¡¡¡ QUE PAGUEN !!!...

La CHD "aplicará" lo necesario para que se pague el IBI de los embalses
La medida afecta a regantes o hidroeléctricas, mediante una directiva europea / Valín afirma que se "analizará", pero será algo que "hay que tener en cuenta"  

Luis V. Huerga / @luisvhuerga       28/10/2013

La Confederación Hidrográfica del Duero (CH) aún no tiene clara su postura sobre la directiva europea que obliga a los usuarios de los embalses, como regantes o empresas energéticas, a afrontar el pago del Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI), algo que ya ha suscitado las primeras críticas. El presidente del órgano, José Valín, ha señalado este lunes en León que “no hay ninguna decisión al respecto” por parte de la CHD, pero ha reconocido que “es algo que está ahí y que hay que tener en cuenta”.

Este IBI que cobran los ayuntamientos es algo que “hay que analizar con detalle” y Bruselas ahora incide en que hay que “repercutirlo” sobre los usuarios, que tienen que aportar los fondos para cubrir afrontar la tasa. “Es un problema novedoso de recuperación de costes y hay que analizarlo desde un punto de vista jurídico y administrativo. Tenemos previsto llegar a una solución en unos meses y aplicar lo que haya que aplicar, que será de carácter general para toda España”.

Esta medida atiende a la base del “principio de recuperación de costes” en un país en el que, según Valín, “siempre ha mantenido” una política de “no repercutir en estas cuestiones” aunque “lógicamente la directiva de Bruselas está incidiendo” en el marco de la elaboración de los planes hidrológicos para las cuencas. “Como confederación, tenemos que aplicar la normativa y aplicarla con las instrucciones que se concreten de carácter general para toda España”.

Sin embargo, la medida tendrá especial incidencia en un país que “ha considerado siempre el agua con un criterio de subvención pública importante”. “Normalmente, ningún ciudadano suele pagar las inversiones del agua en más de un 30 o 40%. La mayor parte de las inversiones del agua están subvencionadas en un alto grado”. Un “interés público” que, a pesar del mandato de Europa, se pretende “mantener”, aunque “habrá que ir poco a poco a la situación de esas normativas europeas”.