La Fiscalía rechaza la querella contra las Agencias de Calificación
23 julio 2011
por rosa maría artal
La Fiscalía Anticorrupción ha rechazado investigar una querella criminal contra las agencias de calificación norteamericanas, Moody’s, Fitch y Standard and Poor’s, porque , en su diagnosis, no existen indicios para probar que alteren los precios del mercado bursátil ni utilicen información privilegiada.
La denuncia la había presentado ATTAC y otras organizaciones, tal como podéis ver en el anuncio de Público. Era la primera en Europa. Y se acusaba a estas agencias de actuar como un “oligopolio”, dado que cuentan con un 90% del mercado, lo que les permite regular y controlar los mercados financieros con sus informes de calificación.
La querella estima que las agencias han obtenido por estas prácticas unos beneficios anuales de 3.000 millones de euros, con márgenes de hasta un 50%. El 75% de sus ingresos provienen de las comisiones que cobran a sus propios clientes por calificar sus títulos.
Añadían que las agencias manipulan deliberadamente la deuda española y castigan con dureza la calidad crediticia de España. Y aseguraban que fijan sus notas basándose en una “opinión altamente subjetiva y de escaso rigor técnico”.
Los querellantes pedían a la Audiencia Nacional que ordenara la entrada y registro de las sedes de Moody’s, Fitch y Standard and Poor’s en España para la obtención de pruebas documentales y la identificación de los cuadros directivos para ser llamados a declarar como imputados.
Pues bien, el informe de la Fiscalía Anticorrupción (preceptivo para iniciar el procedimiento) estima que no ha lugar la querella. Los hechos denunciados “en sí mismos no son constitutivos de delito”, dice. La Fiscalía Anticorrupción reconoce que las rebajas de la calificación de la deuda española “perjudicaron económicamente a España” porque “hay un efecto directo entre las revisiones a la baja de la deuda española por parte de estas agencias de calificación y el encarecimiento de la financiación del Estado a través de la emisión de la deuda pública”. Insiste, sin embargo, en que esas actuaciones no tienen carácter delictivo ni han sido denunciadas por el Ministerio Fiscal o “por el perjudicado” directo, que es el Estado español.
Me pregunto ¿Quién es el Estado español? ¿Los políticos, jueces y fiscales?
Y añado lo que nuestra amiga Angels Martínez Castells publicó en su blog hace algo más de un par de semanas: el informe de la Comisión de Investigación sobre la Crisis Financiera (FCIC en sus siglas en inglés) hecho público el 27 de enero de 2011. Parece que ellos, investigando, sí encontraron algunas evidencias.
23 julio 2011
por rosa maría artal
La Fiscalía Anticorrupción ha rechazado investigar una querella criminal contra las agencias de calificación norteamericanas, Moody’s, Fitch y Standard and Poor’s, porque , en su diagnosis, no existen indicios para probar que alteren los precios del mercado bursátil ni utilicen información privilegiada.
La denuncia la había presentado ATTAC y otras organizaciones, tal como podéis ver en el anuncio de Público. Era la primera en Europa. Y se acusaba a estas agencias de actuar como un “oligopolio”, dado que cuentan con un 90% del mercado, lo que les permite regular y controlar los mercados financieros con sus informes de calificación.
La querella estima que las agencias han obtenido por estas prácticas unos beneficios anuales de 3.000 millones de euros, con márgenes de hasta un 50%. El 75% de sus ingresos provienen de las comisiones que cobran a sus propios clientes por calificar sus títulos.
Añadían que las agencias manipulan deliberadamente la deuda española y castigan con dureza la calidad crediticia de España. Y aseguraban que fijan sus notas basándose en una “opinión altamente subjetiva y de escaso rigor técnico”.
Los querellantes pedían a la Audiencia Nacional que ordenara la entrada y registro de las sedes de Moody’s, Fitch y Standard and Poor’s en España para la obtención de pruebas documentales y la identificación de los cuadros directivos para ser llamados a declarar como imputados.
Pues bien, el informe de la Fiscalía Anticorrupción (preceptivo para iniciar el procedimiento) estima que no ha lugar la querella. Los hechos denunciados “en sí mismos no son constitutivos de delito”, dice. La Fiscalía Anticorrupción reconoce que las rebajas de la calificación de la deuda española “perjudicaron económicamente a España” porque “hay un efecto directo entre las revisiones a la baja de la deuda española por parte de estas agencias de calificación y el encarecimiento de la financiación del Estado a través de la emisión de la deuda pública”. Insiste, sin embargo, en que esas actuaciones no tienen carácter delictivo ni han sido denunciadas por el Ministerio Fiscal o “por el perjudicado” directo, que es el Estado español.
Me pregunto ¿Quién es el Estado español? ¿Los políticos, jueces y fiscales?
Y añado lo que nuestra amiga Angels Martínez Castells publicó en su blog hace algo más de un par de semanas: el informe de la Comisión de Investigación sobre la Crisis Financiera (FCIC en sus siglas en inglés) hecho público el 27 de enero de 2011. Parece que ellos, investigando, sí encontraron algunas evidencias.
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