Una moratoria permitía la actividad cinegética, que la anterior legislación prohibía a partir del año 2017.
maría carnero | león 22/10/2014
diariodeleon.es
Los
municipios leoneses incluidos en el Parque Nacional de Picos de Europa
podrán seguir disfrutando de los beneficios que la caza aporta a su
territorio de manera indefinida gracias a la enmienda que el Grupo
Popular en el Senado ha introducido en el proyecto de Ley de Parques
Nacionales minutos antes de que se cerrara el plazo. Esta enmienda
elimina la prohibición de cazar y de aprovechar los recursos forestales e
hidrológicos de los parques nacionales que la anterior legislación
aprobada en el 2007 promovía de forma gradual. El por entonces
Ministerio de Medio Ambiente otorgó una moratoria de diez años a estos
municipios para que progresivamente fueran abandonando este tipo de
actividades al tiempo que proponía la negociación de una serie de
compensaciones por el cese de estas prácticas. A tres años para que esa
moratoria llegara a su fin, ninguno de los dos municipios del parque,
Posada de Valdeón y Oseja de Sajambre, han vuelto a tener noticias de
estas indeminzaciones que ni siquiera se llegaron a calcular.
Con
esta enmienda el Gobierno evita tener que enfrentarse a una negociación
en la que los alcaldes de la zona habían anunciado batalla, ya que no
estaban dispuestos de dejar de percibir los importantes ingresos que la
caza deja al año en sus territorios, a cambio de un pago único que a
todas luces se preveía insuficiente.
En la retina de los alcaldes
está la negociación en 2010 del municipio asturiano de Amieva, ubicado
en la vertiente asturiana del parque, que llegó a un acuerdo con el
Estado para deja de cazar rebecos en sus 1.500 hectáreas de reserva a
cambio de una indemnización de 2,4 millones de euros. Por eso desde León
siempre se ha defendido que la parte proporcional que tendría que
recibir Sajambre y Valdeón para dejar de cazar corzos, rebecos, ciervos,
jabalíes y lobos en sus 24.000 hectáreas de reserva sería incalculable e
inasumible por parte del heraldo público.
Por su parte, las cinco
grandes organizaciones de conservación de la naturaleza en España,
Amigos de la Tierra, Ecologistas en Acción, Greenpeace, SEO/BirdLife y
WWF consideran que el proyecto de Ley debilita la cohesión y fortaleza
de la red y destruye las herramientas de conservación.
Lo que más
críticas suscita entre los conservacionistas es que los populares dan
amplio margen de maniobra a los titulares de derechos particulares para
que puedan practicar actividades de todo tipo así como la postestad para
decidir si voluntariamente quieren negociar con el Estado el cese de
algunas de ellas.
«La enmienda 278 plantea, sencillamente, la no
entrada en vigor del régimen jurídico de protección de un parque
nacional hasta que el propietario titular de los terrenos no lo decida»,
denuncian los ecologistas.
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