El Senado propone ventajas fiscales para frenar la despoblación en la montaña

Un informe considera esencial que las administraciones asuman los costes de garantizar los servicios públicos .

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  Refugio de Vegabaño, en la vertiente leonesa del Parque Nacional de Picos de Europa. - ramiro

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M. Rabanillo | león 06/07/2015

Favorecer el régimen fiscal de la población residente en los municipios de la montaña es una de las recomendaciones recogidas en el informe final de la Comisión Especial de Estudio sobre las medidas a desarrollar para evitar la despoblación en las zonas de montaña, un documento que también reclama a las administraciones una «acción contundente» para atajar los procesos de despoblación y envejecimiento en estos pueblos. La comisión ha aprobado el documento después de dos años de sesiones, en las que han comparecido expertos y alcaldes de municipios de montaña, entre ellos el alcalde de Prioro, José Escanciano, el de Riello, Manuel Rodríguez, y el regidor de Candín, José Antonio Álvarez.

Las medidas fiscales propuestas enfocan una especial atención a los emprendedores, con beneficios en el IRPF, impuesto de sociedades, autónomos, módulos e I+D. En este sentido, el documento apela a considerar un negocio en los pueblos de montaña como un bien social «y por tanto establecer criterios de fiscalidad que se ajusten a la realidad de estos entornos» y apunta directamente como beneficiario de estos incentivos fiscales a quien obtenga más del 50 por ciento de sus ingresos de la actividad agraria y viva en una zona de montaña.

El informe reconoce el papel de los habitantes de estas zonas «gentes que, junto a sus recursos naturales y el conjunto de su patrimonio cultural, cumplen un papel esencial en la vertebración, preservación y gestión del territorio en el conjunto del Estado», un valor que se debe conservar a través de la recuperación de los espacios naturales de montaña y la generación de un empleo estable que contribuya a fijar población, «tanto para la gestión de actividades tradicionales como de las de nueva introducción». La intención de esta propuesta, que pretende asociar ambos objetivos, es armonizar el valor cultural del paisaje con las necesidades del territorio en el que la población se asienta «y al que, si se prestigia eficazmente el retorno a la montaña debiera sentirse vinculada», según reza el informe.

En un decálogo de 35 propuestas, también incluye la aplicación de programas de I+D para aumentar la competitividad de los sectores tradicionales, agrícola, ganadero y forestal. Así, se promueve el impulso al desarrollo de actividades más novedosas como la gestión de la biomasa y la diversificación de la actividad turística. Todo ello, recoge el documento, se debe aplicar «en el marco de un proyecto modernizador que defina objetivos e instrumentos jurídicos, administrativos y económicos, además de ser un espacio de convergencia de la necesaria intervención pública con las diversas iniciativas de la sociedad civil». La propuesta implica priorizar las políticas destinadas a impulsar proyectos económicos sostenibles en las zonas de montaña, capaces de asentar la población en el territorio y considera «ineludible» impulsar la calidad de vida en dichas áreas con especial énfasis en impulsar la participación de la mujer en la vida económica, política y social en igualdad de oportunidades.

La estrategia, apunta el informe, se debe abordar con una «perspectiva integral», fruto de la participación ciudadana. Lejos de las últimas políticas de recortes, la comisión incide en que la prestación de servicios públicos en las zonas de montaña «ha de ser considerado tanto en sus costes como en sus prestaciones un elemento esencial para evitar la despoblación» y va más allá y considera necesario «asumir las dificultades de dicha prestación inherentes a zonas de población dispersa y malas comunicaciones que conllevan, entre otros aspectos, mayores costes y disminución legal de las ratios de población para su prestación».

En sus recomendaciones finales, el informe destaca , entre otras medidas, el impulso a la competitividad del sector primera, la ganadería y la agroindustria así como la promoción de sus productos. También reclama que se potencie la industrialización de las zonas de alta montaña «de una manera sostenible», se incentive la gestión forestal, el empleo para la mujer y los jóvenes y aplicar en las medidas de la PAC «una singular atención a las zonas de montaña».

El informe aprobado por la comisión deberá someterse en las próximas semanas al refrendo del Senado. 

El informe hace hincapié en la necesidad de vertebrar el territorio «a través de buenas comunicaciones y con la introducción selectiva de nuevas tecnologías, como telefonía móvil e internet». La intención es asociar los intereses de la población actual al desarrollo del territorio «reconociendo las dificultades que existen para el relevo generacional».

Considera este principio una prioridad en las zonas de montaña «en las que no habrá futuro si no existe una conectividad digital planificada». Apuesta así por fomentar en las empresas y la administración el incremento de la cobertura territorial disminuyendo la brecha digital. Pide que se garantice el acceso a la banda ancha «como factor indispensable para que las zonas de montaña no estén al margen de la sociedad de la información».También recomienda que exista una planificación de movilidad básica que facilite el desplazamiento de los ciudadanos.

La economía y el empleo verde son claves en el informe, que apunta a la conservación de los hábitats, «manteniendo los usos tradicionales e incentivando actividades vinculadas a la naturaleza». El documento ve «ineludible» que se vincule la protección del medio ambiente a los intereses económicos de las personas y de los pueblos. La gestión de los bosques, con el desarrollo de actividades de deporte y ocio para impulsar la oferta de turismo rural obliga a potenciar la formación especializada en profesiones próximas al territorio y relacionadas con el monte. También apunta a las energías renovables como oportunidad de desarrollo y valora la labor de las escuelas taller, talleres de empleo y casas de oficios, que han contribuido a crear «una cultura de emprendimiento solidario». Entre las medidas dinamizadoras de empleo, incluye la puesta en valor del patrimonio cultural, material e inmaterial.

El documento pide que se reconozca la labor de municipios, comunidades autónomas, diputaciones, comarcas y mancomunidades «por los servicios, ayuda y apoyo que prestan a los municipios». De los servicios básicos destaca la necesidad de mejorar los centros educativos, incluidos los de educación infantil, y el impulso de medidas que aborden con eficacia el fracaso escolar.
También aborda la necesidad de ofrecer servicios que solucionen la problemática de conciliar la vida personal, familiar y laboral, además de consultorios médicos y centros residenciales de mayores.
Dentro de la perspectiva demográfica, el informe reclama que se introduzcan en el ordenamiento jurídico medidas de discriminación positiva en las políticas sociales de igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres y demográficas, especialmente en la financiación local.