El primer programa nacional de desarrollo rural sostenible ya tiene presupuesto. Entre 2010 y 2014, el Ejecutivo y las comunidades tendrán que asumir a medias un gasto de 1.290 millones de euros para frenar el éxodo a las ciudades, según consta en el primer borrador del programa.
Carlos Molina - Madrid - 05/10/2009. Cincodias.com.Gobierno, comunidades y ayuntamientos han cerrado el primer borrador del programa de desarrollo rural sostenible, que fija los criterios y la financiación que deberán aportar las tres Administraciones para evitar que los 6.694 municipios rurales que existen en España acaben desapareciendo a medio plazo. En el documento, al que ha tenido acceso Cinco Días, se fijan los ejes sobre los que se tendrá que vertebrar el impulso a las zonas rurales y el presupuesto necesario para abordar todas las actuaciones previstas entre 2010 y 2014. En la memoria económica se establece un presupuesto de 1.290 millones de euros para ese quinquenio, que tendrá que ser financiado a medias entre el Estado y las comunidades.
De este modo, el Ejecutivo financiará 600 millones y el resto será aportado por las comunidades autónomas, a las que se ha asignado un porcentaje en función de criterios como el porcentaje de superficie rural, densidad de población, insularidad, tasa de envejecimiento, dispersión de la población o renta per cápita autonómica. Castilla-La Mancha, Castilla y León y Andalucía suman el 50% de los fondos regionales necesarios y tendrán que aportar más de 300 millones de euros entre las tres.
El objetivo del programa, que ahora pasará el trámite de audiencia pública para incluir las aportaciones de agentes sociales, organizaciones agrarias y representantes políticos, es frenar el masivo éxodo de las zonas rurales. En los últimos diez años, la población en los núcleos urbanos ha crecido en más de cinco millones de personas, mientras que en las zonas rurales, el incremento apenas llega al medio millón.
Cinco ejes de actuación
La falta de oportunidades, el escaso desarrollo económico y las carencias en servicios esenciales como sanidad o educación han provocado que el éxodo de los pueblos a las ciudades haya continuado, en especial por parte de las capas más jóvenes de la población. Para corregir esa situación, cada comunidad se ha encargado de elaborar un plan de zona, en el que ha incluido las principales carencias de las zonas y las necesidades de financiación para subsanarlas. Una vez recogidas todas las peticiones de las comunidades autónomas se han establecido cinco ejes sobre los que habrá que actuar: actividad económica y empleo, infraestructuras, servicios y bienestar social, medio ambiente y agua y diversificación de la economía.
Cada uno de ellos recoge una serie de objetivos a cumplir en los próximos cinco años. Entre los más importantes se encuentra dotar de acceso por carretera asfaltada a cualquier núcleo que tenga más de 50 habitantes, asegurar el abastecimiento energético a través de una mayor participación de las energías renovables, garantizar el consumo de agua potable y depurada, disponer de aulas permanentes para garantizar la educación a los menores de tres años, de un servicio de urgencias sanitarias a menos de 30 minutos o de un servicio selectivo de recogida de basuras.
Masivo desplazamiento de la población femenina
En 2008, sólo un 38% de la gente que había nacido en un pueblo permanecía en el mismo, según datos incluidos en un estudio elaborado por la Fundación La Caixa. Este porcentaje significa un recorte de seis puntos y medio en siete años y refleja el masivo éxodo desde las ciudades a los pueblos, en especial en lo que se refiere a la generación "soporte" (aquella que en la actualidad tiene entre 30 y 49 años). Esa variación, según el estudio, ha sido especialmente sensible entre las mujeres, lo que ha propiciado que el predominio de los hombres entre la población rural española en edad activa se haya acentuado. De hecho, por cada 100 hombres censados en un pueblo hay 80 mujeres, una proporción aún menor y más acentuada en las poblaciones de menos de 2.000 habitantes.
Según los autores del estudio, la emigración femenina se ha visto alentada por las mejores oportunidades educativas y laborales que ofrecen las ciudades frente a las restricciones que ofrece el entorno rural, en el que el papel de la mujer se reduce a la economía doméstica.
A estos inconvenientes se le suman las deficiencias existentes en servicios básicos, como sanidad, educación y transporte que padecen la gran mayoría de los municipios rurales, lo que en muchos casos impide la conciliación laboral y familiar.
De este modo, el Ejecutivo financiará 600 millones y el resto será aportado por las comunidades autónomas, a las que se ha asignado un porcentaje en función de criterios como el porcentaje de superficie rural, densidad de población, insularidad, tasa de envejecimiento, dispersión de la población o renta per cápita autonómica. Castilla-La Mancha, Castilla y León y Andalucía suman el 50% de los fondos regionales necesarios y tendrán que aportar más de 300 millones de euros entre las tres.
El objetivo del programa, que ahora pasará el trámite de audiencia pública para incluir las aportaciones de agentes sociales, organizaciones agrarias y representantes políticos, es frenar el masivo éxodo de las zonas rurales. En los últimos diez años, la población en los núcleos urbanos ha crecido en más de cinco millones de personas, mientras que en las zonas rurales, el incremento apenas llega al medio millón.
Cinco ejes de actuación
La falta de oportunidades, el escaso desarrollo económico y las carencias en servicios esenciales como sanidad o educación han provocado que el éxodo de los pueblos a las ciudades haya continuado, en especial por parte de las capas más jóvenes de la población. Para corregir esa situación, cada comunidad se ha encargado de elaborar un plan de zona, en el que ha incluido las principales carencias de las zonas y las necesidades de financiación para subsanarlas. Una vez recogidas todas las peticiones de las comunidades autónomas se han establecido cinco ejes sobre los que habrá que actuar: actividad económica y empleo, infraestructuras, servicios y bienestar social, medio ambiente y agua y diversificación de la economía.
Cada uno de ellos recoge una serie de objetivos a cumplir en los próximos cinco años. Entre los más importantes se encuentra dotar de acceso por carretera asfaltada a cualquier núcleo que tenga más de 50 habitantes, asegurar el abastecimiento energético a través de una mayor participación de las energías renovables, garantizar el consumo de agua potable y depurada, disponer de aulas permanentes para garantizar la educación a los menores de tres años, de un servicio de urgencias sanitarias a menos de 30 minutos o de un servicio selectivo de recogida de basuras.
Masivo desplazamiento de la población femenina
En 2008, sólo un 38% de la gente que había nacido en un pueblo permanecía en el mismo, según datos incluidos en un estudio elaborado por la Fundación La Caixa. Este porcentaje significa un recorte de seis puntos y medio en siete años y refleja el masivo éxodo desde las ciudades a los pueblos, en especial en lo que se refiere a la generación "soporte" (aquella que en la actualidad tiene entre 30 y 49 años). Esa variación, según el estudio, ha sido especialmente sensible entre las mujeres, lo que ha propiciado que el predominio de los hombres entre la población rural española en edad activa se haya acentuado. De hecho, por cada 100 hombres censados en un pueblo hay 80 mujeres, una proporción aún menor y más acentuada en las poblaciones de menos de 2.000 habitantes.
Según los autores del estudio, la emigración femenina se ha visto alentada por las mejores oportunidades educativas y laborales que ofrecen las ciudades frente a las restricciones que ofrece el entorno rural, en el que el papel de la mujer se reduce a la economía doméstica.
A estos inconvenientes se le suman las deficiencias existentes en servicios básicos, como sanidad, educación y transporte que padecen la gran mayoría de los municipios rurales, lo que en muchos casos impide la conciliación laboral y familiar.
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