La ortodoxia neoliberal y los recortes sociales del Partido Popular
Artículos de Opinión|Álvaro Alonso*|08-01-2012|
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I. La ortodoxia neoliberal
Las ideologías y las teorías sociales son de gran utilidad, ya que nos ayudan a comprender la realidad en la que vivimos y a transformarla en un intento de subsanar sus problemas. Sin embargo, ninguna de ellas refleja la realidad de forma exacta, ya que inevitablemente necesitan simplificar en cierto modo su objeto de análisis para lograr operacionalizarlo. Por lo tanto, no pueden tomarse como una verdad absoluta e irrefutable, como algo monolítico y ajeno a las constantes modificaciones técnicas y sociales fruto del transcurrir de los acontecimientos. Cuando las élites responsables del gobierno y la economía de un país se aferran a sus convicciones ideológicas por encima de la realidad de los hechos, las consecuencias para su población suelen ser desastrosas. Esto ocurre en la actualidad, las principales instituciones políticas y financieras globales están controladas por tecnócratas garantes de la ortodoxia neoliberal, que hunde sus raíces en la denominada ‘revolución conservadora’. Estas élites son ajenas al control democrático de la población afectada por sus decisiones.
La caída de las economías estatales planificadas del bloque comunista otorgó la hegemonía intelectual al pensamiento neoliberal, que ya se encontraba en auge desde la década de los años setenta del siglo pasado, tras la llamada ‘revolución conservadora’, propiciada por la llegada al poder del gobierno Ronald Reagan en EEUU, y el Margaret Thatcher en el Reino Unido. Sus principales medidas fueron hundir los salarios, disminuyendo su peso en el conjunto de la renta nacional de sus respectivos países en beneficio de las rentas del capital, disminuir los impuestos a los ricos para incentivar la inversión, y privatizar las principales empresas del sector público estatal. Estas decisiones políticas se sustentaban en la teoría de que el excesivo peso de los salarios en el conjunto de la renta nacional y la rigidez del sector público, coartaban a los grandes empresarios a la hora de realizar inversiones, debido a los altos costes laborales y los elevados impuestos que debían pagar al Estado. Según su teoría, el gran peso del sector público lastraba la economía, ya que la gestión de los recursos bajo su control era ineficiente (premisa que confunde los problemas organizativos propios de toda organización burocrática con el hecho de que la ineficiencia sea esencial a toda gestión pública, algo que no se corresponde con la realidad).
Estos postulados dogmáticos eran presentados como puramente científicos y neutrales, su aplicación era defendida argumentando que producirían un crecimiento económico que de forma inmediata beneficiaría a las grandes rentas, pero que a largo plazo, el aumento de las mismas tendría efectos beneficiosos para el conjunto de la población, ya que la inversión generalizaría la creación de empleo. Lo cierto es que tras esa aparente racionalidad de las medidas se ocultaban los intereses de las clases dominantes, que distaban mucho de buscar el bien común, ya que el crecimiento económico que produjeron en su momento tuvo efectos negativos para las clases medias y populares.
En primer lugar, la privatización de empresas públicas supuso la pérdida de millones de puestos de trabajos estables y de calidad, que además de sus efectos sociales positivos, ayudaban a aumentar la demanda mediante las rentas que originaban. Por otra parte precarizó los servicios públicos que constituían la base del Estado de Bienestar, la sanidad y la educación públicas. Estos servicios, junto con las prestaciones sociales (paro, pensiones de jubilación y de otros tipos), suponen una mayor igualdad de oportunidades entre las distintas clases sociales, algo especialmente beneficioso para las personas procedentes de las capas más modestas, ya que ayudan a su desarrollo humano y profesional, lo cual también tiene efectos positivos sobre la economía a medio y largo plazo, debido a que que el dinero utilizado para estos fines supone una inversión, no un gasto.
En segundo lugar, la disminución de las rentas del trabajo en el conjunto de la renta nacional supuso una pérdida del poder adquisitivo de los trabajadores, que fue acompañada por una mayor inestabilidad laboral. Las modalidades de contratación fueron flexibilizadas aumentando la temporalidad y los salarios bajos, y reduciendo las prestaciones sociales como la indemnización por despido o las propias prestaciones y subsidios por desempleo. Es cierto que determinados cambios en el sistema productivo debidos a la emergencia de nuevos sectores, principalmente pertenecientes al sector servicios, exigen una mayor movilidad y predisposición al cambio por parte de los trabajadores, pero ello no tiene que ir acompañado necesariamente por una degradación sistemática de sus derechos.
En tercer lugar, el previsible el aumento de la inversión privada fruto de la bajada de impuestos no se produjo mayoritariamente en la economía productiva, es decir, en la economía de bienes tangibles, en la que genera riqueza material y puestos de trabajo. La inversión fruto del beneficio de una parte del capital de las empresas de bienes y servicios, y del ahorro de las personas (mediante la mediación de los bancos) es invertida en comprar activos financieros que los inversores institucionales compran y venden para generar plusvalías en beneficio de sus clientes [1], creándose de esta forma una riqueza ficticia que no tiene sustento en una base material, y cuyo descontrol es causante de la crisis económica mundial.
Estos hechos socavaron los pilares del Estado de Bienestar, rompiendo de esta forma el pacto social entre las rentas del capital y las rentas del trabajo surgido en Europa Occidental tras la II Guerra Mundial, por el cual, las rentas del trabajo renunciaban a una revolución de carácter marxista, que diera el control de los medios de producción a las mismas, a cambio de un modelo de economía mixta, en el que se reconocía la iniciativa privada como parte esencial de la economía, pero el Estado participaba también de la misma mediante su control de los servicios públicos, de los recursos estratégicos (transporte, energía, comunicaciones) y la redistribución de la riqueza a través de unos sistemas fiscales progresivos, en los que las rentas más altas contribuían en mayor proporción a las arcas públicas.
II. Los recortes sociales del Partido Popular
En España, al igual que en el resto de Europa, el gobierno intenta sacar al país de la crisis con las mismas recetas neoliberales que la han provocado, algo evidentemente contradictorio. Para ello va a efectuar un recorte de 36.000 millones de euros con el objetivo de reducir el déficit del Estado. El argumento estrella de los neoliberales para justificar el segundo gran recorte desde que empezó la crisis (allanado por el realizado durante el gobierno de José Luis Zapatero en 2010, cuyas principales medidas fueron el recorte de sueldo a los funcionarios, el retraso de la edad de jubilación y la subida del IVA) es simple, las cuentas del Estado son insostenibles porque al igual que cualquier agente económico, no puede gastar más de lo que ingresa de forma indefinida. Esta afirmación, si bien cierta, pasa por alto cuestiones importantes por las cuales los ingresos estatales han disminuido en los últimos años.
La primera de ellas es la reducción de impuestos a las clases altas, mediante medidas como la eliminación del impuesto de patrimonio, la reforma del impuesto de sucesiones o las rebajas fiscales a las personas que ingresan más de 120.000 euros al año. Solo con que el Estado recuperase los tipos impositivos vigentes en la época anterior al primer gobierno estatal del Partido Popular (anteriores a 1996) podrían evitarse gran parte de los recortes sociales que estamos viviendo, y el aumento de impuestos directos que castigan más a las capas más desfavorecidas, ya que al extraerse del consumo bienes y servicios, gravan con el mismo porcentaje tanto a las rentas más altas como a las más bajas.
En los discursos conservadores y de la mayoría de los medios de comunicación no aparece el elevado fraude fiscal existente en España. Un fraude superior al de la media de países de la Unión Europea, según explica el profesor Vicenç Navarro, el 71% del fraude fiscal en España las grandes fortunas, y las empresas que facturan más de 150 millones de euros al año, este fraude se calcula en 44.000 millones de euros [2]. Con un reforzamiento de las inspecciones de hacienda y un cambio en su política de actuación, que actualmente dedica más esfuerzos a combatir el fraude a pequeña escala, no sería necesario el recorte que anunció el flamante gobierno conservador hace unos días.
Un recorte que castiga mayormente a las rentas del trabajo, las que menos han participado de los años de bonanza económica vividos en España en el periodo 1995-2008. Al igual que en el resto de países de la OCDE, los trabajadores han ido perdiendo peso en la economía, desde 1994 a 2006, el poder adquisitivo de los salarios cayó un 5,94%, mientras que su peso dentro del conjunto de la renta nacional un 7,98% (porcentaje que ganaron las rentas del capital) [3]. Sin embargo, la reciente subida de impuestos del gobierno de Rajoy carga mayormente su peso sobre los trabajadores, las rentas del trabajo, vía subida del IRPF aportarán 4.100 millones de euros más que hasta ahora, mientras que las rentas del capital sólo se verán gravadas con 1.200 millones de euros más. Además se congela el salario mínimo interprofesional, manteniéndolo en 641 euros, muy por debajo de la media europea, esta medida supondrá una presión a la baja para el precio del trabajo. Medidas como esta hacen palpable la estrecha conexión entre las grandes fortunas y empresas del país y el establishment político dominante. El mejor reflejo de esta alianza es el nombramiento del nuevo Ministro de Economía, Luis Guindos, ex responsable de Lehman Brothers (banco cuya quiebra supuso el comienzo de la crisis) en España y Portugal.
Otra de las medidas más importantes de este paquete de recortes es el aumento de la jornada laboral base a los funcionarios, pasando de 35 a 37,5 horas semanales, mientas que su sueldo se congela, lo que significa una pérdida de poder adquisitivo debido a la inflación. Además, se congela la reposición de los trabajadores público, de tal forma que los que se jubilen no serán reemplazados, solo se autoriza un 10% para policías, ejército, sanidad y educación. Para defender esta medida, se esgrime que el sector público en España tiene un peso excesivo, y por lo tanto, debemos ajustarlo a la medida de nuestras posibilidades. Pero la realidad es que en España, el porcentaje de trabajadores públicos es menor que en otros países europeos, esto se deriva del escaso desarrollo de su Estado de Bienestar. En otros países el porcentaje de trabajadores dedicados a servicios sociales, sanidad, educación y dependencia es más alto, especialmente en los países nórdicos, lo que además de unos servicios públicos de calidad permite una mayor incorporación de la mujer al trabajo, ya que estos sectores son de una composición por género mayoritariamente femenina. Por lo tanto, para converger con el nivel de vida de la UE-15, es necesaria una mayor inversión pública en los sectores mencionados. Las nuevas medidas del Partido Popular también incluyen la paralización de las ayudas a las personas con una dependencia moderada, esto supone un duro revés al sector que es considerado como cuarto pilar del Estado de Bienestar, y que precisamente en España se encuentra en fase embrionaria, ya que comenzó a rodar tras la aprobación por parte del PSOE y del resto de fuerzas parlamentarias a su izquierda de la Ley de Dependencia, en el año 2006.
Aparte de los grandes recortes en el sector público, el otro gran punto en la recién descubierta agenda política del Partido Popular (en campaña electoral apenas se supo nada de ella) es la reforma laboral. Una reforma que previsiblemente se basará en los siguientes ejes: moderación de los salarios, flexibilización de las modalidades de contratación y disminución de las indemnizaciones por despidos. Con ello se pretende reducir los costes laborales para hacer a las empresas españolas más competitivas, ya que según los argumentos neoliberales, el elevado peso de los salarios y las cotizaciones sociales impide a las empresas competir en los mercados. Con este argumento, otra vez más, el pensamiento conservador dominante se olvida interesadamente de aspectos importantes de la cuestión. La competitividad de una empresa no solamente depende de los costes laborales, hay otros factores que influyen tanto o más, especialmente los cualitativos, la calidad, la originalidad o la carga tecnológica transmitida a los artículos producidos, es ahí donde los grandes empresarios españoles hacen la vista gorda. Tradicionalmente el empresariado español apostó por un modelo productivo basado en la imitación, no se dedicó a vender ideas, sino manos, no se dedicó a investigar patentes y nuevas tecnologías, sino a importarlas, ello suponía beneficios más fáciles y a corto plazo, ya que la inversión productiva es más costosa, y su semilla tarda más en germinar y dar frutos. Es por ello que el sistema económico alemán es más productivo que el español con unos salarios más altos. Estos salarios se corresponden con puestos industriales y de servicios de alta cualificación, que exigen una mano de obra especializada, en este modelo los trabajadores no son un simple coste laboral, sino un capital humano indispensable para el desarrollo de la empresa, lo que a su vez permite unas relaciones laborales menos jerarquizadas y más democratizadas.
Por último, no hay que pasar por alto la hipótesis según la cual, los recortes sociales y el equilibrio presupuestario devolverán la confianza a los mercados, para que estos abran el grifo del crédito y se vuelva a relanzar la economía. Sin embargo, la confianza sigue sin aparecer [4], Zapatero defendió su ola de recortes en Junio de 2010 diciendo que tranquilizaría a los mercados y permitiría reducir la presión sobre la deuda soberana, sin embargo, algo más de un año después, en Julio de 2011, la prima de riego de la deuda había subido desde niveles inferiores a los 300 puntos con respecto el bono alemán, hasta casi llegar a los 500. ¿Es esa la confianza que otorgan los recortes? Los mercados parecen insaciables, y cuando en un estado se producen recortes, aseguran que no son suficientes, que hacen falta más.
Por lo tanto, ¿no será este un camino incorrecto para salir de la crisis?
*Álvaro Alonso para Tercera Información
Notas:
1. Armando Steinko: Izquierda y Republicanismo, el salto a la refundación. ED. Akal Pensamiento Crítico (2011)
2. Vicenç Navarro: Fraude fiscal y gasto público. El Periódico (28-8-2008)
3. Vicenç Navarro, Juan Torres, Alberto Garzón: Hay alternativas (2011)
4. Paul Krugman: Cuando la austeridad falla. El País (24-5-2011)
