Cuestión de alternativas
ANTONI DOMENECH / DANIEL RAVENTÓS 14/07/2011
elpais.com
En el debate sobre el estado de la nación se repitió una vez más el viejo mantra: no hay alternativa a las suicidas políticas procíclicas de austeridad fiscal neoliberal impuestas a los pueblos y a los Parlamentos europeos por los mercados financieros internacionales y la incompetente troika del BCE, el FMI y la Comisión Europea. A despecho del afán por desmarcarse de las políticas que llevaron al PSOE a la catástrofe electoral del 22 de mayo, el nuevo candidato, Rubalcaba, no pudo menos repetir la misma cantilena: en lo fundamental, no había otra opción. ¿Es verdad?
Supongamos que lo fuera. Eso significaría, por lo pronto, que todas las revueltas y protestas sociales presentes y venideras, pacíficas o violentas, que están creciendo aceleradamente en todo el continente -acampadas, manifestaciones, huelgas generales-, estarían condenadas a estrellarse contra una pared inamovible. Y significaría que cualquier posible decisión parlamentaria contraria al dictado de la troika se estrellaría contra la misma pared.
Quedaría, a lo sumo, tratar de "explicar" al pueblo doliente, y pretendidamente ignorante, la idoneidad de esas políticas sin alternativa posible; "hacer pedagogía", como les gusta decir de consuno a tertulianos y políticos de orden, esos de los que, como diría nuestro fallecido amigo Manolo Vázquez Montalbán, nunca se sabe de dónde sacan pa tanto como destacan.
¿Qué hay que explicar? Que la política sin alternativa es ella misma, y por sí misma, y por eso mismo, una amenaza a la pervivencia de la democracia en Europa, como acaba de advertir el nada alarmista premio Nobel de Economía Amartya Sen desde las páginas del diario The Guardian el 22 de junio de 2011. Que la sola idea de una austeridad fiscal "expansiva" es una ignorante ilusión nacida de la destrucción de la teoría macroeconómica acometida por académicos a sueldo y cabilderos varios en las tres últimas décadas, ese "periodo oscuro", de olvido premeditado y banderizo de conocimientos sólidamente adquiridos por las generaciones anteriores, como han repetido hasta la saciedad otros dos premios Nobel, Paul Krugman y Joseph Stiglitz.
En suma: que la política económica "sin alternativa" no es propiamente una alternativa creíble -ni siquiera desde sus propios supuestos normativos-, sino una ofensiva en toda regla contra la soberanía y el bienestar de las poblaciones trabajadoras europeas e incluso, posiblemente, como ha advertido la ONU a propósito de Grecia, contra los derechos humanos tout court. Una ofensiva que no puede sino traer consigo ruina, dolor, desigualdad y conflictos sociales de creciente pugnacidad y consecuencias imprevisibles. Un año después del giro del 9 de mayo -cuando supuestamente estuvimos "al borde del abismo"- y del inicio de las contrarreformas "salvadoras", el desempleo y la precariedad laboral están peor, no mejor. La recaudación fiscal cae. Las ventas minoristas se han desplomado en el primer semestre de este año. Crecen la morosidad y las ejecuciones hipotecarias. Se dispara la pobreza. Los mercados financieros, lejos de "calmarse", parecen exigir con redoblada ferocidad ulteriores sangrías: nuestra prima de riesgo es ahora indeciblemente más alta. La derecha política hostil al Estado social anda recrecida; la izquierda social, desengañada de la política. Y toda Europa se halla en zozobra: cayó Irlanda, luego Portugal, y ahora se ciernen negras amenazas sobre la tercera economía europea, Italia, y con ella, nuevamente sobre España.
La política "sin alternativa creíble" es ella misma increíble: eso es lo que han entendido los millones de indignados que se lanzan a la calle en Grecia, en España, en Italia, en Portugal o en Gran Bretaña. ¿Por qué, pues, parece no haber alternativa? Primero, claro, porque el establishment lo repite sin cesar, en todos los grandes medios de comunicación, públicos y privados: a veces, hasta fingiendo lamentarlo. Y porque se ningunea a las voces discordantes, a las moderadas no menos que a las radicales. Un día, un redicho locutorcillo de tres al cuarto de la televisión pública catalana se permite hablar con displicencia del premio Nobel Krugman: "Sus propuestas keynesianas contra la crisis ya fracasaron". Otro, un sociólogo electoral, se permite glosar con cuatro tonterías superficiales desde las páginas de EL PAÍS la teoría cognitiva de las metáforas -de la que, obviamente, no entiende una palabra- y a cuenta de eso, despachar sin mayor argumentación, además de a los indignados, a todos los economistas y científicos sociales críticos de ATTAC, a los que nos llama sin más "colectivistas" trasnochados. Y así sucesivamente.
La impresión dominante es que cualquier alternativa imaginable a la política "sin alternativa" habrá de estrellarse contra el pétreo muro de una troika empeñada ahora en destruir la democracia europea con el mismo celo dogmático con que llevó incompetentemente a nuestra economía a la catástrofe en 2008. Contestando a Llamazares, el presidente Zapatero lo expresó con patetismo en el debate parlamentario: "No ha sido un giro a la derecha", sino... un "paso atrás" (verosímilmente, ante fuerzas políticamente insuperables). La "edad oscura de la macroeconomía" lamentada por Krugman parece haber nublado también las cabezas de muchos políticos de centro-izquierda, lo que, en convergencia con la sensación de impotencia política, les hace ver como radicales o como implausibles, o aun como técnicamente inviables, medidas que, razonabilísimas y dignas cuando menos de ser debatidas, no tendrían, en principio, mucho de tales. Por ejemplo, la reivindicación de una renta básica universal de ciudadanía ligada a un nuevo robustecimiento del Estado social y democrático de derecho, una reivindicación que ahora mismo está abriéndose, vigorosamente, paso entre los indignados europeos y que no hace tanto mereció el respeto y la simpatía de la izquierda y del centro-izquierda parlamentarios españoles.
Dos cosas están claras, cuando menos. La primera: que en la raíz de los males económicos que aquejan a la eurozona hay un problema de diseño institucional básico, cual es la carencia de una autoridad fiscal capaz de lidiar con la crisis a través de políticas de estímulo fiscal, en vez de limitarse a las erráticas y vergonzantes semimedidas camufladas de política monetaria del BCE (como el amago, este 12 de julio, de compra de deuda soberana de Estados miembros por parte del BCE, para frenar in angustiis el desplome de la renta variable y la espiral del riesgo país en España y en Italia). La segunda: que quienes de verdad parecen mandar en la UE no tienen la menor voluntad política de cambiar el diseño. Y eso es lo que parece condenar, quieras que no, al conjunto de la eurozona a una carrera hacia el abismo de la deflación competitiva y la destrucción salarial, y a los países periféricos, a la austeridad fiscal neoliberal, a la progresiva puesta en almoneda de todo su patrimonio público y al suicidio económico sin esperanza.
Eso tal vez no tiene remedio a corto plazo, salvo que la amenaza de un gran -y cada vez menos improbable- movimiento de contestación social fuerce a las élites europeas a otro camino (para empezar, a algo tan sencillo como que el BCE emitiera eurobonos respaldados de consuno por los miembros de la eurozona). Aun así, seguiría habiendo alternativas estrictamente nacionales harto menos traumáticas que una posible -y al paso que vamos, quizá inevitable- salida del euro. Hace meses, por ejemplo, que el sólido Marshall Auerback viene proponiendo a Grecia un camino alternativo de salvación nacional y de preservación de los derechos humanos y sociales de su población. Incluso en su actual situación límite, Grecia -como la República de Irlanda, como la república portuguesa, como el Reino de España- podría perfectamente colocar con éxito en mercados financieros privados bonos públicos emitidos con la cláusula de que, en caso de declararse en quiebra, sus tenedores podrían usarlos para pagar impuestos al Gobierno griego. Un expediente que haría inmediatamente obvio a los inversores que los nuevos títulos públicos serían "moneda buena", valedera mientras el Estado griego sea capaz de exigir y recaudar impuestos.
Es solo un ejemplo, entre muchos. ¿No es sospechoso que, mientras abundan la conspiración del silencio y la gratuita descalificación de quienes se oponen al desastre anunciado, escasee en los grandes medios de comunicación establecidos la discusión sobre propuestas alternativas de este tipo?
Antoni Domènech es catedrático de la Facultad de Economía y Empresa de la UB. Daniel Raventós es profesor titular en esa misma facultad y presidente de la Red Renta Básica (www.redrentabasica.org). Ambos son miembros del Consejo Científico de Attac-España y redactores de la revista política SinPermiso (www.sinpermiso.info).
Supongamos que lo fuera. Eso significaría, por lo pronto, que todas las revueltas y protestas sociales presentes y venideras, pacíficas o violentas, que están creciendo aceleradamente en todo el continente -acampadas, manifestaciones, huelgas generales-, estarían condenadas a estrellarse contra una pared inamovible. Y significaría que cualquier posible decisión parlamentaria contraria al dictado de la troika se estrellaría contra la misma pared.
Quedaría, a lo sumo, tratar de "explicar" al pueblo doliente, y pretendidamente ignorante, la idoneidad de esas políticas sin alternativa posible; "hacer pedagogía", como les gusta decir de consuno a tertulianos y políticos de orden, esos de los que, como diría nuestro fallecido amigo Manolo Vázquez Montalbán, nunca se sabe de dónde sacan pa tanto como destacan.
¿Qué hay que explicar? Que la política sin alternativa es ella misma, y por sí misma, y por eso mismo, una amenaza a la pervivencia de la democracia en Europa, como acaba de advertir el nada alarmista premio Nobel de Economía Amartya Sen desde las páginas del diario The Guardian el 22 de junio de 2011. Que la sola idea de una austeridad fiscal "expansiva" es una ignorante ilusión nacida de la destrucción de la teoría macroeconómica acometida por académicos a sueldo y cabilderos varios en las tres últimas décadas, ese "periodo oscuro", de olvido premeditado y banderizo de conocimientos sólidamente adquiridos por las generaciones anteriores, como han repetido hasta la saciedad otros dos premios Nobel, Paul Krugman y Joseph Stiglitz.
En suma: que la política económica "sin alternativa" no es propiamente una alternativa creíble -ni siquiera desde sus propios supuestos normativos-, sino una ofensiva en toda regla contra la soberanía y el bienestar de las poblaciones trabajadoras europeas e incluso, posiblemente, como ha advertido la ONU a propósito de Grecia, contra los derechos humanos tout court. Una ofensiva que no puede sino traer consigo ruina, dolor, desigualdad y conflictos sociales de creciente pugnacidad y consecuencias imprevisibles. Un año después del giro del 9 de mayo -cuando supuestamente estuvimos "al borde del abismo"- y del inicio de las contrarreformas "salvadoras", el desempleo y la precariedad laboral están peor, no mejor. La recaudación fiscal cae. Las ventas minoristas se han desplomado en el primer semestre de este año. Crecen la morosidad y las ejecuciones hipotecarias. Se dispara la pobreza. Los mercados financieros, lejos de "calmarse", parecen exigir con redoblada ferocidad ulteriores sangrías: nuestra prima de riesgo es ahora indeciblemente más alta. La derecha política hostil al Estado social anda recrecida; la izquierda social, desengañada de la política. Y toda Europa se halla en zozobra: cayó Irlanda, luego Portugal, y ahora se ciernen negras amenazas sobre la tercera economía europea, Italia, y con ella, nuevamente sobre España.
La política "sin alternativa creíble" es ella misma increíble: eso es lo que han entendido los millones de indignados que se lanzan a la calle en Grecia, en España, en Italia, en Portugal o en Gran Bretaña. ¿Por qué, pues, parece no haber alternativa? Primero, claro, porque el establishment lo repite sin cesar, en todos los grandes medios de comunicación, públicos y privados: a veces, hasta fingiendo lamentarlo. Y porque se ningunea a las voces discordantes, a las moderadas no menos que a las radicales. Un día, un redicho locutorcillo de tres al cuarto de la televisión pública catalana se permite hablar con displicencia del premio Nobel Krugman: "Sus propuestas keynesianas contra la crisis ya fracasaron". Otro, un sociólogo electoral, se permite glosar con cuatro tonterías superficiales desde las páginas de EL PAÍS la teoría cognitiva de las metáforas -de la que, obviamente, no entiende una palabra- y a cuenta de eso, despachar sin mayor argumentación, además de a los indignados, a todos los economistas y científicos sociales críticos de ATTAC, a los que nos llama sin más "colectivistas" trasnochados. Y así sucesivamente.
La impresión dominante es que cualquier alternativa imaginable a la política "sin alternativa" habrá de estrellarse contra el pétreo muro de una troika empeñada ahora en destruir la democracia europea con el mismo celo dogmático con que llevó incompetentemente a nuestra economía a la catástrofe en 2008. Contestando a Llamazares, el presidente Zapatero lo expresó con patetismo en el debate parlamentario: "No ha sido un giro a la derecha", sino... un "paso atrás" (verosímilmente, ante fuerzas políticamente insuperables). La "edad oscura de la macroeconomía" lamentada por Krugman parece haber nublado también las cabezas de muchos políticos de centro-izquierda, lo que, en convergencia con la sensación de impotencia política, les hace ver como radicales o como implausibles, o aun como técnicamente inviables, medidas que, razonabilísimas y dignas cuando menos de ser debatidas, no tendrían, en principio, mucho de tales. Por ejemplo, la reivindicación de una renta básica universal de ciudadanía ligada a un nuevo robustecimiento del Estado social y democrático de derecho, una reivindicación que ahora mismo está abriéndose, vigorosamente, paso entre los indignados europeos y que no hace tanto mereció el respeto y la simpatía de la izquierda y del centro-izquierda parlamentarios españoles.
Dos cosas están claras, cuando menos. La primera: que en la raíz de los males económicos que aquejan a la eurozona hay un problema de diseño institucional básico, cual es la carencia de una autoridad fiscal capaz de lidiar con la crisis a través de políticas de estímulo fiscal, en vez de limitarse a las erráticas y vergonzantes semimedidas camufladas de política monetaria del BCE (como el amago, este 12 de julio, de compra de deuda soberana de Estados miembros por parte del BCE, para frenar in angustiis el desplome de la renta variable y la espiral del riesgo país en España y en Italia). La segunda: que quienes de verdad parecen mandar en la UE no tienen la menor voluntad política de cambiar el diseño. Y eso es lo que parece condenar, quieras que no, al conjunto de la eurozona a una carrera hacia el abismo de la deflación competitiva y la destrucción salarial, y a los países periféricos, a la austeridad fiscal neoliberal, a la progresiva puesta en almoneda de todo su patrimonio público y al suicidio económico sin esperanza.
Eso tal vez no tiene remedio a corto plazo, salvo que la amenaza de un gran -y cada vez menos improbable- movimiento de contestación social fuerce a las élites europeas a otro camino (para empezar, a algo tan sencillo como que el BCE emitiera eurobonos respaldados de consuno por los miembros de la eurozona). Aun así, seguiría habiendo alternativas estrictamente nacionales harto menos traumáticas que una posible -y al paso que vamos, quizá inevitable- salida del euro. Hace meses, por ejemplo, que el sólido Marshall Auerback viene proponiendo a Grecia un camino alternativo de salvación nacional y de preservación de los derechos humanos y sociales de su población. Incluso en su actual situación límite, Grecia -como la República de Irlanda, como la república portuguesa, como el Reino de España- podría perfectamente colocar con éxito en mercados financieros privados bonos públicos emitidos con la cláusula de que, en caso de declararse en quiebra, sus tenedores podrían usarlos para pagar impuestos al Gobierno griego. Un expediente que haría inmediatamente obvio a los inversores que los nuevos títulos públicos serían "moneda buena", valedera mientras el Estado griego sea capaz de exigir y recaudar impuestos.
Es solo un ejemplo, entre muchos. ¿No es sospechoso que, mientras abundan la conspiración del silencio y la gratuita descalificación de quienes se oponen al desastre anunciado, escasee en los grandes medios de comunicación establecidos la discusión sobre propuestas alternativas de este tipo?
Antoni Domènech es catedrático de la Facultad de Economía y Empresa de la UB. Daniel Raventós es profesor titular en esa misma facultad y presidente de la Red Renta Básica (www.redrentabasica.org). Ambos son miembros del Consejo Científico de Attac-España y redactores de la revista política SinPermiso (www.sinpermiso.info).
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