La nueva Ley de Montes permite recalificar áreas quemadas
Ecologistas y oposición creen que puede provocar más incendios intencionados
Tareas de extinción del fuego del término municipal de Chulilla (Valencia) en septiembre pasado. / tania castro
El primer Consejo de Ministros del año aprobó este viernes la
controvertida modificación de la Ley de Montes, una norma cuya
elaboración ha tenido en vilo durante cerca de dos años a las
organizaciones ecologistas. El punto más conflictivo es el que abre la
posibilidad de cambiar el uso de los terrenos quemados, algo que en la normativa actual, de 2003,
está prohibido durante los 30 años posteriores a un incendio. “Existe
el riesgo de que se vuelvan a provocar incendios para permitir la
construcción en zonas quemadas”, aseguró Ecologistas en Acción.
El artículo 50 del proyecto de ley incluye una excepción a la
prohibición general: las comunidades autónomas podrán acordar el cambio
de uso forestal de un monte quemado cuando se den “razones imperiosas de
interés público de primer orden”. Para SEO/BirdLife, esto genera
inseguridad jurídica porque se trata de conceptos “abiertos a
interpretación” que podrían abrir la puerta a desarrollos urbanísticos
en terrenos incendiados. El Ministerio de Agricultura, Alimentación y
Medio Ambiente hace una lectura muy diferente: se trata de impedir que
un fuego intencionado pueda impedir actuaciones de interés general. La
ministra, Isabel García Tejerina, puso ayer un ejemplo de lo que se
pretende evitar: que se anuncie la obra de una carretera que exige
expropiar un terreno y el propietario lo queme para evitar que se pueda
llevar a cabo durante 30 años.
Begoña Nieto, directora general de Desarrollo Rural y Política
Forestal, admitió que existe la posibilidad de que ocurra lo que
denuncian los ecologistas, pero aseguró que es muy remota. “El cambio de
uso no es tan sencillo. El texto prevé que se haga mediante una ley
autonómica, en un proceso público. Tienen que concurrir razones de
interés público de primer orden”, subrayó.
García Tejerina compareció tras el Consejo de Ministros para
presentar las novedades de la ley. Entre otras cosas, regulará la figura
de los montes de socios, que ocupan millón y medio de hectáreas en toda
España, de forma que se puedan gestionar sin necesidad del acuerdo de
todos los propietarios. Nieto explicó que se trata de evitar el abandono
de montes en los que, con los años, se ha ido desdibujando la
propiedad. Ahora no se pueden tomar decisiones sin el acuerdo de todos
los dueños.
La nueva ley creará una figura nueva, las sociedades forestales, que
permitirán que los montes se gestionen de forma agrupada sin que los
propietarios pierdan la titularidad. “En España hay muchos montes que
están abandonados y se están deteriorando. Queremos evitar ese abandono.
Un monte gestionado es un monte cuidado”, afirmó García Tejerina. Otro
de los objetivos que persigue la nueva ley es simplificar los
instrumentos de gestión de los montes. Se clarificará su clasificación,
dividiéndolos en cuatro categorías.
El texto permitirá también a las comunidades autónomas aprobar unos
modelos técnicos más sencillos y baratos para que los propietarios hagan
sus propios planes de gestión forestal. Para Nieto, esta es la mejor
manera de fomentar estos instrumentos. Ecologistas en Acción considera
sin embargo que la nueva ley elimina la obligatoriedad, existente en la
anterior, de que todos los montes cuenten con un instrumento de gestión.
Poco más de un 12% de la superficie forestal de España cuenta con este
tipo de ordenación. “Era obligatorio, pero no se hizo absolutamente
nada, no se hizo cumplir”, aseguró Nieto.
Otra de las novedades de la ley es una futura “estrategia nacional de
gestión cinegética” y un registro nacional de infractores de caza y
pesca. Para Ecologistas en Acción estos cambios tienen “poco que ver con
la gestión de los montes” y responden a la buena relación del PP con el
sector cinegético “al que favorece con estos cambios”. Nieto señaló que
se trata únicamente de coordinar las diferentes normas de las
comunidades, por ejemplo en la veda o en la caza de especies
migratorias.
“No es casualidad que todas las leyes ambientales del PP estén llenas
de excepciones como la ley de costas, la ley de Patrimonio Natural y la
de montes”, señaló ayer Pilar Lucio, secretaria general de Cambio
Climático del PSOE.
La Ley de Montes actual, de 2003,
incluyó como una de sus principales novedades la prohibición del cambio
de uso forestal de las zonas incendiadas al menos durante 30 años. Se
trataba de evitar que se provocaran fuegos con fines especulativos. El
artículo 50 del único borrador conocido hasta ahora de la nueva norma, adelantado por EL PAÍS en marzo de 2013,
echaría por tierra esa precaución al incluir esta frase: “Con carácter
excepcional las comunidades autónomas podrán acordar cambio de uso
forestal cuando concurra un interés general prevalente”. Esa frase se ha
modificado en el texto aprobado en el Consejo de Ministros.
García Tejerina descartó durante la presentación de la campaña de
extinción y prevención de incendios forestales de 2014 que la
modificación de la ley actual incluyera la posibilidad de vender montes
públicos. El borrador de 2013 tranquilizó a los ecologistas en ese punto
porque, tal y como estaba redactado, no lo permite. El anterior
ministro, Miguel Arias Cañete, aseguró a los ecologistas que la norma
"no facilita" la desamortización.
La noticia, adelantada por este diario, de que el Gobierno de Castilla-La Mancha había pedido a sus ingenieros de montes informes sobre unos 50 terrenos de utilidad pública que sería interesante privatizar,
saltó en plena elaboración de la nueva ley, lo que acrecentó los
recelos de los ecologistas y de los funcionarios de la Administración
regional. El estatus legal de los montes de utilidad pública, por tanto,
se mantiene como está: son bienes de dominio público, es decir,
“imprescriptibles, inembargables e inalienables”.
Ecologistas en Acción ha calificado de "innecesaria y
contraproducente" la modificación de la Ley de Montes. Para la
organización los cambios en la ley no incorporan mejoras sustanciales
para la gestión de los bosques, invaden competencia autonómicas porque
incorpora regulaciones cinegéticas y supone un "grave retroceso" en la
necesaria planificación forestal.
