Opinión: Miguel Ángel Ceballos Ayuso
Informe Especulación: «Gürtel por Ley»
¿Por qué la Junta legisla para favorecer intereses privados, en contra de sentencias y de la legislación medioambiental?
Lunes 7 de febrero de 2011, por Federación de Asociaciones de Vecin@s de Valladolid
Ciudad del Medio Ambiente, Ciudad del Golf, Parque de Ocio de Arlanzón, estación de esquí de San Glorio, Meseta Ski, vertederos de Santovenia de Pisuerga, Fresno de la Ribera, Gomecello. Son algunas iniciativas público-privadas desarrolladas en Castilla y León con el marchamo de ’Proyecto Regional’, al amparo de las amplias y crecientes prerrogativas concedidas al ejecutivo y al legislativo por la Ley regional de Ordenación del Territorio.
Todas tienen en común la vulneración de la legislación ambiental europea, estatal o autonómica, puesta de manifiesto en la mayor parte de los casos a través de sentencias judiciales. Y todas responden al interés de una empresa mercantil, promotora privada o concesionaria pública, con estrechos vínculos con el poder político regional. La investigación de las ramificaciones de la trama Gürtel en Castilla y León apunta a la corrupción política como nexo de unión entre ambos términos, aunque de momento sólo se investiga un caso. Se trata del Centro de Tratamiento de Residuos Urbanos para la provincia de Salamanca, en el término municipal de Gomecello. Su aprobación como Proyecto Regional por Decreto 65/2004, de 1 de julio vino motivada por la oposición del Ayuntamiento de la localidad a albergar el vertedero provincial de residuos urbanos en su municipio, cuya construcción la Consejería de Medio Ambiente había adjudicado el 11 de abril de 2003 por casi 23 millones de euros y una mínima baja del 1,2% a la U. T. E. SUFI, S. A.-TECONSA.
Suspendido el proyecto por Auto de 27 de julio de 2004 del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de Castilla y León, por carecer de cobertura legal en el entonces recién anulado Plan Regional de Residuos Urbanos, a iniciativa de la Junta de Castilla y León las Cortes regionales lo declaran Proyecto Regional por Ley 6/2005, de 26 de mayo. El conflicto de competencias planteado ante el Tribunal Constitucional por el Ayuntamiento de Gomecello, pendiente aún de resolución, no paralizó la construcción del vertedero, hoy plenamente operativo.
Años más tarde, la investigación del caso Gürtel ha destapado una comisión ilegal de 384.670 euros, entregada presuntamente por las empresas adjudicatarias de las obras al responsable de la trama Francisco Correa, el extesorero nacional del Partido Popular Luis Bárcenas, el ex-eurodiputado Gerardo Galeote y el ex-diputado por Segovia Jesús Merino (60.000 euros cada uno), además de a la entonces Consejera de Medio Ambiente y hoy Consejera de Agricultura y Ganadería de la Junta de Castilla y León, Silvia Clemente (144.200 euros).
Hasta la fecha, no constan investigaciones por corrupción en los restantes proyectos citados, pero algunos detalles de su génesis se explican mucho mejor con la mediación de ’incentivos’ como los presuntamente recibidos por Silvia Clemente y otros altos cargos del Partido Popular en el caso Gomecello.
VERTEDEROS
Los vertederos de residuos de industriales de Santovenia de Pisuerga (Valladolid) y Fresno de la Ribera (Zamora) son propiedad de la filial medioambiental de la constructora ACS, el Grupo Urbaser. El primero, destinado a residuos tóxicos y peligrosos y ubicado a las puertas de la ciudad de Valladolid, fue declarado ilegal por el Tribunal Supremo en sentencia de 3 de diciembre de 2001, en ejecución de la cual fue clausurado en mayo de 2002. Dos meses más tarde, la Junta de Castilla y León lo reabre gracias a la Ley 9/2002, de 10 de julio, para la declaración de proyectos regionales de infraestructuras de residuos de pasar por encima de las sentencias judiciales desfavorables y apartar a los ciudadanos y a los tribunales ordinarios del control de las decisiones administrativas del Gobierno regional.
El vertedero de Fresno de la Ribera, destinado a residuos no peligrosos y ubicado en las proximidades del río Duero, aguas arriba de la ciudad de Zamora, fue paralizado por Auto de 4 de julio de 2007 del TSJ de Castilla y León, por no estar previsto en el Plan Regional de Residuos Industriales. Tras varios meses de dilación en el cumplimiento de la orden judicial, la Junta de Castilla y León saltó por encima de la misma con la Ley 2/2008, de 17 de junio, promovida en este caso por el Grupo Parlamentario Popular para evitar una posible impugnación contencioso-administrativa del Proyecto de Ley.
¿Cómo es posible que la misma empresa privada haya visto rescatados dos proyectos declarados ilegales por los tribunales por la iniciativa legislativa del Gobierno y las Cortes de Castilla y León? ¿Cuál es el interés general que reviste la actividad empresarial de ACS en Castilla y León que no acompaña a la docena de proyectos de tratamiento de residuos industriales fallidos en los últimos años en la Comunidad? Sin indicios objetivos de delito, la corrupción política aporta no obstante una explicación plausible a privilegio tan llamativo.
Sabido es que la gestión de la basura es un campo abonado para la corrupción, como manifiesta el caso Brugal en la Comunidad Valenciana. Pero la palma se la llevan los proyectos inmobiliarios en espacios naturales privilegiados. Sin desmerecer el esfuerzo de las administraciones locales y autonómicas del litoral mediterráneo, la Junta de Castilla y León ha obtenido un gran protagonismo en este campo a través de tres casos sangrantes: la Ciudad del Golf, la Ciudad del Medio Ambiente y la estación de esquí de San Glorio.
La Ciudad del Golf en las Navas del Marqués (Ávila) es una compleja operación inmobiliaria por la cual el Gobierno regional enajena 210 hectáreas de monte público y otorga el visto bueno ambiental y urbanístico al proyecto de edificar 1.600 viviendas, un complejo hotelero y dos campos de golf promovidos por la sociedad Residencial Aguas Nuevas, S. L., propiedad del constructor murciano Francisco Gómez ’El Paloma’. El pinar afectado forma parte de un espacio de la Red europea Natura 2000 y de un Área Crítica para la Cigüeña negra, especie en peligro de extinción, lo que no fue óbice para que la Junta instara y aprobara la operación.
Anulada en firme por sentencia de 29 de septiembre de 2006 del TSJ de Castilla y León, la subsiguiente tala de arbolado deriva en un procedimiento penal en el que aparecen imputados los actuales Director General de Medio Natural de la Junta de Castilla y León, José Ángel Arranz, y Jefe del Servicio Territorial de Medio Ambiente de León, Mariano Torre, junto al Alcalde las Navas, el promotor y otras 15 autoridades y funcionarios públicos.
Tras dos años de investigaciones, fiscal y juez instructor solicitan a la Sala de lo Penal del TSJ de Castilla y León la imputación de la Consejera de Medio Ambiente, María Jesús Ruiz, que en apenas una semana es exculpada de toda responsabilidad por el Presidente del TSJ, José Luis Concepción, destacado miembro de la conservadora Asociación Profesional de la Magistratura recientemente renovado en el cargo por otros cinco años, lo que seguramente dará tranquilidad a los políticos regionales que pudieran verse envueltos en procesos penales.
A pesar de ello, es precisamente la investigación en curso de las presuntas responsabilidades penales la que ha evitado hasta la fecha que la Ciudad del Golf haya sido impuesta por Ley.
CMA
La Ciudad del Medio Ambiente de Garray (Soria) conlleva la urbanización de 560 hectáreas del soto de Garray, un paraje natural urbanísticamente protegido en la zona inundable del río Duero, a los píes de Numancia y desconectado de la ciudad de Soria. Se trata de un complejo inmobiliario con 800 viviendas, centro hípico, hoteles, torres institucionales, complejo deportivo y polígono industrial. Una mini-ciudad financiada con 100 millones de euros de los presupuestos de la Junta de Castilla y León a beneficio de las empresas privadas que se reparten el pastel (Corsan- Corviam, Urbaser, Arranz Acinas, Lamelas Viloria, Iberdrola.).
Anticipándose a los problemas judiciales, la Junta de Castilla y León aprobó el proyecto por Ley 6/2007, de 28 de marzo, lo que no ha impedido que recientemente el Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León haya suspendido parcialmente las obras de urbanización por afectar a áreas de elevado valor natural.
La estación de esquí de San Glorio es un proyecto inmobiliario nucleado en una estación alpina a localizar en el puerto de San Glorio, entre Cantabria, León y Palencia, que lleva asociados proyectos hoteleros y residenciales aún por definir. Se trata de un espacio natural sobresaliente, incluido en los parques naturales de Picos de Europa y Fuentes Carrionas, integrados en la Red europea Natura 2000, y en el ámbito de los planes de recuperación de dos especies en peligro de extinción como el oso pardo y el urogallo cantábrico. El proyecto es promovido por la sociedad Tres Provincias, S. A., participada por Eulen como accionista mayoritario, y desde el principio topa con la barrera de que el Plan de Ordenación de los Recursos Naturales (PORN) del Parque Natural de Fuentes Carrionas prohíbe las estaciones de esquí alpino. Tras resultar anulada judicialmente por el TSJ la primera tentativa de modificación del PORN, ésta finalmente se realiza por Ley 5/2010, de 28 de mayo, como primer paso al que seguirán la aprobación por Ley de las Directrices de Ordenación de la Montaña Cantábrica Central y probablemente del propio proyecto de estación de esquí.
Entre los restantes Proyectos Regionales aprobados por la Junta de Castilla y León en los últimos años, merece la pena citar el Parque de Ocio de Arlanzón, aprobado por Decreto 56/2008, de 31 de julio, recurrido ante el TSJ de Castilla y León y seguro candidato a una nueva Ley en cuanto sea anulado judicialmente. Auspiciado por la Diputación Provincial de Burgos, prevé la edificación de un hotel, un campo de golf y 640 viviendas en 190 hectáreas de terrenos parcialmente catalogados como Monte de Utilidad Pública, con la participación de diversos empresarios burgaleses con Antonio Miguel Méndez Pozo a la cabeza, condenado a 7 años de prisión por el caso de la construcción en Burgos, presidente de la Cámara de Comercio de Burgos y propietario de gran cantidad de medios de comunicación regionales agrupados en Promecal, evidenciando el vínculo entre corrupción y control de la información.
MESETA SKI
Finalmente, el último y más esperpéntico episodio de todos es el del Complejo de Ocio y Aventura ’Meseta Ski’, promovido por la Diputación Provincial de Valladolid en Tordesillas y ejecutado por Corsán-Corviam Construcciones, S. A. Financiado con las plusvalías de la venta especulativa de suelo público en el Plan Parcial Villa del Prado de Valladolid, su presupuesto de ejecución se ha disparado de 3 a 12 millones de euros a causa de las tres paralizaciones que ha sufrido el proyecto desde su inicio en 2006.
Y es que las obras de esta estación de esquí sintético, iniciadas sin licencias ni declaración de impacto ambiental, han sido objeto de 13 resoluciones judiciales contrarias, ordenando la última conocida la demolición del complejo y la restauración del cerro de San Juan donde se ubica a su estado forestal original. Un incendio quemó este monte en 1999, y las leyes estatales de Montes y de Suelo prohíben su recalificación hasta 2029, algo que era plenamente conocido por Diputación y Junta de Castilla y León, a pesar de lo cual decidieron dilapidar el dinero de todos en una obra inútil y legalmente imposible. Por Ley 6/2010, de 28 de mayo, las Cortes de Castilla y León intentan salvar los compromisos de los políticos vallisoletanos, aunque está por ver si será suficiente para salvar las sentencias y las leyes básicas del Estado.
La principal virtualidad de la aprobación por Ley de un proyecto singular es que éste no puede ser impugnado ante el Tribunal Constitucional más que por un número limitado de instituciones (Presidente del Gobierno, cincuenta Diputados o Senadores, Defensor del Pueblo y Comunidades Autónomas). Quedan apartados de la fiscalización de las actuaciones administrativas los ciudadanos y las organizaciones sociales, y resultan inejecutables las sentencias judiciales previas sobre la ilegalidad de dichos proyectos. Se pulverizan así derechos fundamentales como la igualdad ante la Ley, la tutela judicial efectiva o la participación, vulnerando a menudo la normativa europea y estatal de medio ambiente.
En esta deriva autoritaria del Gobierno regional, la actitud de la oposición socialista ha pasado de esperanzadora, al recurrir ante el Tribunal Constitucional las leyes del vertedero de Santovenia de Pisuerga y la Ciudad del Medio Ambiente, a desoladora tras la reciente anuencia con el Partido Popular y la derecha leonesista en la aprobación de las leyes de modificación del PORN del Parque Natural de Fuentes Carrionas y de Meseta Ski. Su posición ha bloqueado hasta ahora el recurso de inconstitucionalidad del Gobierno, que ha informado con contundencia sobre la inconstitucionalidad de la última, pero mantiene un procedimiento negociador con la Junta de Castilla y León para no hacer evidente la postura desvergonzada del desnortado Partido Socialista de Castilla y León.
La solución jurídica al enredo vendrá por las sentencias pendientes del Tribunal Constitucional. El recurso del Partido Socialista contra la Ley del vertedero de Santovenia de Pisuerga, la primera de la serie, está pendiente de sentencia desde 2002, y el de la Ley de la Ciudad del Medio Ambiente desde 2007. Los ecologistas estamos intentando que lleguen al Alto Tribunal los recursos contra el vertedero de Fresno de la Ribera o Meseta Ski, pero la deriva socialista en estos asuntos y el sistemático bloqueo del Defensor del Pueblo, paradójicamente una de las instituciones más partidistas del Estado, obliga a confiar en la voluntad personal de algún juez de primera instancia o del TSJ de Castilla y León que planteen la cuestión de inconstitucionalidad, que en todo caso tardará años en resolverse.
Para entonces, los daños ambientales y sociales de esta ’berlusconización’ de la política regional ya se habrán producido, los fondos públicos se habrán dilapidado sin remedio y las comisiones a autoridades y partidos, de haberlas, habrán prescrito. Sólo una decidida acción investigadora de las instancias judiciales o los medios de comunicación podrían dar respuesta a la pregunta original. Pero, ¿quién la llevará a cabo, con todo tan bien atado?
Miguel Ángel Ceballos Ayuso, miembro de Ecologistas en Acción
Fuente: Texto: Miguel Ángel Ceballos Ayuso, Fotografías, República, Nº 7, Febrero 2011.
Todas tienen en común la vulneración de la legislación ambiental europea, estatal o autonómica, puesta de manifiesto en la mayor parte de los casos a través de sentencias judiciales. Y todas responden al interés de una empresa mercantil, promotora privada o concesionaria pública, con estrechos vínculos con el poder político regional. La investigación de las ramificaciones de la trama Gürtel en Castilla y León apunta a la corrupción política como nexo de unión entre ambos términos, aunque de momento sólo se investiga un caso. Se trata del Centro de Tratamiento de Residuos Urbanos para la provincia de Salamanca, en el término municipal de Gomecello. Su aprobación como Proyecto Regional por Decreto 65/2004, de 1 de julio vino motivada por la oposición del Ayuntamiento de la localidad a albergar el vertedero provincial de residuos urbanos en su municipio, cuya construcción la Consejería de Medio Ambiente había adjudicado el 11 de abril de 2003 por casi 23 millones de euros y una mínima baja del 1,2% a la U. T. E. SUFI, S. A.-TECONSA.
Suspendido el proyecto por Auto de 27 de julio de 2004 del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de Castilla y León, por carecer de cobertura legal en el entonces recién anulado Plan Regional de Residuos Urbanos, a iniciativa de la Junta de Castilla y León las Cortes regionales lo declaran Proyecto Regional por Ley 6/2005, de 26 de mayo. El conflicto de competencias planteado ante el Tribunal Constitucional por el Ayuntamiento de Gomecello, pendiente aún de resolución, no paralizó la construcción del vertedero, hoy plenamente operativo.
Años más tarde, la investigación del caso Gürtel ha destapado una comisión ilegal de 384.670 euros, entregada presuntamente por las empresas adjudicatarias de las obras al responsable de la trama Francisco Correa, el extesorero nacional del Partido Popular Luis Bárcenas, el ex-eurodiputado Gerardo Galeote y el ex-diputado por Segovia Jesús Merino (60.000 euros cada uno), además de a la entonces Consejera de Medio Ambiente y hoy Consejera de Agricultura y Ganadería de la Junta de Castilla y León, Silvia Clemente (144.200 euros).
Hasta la fecha, no constan investigaciones por corrupción en los restantes proyectos citados, pero algunos detalles de su génesis se explican mucho mejor con la mediación de ’incentivos’ como los presuntamente recibidos por Silvia Clemente y otros altos cargos del Partido Popular en el caso Gomecello.
VERTEDEROS
Los vertederos de residuos de industriales de Santovenia de Pisuerga (Valladolid) y Fresno de la Ribera (Zamora) son propiedad de la filial medioambiental de la constructora ACS, el Grupo Urbaser. El primero, destinado a residuos tóxicos y peligrosos y ubicado a las puertas de la ciudad de Valladolid, fue declarado ilegal por el Tribunal Supremo en sentencia de 3 de diciembre de 2001, en ejecución de la cual fue clausurado en mayo de 2002. Dos meses más tarde, la Junta de Castilla y León lo reabre gracias a la Ley 9/2002, de 10 de julio, para la declaración de proyectos regionales de infraestructuras de residuos de pasar por encima de las sentencias judiciales desfavorables y apartar a los ciudadanos y a los tribunales ordinarios del control de las decisiones administrativas del Gobierno regional.
El vertedero de Fresno de la Ribera, destinado a residuos no peligrosos y ubicado en las proximidades del río Duero, aguas arriba de la ciudad de Zamora, fue paralizado por Auto de 4 de julio de 2007 del TSJ de Castilla y León, por no estar previsto en el Plan Regional de Residuos Industriales. Tras varios meses de dilación en el cumplimiento de la orden judicial, la Junta de Castilla y León saltó por encima de la misma con la Ley 2/2008, de 17 de junio, promovida en este caso por el Grupo Parlamentario Popular para evitar una posible impugnación contencioso-administrativa del Proyecto de Ley.
¿Cómo es posible que la misma empresa privada haya visto rescatados dos proyectos declarados ilegales por los tribunales por la iniciativa legislativa del Gobierno y las Cortes de Castilla y León? ¿Cuál es el interés general que reviste la actividad empresarial de ACS en Castilla y León que no acompaña a la docena de proyectos de tratamiento de residuos industriales fallidos en los últimos años en la Comunidad? Sin indicios objetivos de delito, la corrupción política aporta no obstante una explicación plausible a privilegio tan llamativo.
Sabido es que la gestión de la basura es un campo abonado para la corrupción, como manifiesta el caso Brugal en la Comunidad Valenciana. Pero la palma se la llevan los proyectos inmobiliarios en espacios naturales privilegiados. Sin desmerecer el esfuerzo de las administraciones locales y autonómicas del litoral mediterráneo, la Junta de Castilla y León ha obtenido un gran protagonismo en este campo a través de tres casos sangrantes: la Ciudad del Golf, la Ciudad del Medio Ambiente y la estación de esquí de San Glorio.
La Ciudad del Golf en las Navas del Marqués (Ávila) es una compleja operación inmobiliaria por la cual el Gobierno regional enajena 210 hectáreas de monte público y otorga el visto bueno ambiental y urbanístico al proyecto de edificar 1.600 viviendas, un complejo hotelero y dos campos de golf promovidos por la sociedad Residencial Aguas Nuevas, S. L., propiedad del constructor murciano Francisco Gómez ’El Paloma’. El pinar afectado forma parte de un espacio de la Red europea Natura 2000 y de un Área Crítica para la Cigüeña negra, especie en peligro de extinción, lo que no fue óbice para que la Junta instara y aprobara la operación.
Anulada en firme por sentencia de 29 de septiembre de 2006 del TSJ de Castilla y León, la subsiguiente tala de arbolado deriva en un procedimiento penal en el que aparecen imputados los actuales Director General de Medio Natural de la Junta de Castilla y León, José Ángel Arranz, y Jefe del Servicio Territorial de Medio Ambiente de León, Mariano Torre, junto al Alcalde las Navas, el promotor y otras 15 autoridades y funcionarios públicos.
Tras dos años de investigaciones, fiscal y juez instructor solicitan a la Sala de lo Penal del TSJ de Castilla y León la imputación de la Consejera de Medio Ambiente, María Jesús Ruiz, que en apenas una semana es exculpada de toda responsabilidad por el Presidente del TSJ, José Luis Concepción, destacado miembro de la conservadora Asociación Profesional de la Magistratura recientemente renovado en el cargo por otros cinco años, lo que seguramente dará tranquilidad a los políticos regionales que pudieran verse envueltos en procesos penales.
A pesar de ello, es precisamente la investigación en curso de las presuntas responsabilidades penales la que ha evitado hasta la fecha que la Ciudad del Golf haya sido impuesta por Ley.
CMA
La Ciudad del Medio Ambiente de Garray (Soria) conlleva la urbanización de 560 hectáreas del soto de Garray, un paraje natural urbanísticamente protegido en la zona inundable del río Duero, a los píes de Numancia y desconectado de la ciudad de Soria. Se trata de un complejo inmobiliario con 800 viviendas, centro hípico, hoteles, torres institucionales, complejo deportivo y polígono industrial. Una mini-ciudad financiada con 100 millones de euros de los presupuestos de la Junta de Castilla y León a beneficio de las empresas privadas que se reparten el pastel (Corsan- Corviam, Urbaser, Arranz Acinas, Lamelas Viloria, Iberdrola.).
Anticipándose a los problemas judiciales, la Junta de Castilla y León aprobó el proyecto por Ley 6/2007, de 28 de marzo, lo que no ha impedido que recientemente el Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León haya suspendido parcialmente las obras de urbanización por afectar a áreas de elevado valor natural.
La estación de esquí de San Glorio es un proyecto inmobiliario nucleado en una estación alpina a localizar en el puerto de San Glorio, entre Cantabria, León y Palencia, que lleva asociados proyectos hoteleros y residenciales aún por definir. Se trata de un espacio natural sobresaliente, incluido en los parques naturales de Picos de Europa y Fuentes Carrionas, integrados en la Red europea Natura 2000, y en el ámbito de los planes de recuperación de dos especies en peligro de extinción como el oso pardo y el urogallo cantábrico. El proyecto es promovido por la sociedad Tres Provincias, S. A., participada por Eulen como accionista mayoritario, y desde el principio topa con la barrera de que el Plan de Ordenación de los Recursos Naturales (PORN) del Parque Natural de Fuentes Carrionas prohíbe las estaciones de esquí alpino. Tras resultar anulada judicialmente por el TSJ la primera tentativa de modificación del PORN, ésta finalmente se realiza por Ley 5/2010, de 28 de mayo, como primer paso al que seguirán la aprobación por Ley de las Directrices de Ordenación de la Montaña Cantábrica Central y probablemente del propio proyecto de estación de esquí.
Entre los restantes Proyectos Regionales aprobados por la Junta de Castilla y León en los últimos años, merece la pena citar el Parque de Ocio de Arlanzón, aprobado por Decreto 56/2008, de 31 de julio, recurrido ante el TSJ de Castilla y León y seguro candidato a una nueva Ley en cuanto sea anulado judicialmente. Auspiciado por la Diputación Provincial de Burgos, prevé la edificación de un hotel, un campo de golf y 640 viviendas en 190 hectáreas de terrenos parcialmente catalogados como Monte de Utilidad Pública, con la participación de diversos empresarios burgaleses con Antonio Miguel Méndez Pozo a la cabeza, condenado a 7 años de prisión por el caso de la construcción en Burgos, presidente de la Cámara de Comercio de Burgos y propietario de gran cantidad de medios de comunicación regionales agrupados en Promecal, evidenciando el vínculo entre corrupción y control de la información.
MESETA SKI
Finalmente, el último y más esperpéntico episodio de todos es el del Complejo de Ocio y Aventura ’Meseta Ski’, promovido por la Diputación Provincial de Valladolid en Tordesillas y ejecutado por Corsán-Corviam Construcciones, S. A. Financiado con las plusvalías de la venta especulativa de suelo público en el Plan Parcial Villa del Prado de Valladolid, su presupuesto de ejecución se ha disparado de 3 a 12 millones de euros a causa de las tres paralizaciones que ha sufrido el proyecto desde su inicio en 2006.
Y es que las obras de esta estación de esquí sintético, iniciadas sin licencias ni declaración de impacto ambiental, han sido objeto de 13 resoluciones judiciales contrarias, ordenando la última conocida la demolición del complejo y la restauración del cerro de San Juan donde se ubica a su estado forestal original. Un incendio quemó este monte en 1999, y las leyes estatales de Montes y de Suelo prohíben su recalificación hasta 2029, algo que era plenamente conocido por Diputación y Junta de Castilla y León, a pesar de lo cual decidieron dilapidar el dinero de todos en una obra inútil y legalmente imposible. Por Ley 6/2010, de 28 de mayo, las Cortes de Castilla y León intentan salvar los compromisos de los políticos vallisoletanos, aunque está por ver si será suficiente para salvar las sentencias y las leyes básicas del Estado.
La principal virtualidad de la aprobación por Ley de un proyecto singular es que éste no puede ser impugnado ante el Tribunal Constitucional más que por un número limitado de instituciones (Presidente del Gobierno, cincuenta Diputados o Senadores, Defensor del Pueblo y Comunidades Autónomas). Quedan apartados de la fiscalización de las actuaciones administrativas los ciudadanos y las organizaciones sociales, y resultan inejecutables las sentencias judiciales previas sobre la ilegalidad de dichos proyectos. Se pulverizan así derechos fundamentales como la igualdad ante la Ley, la tutela judicial efectiva o la participación, vulnerando a menudo la normativa europea y estatal de medio ambiente.
En esta deriva autoritaria del Gobierno regional, la actitud de la oposición socialista ha pasado de esperanzadora, al recurrir ante el Tribunal Constitucional las leyes del vertedero de Santovenia de Pisuerga y la Ciudad del Medio Ambiente, a desoladora tras la reciente anuencia con el Partido Popular y la derecha leonesista en la aprobación de las leyes de modificación del PORN del Parque Natural de Fuentes Carrionas y de Meseta Ski. Su posición ha bloqueado hasta ahora el recurso de inconstitucionalidad del Gobierno, que ha informado con contundencia sobre la inconstitucionalidad de la última, pero mantiene un procedimiento negociador con la Junta de Castilla y León para no hacer evidente la postura desvergonzada del desnortado Partido Socialista de Castilla y León.
La solución jurídica al enredo vendrá por las sentencias pendientes del Tribunal Constitucional. El recurso del Partido Socialista contra la Ley del vertedero de Santovenia de Pisuerga, la primera de la serie, está pendiente de sentencia desde 2002, y el de la Ley de la Ciudad del Medio Ambiente desde 2007. Los ecologistas estamos intentando que lleguen al Alto Tribunal los recursos contra el vertedero de Fresno de la Ribera o Meseta Ski, pero la deriva socialista en estos asuntos y el sistemático bloqueo del Defensor del Pueblo, paradójicamente una de las instituciones más partidistas del Estado, obliga a confiar en la voluntad personal de algún juez de primera instancia o del TSJ de Castilla y León que planteen la cuestión de inconstitucionalidad, que en todo caso tardará años en resolverse.
Para entonces, los daños ambientales y sociales de esta ’berlusconización’ de la política regional ya se habrán producido, los fondos públicos se habrán dilapidado sin remedio y las comisiones a autoridades y partidos, de haberlas, habrán prescrito. Sólo una decidida acción investigadora de las instancias judiciales o los medios de comunicación podrían dar respuesta a la pregunta original. Pero, ¿quién la llevará a cabo, con todo tan bien atado?
Miguel Ángel Ceballos Ayuso, miembro de Ecologistas en Acción
Fuente: Texto: Miguel Ángel Ceballos Ayuso, Fotografías, República, Nº 7, Febrero 2011.
