León conserva una tercera parte de las entidades locales menores que hay en toda España.
pilar infiesta | redacción 26/07/2012. DL
León se asienta sobre una tupida red administrativa que hunde sus raíces en la Edad Media y que da ‘poder’ a 1.234 alcaldes pedáneos. Sacudir, como pretende el Gobierno central, esa alfombra para eliminar el rosario de juntas vecinales como si fueran motas de polvo no será, sin embargo, una tarea fácil, según opinan varios académicos. Sobre todo porque estas entidades locales menores poseen la mayor parte de los montes de utilidad pública de la provincia, el terreno agroganadero, los cotos de caza, las choperas ribereñas y reciben compensaciones por ceder suelo a explotaciones fotovoltaicas, mineras, estaciones de esquí, residencias de ancianos y palas eólicas.
En conjunto, un patrimonio abundantísimo que se completa con un sinfín de edificios (escuelas, casas del pueblo y dispensarios médicos, entre otros) que, aunque resulte paradójico, la Junta y la Diputación son incapaces de cuantificar. Las juntas vecinales leonesas, amas de la mayor parte del suelo de la provincia (55%), han defendido con uñas y dientes esa riqueza durante siglos y difílmente la van a ceder de forma amistosa a los ayuntamientos, como propone el Ejecutivo central.
León es, además, la provincia española que se vería más afectada por la disolución de las pedanías, ya que posee 1.234 de las 3.723 de todo el país, según el Registro del Ministerio de Administraciones Públicas. Incluso dentro de la comunidad, según entiende el abogado Carlos González-Antón, la sensibilidad para salvar estas entidades no puede ser la misma en Ávila o Valladolid, que sólo poseen 2 y 9 juntas vecinales respectivamente, que en Burgos (652) o León, que lidera el ranking. Las juntas vecinales «son las administraciones públicas que más trabajan como una familia o comunidad de vecinos. Muchas veces son las que poseen dinero por la gestión de sus recursos madereros o cinegéticos frente a los ayuntamientos a los que pertenecen, que están endeudados», dice. Por eso entiende que «desapoderar sin más a una colectividad de su patrimonio, por el que ha luchado durante siglos, para dárselo a otra colectividad es complicado». Y considera que a esos ciudadanos que trabajaron en facendera para arreglar sus caminos, cuidar sus montes o acometer las redes de suministro de agua, el quitarles sin más su riqueza es un «elemento de injusticia muy cuestionable jurídicamente». También cree que se perderá eficacia y que la eliminación de las juntas atenta «contra el principio de subsidiariedad, que anima a gestionar en el ámbito más cercano al ciudadano y de la mejor manera posible». A su juicio, es «poner patas arriba todo el sistema de gestión local para nada, creando, además, miles de conflictos». También augura que «provocará una desafección absoluta de los ciudadanos hacia la cosa pública si les quitan la posibilidad de decidir sobre sus montes, sus fuentes o el músico que tocará en las fiestas». Cree, como el catedrático de la ULE, Laureano M. Rubio, que sólo hay que reforzar el control sobre las juntas.
En conjunto, un patrimonio abundantísimo que se completa con un sinfín de edificios (escuelas, casas del pueblo y dispensarios médicos, entre otros) que, aunque resulte paradójico, la Junta y la Diputación son incapaces de cuantificar. Las juntas vecinales leonesas, amas de la mayor parte del suelo de la provincia (55%), han defendido con uñas y dientes esa riqueza durante siglos y difílmente la van a ceder de forma amistosa a los ayuntamientos, como propone el Ejecutivo central.
León es, además, la provincia española que se vería más afectada por la disolución de las pedanías, ya que posee 1.234 de las 3.723 de todo el país, según el Registro del Ministerio de Administraciones Públicas. Incluso dentro de la comunidad, según entiende el abogado Carlos González-Antón, la sensibilidad para salvar estas entidades no puede ser la misma en Ávila o Valladolid, que sólo poseen 2 y 9 juntas vecinales respectivamente, que en Burgos (652) o León, que lidera el ranking. Las juntas vecinales «son las administraciones públicas que más trabajan como una familia o comunidad de vecinos. Muchas veces son las que poseen dinero por la gestión de sus recursos madereros o cinegéticos frente a los ayuntamientos a los que pertenecen, que están endeudados», dice. Por eso entiende que «desapoderar sin más a una colectividad de su patrimonio, por el que ha luchado durante siglos, para dárselo a otra colectividad es complicado». Y considera que a esos ciudadanos que trabajaron en facendera para arreglar sus caminos, cuidar sus montes o acometer las redes de suministro de agua, el quitarles sin más su riqueza es un «elemento de injusticia muy cuestionable jurídicamente». También cree que se perderá eficacia y que la eliminación de las juntas atenta «contra el principio de subsidiariedad, que anima a gestionar en el ámbito más cercano al ciudadano y de la mejor manera posible». A su juicio, es «poner patas arriba todo el sistema de gestión local para nada, creando, además, miles de conflictos». También augura que «provocará una desafección absoluta de los ciudadanos hacia la cosa pública si les quitan la posibilidad de decidir sobre sus montes, sus fuentes o el músico que tocará en las fiestas». Cree, como el catedrático de la ULE, Laureano M. Rubio, que sólo hay que reforzar el control sobre las juntas.
6 comentarios:
La mayor parte de los presidentes de las Juntas Vecinales de la Montaña son del PP.
Curiosamente, son los únicos que, hasta ahora, no han movido un pelo para oponerse a la desaparición de las pedanías, mientras PSOE, UPL, IU y FE se estan moviendo mediante mociones en los Ayuntamientos, promoción de recogida de firmas, declaraciones públicas, etc.
Si ser pedáneo fuese, de verdad, un chollo ¿no deberían los del PP estar rompiéndose los cuernos contra el anteproyecto de Ley? ¿O es para que no se les acuse precisamente de eso, de que se opondrían a la reforma por defender un privilegio personal?
Hay cosas que se escapan a la lógica.
Ser pedáneo del PP (o del PSOE) es un primer paso como cualquier otro para meter el hocico en el pastel de la política en un futuro no muy lejano, así, qué más dará que se carguen las JJVV si el puestín en el partido está asegurado mientras mantengas la boca cerrada.
La primera señal fue la reconstrucción del torreón de los pérfidos Tovar, (nada bueno podía traer), ahora nos vienen otra vez con pleitos ante la Real Chancillería del TSJ por la supresión de los bienes concejiles, y mañana que será ¿? quizá la reinstauración del derecho de pernada.
Estos castrones nos quieren dejar sin setales ni chanfaina y por ahí sí que no pasamos.
Castrones y manonazos. Las juntas vecinales (el concejo) tiene que estar fuera de la política pedrestre de los dos partidos que controlan el cotarro. La administración de las tierras comunales de los vecinos de un concejo tiene que ser de todos. Fuera PP y PSOE de las juntas vecinales.
Fuera PP y PSOE ?
Al final siempre aparece el visir Iznogud que quiere ser califa en lugar del califa.
Creo que ese anónimo en contra de los dos partidos que manejan el cotarro no quiere ser ni califa ni visir, no se equivoque usted, estará hasta la coronilla de tanto alcalde cacique que solo sirve a su partido. Esos alcades del PP y PSOE no harán nada por las juntas vecinales, si algo pasa a ellos de los comunales lo venderán para hacer las fiestas. En el Bierzo existe ya una plataforma en la que se están agrupando las juntas vecinales para defender su patrimonio comunal ¿aquí que hacen nuestros alcaldes y pedaneos?
¡Viva la montaña libertaria y dinamitera¡
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