EL JUEZ IMPLICA AL PRESIDENTE DE LAS CORTES REGIONALES EN EL "CASO GÜRTEL"

El juez implica al presidente de las Cortes regionales en el 'caso Gürtel'
El instructor de Madrid se inhibe tras afirmar que Fernández Santiago pudo cobrar 39.000 euros en comisiones de Correa por una obra
30.11.10 - 00:36 - MELCHOR SÁIZ-PARDO | MADRID.

Primero, Madrid. Luego, Valencia. Y ahora, Castilla y León. El juez del tronco central del 'caso Gürtel', Antonio Pedreira, acordó ayer enviar parte de la investigación sobre la trama corrupta al Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León al constatar que hay indicios de que el presidente del Parlamento de esta comunidad, José Manuel Fernández Santiago, 'Toti', pudo cobrar «irregularmente» 39.000 euros como sobornos por intermediar en la adjudicación para la construcción de la variante de la localidad leonesa de Olleros de Alba.
En su resolución, Pedreira considera que las pruebas contra Fernández Santiago son suficientes para imputarle por los delitos de «prevaricación y cohecho», como había solicitado la pasada semana la Fiscalía Anticorrupción. Según el magistrado, las pruebas aportadas por la Brigada Antiblanqueo permiten afirmar que durante la «tramitación» de aquel expediente, siendo Fernández Santiago consejero de Fomento, se «incurrió en diversas irregularidades, vulnerando los principios de publicidad, concurrencia, objetividad y transparencia». El juez insiste en que tanto «la orden de inicio de este expediente» como la adjudicación llevan la firma de 'Toti'.
La obra fue a parar a Teconsa, una de las principales empresas implicadas en el 'caso Gürtel', que ganó el concurso en abril de 2003 y obtuvo un contrato por valor de 2.847.959 euros, sin IVA. A cambio, explica Pedreira en su resolución, la compañía repartió entre los muñidores del contrato el 3% del mismo, una vez pagado el IVA, lo que ascendió a 96.100 euros.
El fax clave
Estas comisiones fueron centralizadas por Correa, que repartió entre las personas que supuestamente habrían conseguido el contrato para Teconsa. Fernández Santiago habría cobrado en dos pagos los 39.000 euros. El ex eurodiputado Gerardo Galeote habría percibido 26.400 euros. Luis Bárcenas, ex tesorero del PP nacional, se habría hecho con 18.600. Jesús Merino, ex diputado por Segovia y también consejero de Fomento desde 1991 hasta 1999, se habría embolsado 18.600. Y Francisco Correa, el 'capo' de la trama corrupta, se habría quedado con 17.500 por coordinar la operación.
Pedreira revela que la información sobre aquella operación amañada apareció en el registro del domicilio del contable de la red, José Luis López Izquierdo. Durante aquel allanamiento, simultáneo a la detención de Correa en febrero de 2009, apareció una carpeta de color azul en la que había varios documentos, entre ellos un fax de la Consejería de Castilla y León en el que se remitía la adjudicación definitiva de aquella obra, junto a la que había un desglose del 3%, las supuestas comisiones.
Junto a ese fax, y unidos por un clip, aparecieron una siglas y unas cantidades. Señala el magistrado que tras meses de investigación, y tres informes diferentes y varias pericias, la Policía Judicial certificó quiénes estaban tras las enigmáticas siglas: T.O. ('Toti'), G (Galeote), L (Bárcenas), J (Merino) y PC (Correa). A la vista de las pruebas presentadas por la brigada Antiblanqueo de la Policía, Pedreira concluye que en la «causa existen indicios bastante del cobro de una comisión» por parte de los cinco sospechosos, y en consecuencia decreta la «inhibición parcial» a favor del Tribunal Superior castellanoleonés ya que Fernández Santiago es aforado por su condición de presidente de las Cortes.
Al margen de la supuesta implicación de 'Toti', el juez se centra en las pruebas contra Merino, de quien recuerda que, aunque en el momento ya no era consejero, tenía «posible influencia y acceso a la información de concursos de la Junta de Castilla y León», como probaría el hecho de que envió al número 2 de la trama, Pablo Crespo, pliegos del concurso antes de su que éstos se publicaran oficialmente.
Gomecello
Según explicaron fuentes judiciales, el magistrado decreta la inhibición solo sobre la adjudicación de Olleros de Alba, ya que cree, como Anticorrupción, que no hay pruebas concluyentes contra otros altos cargos regionales por otros concursos que la Policía tiene bajo la lupa. El primero es la construcción de un centro de tratamiento de residuos en la localidad salmantina de Gomecello, que fue adjudicada por 22 millones de euros a las empresas Sufi y Teconsa.
Los informes policiales sostienen que aquel concurso supuso para Correa una comisión de 600.000 euros, aunque sólo cobró una parte. Eso sí, ese porcentaje también fue repartido entre tres ex altos cargos del PP que percibieron 60.000 euros cada uno. Una cuarta persona que responde a las iniciales «CL - S» se llevó 144.200 euros. La Policía apunta que tras la sigla 'S' habría otra alto cargo de del Ejecutivo autonómico castellano y leonés, pero para el juez esta suposición no está suficientemente probada.
El otro concurso investigado es la construcción de la variante de Villanueva de Mena por valor de siete millones y que también ganó Teconsa cuando Fernández Santiago era consejero de Fomento. Tampoco en ese caso, considera Pedreira, hay pruebas suficientes, por ahora, para apuntar a altos cargos autonómicos.
Teconsa, que consiguió contratos en otras comunidades gobernadas por el +, ganó entre 2000 y 2009 hasta 23 adjudicaciones de la Junta de Castilla y León, según los informes de la Unidad contra la Delincuencia Económica y Fiscal.