi nulo, pues los miembros de las Juntas vecinales casi nunca cobran por el servicio que prestan a su comunidad.

Este sistema organizativo está plenamente vivo en tierras leonesas, donde existen casi 1300 entes locales menores de estas características, aproximadamente un tercio del total de entes menores que hay en España. El Gobierno de España acaba de anunciar el pasado viernes 13 de julio la disolución de los 3.725 entes locales que hay en nuestro país (insistimos, casi 1.300 son leoneses), que pasarán a ser absorbidos por los Ayuntamientos a los que pertenezcan, según se anuncia en el Informe sobre el anteproyecto de Ley de Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local, alegando como único argumento que son “obsoletas y opacas”, según manifestó el ministro de Hacienda y Administraciones Públicas, Cristóbal Montoro.

Nos encontramos ante un nuevo intento de acabar con el sistema de autogobierno de los pueblos leoneses por parte del centralismo, que se suma a otros intentos fracasados de los dos últimos siglos de eliminar el mejor ejemplo de democracia directa que existe en España, y que, de culminar con éxito, podría suponer el final del León rural.

La Asociación Cultural Faceira entiende que esta decisión es un auténtico expolio y carece de la más mínima justificación por los siguientes motivos:

.- De consumarse la desaparición de las Juntas vecinales leonesas, no hay ninguna garantía de que los beneficios que genera el patrimonio comunal que ahora gestionan reviertan en los pueblos que lo ha detentado durante siglos. De hecho, se abre una peligrosísima vía para que los políticos especulen con los terrenos de los pueblos en función de intereses partidistas, sin atender al interés de los vecinos que durante generaciones han conservado y acrecentado el patrimonio colectivo de los pueblos. Las necesidades de los pueblos que ahora se cubren con los recursos colectivos que pertenecen y gestionan los vecinos a través de las Juntas vecinales pasarán a ser gestionados por los políticos en los Ayuntamientos, anulándose completamente la capacidad de los vecinos para decidir sobre el destino de sus propios lugares.

.- En la actualidad aproximadamente un 30% del territorio de la provincia de León está en manos de las Juntas vecinales; ninguna otra administración puede asumir una gestión de los bienes comunales de manera tan barata y eficaz como la que realizan hoy las Juntas vecinales leonesas. Las propiedades de las Juntas vecinales ya son públicas, pero muchas de ellas son comunales, y solo los vecinos de los pueblos pueden decidir sobre ellas.

.- La eliminación de las Juntas vecinales leoneses supone una vulneración de la Carta Europea de la Autonomía Local del Consejo de Europa, y puede implicar un conflicto entre el Estado y las Autonomías por no respetar las competencias autonómicas en materia de régimen local.

.- Las Juntas vecinales son instituciones herederas de los Concejos leoneses, constituyen, por tanto, un patrimonio cultural e institucional milenario que convierte a estos entes en el exponente más claro de la personalidad leonesa.

16 julio, 2012

ESPAÑA ENTRA EN LA ESPIRAL DE LA MUERTE

España entra en la espiral de la muerte
Antoni Domènech · G. Buster · Daniel Raventós, Sin Permiso
http://www.sinpermiso.info/textos/index.php?id=5151

El pasado viernes, 13 de julio, el Consejo de Ministros aprobó el radical paquete de medidas de austeridad fiscal procíclica anunciadas por Rajoy en sede parlamentaria dos días antes. “No disponemos de más ley ni de más criterio que el que la necesidad nos impone. Hacemos lo que no nos queda más remedio que hacer, tanto si nos gusta como si no nos gusta. Soy el primero en estar haciendo lo que no le gusta”: palabras literales de un presidente más nervioso, más inseguro y con peor dicción que de costumbre. Es la segunda vez en dos años que una escena así se produce en las Cortes: el 11 de julio de 2012 de Rajoy es el 10 de mayo de 2010 de Zapatero.

Zapatero se dio un autogolpe de Estado para evitar, supuestamente, el golpe de la intervención de la Troika. Con el resultado de todos conocido: todo fue a peor, como no podía ser de otro modo con unas políticas procíclicas de consolidación fiscal y recortes de derechos sociales e ingresos populares en un país, entonces, con un desempleo superior al 20%, el 45% de los jóvenes en paro y la demanda efectiva en rápido proceso de contracción. Ahora se anuncia un recorte anual para los próximos tres años de más del 2% del PIB, en un país con más del 25% de su población activa desempleada, más del 50% de los jóvenes en paro –decenas y decenas de miles convertidos ya en emigrantes— y una demanda efectiva en caída libre.

De ideas milagreras, retóricas electorales y agendas ocultas

Rajoy subió al poder con la idea milagrera –avalada por toda una corte de tertulianos, todólogos mediáticos y pseudoeconomistas diz-que-profesionales— de que bastaba poco más que un gobierno conservador de gentes de viso en la Moncloa para recuperar la “confianza” de los mercados financieros internacionales y la benevolencia de los burócratas de Bruselas y de Francfort. Esa era la idea “técnica” básica.

Había, además, una retórica de campaña electoral rectificadora del giro antisocial de Zapatero: no se tocaría a los pensionistas, no se tocaría a los funcionarios públicos, no se recortarían derechos ni en educación, ni en sanidad (¿quién dice copago?), ni en la cobertura del paro; habría austeridad y consolidación fiscal, por supuesto, pero se trataría de una “austeridad expansiva” (sic), facilitadora del crecimiento económico (no se subiría el IVA, ¡claro que no!). Contra el entreguismo de Zapatero, se defendería la soberanía nacional; España sabría hacerse respetar en la UE y ante la Troika: el Reino, en fin, no sería intervenido, ni informal ni, menos, formalmente. Por fin alguien haría valer la “marca España”.

Y había, por supuesto, una agenda oculta. Con la excusa de la necesidad de bienquistarse a los mercados financieros y recuperar la “confianza” perdida por la calamitosa gestión del PSOE, acometer un conjunto de contrarreformas –incoadas ya por el gobierno Zapatero y largamente anheladas por la derecha social española— que alteraran radical e irreversiblemente la relación de fuerzas. Que reconfiguraran la constitución social del país, particularmente la regulación del mercado de trabajo. Que reordenaran pro domo sua, a favor del poder político-económico del PP, la fatalmente dañada estructura bancaria (lo que pasaba crucialmente por convertir a Bankia en un coloso financiero privado promiscuamente vinculado al partido). Que terminaran de poner en almoneda y desmantelar el sector público, pusieran proa a la conversión de la vida económica de nuestro país en un rimero interminable de peajes privatizados, cobrables por rentistas improductivos de toda laya, nacionales y extranjeros, y entraran por uvas en la más o menos disimulada tarea de recentralizar administrativamente y jibarizar el “Estado de Medioestar” español, como atinadamente lo ha llamado en alguna ocasión Gaspar Llamazares.

La agenda oculta, en una palabra, consistía en aprovechar la crisis para consolidar hasta las últimas consecuencias el tipo de capitalismo oligopólico de amiguetes políticamente promiscuos construido por el PSOE y el PP en las últimas décadas y reubicar al núcleo político dirigente conservador en la nueva situación. Si se quiere, y por servirnos del neologismo muy a propósito inventado por el académico de la lengua Emilio Lledó, pasar de la economía política del capitalismo oligopólico de amiguetes, al casino de negocios público-privados de los “amigantes” (que rima con mangantes).

Del fracaso, también, de la agenda oculta

En tan sólo 6 meses de gobierno, la realidad de la crisis se ha llevado ya por delante la idea “técnica” básica del programa electoral del PP, la de la “confianza”: la prima de riesgo no ha dejado de subir, la renta variable no ha dejado de bajar, el interés de los bonos españoles se ha disparado hasta rebasar todos los niveles de alarma (7%), y lo que es más grave y perentorio, ha comenzado a acelerarse una fuga masiva de capitales y depósitos bancarios, cuyo ritmo anual se estima ahora mismo en un ¡50% de nuestro PIB! Un pánico bancario desatado, peligrosísimo para España y para el conjunto de la UE, al que no son ajenas las sucesivas torpezas del gobierno Rajoy en el manejo de la crisis de solvencia de la banca española. Y a todo eso, la unión bancaria y la garantía europea de depósitos –única medida eficaz para contener la hemorragia—, siguen ahora tan lejos, si no más, que antes de la famosa cumbre del pasado 28/29 de junio. Han pasado sólo dos semanas, y parecen meses. Tiempo suficiente, en cualquier caso, para que varios sedicentes “europeístas” demostraran una vez más su incapacidad para comprender la naturaleza de la crisis política europea y se cubrieran con el más bobalicón de los ridículos.

Como previsto por todo el mundo, de desmentir la retórica electoral se encargó el propio gobierno no bien entró en ejercicio. Pero lo verdaderamente interesante es la suerte que ha corrido en sólo 6 meses el desarrollo de la agenda oculta del PP. Porque la puesta por obra del “programa oculto” se fundaba también en la necia idea de la restauración de la “confianza” (y en el pésimo diagnóstico –compartido con el núcleo dirigente del PSOE— de la naturaleza de la presente crisis europea que subyace a esa idea). La realización del programa oculto de Mariano Rajoy pasaba decisivamente por evitar la intervención de España por la Troika; intervenido el Reino, todo cambia. No importa el grosero jaleo forofesco de los diputados del PP a cada anuncio de recorte declarado por el jefe, ni siquiera el obsceno “que se jodan” los parados de una pijilla descerebrada que calienta escaño en las Cortes. Harto más significativo se antoja el rostro desalterado del Presidente del gobierno. Porque, si bien se entiende, de lo que verdaderamente se despedía era de su agenda oculta.

Y despedirse de la agenda oculta no era sólo despedirse del verdadero programa partidista con que accedió al gobierno. Es mucho más. Es despedirse de toda una época política y económica que ese programa trataba de salvar, y a su modo, perpetuar, rectificándola por la vía de escorar irrreversiblemente, hasta donde se pudiera, su centro de gravitación hacia la derecha. Es muy significativo que el Consejo de Ministros del pasado viernes comenzara no en Moncloa, sino en la Zarzuela, con el monarca en persona presidiendo la sesión del reconocimiento oficial de todos los fracasos. Como agarrándose a un clavo ardiendo, precisamente al amparo de un Rey de todo punto desacreditado ante la opinión pública y convertido en los últimos meses en la cara visible del fracaso nacional y del fin de época. En el símbolo mismo de la agónica fatiga política, social y moral del régimen de la Segunda Restauración borbónica que fue la Transición democrática.

Res ipsa loquitur: ministros que filtran secretos de su cartera (el escándalo de la ministra Báñez y el ERE del PSOE); una red gigantesca de espionaje a empresas y ciudadanos y compra y venta de datos privados protegidos por la ley con la connivencia de las instituciones privadas y públicas –incluidos los servicios secretos— encargadas de protegerlos; socialización de la corrupción de lo público a lo privado con las preferentes, como se ha visto con la apertura de la causa contra los gerentes de Bankia, la CAM y CaixaNovaGalicia; el bloqueo de un poder judicial incapaz de autogobernarse, carente de la legitimidad democrática que solo pueden otorgarle los ciudadanos, y no el escalafón de la judicatura y los acuerdos bajo mano entre el PP y el PSOE; unos incendios pavorosos que no se pueden extinguir por los recortes del gasto público; amnistía a los depredadores urbanísticos de la propiedad común de las costas; amnistía a los defraudadores fiscales… ¿Qué más?

La espiral de la muerte

Con las medidas de recortes y austeridad fiscal que ha impuesto la Troika al gobierno, España entra en la espiral de la muerte. Es decir, se aventura por la senda que ha llevado al suicidio económico, social y político a las naciones hasta ahora intervenidas (Grecia, Portugal, Irlanda). La dinámica es harto conocida: las drásticas medidas procíclicas de austeridad fiscal encaminadas a reducir la deuda y el déficit públicos generan destrucción de empresas y de empleo, desplome de los salarios, caída de la demanda agregada, descenso de los ingresos fiscales del Estado y, para cerrar el círculo vicioso, ulterior crecimiento del endeudamiento público, acrecida desconfianza de los acreedores internacionales y nuevas y más desapoderadas exigencias de austeridad y consolidación fiscales y consiguiente degradación del Estado social, de la enseñanza, de la sanidad, de la cobertura del desempleo.

En esa perspectiva, perdida la soberanía monetaria y sin autoridad fiscal común en la UE, el círculo vicioso sólo podría romperse con una enérgica mejora de la exportación. Los últimos datos al respecto no son nada halagüeños. Y no cabía esperar otra cosa. Primero, porque a diferencia de Portugal, por ejemplo, en donde el sector exportador representa cerca del 50% de su economía, la exportación española significa apenas un tercio, es decir que al menos dos tercios de la demanda de los productos de las empresas españolas vienen de un mercado interior deprimido por el paro creciente, por el tremendo estado de endeudamiento de las familias y de las empresas españolas, por los recortes salariales públicos y privados, por el terrible aumento del IVA, por las nuevas tasas universitarias, por el copago sanitario, por presentes y venideros peajes de usuario en el acceso a los bienes públicos o comunes; en una palabra, por las extremistas políticas de austeridad fiscal. Y segundo: porque las políticas de austeridad incompetentemente impuestas a escala europea han deprimido la demanda continental, y el grueso de nuestras exportaciones –como las de los alemanes, dicho sea de pasada— van a parar a una eurozona devastada por esas suicidas políticas procíclicas de consolidación fiscal.

Es evidente que el núcleo dirigente del PP es a estas alturas perfectamente consciente de todo eso. El fracaso estrepitoso de Montoro es el fracaso de la agenda oculta de una derecha política española que era todavía orgánica en intereses oligárquicos más o menos nacionalmente arraigados, y que tenía intereses electorales propios. Es aventurado –y acaso necio— decir que estamos asistiendo al triunfo del “independiente” y “cosmopolita” De Guindos, ese fracasado gestor europeo de los intereses del quebrado banco norteamericano Lehman Brothers.

Pero de lo que no cabe la menor duda es de que decidir –o allanarse a— meter a España en la espiral de la muerte trae consecuencias devastadoras para la identidad de quien lo propone (el PP). Para la identidad de quien lo aplaude, jactándose incluso de haberlo propuesto antes (Duran i Lleida). Para la identidad de quien lo tolera “responsablemente” y aun lo acompaña como “inevitable” y “necesario” con dos que tres salvedades y matices y tres que cuatro lagrimitas impostadas (Rubalcaba). Y desde luego para la identidad política de quienes, aplaudiéndolo en el fondo, sólo pretenden aprovecharse del río revuelto para promover aquí o allá su propia agenda superficialmente populista (el desmantelamiento del Estado de las Autonomías, à la Rosa Díez; el fantasma del pacto fiscal catalán sin contenido social para justificar, à la Mas, su cruel ofensiva en toda regla contra los derechos de las clases populares).

Como las elites políticas coloniales tradicionales

Las medidas de choque decididas –“sin libertad”— por Rajoy la semana pasada van contra los intereses mediatos e inmediatos de la inmensa mayoría de la población española, incluidas esas clases medias madrileñas abrumadoramente votantes del PP que habrán perdido todos sus ahorros con la estafa de Bankia y Caja Madrid. La espiral de la muerte al estilo griego no sólo tiene consecuencias económicas y sociales devastadoras; tiene también consecuencias para las propias elites políticas que se allanan de mayor o menor grado al suicidio de la nación. Porque pierden su identidad política como representantes fiduciarios más o menos legítimos de distintos intereses sociales más o menos encontrados, para convertirse paulatinamente en castas políticas de tipo colonial, sin arraigo social en la población. Franz Fanon describió hace ya muchos años a ese tipo de elites coloniales en Los condenados de la Tierra, una obra maestra de la literatura anticolonialista de los años 60.

Este era el tenor literal de su descripción: las elites coloniales, cualquiera que sea el matiz de su color político:
-niegan a los pueblos la seguridad en los puestos de trabajo;
-reducen los ingresos del grueso de la población al nivel de subsistencia;
-llevan a los pobres a la desesperación;
-buscan con denuedo desmantelar a los movimientos y a las organizaciones sociales, señaladamente a los sindicatos obreros;
-se empeñan en degradar el sistema educativo, de modo que solo las elites puedan tener acceso a la educación superior;
-hacen leyes a la medida de las empresas transnacionales saqueadoras;
-criminalizan el disenso, la crítica y a la oposición política no acomodaticia.
El corolario de esa clásica descripción del hacer de las elites coloniales era el comportamiento que buscaban inducir en la población: el miedo y la sensación de inestabilidad generados por esas políticas garantizaban la pasividad de la población, forzada a derivar hacia la propia supervivencia personal todas las energías disponibles.

Lo mejor del buen discurso parlamentario de Cayo Lara –convertido de facto en el jefe de toda la oposición en las Cortes, incluidos, verosímilmente, los parlamentarios socialistas desolados por las frívolas payasadas de Rubalcaba— es que entendió perfectamente este punto. No sólo ha traicionado Rajoy a su propio electorado al violar groseramente las promesas de su programa, no sólo, esto es, ha fracasado como político democrático, sino que ha fracasado también en la promoción de su agenda oculta “soberana”, es decir, ha fracasado como político tecnocrático. Doble fracaso. Se impone la consulta popular.

Hasta un periodista tan cargantemente circuelocuente como Pedro J. Ramírez se ha visto en la necesidad de reconocer sin reservas lo obvio, aunque sea para salir cínicamente al paso:

“En otras circunstancias el reconocimiento de esta súbita pérdida de autonomía democrática debería llevar aparejada la dimisión del gobierno de turno, la disolución del Parlamento y la convocatoria de nuevas elecciones. Pero nadie está pidiendo que Rajoy haga eso porque su rotundo triunfo electoral ha sido muy reciente y, como indican todos los sondeos, no se percibe ninguna alternativa fiable. Más bien existe el consenso de que al líder del PP le toca cargar con la cruz de lo que será una creciente impopularidad, gestionar con la mayor solvencia posible la ejecución del diktat de Bruselas y tratar de que la desagradable travesía del desierto concluya cuanto antes.” [“Protectorado de ’soberanía suspendida’”, El Mundo, 15 julio 2012.]

Quien comprenda mínimamente la naturaleza de la crisis política europea, o quien al menos sepa algo de macroeconomía elemental, o quien, si más no, se haya molestado en informarse un poco de la experiencia de Grecia, Irlanda y Portugal desde su intervención, sabe ya que lo que viene no es “una desagradable travesía del desierto” destinada a “concluir cuanto antes”. Sino la entrada en una verdadera espiral de la muerte.

Que la población sea, o no, presa del pánico, que se entregue, o no, a una inerme pasividad política cruzado el portalón de esa espiral, dependerá de la decisión con que el conjunto de la izquierda social y política de este país –sindicatos obreros, 15 M, colectivos de parados y trabajadores precarizados, representantes institucionales (locales, autonómicos y estatales) de las izquierdas federalistas y soberanistas, asociaciones ciudadanas, colectivos culturales, investigadores y académicos comprometidos, grupos de apoyo a los desahuciados, afectados por las estafas bancarias, pequeños comerciantes arruinados por el IVA, autónomos acorralados por la inopinada subida de su IRPF, etc.— sepan aunar voluntades y plantear como una necesidad perentoria la convocatoria de un referéndum democrático que, manifiesta y clamorosamente fracasadas las elites rectoras dominantes, permita a los pueblos de España elegir libremente su destino en uno de los momentos más dramáticos de nuestra historia, que, como bien dijo hace muchos años el poeta, es la más triste de todas las historias.

DIOS (LA IGLESIA), PATRIA (CASTA POLÍTICA) Y REY (CAZAELEFANTES), LOS ÚNICOS QUE NO SABEN NADA DE RECORTES

Rajoy no tiene derecho a dejar en la miseria a millones de españoles

@Roberto Centeno
16/07/2012 06:00h
http://www.cotizalia.com/opinion/disparate-economico/2012/07/16/rajoy-no-tiene-derecho-a-dejar-en-la-miseria-a-millones-de-espanoles-7267/

Hace tres semanas, con motivo de un viaje a EEUU, me despedía de ustedes hasta septiembre. Pero al volver me he encontrado con que, después de seis meses de tomar decisiones, casi todas en sentido contrario a lo que necesitaba el país, Mariano Rajoy decide superar los límites de lo tolerable y, de una manera tan vil como irresponsable, llevar a sectores enteros de población, a millones de españoles, a una situación de pobreza y exclusión social intolerables. Y todo ello no para salir de la crisis, ya que estas medidas hundirán aún más el crecimiento y el empleo, sino para mantener los privilegios de una casta política incompetente y corrupta que no está dispuesta a sacrificio alguno.

Con una cobardía poco común, elude su compromiso más esencial, el de gobernar, y lanza la mentira más escandalosa de toda su amplia trayectoria de embustes y falsas promesas: “Los españoles no podemos elegir si hacemos o no sacrificios. No tenemos esa libertad”.

Es decir, que los españoles no podemos elegir entre que nos arruinen a impuestos y nos recorten salarios y prestaciones o acabar con el despilfarro de 120.000 millones de euros anuales que supone, en conjunto, el modelo de Estado impuesto por la casta política. Que los españoles no tenemos la libertad para elegir entre acabar con las duplicidades entre AAPP (34.000 millones tirados por la fregadera) y cerrar las 3.000 empresas públicas inútiles creadas para ocultar deuda y colocar a 450.000 parientes, amigos y correligionarios a dedo con sueldos un 35% superiores a la media de los funcionarios, o que nos bajen las prestaciones de desempleo, las pensiones, la dependencia o la reinserción social.

También que los españoles no tenemos la libertad para elegir que se devuelvan al Estado las competencias de Justicia, Educación y Sanidad (lo que supondría un ahorro de 47.000 millones de euros, según cálculos de la Presidenta de la Comunidad de Madrid, porque desde que Aznar cometió el error histórico de transferirlos a las CCAA el coste por alumno y enfermo ha aumentado más del doble en términos reales) y debemos aceptar sin rechistar recortes brutales en Sanidad y Educación y copago a todo lo que se mueve porque, para nuestro presidente, “eso ni se plantea”. Los niveles de irresponsabilidad y miseria moral de Rajoy resultan inauditos.

Dice no tener la libertad para decidir, pero sí para llevar a la ruina a la nación. Si es cierto que no la tiene porque es un cobarde y los barones no le dejan, debe dimitir. Que no diga que es una imposición de Bruselas, porque Draghi se lo dejó bien claro: “Menos impuestos y más recortes de gasto”. Rajoy, al igual que cuando estaba en la oposición -cuando Valencia, Murcia o Madrid capital estaban a la cabeza del despilfarro sin que moviera un dedo para evitarlo- es incapaz de recortar nada. Su ineptitud, elevada a escala nacional, no sólo está llevando a la miseria y a la exclusión social a millones de personas, está arruinando a varias generaciones de españoles con una deuda y unos tipos de interés inasumibles. El jueves pasado la Asociación de Empresas de Trabajo temporal dio a conocer una cifra pavorosa: el número de familias españolas que vive por debajo del umbral de la pobreza asciende ya al 26,5%, mucho más que en Grecia. Y la opción de Rajoy es empobrecernos todavía más.

Una conversación en Washington

Hace dos lunes, en el hotel Fairmont en Washington, y gracias a un amigo común, tuve la suerte de poder exponer a un primera espada del FMI el que, en mi opinión, es el principal problema de España: el modelo de Estado. Le dije: “O ustedes nos ayudan acabar con las CCAA o las CCAA acabarán con España, es así de simple”. Naturalmente, esto hay que demostrarlo con cifras y a ello dediqué todo el tiempo del que dispuse. El FMI, al igual que la UE y al igual que Alemania, sabe que el problema de España radica en las regiones. Sabe también que Rajoy miente, y que miente en todo: en la situación del sistema financiero, en la situación macroeconómica y en el déficit público. Pero lo que no conoce bien es la dimensión real del problema. Me quedo corto si afirmo que mi interlocutor se quedó asombrado. Y es lógico, porque cuesta creerlo.

“Ni el FMI ni la UE -me dijo- pueden imponer un cambio del modelo de Estado. Son ustedes, los españoles, quienes deben hacerlo”. Le expliqué que eso era imposible porque España no es una democracia formal, algo que requiere un sistema representativo del electorado y la separación de poderes en origen

¿Cómo puede creer nadie que partiendo en enero de una situación de quiebra del sistema autonómico (que representa los dos tercios del gasto público de la nación) el Gobierno, en lugar de intervenir a las CCAA, les transfiere cerca de 30.000 millones de euros sin condición alguna? Un dinero que ya han despilfarrado, porque ahora necesitan 25.000 millones más. ¿Cómo puede nadie creer que un Gobierno renuncie a intervenir en la asignación correcta de dos tercios de los recursos de la nación?; ¿o que en los cinco primeros meses de 2012 el déficit del Estado se haya incrementado en un 31% y la extrapolación a fin de año nos lleve a un déficit de las AAPP del 11,6% del PIB (porque el supuesto adelanto a CCAA jamás será recuperado (1))?

Cuando conté, a modo de ejemplo, que la alcaldesa de Madrid y sus concejales tienen 1.500 asesores con un sueldo medio de 47.000 euros y 183 coches oficiales de uso personal, no me creyó. Así de simple. Tuve que pedirle que tecleara en Google “Asesores ayuntamiento Madrid”. Se quedó boquiabierto. El alcalde de Washington, al igual que el de Nueva York, ni siquiera tiene coche oficial y va en metro cada día a su trabajo. Cuando le expliqué que en España hay más de 30.000 coches oficiales, que desde 1978 se han contratado dos millones de empleados públicos a dedo, entre amigos y correligionarios, que las CCAA tienen más de 200 embajadas en el extranjero o que disponen de casi 50 canales de TV con una pérdida anual de 2.400 millones no se lo podía creer.

“Es obvio -me dijo- que ningún gobierno del mundo tiene derecho a empobrecer de ese modo a los ciudadanos si tiene alternativas de reducción de gasto tan claras, pero ni el FMI ni la UE pueden imponer un cambio del modelo de Estado. Son ustedes, los españoles, quienes deben hacerlo”. Le expliqué que eso era imposible porque España no es una democracia formal, algo que requiere un sistema representativo del electorado y la separación de poderes en origen; España no tiene ni lo uno ni lo otro. Los españoles carecemos de cauce legal alguno para cambiar el modelo de Estado. Ni diez millones de firmas servirían para ello. Lo entendía pero no era un tema del FMI me dijo, de todas formas “si esas son las cifras reales el rescate es inevitable, y eso obligaría a cambiar el modelo de Estado o algo equivalente”.

España necesita un rescate de 500.000 millones ya.

¿Alguien se ha molestado en sumar los vencimientos de deuda? En julio, los vencimientos del Tesoro eran de 19.000 millones y sólo se ha cubierto una tercera parte; 13.000 en agosto y septiembre; 27.600 octubre y, el resto, 9.000. Total: 62.000 millones. Las CCAA necesitan 28.000 y los bancos, descontando Santander y BBVA, han emitido 80.000 millones de euros con aval del Estado, de los que 38.000 vencen este año. Total: 128.000 millones. Unos 6.000 los sacarán saqueando la caja de las Loterías, y los bancos parte del BCE, pero aún quedan 100.000.

La liquidez que tenía el Tesoro la han transferido de forma casi íntegra a las CCAA y al pago a proveedores; con el déficit 2012 hay unas necesidades de financiación de 150.000 millones de aquí a fin de año (unos 27.000 millones al mes), que con la prima y los intereses desbocados son imposibles de lograr. Y, después, 175.000 millones en 2013 -vencimientos y déficit - y 250.000 en 2014. España necesita ya un rescate de 500.000 millones.

Sin embargo, eso no es lo único. España no puede seguir siendo el cortijo de una casta política parasitaria, cuyo pensamiento real sobre el conjunto de los ciudadanos es el expresado por la indigna palmera del PP: “Que se jodan”. Es lo que piensan los 17 presidentes autonómicos y su inmensa corte de parásitos sociales, es lo que piensan los 8.160 alcaldes y 68.578 concejales, los miles de presidentes de empresas públicas y los miles de diputados, senadores, asesores o sindicalistas de pesebre completamente inútiles. ¿Acaso uno, uno sólo de ellos, o de los casi dos millones de empleados públicos nombrados a dedo, estaría dispuesto de renunciar a su prebendas para evitar la ruina de los españoles?

Las nuevas medidas no sólo son una chapuza absoluta, son un expolio sin precedentes a las clases medias y trabajadoras, mientras la casta política se niega a aplicarse a sí misma el menor recorte. Los 65.000 millones en dos años y medio no solo son falsos, son clamorosamente insuficientes. El conjunto, y con las valoraciones oficiales, supone 48.000 millones, no 65.000, o 19.000 millones año, o 6.300 millones en el cuatrimestre que queda. Se necesitarían 50.000 para cumplir el compromiso de déficit 2012. Además, las valoraciones oficiales son falsas, la recaudación estimada por IVA y otros impuestos se ha calculado sobre la base de que el consumo se mantiene. La teoría económica explica que eso no es así mientras la experiencia demuestra que se queda en la mitad.

La reducción de gasto por el número de concejales, valorada en 3.500 millones, es tres veces la real, pero como hay que esperar a las nuevas elecciones acaba en cero. Si se ponen las cifras reales, los 19.000 al año, se quedan en 12.000 escasos o 4.000 en 2012. Y, aunque van a reducir pensiones y subir la tarifa eléctrica, apenas llegará a la décima parte de lo necesario. Nada a cambio de una deflación brutal y de condenar a la miseria y a la exclusión social a millones de personas. Adicionalmente, el efecto sobre el sistema financiero de la caída de la venta de viviendas y la subida de la morosidad llevará a muchas entidades a la insolvencia. La buena noticia es que ni Rajoy ni el modelo de Estado sobrevivirán al inevitable rescate. La sustitución de estos irresponsables por profesionales es nuestra única posibilidad de salvación.

(1) La cifra del déficit del Estado correspondiente al mes de mayo es del 3,4% del PIB, que se compara con el 2,6% en el mismo periodo 2011. A partir de aquí, dos estimaciones son posibles: elevar el 3,4% a tasa anual (8,6%) y sumarle el 2% del objetivo de déficit de CCAA, ayuntamientos y Seguridad Social (10,6%), algo poco realista porque ese objetivo es una quimera. O, segunda, suponer proporcionalidad entre el 2,6% del Estado a mayo y el 8,9% total al final de 2011, y el 3,4% actual y el total a fin de año, lo que nos llevaría a una estimación de déficit de 2012 del 11,6% .

OPINIÓN: ESPAÑA Y EL GOBIERNO, AL LÍMITE

España y el Gobierno, al límite

José Antonio Zarzalejos.- 16/07/2012
http://www.elconfidencial.com/opinion/notebook/2012/07/16/espana-y-el-gobierno-al-limite-9517/

El Gobierno cruza los dedos. Si en los próximos días los mercados no avalan su último ajuste de 65.000 millones (2012-2014), baja la prima de riesgo y el bono español a diez años no se relaja hasta el 6%, España quedará excluida del mercado de deuda soberana y, en consecuencia, a merced de un rescate completo de su economía. Las expectativas desde que el pasado miércoles Mariano Rajoy presentase el tercer -o cuarto- plan de recortes y reformas, no son en absoluto positivas. Aunque con matices, el presidente del Bundesbank, Jens Weidmann, muy próximo a Ángela Merkel, sugirió el sábado que el Gobierno español debería ampliar la petición del rescate bancario a toda la economía española y reclamó que el FMI se incorpore a la vigilancia de nuestras variables macroeconómicas.

Esta advertencia lanzada desde Berlín y Frankfurt -al alimón- no ha sido el único revés al plan de Rajoy. Para la credibilidad del Gobierno y de la economía española fue mucho más perjudicial, según fuentes financieras consultadas, el mensaje de división y enfrentamiento que lanzó el jueves el Consejo de Política Fiscal y Financiera: Cataluña, Andalucía, Canarias y Asturias votaron contra los objetivos de déficit establecidos por el Ejecutivo para las Comunidades Autónomas (1,5% en 2012; 0,7% en 2013 y 0,1% para 2014). Dos autonomías gobernadas por el Partido Popular, Extremadura y Castilla y León, se abstuvieron. Galicia estuvo a un paso de hacerlo. Igualmente, se ha calificado de “muy grave” que el ministro de Hacienda y Administraciones Públicas -cuyo comportamiento algunos consejeros autonómicos calificaron de “chulesco”- sacase tarjeta amarilla a ocho comunidades por el mal sesgo de sus cuentas públicas (de las 600 empresas públicas autonómicas que se iban a suprimir sólo se han disuelto dos), aunque el Ejecutivo se ha negado a precisar cuáles eran las incumplidoras. El País Vasco, por su parte, ni siquiera votó: considera que su régimen concertado le deja al margen de cualquier criterio de coordinación.

Este disenso entre el Gobierno central y las comunidades autónomas alimenta el criterio, cada vez más generalizado, de que el Estado autonómico -que dispone del 48% del gasto total del Estado- y la elefantiasis del conjunto de las Administraciones Públicas son el verdadero problema español, no abordado por el Ejecutivo, tanto por falta de liderazgo político como por las serias dificultades que comporta de orden constitucional, que sólo podrían superarse con una reforma del Título VIII de la Constitución. Está siendo muy comentada la intervención del catedrático de Derecho Administrativo, Tomás Ramón Fernández, en el campus de FAES 2012 en la que este experto de larga trayectoria expuso los mecanismos de corrección necesarios de nuestro Estado, con planteamientos realistas.

Por otra parte, los recursos de inconstitucionalidad presentados por los Gobiernos vasco y catalán contra los recortes en sanidad y educación y contra la liberalización de horarios comerciales, abundan en la convicción de la ineficiencia de la actual estructura estatal, que ha creado una fractura en la unidad de mercado y una inercia de gasto público imparable: comparados los gastos públicos con los ingresos del mismo carácter en los años 2009, 2010 y 2011, las Administraciones Públicas gastaron, respectivamente, un 31%, 25% y 24% más de lo que ingresaron (Jesús Sánchez Quiñones en ‘La Burbuja de la Administración Pública’ en este diario el pasado día 10 de julio).

Tampoco se ha entendido que el Gobierno -a diferencia del reciente plan de Mario Monti en Italia, que dejará los actuales 8.102 ayuntamientos en sólo 1.500- no haya acordado una drástica reducción de municipios (aunque sí de concejales: el 30%). Los tres Estados intervenidos han sido compelidos a hacerlo, después de que en las últimas décadas tanto Alemania (pasó de más de 24.000 a 8.500), los países escandinavos (Suecia, Noruega y Dinamarca) y Reino Unido hayan disminuido estas circunscripciones administrativas y políticas de manera sustancial para descargar el andamiaje público. El Gobierno de Rajoy, quizás temeroso de las reacciones sociales que esta reordenación podría conllevar, ha preferido suprimir decenas y decenas de mancomunidades -el 70% de las cuales no presentaban sus cuentas- transfiriendo a las Diputaciones provinciales la gestión de los servicios que desarrollaban en beneficio de los municipios pequeños. El ahorro, sin embargo, es muchísimo menor que la agrupación de ayuntamientos.

Por otra parte, además de la reforma de las Administraciones Públicas, el plan de ajuste del Gobierno sólo contempla recortes coyunturales en la masa salarial de los empleados públicos (en total casi 3.200.000), suprimiéndoles la paga de Navidad, pero no se ha formulado un plan de adelgazamiento de las plantillas públicas como también ha hecho Mario Monti en Italia, que baraja una reducción del 10% de empleos públicos. Buena parte de los incrementos de las plantillas no se corresponde a funcionarios de carrera, sino a contratados en régimen administrativo y laboral, especialmente en las comunidades autónomas, en las que se contabilizan los puestos de confianza en los grupos parlamentarios integrados por más de 1.200 diputados autonómicos en las diecisiete asambleas legislativas.

La situación límite en la que se encuentra el Gobierno -y la economía española- tiene también que ver con los ocultamientos del Ejecutivo para eludir la interlocución con la ciudadanía: aspectos sustanciales del ajuste no fueron detallados por el presidente en el Congreso ni aclarados por los ministros en la referencia del Consejo del pasado viernes

Como constataba en este diario el pasado sábado Daniel Lacalle (“¿Qué haremos cuando sólo haya bancos rescatados y empresas subvencionadas?”), la City londinense ha comprobado defraudada el plan de Rajoy: “Las medidas para reducir el déficit y las filtradas para el sector eléctrico siguen una misma línea: recaudar eficientemente para mantener al subvencionado”. La afirmación del analista parece enteramente cierta porque, según cálculos coincidentes, el ajuste -con las medidas actuales- será de 56.440 millones de euros y recaerá en porcentaje mayor sobre la recaudación fiscal que sobre el gasto público. Si se consuma la llamada reforma eléctrica -que podría dejar al sector en una muy apurada situación, porque se trataría de un régimen impositivo mediante tasas y cánones a la generación e instalaciones- el Gobierno se habría decantado claramente más por la presión fiscal que sobre el ahorro en el gasto estructural del Estado y Administraciones Públicas a todos los niveles. Algo, no sólo recesivo, sino incoherente con la identidad ideológica de un Ejecutivo cuyo equipo económico no está ya en condiciones de abordar un nuevo parcheo. El fracaso de este plan lleva al país a una intervención ad hoc, ya que no hay alternativa política frente a la mayoría absoluta del PP.

La situación límite en la que se encuentra el Gobierno -y la economía española- tiene también que ver con los ocultamientos del Ejecutivo, atribuibles a miedo escénico o a una mala comunicación, para eludir la interlocución con la ciudadanía: aspectos sustanciales del ajuste no fueron detallados por el presidente en el Congreso ni aclarados por la vicepresidenta y los ministros de Economía y de Hacienda en la referencia del Consejo de Ministros del pasado viernes. El monto del ajuste se conoció en la madrugada del sábado mediante una nota en inglés en la web del ministerio de Economía, cifrando el ajuste en 54.440 millones y no en los 65.000 anunciados por Rajoy. Aspectos como la reducción de bienes y servicios sometidos a tipo reducido del IVA que pasan al general, la retención del 21% (ahora en el 15%) a profesionales, la rectificación sobre la compensación en 2015 de la paga extra de Navidad a los funcionarios, la suspensión del subsidio de desempleo por “indicios de fraude”, la suspensión de los convenios colectivos para el personal laboral público, la reducción de transferencias por dependencia a las autonomías y el incremento -de rondón- del impuesto de sociedades que en tres años supondrá un aporte empresarial adicional de 7.500 millones, han sido aspectos conocidos tras la lectura de las disposiciones en el Boletín Oficial del Estado pero no explicitadas por el Gobierno.

El gesto del Mariano Rajoy de adelantar al sábado la clausura del Congreso del PP de Andalucía para evitar las protestas previstas ante la sede del evento en la ciudad de Granada, enlaza con la permanente actitud gubernamental defensiva y menos decidida de lo necesario, logrando así, no sólo que los colectivos más afectados por sus medidas (funcionarios, ámbito de la cultura, pequeño comercio, parados…) preparen un calendario de movilizaciones con los sindicatos que comenzarán el próximo día 19, sino también que los medios de comunicación que hasta el momento han sido más complacientes con las políticas gubernamentales comiencen a mostrarse claramente críticos.

El diario El Mundo cerraba su editorial de ayer con esta dura afirmación: “La timorata acción del Gobierno en lo que se refiere a ajustarse el cinturón a sí mismo y a las comunidades da argumentos a los que buscan esa intervención”. Por su parte, ABC sostenía que “el ciudadano no percibe la misma intensidad reformista en las Administraciones Públicas, especialmente en la autonómica, pese a ser una de las causas principales de la crisis”. La Vanguardia, en su editorial, ‘Tras el gran ajuste del viernes’ no dejaba de expresar su escepticismo sobre la eficacia de las medidas adoptadas. Y la supuesta falta de empatía del Gobierno con la sociedad -el PSOE ha hecho creer que los aplausos al presidente en el Congreso eran de complacencia, cuando en realidad trataban de compensar los abucheos de la bancada de Rubalcaba y el difícil trance por el que pasaba Rajoy- y el “¡Que se jodan!” de Andrea Fabra han terminado por crear un clima espeso, políticamente muy precario. Un situación, en su conjunto, límite.

15 julio, 2012

MARIANO VETE!!!

Miles de personas vuelven a protestar junto al Congreso contra los últimos recortes

El HuffPost / Agencias | Publicado: 15/07/2012 21:35 Actualizado: 15/07/2012 22:35

Varios miles de manifestantes, según la Policía, se han concentrado en los alrededores del Congreso, fuertemente custodiado por la Policía desde el pasado viernes, cuando tuvo lugar una protesta que reunió a miles de manifestantes.

La manifestación, convocada espontáneamente a través de las redes sociales, tiene como objetivo acampar, aunque los asistentes han reconocido en declaraciones recogidas por TVE que eso dependerá de cómo se desarrolle la concentración.

La fuerte presencia policial ha obligado a los asistentes a permanecer al comienzo de la plaza de las Cortes, para luego trasladarse hasta la plaza de Neptuno, camino de Cibeles, por lo que ha sido necesario cortar el tráfico en los dos sentidos. La siguiente parada ha sido la sede del PP en la calle Génova, aunque no han podido acercarse allí por la fuerte presencia policial y se han dirigido a Sol.

POLICÍAS MANIFESTANTES

Policías, bomberos, profesores, sanitarios o trabajadores de la Administración pública se han sumado a esta protesta, en la que se corean gritos en contra del Gobierno y se pide la dimisión del presidente, Mariano Rajoy. Durante el trayecto, la marcha se ha cruzado con un camión de bomberos, y unos y otros han intercambiado saludos y gestos de complicidad. Los bomberos, además, han atravesado el cordón policial en varios momentos. Entre los manifestantes hay algunos que portan camisetas con la leyenda 'Bombero quemado'.

Acompañados de pitos y tambores, los manifestantes corean gritos como 'Manos arriba, esto es un atraco' o 'Menos crucifijo y más trabajo fijo', y en varias ocasiones se han dirigido a los antidisturbios que custodian la zona del Congreso para invitarles a sumarse a la protesta.

Dos motoristas, uno de ellos policía local, se han acercado al lugar de la concentración y han acelerado sus motos para protestar haciendo ruido ante los aplausos de los asistentes. Ambos han sido identificados por la policía, aunque no les ha multado.

Los funcionarios también han sido protagonistas en las redes sociales, especialmente de Twitter, después de que una etiqueta #graciasfuncionarios se haya convertido en uno de los temas del día con las aportaciones de miles de ciudadanos y sus agradecimientos a los empleados públicos.

La concentración está siendo retransmitida por los asistentes a través de Twitter con el hashtag #acampadaCongreso y también se está emitiendo en directo en streaming desde la zona.

LA GRAN ESTAFA

El escándalo Libor se convierte en el mayor fraude de la historia para millones de consumidores

Marco Antonio Moreno
15 de julio de 2012 | 09:00

A medida que la investigación sobre la manipulación de la tasa Libor adquiere proporciones de gran escándalo financiero, queda en claro que el fraude cometido por la banca es la mayor estafa financiera de la historia para millones de consumidores. La tasa Libor es el referente mundial para 550 billones de dólares en derivados financieros de todo tipo de contratos, y el viernes se supo que el secretario del Tesoro de Estados Unidos, Timothy Geithner, presionó al Banco de Inglaterra en junio de 2008 para hacer cambios en la forma de fijar la tasa Libor. Estados Unidos presionó al Reino Unido para que se manipulara la tasa de interés, y así ha sido confirmado por Mervin King.

En la actualidad 16 bancos son investigados por autoridades de Europa, Japón y Estados Unidos por sospecha de haber manipulado el punto de referencia, que se utiliza en contratos de préstamos por varios billones de dólares a nivel mundial. Junto a ser usada para fijar las tasas de interés de contratos en derivados financieros, la tasa Libor también influye en las tasas hipotecarias, los préstamos estudiantiles y las tarjetas de crédito. De ahí que el daño causado a los consumidores del mundo adquiera proporciones históricas.

De acuerdo a las investigaciones realizadas por el FBI, los principales bancos del mundo se beneficiaron de la manipulación de la tasa Libor en su propio interés. Barclays fue el primer banco en admitir estas irregularidades, y para cerrar la investigación de su caso acordó pagar 453 millones de dólares el mes pasado. Los 16 bancos bajo investigación por los gobiernos de Europa, EE.UU. y Japón, por la manipulación de tasa Libor, incluyen Bank of America, JPMorgan Chase, Citigroup, Morgan Stanley, Deutsche Bank, Societe Generale, Barclays, Credit Suisse, Lloyds, Rabobank, UBS, HSBC, RBS.

A pesar de tener su sede en Londres, la Libor es la tasa de interés más empleada por los bancos internacionales y su índice se calcula para tasas de corto y largo plazo en más de 10 monedas en 15 diferentes zonas horarias. La tasa Libor se remonta a una época en la cual los ejecutivos financieros se comportaban como caballeros y sus miembros eran honestos y responsables. Así fue como la Libor se hizo esencial en todos los servicios financieros y miles de productos en todo el planeta. Su uso llegó a ser tan relevante, que en Estados Unidos, el año 2008, el 60 por ciento de las hipotecas de alto riesgo y casi la totalidad de las hipotecas subprime estaba atada a la tasa Libor.

Pero a través de numerosos correos electrónicos donde se ofrecían comisiones y champán francés, se ha detectado que los bancos más grandes hicieron un uso fraudulento de la captación de intereses por lo menos durante los últimos diez años, aunque no se descarta que puede ser por un período mayor de tiempo. El fraude fue descubierto cuando el londinense Barclays presentó cifras falsas de la tasa Libor para mejorar su posición comercial.

Mediante la manipulación de la tasa Libor, los bancos podían hacer que sus balances se vieran más saludable de lo que realmente eran, mientras que los consumidores pagaban los déficit reales. Esto demuestra toda la estela de codicia y corrupción que invadió al sistema financiero, y que se prolongó por demasiado tiempo al adoptar la cultura más despiadada de los ejecutivos de Wall Street. Pese a que este escándalo es sólo la punta del iceberg del sistema financiero más corrupto y fraudulento de la historia, los gobiernos e instituciones democráticas, siguen empeñados en defenderlo.

NO HAY MAL QUE POR BIEN NO VENGA

Efectivamente, no hay mal que por bien no venga, si la situación económica es desastrosa, si ello lleva la intervención del país, con la perdida de soberanía que ello conlleva, el panorama no puede ser más negro, pero con todo hay aspectos positivos, sino para el sistema político sí para el pueblo llano.
Queda claro que el principal problema del estado de la situación actual son los gestores económicos, totalmente politizados, además están sujetos a sus propias leyes con lo que quedan al margen de una ley que está hecha como anillo al dedo y les exime de responsabilidades, al menos políticas, ya veremos si penales.
Los movimientos civiles de diversa índole han protestado, el 15M, Democracia Ya, los jóvenes estudiantes, los mineros, los funcionarios, el conjunto de la sociedad detrás de una huelga general etc, etc, etc, y nada han conseguido, la única respuesta recibida es un artículo oculto de la constitución que más o menos viene a decir que, contra ésta no se protesta y en el caso de hacerlo la única respuesta que se dará serán palos y bolas de goma, total que todo este movimiento civil no ha conseguido ninguno de sus objetivos a pesar de sus numerosas manifestaciones.
Quien iba a pensar que la solución al principal problema ahora de este país, el de los gestores económicos, se iba a solucionar desde fuera y sin que nos pegaran un palo. Pues sí ha sido la UE, bendita sea, la que de un plumazo ha resuelto parte del problema, el resto lo tendremos que hacer los ciudadanos en las urnas. Por lo pronto se ha conseguido de la UE quite las manos de los políticos de las entidades financieras, evidentemente no son de fiar, para mayor vergüenza de ellos, los políticos, se les ha quitado el control del Banco de España, el corazón económico del país, pero además de esto quedan fuera del control de todas las entidades bancarias, que quedan obligadas a rendir cuentas al Banco de España y este hará lo mismo ante la UE y sólo ante la UE.
El mundo se les viene encima a tanto chorizo y despilfarrador, no sólo al gobierno central sino también a los Autonómicos que dejaran de contar con las cajas de ahorros como si fueran sus bancos de España particulares.

Miguel A. Valladares


12 julio, 2012

DEMONIOCRACIA: LA ESPAÑA DEL BIPARTIDISMO (PP-PSOE)

España tiene el mayor Índice de Miseria de toda la Unión Europa

J. G. N. / MADRID
Día 12/07/2012 - 09.49h

España sigue acumulando campeonatos de Europa. Al conseguido reciente y brillantemente por la selección nacional de fútbol, se suma ahora otro título, nada valioso, como es el del Índice de Miseria, que es la suma de las tasas de paro e inflación. Nuestro país tenía en el primer trimestre del año el mayor Índice de Miseria de toda la Unión Europea, con el 26,4%, tasa muy superior a la media comunitaria (13,5%).

Tras España están, según Eurostat, Grecia (24,1%), Letonia (19,6%), Portugal (18,5%), Eslovaquia (18,4%) y Lituania (18,1%). En el lado opuesto se encuentran países como Austria (7%), Holanda (8,2%), Malta (8,2%), Alemania (8,3%), Luxemburgo (8,5%) o Suecia (8,7%).

La tasa del 26,4% supone un incremento de 15,5 puntos respecto al primer trimestre de 2007, cuando estaba en el 10,89%. En ese periodo, la tasa de paro ha aumentado en nuestro país en 15,97 puntos porcentuales y la inflación se ha reducido en 0,47 puntos, según el último avance del mercado laboral de Afi-Agett. Solo en el último año, el Índice de Miseria se ha incrementado en 1,62 puntos porcentuales.

La diferencia entre unas comunidades y otras es abrumadora. Así, Andalucía es la región española con un mayor Índice de Miseria (34,8%). Le sigue Extremadura, con el 33,8%, y Canarias (33,7%). También se encuentran por encima de la media nacional (26,4%), Baleares (29,8%), C. Valenciana (29,3%), C. La Mancha (29,2%) y Murcia (28,7%). En el lado opuesto, se encuentra País Vasco (15,5%), Navarra (18,6%) y Cantabria y Aragón (ambas con 20,4%).

10 julio, 2012

NO ES UN BUEN DÍA PARA EL PP

La Audiencia admite a trámite la querella que puso el 15M que imputa a Rato

El juez de la Audiencia Nacional Fernando Andreu ha admitido a trámite la segunda querella, se suma a la ya aceptada de UpyD, presentada por la plataforma 15M contra los exdirectivos de Bankia entre los que se encuentra el ex-vicepresidente del Gobierno Rodrigo Rato, José Luís Olivas (el del Banco de Valencia) y el exministro Ángel Acebes, se les imputa por estafa, falsedad contable y administración desleal.El juez se enfrenta a la Fiscalía que se pronunció en contra de la admisión de la querella. La consultora Deloitte ha acusado al exministro Ángel Acebes de ocultar con alevosía y nocturnidad ocultar el estado de las cuentas de Bankia.

Y aquí aparece la Cospedal, la portavoz del PP en que en el nombre de su partido descalifica la actuación del juez del ‘caso Bankia’, consideró inusual lo que ha hecho el juez al imputar a los 30 gestores de Bankia como consecuencia de la querella presentada por Unión Progreso y Democracia. La Cospedal explicó la postura de su partido, PP, apelando al principio de presunción de inocencia a la vez que señalo que una imputación “no puede ser considerada como una criminalización o una condena de nadie”. Obviando que una imputación se produce cuando un juez ve claros indicios de delito.

Acusan a la ex cúpula del Banco de Valencia (El Banco del PP), de estafar 137 millones de euros. El agujero del Banco alcanzó los 4.500 millones de euros.

El Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB) ha cifrado en cerca de 137 millones de euros y acusa al ex consejero delegado del Banco de Valencia, Domingo Parra, de los supuestos delitos de estafa, apropiación indebida y administración desleal. Además se incluye en la denuncia a Aurelio Izquierdo, ex director general de Banco de Valencia y ex director comercial de Bankia, de participar en los hechos supuestamente delictivos "a título lucrativo". Hay que recordar que en el pasado junio también el FROP presento denuncia contra los anteriores gestores entre los que se encuentra el ex presidente José Luís Olivas (está en todas).

Los imputados del PP son ya la tercera “fuerza política” en Valencia.

En solo cuatro días, a partir de hoy y hasta el próximo viernes, los jueces tomarán declaración a una docena de altos cargos de la Generalitat e importantes hombres de negocios por tres de los escándalos más sonoros de la etapa presidida por Francisco Camps: el caso Urdangarín, la gestión de la Caja de Ahorros del Mediterráneo (CAM) y el caso Gürtel.

La herencia envenenada de Francisco Camps. Papelón el del actual presidente de la Comunidad Alberto Fabra que puso a su llegada como principios de su mandato la lucha contra la corrupción.

Les Corts Valencianes tienen 99 diputados, 55 (PP), 33 (PSOE), 6 (Compromís) y 5 (IU). Pues bien debido al número de imputados del PP, 7 de momento, y a otros cuatro en ciernes, el grupo de losimputados sería la tercera fuerza política de la Comunidad del despifarro.

Estos son los nombres del posible nuevo grupo y sus imputaciones:

Ricardo Costa.- (Pichichi de los juzgados valencianos). Exsecretario general del PPCV, actual portavoz de economía. Ya sabe lo que es pasar ante un jurado por la causa conocida como ‘caso de los trajes’ dentro de Gürtel. Ahora, tiene pendiente de resolver su imputación por la otra causa que investiga una trama de presunta financiación irregular del PP valenciano. Se le acusa de delito electoral y falsedad documental.

Vicente Rambla.- Ex vicepresidente de la Generalitat, exconseller de economía y actual coordinador de esta área en el grupo popular. Está imputado en el macrosumario de la financiación, que investiga también los contratos del Consell con Gürtel. El juez considera que existen elementos iniciales de delito de cohecho y prevaricación, así como delito electoral y falsedad documental. Rambla era el coordinador de la campaña electoral del PP durante los contratos con Gürtel.

Milagrosa Martínez.- Expresidenta de las Cortes y actual alcaldesa de Novelda. El juez le imputa delitos de prevaricación y cohecho. En su caso se investiga su responsabilidad en los contratos adjudicados a Orange Market cuando fue consellera de Turismo.

David Serra.- Exvicesecretario general del partido. Sus presuntos delitos en la causa de la financiación irregular son los de delito electoral y falsedad documental.

Angélica Such.- Exconsellera de Turismo Angélica Such. Está imputada por las supuestas irregularidades en las contrataciones de Fitur con la trama Gürtel.

Yolanda García.- Extesorera del partido. Imputada también por la presunta financiación ilegal del partido y el posible delito electoral que se investiga.

Pedro Ángel Hernández Mateo.- Ex alcalde de Torrevieja. Está imputado por el Tribunal Superior de Justicia por supuestas irregularidades en la adjudicación de un contrato de recogida de residuos sólidos. Se le acusa de prevaricación y falsedad documental.

Están al caer:

Luís Díaz-Alperi.- Exalcalde de Alicante desde 1995 hasta 2008. Acusado de delitos de revelación de información privilegiada, tráfico de influencias y cohecho por el supuesto amaño del Plan Urbanístico de su ciudad.

Sonia Castedo.- Actual alcaldesa de Alicante, que sustituyó a Alperi en el cargo. Se le imputan los mismos cargos que a su antecesor. Ambos se vinculan con Enrique Ortiz, el empresario en torno al cual circula todo en el presunto caso de corrupción conocido como Brugal.

Rafael Blasco.- Exconseller de casi todo tanto con el PSPV como con el PP. Es el actual portavoz popular en Les Corts. La juez le atribuye delitos de prevaricación, cohecho, tráfico de influencias, falsedad documental y malversación de caudales públicos por su implicación en la trama que presuntamente desvió fondos destinados al Tercer Mundo cuando él era conseller de Solidaridad.

Mayte Parra.- Está siendo investigada por todas las contrataciones que ha formalizado en los últimos años el Ayuntamiento de Ibi del que es alcaldesa. Entre estas contrataciones hay tres planes urbanísticos y varias adjudicaciones con sobrecostes.

La UE quita competencias a Guindos y deja al Banco de España bajo tutela de la UE.

Aquí hay sumar al PSOE, con tanta o más culpa que el PP.