Rubén Díaz Caviedes: Crónica de la última vez que prometieron transparencia
Posted by Rubén Díaz Caviedes
http://www.jotdown.es/2012/01/ruben-diaz-caviedes-cronica-de-la-ultima-vez-que-prometieron-transparencia/
Sabrán, me imagino, que Cristóbal Montoro acaba de anunciar que en la nueva ley de transparencia de su Gobierno los políticos tendrán “responsabilidades penales” por su actuación financiera. Hoy vamos a hablar de la última vez que anunciaron algo parecido y de qué fue lo que acabaron haciendo al final. Ya verán qué divertido. Es una historia que no defrauda. Garantizado.
La importancia de ser un PEP
Digan lo que digan los algoritmos de Google, la voz PEP no refiere sólo al señor estupendo que entrena al Barça, sino también a las siglas de politically exposed person, esto es, persona expuesta políticamente. Esta categoría incluye no sólo a los cargos electos —gobierno y oposición— de las tres instancias del power —Estado, autonomías y ayuntamientos—, sino a todos los cargos políticos del país y lo repetiré para darle empaque, porque en Jot Down no ponemos negritas así como así: a todos los cargos políticos del país. Desde la jefatura del Estado a la diplomacia pasando por ministerios, secretarías, instituciones de defensa, magistraturas, empresas públicas o empresas privadas concesionarias de un servicio público. Un PEP, por sintetizar, es cualquier persona con poder político o de origen político. Un PEP elige, dirige, licita, subvenciona y se queda o se marcha según sea la mayoría parlamentaria a la que se acoge. Por sintetizar y decirlo en inglés, claro, y además con siglas. Que queda como mejor y más dos punto cero aunque aquí, hasta donde alcanza mi entender, a esto se le ha llamado casta política de toda la vida. Que es a lo que en realidad refiere la noción de PEP, por cierto. A lo de casta. No por nada no se considera PEPs sólo a los cargos que les comentaba, sino también a sus cónyuges, familiares y allegados.
Y en España estuvimos a punto una vez de meterles mano. De vigilarles. O lo estuvieron ellos, mejor dicho. Los propios PEPs. Ellos estuvieron a punto de hacer una ley para vigilarse a sí mismos, pero al final dijeron que no, mira. Que mejor no. Les cuento la historia.
¿A dónde vas?
Lo anunció una mujer, señora doña Soledad Núñez, que era y sigue siendo directora general del Tesoro, allá por el año 2009. Que el glorioso Gobierno de España estaba preparando una ley antiblanqueo de capitales que iba a ser, bueno bueno. De agárrate y no te sueltes a la goma de la braga. No con estas palabras, claro; lo que ella dijo fue que el plan iba a ser “el más duro de Europa”. Contexto: el día anterior —2 de abril de 2009—, Zapateto había acudido de guest star a una cumbre del G20, la de Londres, donde abogó por el final de los paraísos fiscales. Se conoce que le dio uno de estos fervores demo-socio-progresistas que le daban a él y entonces, poco aficionado como era Zapatero a la improvisación, le pidió a Núñez que convocara a la prensa al día siguiente y anunciase a bombo y platillo que estaban trabajando en una ley antiblanqueo tan guay tan guay, pero tan sumamente guay, que hasta sometería a los PEPs españoles a, cito literal, “vigilancia reforzada”. Qué te parece.
Y Soledad Núñez lo anunció, claro. Y se tiró las flores consecuentes. No dijo para cuando estaría la ley, porque para qué adquirir compromisos, ni explicó que la medida se trata en realidad de la trasposición a ley orgánica de una Directiva Europea, la 2006/70/CE. Que en la UE, por cierto, hicieron para todas las naciones de la Unión, como compete, pero con especial funfún en el tipo de países que entendemos la economía pública un poco a la remanguillé, no sé si me explico. En los que hace más calorcito y cantamos y bailamos muy bien. Tampoco mencionó que ya en 2008 la UE le había dado un toque a España por tardar en aplicarla y por ser uno de los cinco países europeos carentes de una ley de transparencia —los otros, ilustro, son Grecia, Chipre, Malta y Luxemburgo.
Manzanas traigo.
Y la ley se hizo, no se crean. Había que hacerla, porque las directivas europeas es lo que tienen. Y se aprobó un año después, en abril de 2010. La clave, ya verán qué divertido, está en que el PSOE, con el apoyo del PP, decidió cambiar la denominación de lo que era un PEP. Donde el anteproyecto mencionaba a las “personas físicas, españolas o extranjeras, que desempeñen o hayan desempeñado funciones públicas importantes, así como sus familiares más próximos y personas reconocidas como allegados”, en la redacción de la ley puso “personas físicas que desempeñen o hayan desempeñado funciones públicas importantes en otros Estados”. Punto. Es decir, que eximió a los políticos nacionales. Sometió a vigilancia a los PEPs de origen extranjero —como los diplomáticos procedentes de otro país, por ejemplo, o los políticos españoles en instituciones comunitarias— y decidió que la ley no sometería a vigilancia a los PEPs españoles que viviesen en España, y lo voy repetir: a los PEPs españoles que viviesen en España. Que, por si a alguien se le escapa, vendrían a ser todos los políticos, cargos y funcionarios del Estado más familia más amigos. Quedaron exentos todos los diputados, los ministros, los concejales, los alcaldes, los secretarios y subsecretarios, los consejeros, los presidentes de autonomías y los presidentes de cajas de ahorro, por citar sólo algunos. Quedó exento Jaume Matas, por ejemplo. O Iñaki Urdangarín, sin ir más lejos. O Francisco Camps y El Bigotes. O Teddy Bautista. O Francisco Javier Guerrero.
¿Qué motivación tuvieron los políticos españoles para blindarse de su propia ley de transparencia? A mí, personalmente, se me ocurren varias. Corrupción institucional, por ejemplo, indecencia ideológica, secuestro de la voluntad popular, sinvergonzonería, amparo al latrocinio… Y en El País dijeron que la CECA —Confederación Española de Cajas de Ahorros— tuvo mucho que ver con el cambio porque, me imagino, a los presidentes de las cajas de ahorro no les gustaba la idea de verse sometidos a “vigilancia reforzada”. El ejercicio de poca vergüenza correspondió al grupo IU-ICV, que presentó una enmienda para incorporar a la definición el término “nacionales” que, por supuesto, fue rechaza por PP y PSOE tal que así, miren. En un decir pin pan, toma lacasitos. El texto, de hecho, gozó de lo que los medios llaman un amplio consenso y hasta hubo quien se animó a comentarlo. Gloria Gómez, del PSOE, aseguró entonces que “no tiene sentido investigar a todo el mundo y hacer una acumulación de datos de tal calibre”. Y Baudilio Tomé, del PP, manifestó que “que haya que vigilar a 60000 personas entre concejales, cónyuges y sus vínculos familiares” le parecía “exorbitante”. Desconocemos la opinión de Soledad Núñez o de la ínclita María Teresa Fernández de la Vega, que es quien anunció finalmente los contenidos de la ley. Ambas obviaron el tema de que fuera un despropósito porque, en fin. Futilidades, you know. Para qué explicar lo que está bastante claro.
Ley de transparencia.
Y hoy, lo dicho. Que Cristobal Montoro vuelve al mercado de la venta de burras en stock y jode con el tatachín una vez más con esa transparencia, bendita transparencia, que prometen a voz en grito con el mismo denuedo con que la eluden en silencio una y otra y otra vez más. Spain, one point. Les quiero invitar a que visiten la web Ley de Transparencia Ya, para que vean lo que se pierden, o que consulten la posición de España en el preceptivo ranking de corrupción de Transparency International, privilegiada como lo suele ser la de nuestro país en tanto ranking se publique en lo referente a dar vergüenza. Y animarles, por si no queda a claro, a que no se crean ni media. Lo que nos faltaba en este país, realmente lo último que nos faltaba, es empezar a creernos una misma milonga cuando no han transcurrido ni dos años desde la anterior.
La importancia de ser un PEP
Digan lo que digan los algoritmos de Google, la voz PEP no refiere sólo al señor estupendo que entrena al Barça, sino también a las siglas de politically exposed person, esto es, persona expuesta políticamente. Esta categoría incluye no sólo a los cargos electos —gobierno y oposición— de las tres instancias del power —Estado, autonomías y ayuntamientos—, sino a todos los cargos políticos del país y lo repetiré para darle empaque, porque en Jot Down no ponemos negritas así como así: a todos los cargos políticos del país. Desde la jefatura del Estado a la diplomacia pasando por ministerios, secretarías, instituciones de defensa, magistraturas, empresas públicas o empresas privadas concesionarias de un servicio público. Un PEP, por sintetizar, es cualquier persona con poder político o de origen político. Un PEP elige, dirige, licita, subvenciona y se queda o se marcha según sea la mayoría parlamentaria a la que se acoge. Por sintetizar y decirlo en inglés, claro, y además con siglas. Que queda como mejor y más dos punto cero aunque aquí, hasta donde alcanza mi entender, a esto se le ha llamado casta política de toda la vida. Que es a lo que en realidad refiere la noción de PEP, por cierto. A lo de casta. No por nada no se considera PEPs sólo a los cargos que les comentaba, sino también a sus cónyuges, familiares y allegados.
Y en España estuvimos a punto una vez de meterles mano. De vigilarles. O lo estuvieron ellos, mejor dicho. Los propios PEPs. Ellos estuvieron a punto de hacer una ley para vigilarse a sí mismos, pero al final dijeron que no, mira. Que mejor no. Les cuento la historia.
¿A dónde vas?
Lo anunció una mujer, señora doña Soledad Núñez, que era y sigue siendo directora general del Tesoro, allá por el año 2009. Que el glorioso Gobierno de España estaba preparando una ley antiblanqueo de capitales que iba a ser, bueno bueno. De agárrate y no te sueltes a la goma de la braga. No con estas palabras, claro; lo que ella dijo fue que el plan iba a ser “el más duro de Europa”. Contexto: el día anterior —2 de abril de 2009—, Zapateto había acudido de guest star a una cumbre del G20, la de Londres, donde abogó por el final de los paraísos fiscales. Se conoce que le dio uno de estos fervores demo-socio-progresistas que le daban a él y entonces, poco aficionado como era Zapatero a la improvisación, le pidió a Núñez que convocara a la prensa al día siguiente y anunciase a bombo y platillo que estaban trabajando en una ley antiblanqueo tan guay tan guay, pero tan sumamente guay, que hasta sometería a los PEPs españoles a, cito literal, “vigilancia reforzada”. Qué te parece.
Y Soledad Núñez lo anunció, claro. Y se tiró las flores consecuentes. No dijo para cuando estaría la ley, porque para qué adquirir compromisos, ni explicó que la medida se trata en realidad de la trasposición a ley orgánica de una Directiva Europea, la 2006/70/CE. Que en la UE, por cierto, hicieron para todas las naciones de la Unión, como compete, pero con especial funfún en el tipo de países que entendemos la economía pública un poco a la remanguillé, no sé si me explico. En los que hace más calorcito y cantamos y bailamos muy bien. Tampoco mencionó que ya en 2008 la UE le había dado un toque a España por tardar en aplicarla y por ser uno de los cinco países europeos carentes de una ley de transparencia —los otros, ilustro, son Grecia, Chipre, Malta y Luxemburgo.
Manzanas traigo.
Y la ley se hizo, no se crean. Había que hacerla, porque las directivas europeas es lo que tienen. Y se aprobó un año después, en abril de 2010. La clave, ya verán qué divertido, está en que el PSOE, con el apoyo del PP, decidió cambiar la denominación de lo que era un PEP. Donde el anteproyecto mencionaba a las “personas físicas, españolas o extranjeras, que desempeñen o hayan desempeñado funciones públicas importantes, así como sus familiares más próximos y personas reconocidas como allegados”, en la redacción de la ley puso “personas físicas que desempeñen o hayan desempeñado funciones públicas importantes en otros Estados”. Punto. Es decir, que eximió a los políticos nacionales. Sometió a vigilancia a los PEPs de origen extranjero —como los diplomáticos procedentes de otro país, por ejemplo, o los políticos españoles en instituciones comunitarias— y decidió que la ley no sometería a vigilancia a los PEPs españoles que viviesen en España, y lo voy repetir: a los PEPs españoles que viviesen en España. Que, por si a alguien se le escapa, vendrían a ser todos los políticos, cargos y funcionarios del Estado más familia más amigos. Quedaron exentos todos los diputados, los ministros, los concejales, los alcaldes, los secretarios y subsecretarios, los consejeros, los presidentes de autonomías y los presidentes de cajas de ahorro, por citar sólo algunos. Quedó exento Jaume Matas, por ejemplo. O Iñaki Urdangarín, sin ir más lejos. O Francisco Camps y El Bigotes. O Teddy Bautista. O Francisco Javier Guerrero.
¿Qué motivación tuvieron los políticos españoles para blindarse de su propia ley de transparencia? A mí, personalmente, se me ocurren varias. Corrupción institucional, por ejemplo, indecencia ideológica, secuestro de la voluntad popular, sinvergonzonería, amparo al latrocinio… Y en El País dijeron que la CECA —Confederación Española de Cajas de Ahorros— tuvo mucho que ver con el cambio porque, me imagino, a los presidentes de las cajas de ahorro no les gustaba la idea de verse sometidos a “vigilancia reforzada”. El ejercicio de poca vergüenza correspondió al grupo IU-ICV, que presentó una enmienda para incorporar a la definición el término “nacionales” que, por supuesto, fue rechaza por PP y PSOE tal que así, miren. En un decir pin pan, toma lacasitos. El texto, de hecho, gozó de lo que los medios llaman un amplio consenso y hasta hubo quien se animó a comentarlo. Gloria Gómez, del PSOE, aseguró entonces que “no tiene sentido investigar a todo el mundo y hacer una acumulación de datos de tal calibre”. Y Baudilio Tomé, del PP, manifestó que “que haya que vigilar a 60000 personas entre concejales, cónyuges y sus vínculos familiares” le parecía “exorbitante”. Desconocemos la opinión de Soledad Núñez o de la ínclita María Teresa Fernández de la Vega, que es quien anunció finalmente los contenidos de la ley. Ambas obviaron el tema de que fuera un despropósito porque, en fin. Futilidades, you know. Para qué explicar lo que está bastante claro.
Ley de transparencia.
Y hoy, lo dicho. Que Cristobal Montoro vuelve al mercado de la venta de burras en stock y jode con el tatachín una vez más con esa transparencia, bendita transparencia, que prometen a voz en grito con el mismo denuedo con que la eluden en silencio una y otra y otra vez más. Spain, one point. Les quiero invitar a que visiten la web Ley de Transparencia Ya, para que vean lo que se pierden, o que consulten la posición de España en el preceptivo ranking de corrupción de Transparency International, privilegiada como lo suele ser la de nuestro país en tanto ranking se publique en lo referente a dar vergüenza. Y animarles, por si no queda a claro, a que no se crean ni media. Lo que nos faltaba en este país, realmente lo último que nos faltaba, es empezar a creernos una misma milonga cuando no han transcurrido ni dos años desde la anterior.
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