Los pueblos arman la de San Quintín
Varias poblaciones leonesas mantienen conflictos con las diócesis de León y Astorga por sus propiedades Los obispados admiten que llevan años registrando «miles» de bienes que les pertenecían, monumentos incluidos Muchos pueblos están descubriendo indignados que casas rectorales que pagaron ellos han sido vendidas La Ley Hipotecaria, de 1946, mantiene el privilegio de los prelados a certificar como un funcionario público.
18/07/2011 marco romero | león
diariodeleon.es
María conserva un cuaderno con la anotaciones de cada jornada de trabajo en la ermita de Pardesivil del Curueño. Figura la fecha y las personas del pueblo que participan en los trabajos de reforma desde el 26 de agosto del 2008. «Ese día fuimos 18 y un tractor», revela la presidenta de un pueblo en el que sólo quedan trece vecinos. Desde entonces, con sus propios recursos y el trabajo de mayores, mujeres y chavales, han logrado poner en pie las ruinas de una ermita que data de 1630. Todavía hoy apuran las jornadas para que el 13 de agosto el templo y su entorno luzcan un aspecto inmejorable para el día de la convivencia vecinal. Pero hay un pero. El Obispado de León tiene que conceder la autorización para que se pueda utilizar la ermita como lugar de culto. Y en el pueblo, vista la presión que están ejerciendo los sacerdotes en otras parroquias de la provincia, temen que se les niegue esta posibilidad tras sus desavenencias con la diócesis. Pardesivil fue uno de los primeros pueblos de León en reaccionar ante el registro a gran escala que ha realizado la Iglesia Católica en su favor respecto a iglesias, atrios, cementerios, casas rectorales y otros inmuebles al amparo de los artículos 206 y 207 de la Ley Hipotecaria, que otorga a las diócesis la capacidad de registrar como propios bienes que no estaban inscritos a nombre de nadie y que consideran suyos. Este proceso se puede abrir sólo con que lo declare el diocesano correspondiente y sin exposición pública, por lo que muchos pueblos han empezado a enterarse ahora de que espacios públicos, casas rectorales o ermitas que consideraban suyas han sido registradas por la Iglesia. Y lo peor, que muchos de estos bienes ya han sido vendidos sin contar con quienes los han construido, usado, venerado y mantenido durante años, puede que siglos. La rápida actuación de los vecinos de Pardesivil impidió que esta situación se diera con la ermita que reconstruyen. Está en un monte comunal y no hay ni un solo papel que acredite la propiedad de un edificio que llevaba abandonado más de 30 años. El pueblo logró registró este lugar, no sin problemas. Del uso de la ermita se han responsabilizado históricamente las cofradías de San Tirso, San Blas y San Nicolás, cada una correspondiente a los pueblos de Pardesivil, La Mata del Curueño y Sopeña. Cuando la parroquia quiso inscribir a su nombre este templo, los pueblos se dividieron pero las pretensiones del obispado no prosperaron porque entendió que «no tenía derecho legal ni moral a esa propiedad», finalmente registrada por el pueblo en el año 2009, constata María Fernández, presidenta de la junta vecinal de Pardesivil. «Las causas comunes las mueven las emociones», sentencia.
Pero cualquier pueblo que se enfrente actualmente a la Iglesia por un bien común no lo tiene nada fácil, seguramente porque ya estará registrado a nombre de algún obispado o parroquia. Y el que registra primero tiene todas las de ganar en un proceso judicial, como se ha visto repetidamente en los últimos años. En definitiva, el proceso de las denominadas inmatriculaciones iniciado hace años por las diócesis de León y Astorga para poner a su nombre todo tipo de bienes locales que consideraron propios ha empezado a despertar recelos en los pueblos, que están comprobrando cómo propiedades que siempre han considerado suyas tienen como titular al ente diocesano, como ha ocurrido recientemente en la remota población cabreiresa de Quintanilla de Losada.
Los obispados de León y Astorga defienden con fervor sus actuaciones. El económo de la Diócesis de Astorga, Jesús Vallejo, admite que «son miles» los registros que se han realizado en el territorio que abarca este obispado en León, Ourense y Zamora, teniendo en cuenta que «tenemos 1.223 núcleos de población, algo así como el País Vasco y La Rioja juntos». «Y el proceso no está acabado», afirma. Desde que se iniciaron las inmatriculaciones en Astorga, ha habido litigios constantemente, pero sentencias como la de Ferreras de Cepeda a la que alude Vallejo han dado la razón al obispado. «Siempre hemos estados dispuestos a colaborar y si hemos tenido que perder lo hemos hecho para evitar líos». Lo cierto es que hoy mismo los Juzgados de Astorga han citado a los representantes vecinales del pueblo de la Cabrera para resolver el conflicto que mantienen desde hace semanas con el párroco por la instalación de un parque infantil junto a la iglesia, un terreno que el pueblo siempre consideró común. «Es un asunto tremendamente molesto, con gente a favor y en contra. Pero si es de mi propiedad y se cae un niño, la responsabilidad es mía». Quiere decir que el obispado defenderá hasta el final su derecho a retirar un columpio y un tobogán.
En la Diócesis de León, a través de un portavoz oficial, argumentan que la Iglesia está respaldada por varios artículos de la Ley Hipotecaria, redactada en 1946 y modificada diez veces hasta el 2003, y por el Acuerdo entre el Estado Español y la Santa Sede sobre Asuntos Jurídicos, firmado en 1979. Además, añaden que el certificado de dominio de tiempo inmemorial, que se justificaba con los libros de fábrica (libros de administración de los centros de culto), ha sido asumido por el Registro de la Propiedad. «Para entender este problema, hay que diferenciar dos esferas: lo que es el pueblo y lo que es el pueblo cristiano», apostillan desde esta diócesis.
El embrollo empieza a ser mayúsculo cuando los pueblos se ven incapacitados en la mayor parte de los casos para reclamar alguno de los bienes registrados por la Iglesia, puesto que tienen dos años para demostrar que la inscripción a favor de la Iglesia no perjudica a terceros. En la mayor parte de los casos este tiempo ya ha pasado, lo que no impide que muchas luchas vecinales se mantengan vivas en juzgados y en el propio pueblo. «Esto no lo quita ni Cristo que lo fundó», advierte pétreo un vecino de la Cabrera.
Aunque el asunto parece claro, resulta un tanto confuso. En España ha nacido la plataforma Ekimena (www.plataforma-ekimena.org) para iniciar la reclamación de bienes en lugares como Navarra, donde también han sido inmatriculadas miles de propiedades. Sus responsables parten del convencimiento de que esta fórmula ha sido prácticamente desconocida por las entidades locales, que también podían haber inmatriculado los mismos bienes. «A pesar de tener diversos inmuebles de su propiedad desde tiempo inmemorial, unas veces por ignorancia y otras por pasividad, no han utilizado esta vía para regularizar su situación y en defnitiva hacer que el registro de la propiedad corresponda con la realidad extrarregistral», sostiene la jurista de la plataforma. También advierte que la propiedad puede ser discutida, pero en ese caso los que se consideran propietarios deben acudir a los tribunales y ser ellos quienes prueben ser los dueños.
Además, como ocurre en muchas casas rectorales de la provincia, puede darse el supuesto de que la Iglesia haya vendido la propiedad, en cuyo caso si se ganara el pleito al obispado nunca se devolvería el inmueble, sino el precio por el que se vendió, casi siempre pírrico. Si el bien aún no está vendido, los ayuntamientos o juntas vecinales pueden reclamarlo por la vía judicial, pero les espera un duro proceso, puesto que tienen que tener en su poder documentación en la que fundar sus derechos sobre la propiedad.
Lo mismo ocurre con los bienes muebles. El artículo 449 del Código Civil establece que la posesión de una cosa raíz supone también la de los muebles y objetos que se encuentren dentro, mientras no se acredite que deben ser excluidos. Es decir, que en aquellos lugares donde se conserven documentos que acrediten la compra de bienes muebles, caso de un retablo, por parte de un pueblo se puede solicitar su recuperación «porque el hecho de que se haya inscrito recientemente el inmueble no conlleva que todo lo que esté en su interior y haya sido sufragado con cargo a las arcas locales pertenezca a la Iglesia», observa la letrada.
Todo se envuelve en una compleja esfera jurídica. Los ob ispados, en su defensa, alegan el artículo 206 de la Ley Hipotecaria: «El Estado, la provincia, el municipio y las corporaciones de derecho público o servicios organizados que forman parte de la estructura política de aquél y las de la Iglesia Católica, cuando carezcan del título escrito de dominio, podrán inscribir el de los bienes inmuebles que les pertenezcan mediante la oportuna certificación librada por el funcionario».
Asimismo, las diócesis leonesas citan el artículo 304 del Decreto del Reglamento Hipotecario, en el que los obispos adquieren la función de cargo público cuando se les permite certificar la propiedad de un bien: «En el caso de que el funcionario a cuyo cargo estuviese la administración o custodia de los bienes no ejerza autoridad pública ni tenga facultad para certificar, se expedirá la certificación por el inmediato superior jerárquico que pueda hacerlo, tomando para ello los datos y noticias oficiales que sean indispensables. Tratándose de bienes de la Iglesia, las certificaciones serán expedidas por los diocesanos respectivos».
Otra de las bazas que tienen los respectivos obispados es el artículo 5 del citado Reglamento Hipotecario, en el que se recoge literalmente que «los bienes inmuebles de dominio público también podrán ser objeto de inscripción, conforme a su legislación especial».
Otra de las claves que subrayan desde el Obispado de León es el artículo 1.2 del Acuerdo entre el Estado Español y la Santa Sede sobre Asuntos Jurídicos, que da a la Iglesia libertad para «organizarse libremente» y en particular «crear o suprimir parroquias que gozarán de personalidad jurídica civil», razón por la que muchas de las inmatriculaciones han sido promovidas por los párrocos en consonancia con las órdenes del diocesano.
Todos estos argumentos, que son prácticamente los mismos que los utilizados por otras diócesis para explicar la situación en muchos pueblos, están considerados por la Plataforma en Defensa del Patrimonio «fuera de la Constitución», en particular el artículo 206 de la Ley Hipotecaria «que mantiene el privilegio franquista de los diocesanos a ejercer como si del Estado, la provincia o el municipio se tratara».
Muchos pueblos se han plantado frente a las actuaciones de la Iglesia, incluso han llegado a los tribunales. A continuación, algunos de los casos de la provincia; unos conocidos, otros silenciados.
QUI NTANILLA DE LOSADA
El parque de los niños lleva a los mayores ante el juez
El plan urbanístico de Encinedo, municipio cabreirés al que pertenece Quintanilla de Losada, señala un pequeño terreno junto a la iglesia parroquial con destino a uso público. «Por eso hicimos el parque allí», explica el pedáneo. Pero el párroco se enfadó porque nadie le había consultado, así que informó a sus superiores, que pronto enviaron a un perito para levantar acta de la construcción iniciada por el ayuntamiento: un tobogán y un columpio de pequeñas dimensiones. Quisieron paralizar la obra, pero la orden judicial ha llegado cuando el parque infantil ya se está utilizando por los siete niños y niñas que viven en el pueblo. No obstante, hoy hay citación judicial, por lo que todo puede pasar.
Para el pueblo es lo de menos. Si hay algo que les sigue doliendo es haberse quedado sin misa el día de la fiesta. El párroco cumplió su amenaza y no abrió la iglesia. Esa es la versión del pueblo porque él recibe a los periodistas con un soberbio «no quiero hablar con vosotros» para inmediatamente después concluir con un «Dios te bendiga». «Nos ha quitado las llaves de la iglesia y eso no se puede consentir; si no quiere venir a decir misa que no venga, pero queremos abrir la iglesia porque la gente quiere entrar a rezar», indica el presidente de Quintanilla.
Se da la circunstancia de que el párroco de la zona, antes de tener el conflicto en Quintanilla, había recibido un buen varapalo del Ayuntamiento de Encinedo al paralizarle una construcción aneja a la iglesia para instalar calefacción en el templo. «Con los feligreses que tienen, no sé cómo se andan con esas», espeta Mercedes, vecina de Quintanilla.
VILLAR DE CIERVOS
La ermita del milagro que ha dividido a un pueblo
«Hubo un milagro y el pueblo hizo la ermita en ese lugar, hasta que en 1993 se refundó una cofradía en el pueblo y al inscribirse en el obispado se levantó la liebre», comenta la presidenta de Villar de Ciervos, María Elena Chana Peña. Mantiene que fue entonces cuando la Iglesia inmatriculó la ermita de la Vera Cruz, pero ellos no se enteraron hasta hace tres años. Como en casi todos los pueblos, hubo división de opiniones, casi siempre a favor de no buscar problemas con los párrocos. «Aquí el cura también dijo que no decía misa», recuerda. Este pueblo, uno de los más remotos de la comarca maragata, construyó con sus recursos la casa rectoral, registrada hace unos años por el obispado y ya vendida a un particular. Parte del dinero de esta venta (unos 1.800 euros) fue destinado al arreglo de la iglesia parroquial, que se encuentra en un estado lamentable. El resto de las obras han sido financiadas por los vecinos, «pero la gente no ha querido luchar». Cuando conocieron que por otros lados de España se estaba produciendo este proceso de inmatriculaciones también a gran escala, acudieron al Registro de la Propiedad y comprobaron que el pueblo se había quedado sin los bienes que consideraba suyos. Llenaron los pueblos de panfletos, pero no tuvieron apoyo en una población envejecida y muy creyente.
Una de las consecuencias de este conflicto llega ahora, con la fiesta del pueblo. La junta vecinal ha organizado históricamente una jornada de convivencia, junto a la ermita, en la que ya no colabora. Y no lo hace como respuesta al trato diocesano con este pueblo. «Con la Iglesia hemos topado, tienen la sarten por el mango, y eso que yo soy creyente...».
Otra de las polémicas que enfrenta a la junta vecinal con la parroquia es el abandono que sufre este templo, incluso después de informar al párroco sobre la aparición de pinturas antiguas bajo el enyesado. «Quería pintar encima de blanco y se lo prohibimos, así que ahí están los desconchones en los que se ve que hay unas pinturas extraordinarias».
MOLINAFERRERA
La casa del cura reconvertida en lugar de encuentro para cazadores
Las mujeres más longevas de Molinaferrera comen «mucha berza, poca carne y se ponen a la sombra». Su recomendación la hacen una calurosa tarde de verano, ajenas a la polémica que mantuvo en su día el pueblo contra el Obispado. Ahora ya todo parece calmado, aunque la indignación aún se palpa entre ciertos vecinos. El problema de Molinaferrera nació en torno a la casa rectoral, construida por el pueblo. «Yo misma trabajé allí», asegura una de las mujeres. «Y lo hizo todo el pueblo, con piedra y madera». Efectivamente, el trabajo de los vecinos se proyecta hoy sobre una singular edificación trasnsformada en una casa para aficionados a la caza. Cuando el pueblo se dio cuenta, la vivienda había sido registrada por el obispado y posteriormente vendida. El pueblo llegó a amanecer repleto de pintadas como «Esta casa no se bende» y «sinberguenzas». A pesar de que la diócesis sostiene en todo momento que el pueblo fue informado durante días con un cartel, los vecinos niegan este hecho y alguno de ellos lamenta no haber podido participar en una subasta para adquirir el inmueble, con enorme componente emotivo para los vecinos.
LAGUNA DE NEGRILLOS
Los vecinos creen que la batalla contra -˜Goliat-™ no está perdida
Es uno de los ejemplos de lucha vecinal. Su caso se refiere a la ermital del Arrabal, aneja a la parroquia de San Juan Bautista. Como en todos los demás casos, la Iglesia registró estos bienes como propios y el pueblo levantó en cólera. Tanto que llevaron el asunto a los tribunales y se dictó una sentencia que vino a reconocer la legalidad de la actuación del obispado. Legal, pero ¿moral? Es lo que se pregunta la Asociación en Defensa del Patrimonio Navarro, primera y única asociación en España que promueve contenciosos por lo que consideran una apropiación del patrimonio común. Los responsbles de esta entidad tan sólo conocen de León el caso de Laguna de Negrillos, puesto que un grupo de vecinos se ha puesto en contacto con esta entidad para interesarse por todas las vías que tienen para reclamar este patrimonio y denunciar la desaparición de otras obras de arte, de lo que ya han dejado constancia.
ANDIÑUELA
Se llevaron todo lo de valor y lo cambiaron por figuras de escayola
«Siempre se dijo que aquella maleta pesaba». Alguno en la población maragata de Andiñuela todavía cree saber cómo se llevaron del pueblo el cáliz, una cruz de plata, la custodia... «Todo lo que había de valor, y nunca se supo quién fue», dice el hombre. «La Guardia Civil enseguida vio que aquello fue un misterio», responde otra vecina. No saben nada más, lo único que recuerdan es que «molestaron a todos los vecinos», lo que quiere decir que entraron en sus casas, les hicieron preguntas... Ahora que el obispado ha realizado el inventario de bienes y su patrimonio artístico, «las imágenes buenas nos las han cambiado por unas de escayola», un procedimiento que se ha seguido en los últimos años para custodiar tallas y piezas de gran valor artístico que se encuentran en templos totalmente desprotegidos. El ecónomo de la Diócesis de Astorga, Jesús Vallejo, asegura que su obispado tiene un lugar expresamente destinado a custodiar el patrimonio de los pueblos, totalmente accesible a cualquiera. Aquí, en Chana y en otros tantos sitios de la zona el obispado se hizo con la titularidad de la casa rectoral para después venderla. Hay casos, no obstante, en que la pedanía se les adelantó.
ARMELLADA
La casa del cura era del cura y también fue vendida
La casa del cura de Armellada fue dejada en herencia al pueblo por un sacerdote, allá por los años 50. Estaba en muy malas condiciones y el pueblo la reformó totalmente a partir de los años 70. «La vendieron tirada de precio», manifiesta una vecina. Durante un tiempo, la junta vecinal se interesó por la propiedad de este bien, pero nunca se les atendió en el obispado, afirma una de las promotoras de aquella plataforma. De eso, hace ya doce años. Lo curioso de todo esto es que el pueblo, a pesar de las desavenencias con el obispado por este bien en concreto, puso posteriormente 120 euros por cada vecino para arreglar la iglesia parroquial y construir una pequeña capilla para uso habitual. Allí están las imágenes de San Fabián y San Sebastián, mártires. De la misma manera, la torre de esta iglesia se hizo vendiendo unos terrenos comunales del pueblo. Pese a ello, la iglesia está inmatriculada a favor de la Iglesia Católica.
