El gobierno de los jueces: politización y transparencia.
María Tardón. Jueza, presidenta de la Sección 27 de la Audiencia Provincial de Madrid que trata de asuntos relacionados con la violencia de género.
http://www.elmundo.es/blogs/elmundo/ellas/2012/06/19/el-gobierno-de-los-jueces-politizacion-y.html
La Constitución de 1978, al diseñar la estructura institucional del Estado, puso un especial empeño en garantizar la independencia del Poder Judicial, integrado por cada uno de los jueces y magistrados que en España administran Justicia cada día, sometidos, únicamente, al imperio de la Ley.
Y, para evitar posibles injerencias del Ejecutivo en todas aquéllas cuestiones que puedan afectar a esa independencia, creó un órgano específico para su gobierno: el Consejo General del Poder Judicial.
También dispuso que estaría integrado por 20 vocales, 12 de ellos, elegidos entre jueces y magistrados de todas las categorías, y ocho entre juristas de reconocida competencia, designados a propuesta del Congreso y del Senado.
Con estas previsiones, se conformó el primer Consejo, en el año 1980. Y los 12 vocales de procedencia judicial se eligieron por sufragio directo de los miembros de la Carrera Judicial. A nadie se le ocurrió cuestionar, entonces, que ese era el sentido de la previsión constitucional.
Pero sus decisiones comenzaron a resultar tan incómodas al recién estrenado Gobierno de Felipe González, que quienes entonces tenían una amplia mayoría en el Parlamento, decidieron cambiar el sistema de nombramiento. Y, a partir de la Ley Orgánica del Poder Judicial de 1985, los Vocales del Consejo han sido designados, directamente, por el Congreso y el Senado, en su totalidad.
El propio Tribunal Constitucional, en una polémica sentencia de julio de 1986, ya alertó de los riesgos que podría conllevar el trasladar al órgano de gobierno de los jueces las dinámicas de decisión propiamente parlamentarias. Lo que no impidió que los distintos partidos políticos, desde entonces, hayan desplegado, en cada nueva designación, el mismo ejercicio de encarnizadas negociaciones. Reclamando su 'derecho' a nombrar el número de vocales que les correspondía, en función de cual fuere la extensión numérica, también, de su representación parlamentaria.
Y, a partir de ese momento, han dejado de importar, públicamente, el mérito o la trayectoria profesional de los jueces y magistrados en nuestro país. Incluso, o, especialmente, de los que acceden a las más altas magistraturas del Estado. Porque la única mención trascendente que suele acompañar a su nombre, cuando es noticia, por la razón que sea, es la de su pertenencia al sector conservador o al progresista.
No importa que estemos ante una cuestión compleja, sobre la que puedan, razonablemente, existir interpretaciones diversas. Ni las razones jurídicas que se esgriman. En cada decisión de un juez, que tenga alguna relevancia para la vida pública, lo que se va a destacar, siempre, por encima de cualquier otra cosa, es si se le considera adscrito a uno u otro sector.
Y es que la imagen de politización del Consejo General del Poder Judicial, con unos Vocales designados conforme a la proporción parlamentaria de los partidos políticos que les proponen termina proyectándose sobre todos los miembros de la Carrera Judicial. Como les acaban afectando los conflictos en que, cada cierto tiempo, su órgano de gobierno se ve inmerso. Algo completamente injusto. Los, aproximadamente, 5.000 jueces que se afanan, cada día, en impartir justicia, bien poco tienen que ver con las posibles luchas de poder que en el Consejo se pueden dar.
Pugnas, en buena parte, por decidir los nombramientos para cargos discrecionales, con la indeseable consecuencia, además, de que los así designados van a resultar, también, automáticamente "etiquetados".
En el momento actual, no sé muy bien cuáles son las razones por las que hemos llegado en el CGPJ a una situación que todos, incluido su ahora cuestionado presidente, califican de insostenible. Ni si el próximo jueves él anunciará o no su dimisión. Porque, salvo un pequeño parche que facilitó una mínima participación de los jueces en el proceso, la designación de los vocales obedeció a la misma dinámica parlamentaria de correlación de fuerzas políticas que en ocasiones anteriores. Y su presidente fue, una vez más, consensuado por los líderes de los dos grandes partidos nacionales. Incluso el presidente Zapatero anunció quien iba a ser el elegido, antes de que los Vocales se sentaran a proceder a su votación.
Han transcurrido, prácticamente, tres años y medio desde entonces, sin que, no sólo no haya trascendido que en este Consejo se produjeran graves enfrentamientos sino que, por el contrario, parecían haberse reconducido las discrepancias por cauces de resolución racionales y de consenso. Tiempo suficiente, además, como para haber reparado en que el sistema de justificación de los gastos no era el más adecuado con los criterios de transparencia y austeridad que exigen las circunstancias. O en las posibles ausencias anormales de alguno de sus miembros.
Y haber puesto, entonces, el necesario y justo remedio, sin haber tenido que llegar, de repente, a esta especie de estallido de enfrentamientos, denuncias penales, incluso. Que, aunque se hayan desestimado, por la Fiscalía, primero, y por el Tribunal Supremo, después, han dejado una inexorable estela de descrédito, no sólo en el denunciado, sino en la propia institución.
No sé si es algo que preocupará suficientemente a sus más activos protagonistas. Pero que no les quepa duda de que para acabar con esa imagen de deterioro institucional hará falta algo más que la dimisión de su presidente.
María Tardón. Jueza, presidenta de la Sección 27 de la Audiencia Provincial de Madrid que trata de asuntos relacionados con la violencia de género.
http://www.elmundo.es/blogs/elmundo/ellas/2012/06/19/el-gobierno-de-los-jueces-politizacion-y.html
La Constitución de 1978, al diseñar la estructura institucional del Estado, puso un especial empeño en garantizar la independencia del Poder Judicial, integrado por cada uno de los jueces y magistrados que en España administran Justicia cada día, sometidos, únicamente, al imperio de la Ley.
Y, para evitar posibles injerencias del Ejecutivo en todas aquéllas cuestiones que puedan afectar a esa independencia, creó un órgano específico para su gobierno: el Consejo General del Poder Judicial.
También dispuso que estaría integrado por 20 vocales, 12 de ellos, elegidos entre jueces y magistrados de todas las categorías, y ocho entre juristas de reconocida competencia, designados a propuesta del Congreso y del Senado.
Con estas previsiones, se conformó el primer Consejo, en el año 1980. Y los 12 vocales de procedencia judicial se eligieron por sufragio directo de los miembros de la Carrera Judicial. A nadie se le ocurrió cuestionar, entonces, que ese era el sentido de la previsión constitucional.
Pero sus decisiones comenzaron a resultar tan incómodas al recién estrenado Gobierno de Felipe González, que quienes entonces tenían una amplia mayoría en el Parlamento, decidieron cambiar el sistema de nombramiento. Y, a partir de la Ley Orgánica del Poder Judicial de 1985, los Vocales del Consejo han sido designados, directamente, por el Congreso y el Senado, en su totalidad.
El propio Tribunal Constitucional, en una polémica sentencia de julio de 1986, ya alertó de los riesgos que podría conllevar el trasladar al órgano de gobierno de los jueces las dinámicas de decisión propiamente parlamentarias. Lo que no impidió que los distintos partidos políticos, desde entonces, hayan desplegado, en cada nueva designación, el mismo ejercicio de encarnizadas negociaciones. Reclamando su 'derecho' a nombrar el número de vocales que les correspondía, en función de cual fuere la extensión numérica, también, de su representación parlamentaria.
Y, a partir de ese momento, han dejado de importar, públicamente, el mérito o la trayectoria profesional de los jueces y magistrados en nuestro país. Incluso, o, especialmente, de los que acceden a las más altas magistraturas del Estado. Porque la única mención trascendente que suele acompañar a su nombre, cuando es noticia, por la razón que sea, es la de su pertenencia al sector conservador o al progresista.
No importa que estemos ante una cuestión compleja, sobre la que puedan, razonablemente, existir interpretaciones diversas. Ni las razones jurídicas que se esgriman. En cada decisión de un juez, que tenga alguna relevancia para la vida pública, lo que se va a destacar, siempre, por encima de cualquier otra cosa, es si se le considera adscrito a uno u otro sector.
Y es que la imagen de politización del Consejo General del Poder Judicial, con unos Vocales designados conforme a la proporción parlamentaria de los partidos políticos que les proponen termina proyectándose sobre todos los miembros de la Carrera Judicial. Como les acaban afectando los conflictos en que, cada cierto tiempo, su órgano de gobierno se ve inmerso. Algo completamente injusto. Los, aproximadamente, 5.000 jueces que se afanan, cada día, en impartir justicia, bien poco tienen que ver con las posibles luchas de poder que en el Consejo se pueden dar.
Pugnas, en buena parte, por decidir los nombramientos para cargos discrecionales, con la indeseable consecuencia, además, de que los así designados van a resultar, también, automáticamente "etiquetados".
En el momento actual, no sé muy bien cuáles son las razones por las que hemos llegado en el CGPJ a una situación que todos, incluido su ahora cuestionado presidente, califican de insostenible. Ni si el próximo jueves él anunciará o no su dimisión. Porque, salvo un pequeño parche que facilitó una mínima participación de los jueces en el proceso, la designación de los vocales obedeció a la misma dinámica parlamentaria de correlación de fuerzas políticas que en ocasiones anteriores. Y su presidente fue, una vez más, consensuado por los líderes de los dos grandes partidos nacionales. Incluso el presidente Zapatero anunció quien iba a ser el elegido, antes de que los Vocales se sentaran a proceder a su votación.
Han transcurrido, prácticamente, tres años y medio desde entonces, sin que, no sólo no haya trascendido que en este Consejo se produjeran graves enfrentamientos sino que, por el contrario, parecían haberse reconducido las discrepancias por cauces de resolución racionales y de consenso. Tiempo suficiente, además, como para haber reparado en que el sistema de justificación de los gastos no era el más adecuado con los criterios de transparencia y austeridad que exigen las circunstancias. O en las posibles ausencias anormales de alguno de sus miembros.
Y haber puesto, entonces, el necesario y justo remedio, sin haber tenido que llegar, de repente, a esta especie de estallido de enfrentamientos, denuncias penales, incluso. Que, aunque se hayan desestimado, por la Fiscalía, primero, y por el Tribunal Supremo, después, han dejado una inexorable estela de descrédito, no sólo en el denunciado, sino en la propia institución.
No sé si es algo que preocupará suficientemente a sus más activos protagonistas. Pero que no les quepa duda de que para acabar con esa imagen de deterioro institucional hará falta algo más que la dimisión de su presidente.
11 comentarios:
¿Alguien cree en la Justicia?...esa señora ciega, sorda, sin sentido de la ecuanimidad y dispuesta a ofrecerse sólo al que más dinero tiene.
Recordemos LA VIDA DE BRIAN:
¿Y en materia laboral?¿De parte de quién se ponen los jueces?
Y en el ramo de familia, ¿de que lado cae la balanza, eh?
¿Y lo penal?¿No se dice que el chorizo de medio pelo entra por una puerta y sale por otra en el mismo dia, menos en los delitos de sangre (que son los menos?
Me hace mucha gracia, que maldita la gracia que me hace, toda esta gente que achaca la culpa de todo al dinero, pero que si tuviesen la oportunidad de ver cumplido su sueño de tenerlo en abundancia, de ser asquerosamente ricos, no opinarían lo mismo.
Dadle a un paria de la tierra, a un famélico legionario, pasta como para ser un expresidente del gobierno y vereis. Se convierte en un Jimenez Losantos.
La judicatura, como parte de la función pública, tiene un único fin: Proteger el bien común, jodiendo individualmente al particular.
Y yo si creo en la justicia. Y en el coronel Linch.
Yo solo creo en Robert de Forth Leavenworth
La justicia esperadla en el otro mundo, majos.
El Robert de Forth Leavenwort, si que los tiene bien puestos y además es un justiciero que pone a todo quisque en su sitio, las vacas ni se menean cuando aparece.Robert ven p´a ca, que de Divar para abajo ¿cuantos serán de justicieros como tu lo eres?
Ay, la justicia, la justicia... ¡Pues si no quieres na la acates, oye!
http://www.diariodeleon.es/noticias/provincia/el-psoe-escuchara-a-mariano-rojo-antes-de-sancionarlo-por-su-condena_700188.html
Pero ¿es que usted acata la ley a todas las horas sin infrigir ni uno sólo de sus millones de artículos?.
Todos tenenos nuestra dosis de engaños a la ley, y el que esté libre de pecado... ya sabe.
La Ley no se acata, se cumple, o no. Lo que no se acata, o sí, es la Justicia, que es la que administra la Ley.
No existe el delito de desacato desde hace lustros. Existe el de desobediencia.
Lo que pienso que debería ocurrir es que los jueces de primera instancia se eligiesen en las municipales. Y no entre funcionarios-jueces por oposición, sino entre licenciados en derecho, o doctores en ello. El modelo anglosajón, vamos.
Estos, los jueces de primera instancia o locales, elegirían a los de los Tribunales Provinciales, y estos a los del Supremo.
Y ahí acabaría la cosa. La Audiencia Nacional y el Constitucional a tomar por el culo. El Tribunal Supremo da suficiente amparo constitucional, no debe haber ninguna otra jurisdiccion por encima.
¿Bueno, y usted cumple y obedece siempre ese mar sin fondo ni orillas que es la Ley? Yo propongo volver a la prueba caldaria del código visigodo.Metemos tres piedras en un caldero de agua hirviendo y que el Señor Carlos Divar si no miente en el asunto (del doncel que le acompañaba en sus viajes caribeños y de los dineros gastados a cuenta del dinero público)meta la mano y saque al menos dos piedras. Si a la semana está curado, es inocente.
Que metan también la mano en el caldero el Alcalde y Ex-alcalde de Valdeón así sabremos quién dice la verdad.
Que cuando más jierva el agua que metan la mano y saquen una piedra el alcalde de Boca de Huergano y el de Sabero para saber quién decía la verdad cuando las elecciones al GAL.
El ex de Valdeón no hace falta que meta la mano, se va a quemar, el Supremo le ha dado otro palo.
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