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24 julio, 2011

UNA DE GESTORES QUE QUEDARAN IMPUNES



¿Quiénes formaban los Consejos de Administración de Cajasur, CCM y la CAM?

Remo
24 de julio de 2011 | 13:31

Coincidiendo con las intervenciones que ha realizado el Banco de España en las entidades financieras de Cajasur, CCM y CAM, es interesante ver quién componía el Consejo de Administración en cada una de estas cajas de ahorros. Recordemos que las cajas de ahorros se rigen por unos estatutos y depositan la máxima capacidad en la Asamblea General, pero quién realmente toma las decisiones en estas entidades son los Consejos de Administración.

Tal y como podemos apreciar en el cuadro superior que acompaña al post, cada caja de ahorros tenía un número diferente de Consejeros, desde los 20 de Cajasur, hasta los 180 que tenía la CAM hasta el viernes. Pero en todos los casos, el control político impera en todas ellas como norma general. El control más manifiesto es el caso de la CAM, con el 50% de sus consejeros distribuidos entre la Generalitat, los ayuntamientos y las diputaciones. CCM, le sigue muy de cerca con el 49,33% y después Cajasur con el 40%. Ojo con esto, porque en todos los casos, se encuentran consejeros de los partidos políticos con más representación en cada autonomía. Por ejemplo, es típico culpar al PSOE de la mala gestión de la CCM o Cajasur y al PP de la mala gestión de la CAM. Error, dado que en los tres consejos de administración se han sentado políticos del PSOE/PP en distinto porcentaje, pero ambos han estado.

El caso de Cajasur es muy particular, dado que los fundadores, el Cabildo Catedralicio de Córdoba y por extensión la Iglesia Católica, controlaba la mayoría del Consejo de Administración con el 30% de los consejeros. Destaca también en todos los casos, la presencia de los impositores de la entidad dentro de los consejos de administración. Desde la última reforma estatal de la Ley de Cajas de Ahorros, se fijó un mínimo del 25% del Consejo de Administración en manos de los impositores.

Cajasur tenía el mínimo legal, pero fijémonos cómo la CAM tenía más del 36% en estas figuras. Estos impositores se escogen a partir de unos saldos medios, en cada caso, unas cuantías y normalmente por sorteo entre estos clientes. Además, en el caso de la CAM, el 13,33% del Consejo estaba en manos de trabajadores de la entidad.

Es decir, para el caso de la CAM por ejemplo, el grueso de trabajadores + impositores tenían el 49,44% del control del Consejo de Administración. No hay que ser un lumbreras para darse cuenta que estos dos colectivos podrían haber tenido mucha fuerza en el Consejo de Administración, contando sólo con un par de apoyos políticos dentro de lo 90 consejeros que se agrupaban en el primer bloque.

Todos estos consejeros que se enumeran en la tabla superior tienen nombre y apellidos. En muchos casos, han sido nombrados por designación directa, como es el caso de los representantes de las administraciones autonómicas, ayuntamientos y diputaciones. La única premisa para seleccionar a estos consejeros, ha sido la pertenencia a partido político, sin pedir siquiera conocimiento del sector financiero, el funcionamiento de una entidad de crédito y la normativa reguladora de las mismas.

En el caso de los impositores, el azar ha realizado el proceso de elección. En el caso de Cajasur, tuve el placer de conocer a un consejero representante de los impositores, hmbre que tenía nula relación con el sistema financiero y que a duras penas era capaz de explicar lo que era la TAE o el FGD.

Por último, cabe pensar que los más cualificados que se podían encontrar dentro de los consejos de administración, eran los propios representantes de los trabajadores, tanto en formación como en conocimiento. Pero es obvio, que estas voces han sonado poco y realmente, están siendo los más perjudicados del maremagnum en las cajas de ahorros. Este colectivo debe tomar nota para el futuro y para su figura en los Consejos de Administración. Eso, suponiendo que quede viva alguna caja de ahorros dentro de nuestro panorama financiero.

NO HAY CASO CONTRA LAS AGENCIAS DE CALIFICACIÓN

La Fiscalía rechaza la querella contra las Agencias de Calificación
23 julio 2011
por rosa maría artal

La Fiscalía Anticorrupción ha rechazado investigar una querella criminal contra las agencias de calificación norteamericanas, Moody’s, Fitch y Standard and Poor’s, porque , en su diagnosis, no existen indicios para probar que alteren los precios del mercado bursátil ni utilicen información privilegiada.

La denuncia la había presentado ATTAC y otras organizaciones, tal como podéis ver en el anuncio de Público. Era la primera en Europa. Y se acusaba a estas agencias de actuar como un “oligopolio”, dado que cuentan con un 90% del mercado, lo que les permite regular y controlar los mercados financieros con sus informes de calificación.

La querella estima que las agencias han obtenido por estas prácticas unos beneficios anuales de 3.000 millones de euros, con márgenes de hasta un 50%. El 75% de sus ingresos provienen de las comisiones que cobran a sus propios clientes por calificar sus títulos.

Añadían que las agencias manipulan deliberadamente la deuda española y castigan con dureza la calidad crediticia de España. Y aseguraban que fijan sus notas basándose en una “opinión altamente subjetiva y de escaso rigor técnico”.

Los querellantes pedían a la Audiencia Nacional que ordenara la entrada y registro de las sedes de Moody’s, Fitch y Standard and Poor’s en España para la obtención de pruebas documentales y la identificación de los cuadros directivos para ser llamados a declarar como imputados.

Pues bien, el informe de la Fiscalía Anticorrupción (preceptivo para iniciar el procedimiento) estima que no ha lugar la querella. Los hechos denunciados “en sí mismos no son constitutivos de delito”, dice. La Fiscalía Anticorrupción reconoce que las rebajas de la calificación de la deuda española “perjudicaron económicamente a España” porque “hay un efecto directo entre las revisiones a la baja de la deuda española por parte de estas agencias de calificación y el encarecimiento de la financiación del Estado a través de la emisión de la deuda pública”. Insiste, sin embargo, en que esas actuaciones no tienen carácter delictivo ni han sido denunciadas por el Ministerio Fiscal o “por el perjudicado” directo, que es el Estado español.

Me pregunto ¿Quién es el Estado español? ¿Los políticos, jueces y fiscales?

Y añado lo que nuestra amiga Angels Martínez Castells publicó en su blog hace algo más de un par de semanas: el informe de la Comisión de Investigación sobre la Crisis Financiera (FCIC en sus siglas en inglés) hecho público el 27 de enero de 2011. Parece que ellos, investigando, sí encontraron algunas evidencias.

MILES DE INDIGNADOS PROTESTAN EN MADRID CONTRA EL SISTEMA

Miles de indignados protestan en Madrid contra el sistema
Varios centenares de personas se concentran frente al Congreso
Seis columnas y 30 autobuses llegaron ayer para la manifestación, que acabó en Sol

La Puerta del Sol ha vuelto a indignarse. Miles de participantes en la marcha popular del Movimiento 15-M, algunos de los cuales llegaron ayer a la capital a pie en seis columnas y más de 30 autobuses, han regresado hoy al kilómetro cero de Madrid para exigir reformas políticas, económicas y sociales. Los manifestantes partieron de la estación de Atocha pasadas las 19.00 coreando las consignas que ya se han convertido en clásicas: "El pueblo unido jamás será vencido" y “¡Que no, que no, que no nos representan!”. Pasadas las 20.30, los primeros llegaron a Sol, donde los recibió una pancarta que rezaba "Bienvenida, dignidad". 

Después, los indignados se han dirigido hacia la Carrera de San Jerónimo, frente al Congreso de los Diputados, donde varios centenares de personas se ha sentado al grito de "Este edificio es del pueblo". Después se han desplazado, por el Paseo del Prado, hasta la parte de atrás de la cámara. Un fuerte despliegue policial protegía el perímetro del edificio mientras los manifestantes les recordaban que "los domingos no se trabaja".
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Esta vez, el lema de la marcha es "No es una crisis, es el sistema", pero, en un ambiente pacífico y festivo, los asistentes (jóvenes, familias con hijos, músicos, ciclistas, un grupo a favor del pueblo sirio...) portaban cientos de pancartas con otras frases: "Dormíamos, despertamos", "Un mundo sin muros", "Parados, moveos", "La banca al banquillo"....

La marcha ha circulado interrumpida por numerosas paradas: una sentada frente al Ministerio de Sanidad, otra delante del Congreso de los diputados -donde un perímetro policial ha impedido que se acercasen-, abucheos frente al Ayuntamiento de Madrid, el Banco de España... Algunos han pintado la fachada de la sucursal de un banco Santander en la confluencia de la calle de Alcalá y la Gran Vía. Un numeroso grupo, además, ha roto el trayecto programado y accedido a la Puerta del Sol por la calle Preciados en lugar de por Alcalá.

Las horas previas a la concentración han estado exentas de incidentes. El único hecho reseñable se ha producido esta tarde, sobre la una, cuando un grupo de unos 100 indignados que pasaron la noche en el Paseo del Prado han cortado el tráfico en la plaza de Cibeles durante unos 20 minutos. Los acampados se quejaban de que les habían cortado el agua de las fuentes y de las bocas de riego de las jardineras y no podían ducharse ni cocinar. Una veintena de agentes de la policía trataban de dispersarlos, mientras los indignados respondían con lemas. "Se va a acabar la paz social" coreaban. Al final, y sin intervención física de los agentes, los activistas decidieron dejar fluir de nuevo el tráfico.

Tras 34 días de recorrido explicando las razones del Movimiento 15-M y celebrando asambleas para recoger las demandas de los ciudadanos, la llegada de los indignados a Madrid ha estado marcada por el cansancio.

Para corresponder a los aproximadamente 550 peregrinos que desde el viernes han ido entrando a pie en Madrid, las asambleas de los barrios de la Comunidad les recibieron con los brazos abiertos, agua y comida. En algunos lugares, como Villa de Vallecas, incluso les ofrecieron masajes para que se sintieran frescos en la víspera de la marcha final.

YANKEES

Estados Unidos impidió el tránsito de un vuelo de Aeroméxico a Europa porque a bordo se hallaba la intelectual indigenista
Insólito: Raquel Gutiérrez prohibida de usar espacio aéreo norteamericano

Wilson García Mérida
El Gobierno de Estados Unidos obligó a las autoridades aeronáuticas de México suspender un vuelo a Roma, Italia, simplemente para impedir el viaje de una ciudadana mexicana a dicha ciudad europea para cumplir compromisos académicos; hecho que no solo provocó graves perjuicios económicos y laborales a la compañía afectada —Aeroméxico— y al resto de los pasajeros, sino que violó espantosamente los derechos civiles de la ciudadana “observada” por los organismos de seguridad norteamericanos que provocaron semejante atropello prohibiéndola volar sobre el territorio de Estados Unidos, que es ruta obligada para llegar a Europa.

El insólito incidente ocurrió la noche del pasado miércoles 20 de julio, cuando el vuelo 033 de Aeroméxico con destino a Barcelona (de donde se haría una escala a Roma) fue prohibido de atravesar el espacio aéreo norteamericano porque a bordo iba una pasajera “fichada” por la CIA: la socióloga Raquel Gutiérrez Aguilar, una intelectual que vivió en Bolivia más de 20 años contribuyendo en la lucha de los pueblos indígenas que hoy están construyendo su propio Estado en este territorio plurinacional andino-amazónico.

Los controladores aéreos de Estados Unidos obligaron a la nave de Aeroméxico retornar a Monterrey, donde Raquel Gutiérrez fue sacada del avión al tiempo en que le explicaban que el Gobierno de Estados Unidos se oponía a que la pasajera atraviese cielo norteamericano.

“Cuando llegué a la puerta del avión con todo mi equipaje de mano, había unos cuantos policías federales mexicanos y dos o tres funcionarios de Aeroméxico que me pidieron identificarme nuevamente y bajar del avión. Yo les dije que no iba a bajar a menos que me explicaran qué estaba sucediendo. Contestaron que el gobierno de Estados Unidos había negado el paso al avión porque yo iba en él”, relató la propia Raquel Gutiérrez en una denuncia pública que en Bolivia sorprendió e indignó unánimemente.

La académica mexicana no viajaba de ningún modo a Estados Unidos, ni siquiera para hacer una breve escala, y tampoco usaba una aerolínea norteamericana. En su carta de denuncia, Gutiérrez informó que viajaba de México DF a Barcelona en una nave de Aeroméxico y de allí se embarcaría a Roma en un vuelo de Alitalia.

Resulta intimidante que las autoridades de Estados Unidos supieran con anticipación quienes viajan en los vuelos rutinarios de Aeroméxico o Alitalia; y es más desconcertante que el Gobierno norteamericano haya causado impunemente un severo daño económico a la aerolínea mexicana obligándole a desviarsu rutay romper un itinerario transcontinental, sólo porque a la CIA le dio la gana prohibir que Raquel Gutiérrez transite por los cielos de Estados Unidos como pasajera común en un vuelo comercial.

CRISIS Y POLÍTICA FISCAL

Crisis y política fiscal

22 Julio 2011 | Categorías: Nacional |

Vicenç Navarro – Consejo Científico de ATTAC.

Existe en nuestro país un monopolio de la cultura económica por parte de la doctrina neoliberal que es casi absoluto y que se reproduce por parte de los medios de mayor difusión (tanto prensa, como radio y televisión, tanto públicos como privados), así como por los establishments políticos, y ello a pesar de que los datos existentes muestran el error, cuando no la falsedad, de sus supuestos. Así, un argumento generalizado que es ampliamente utilizado por el Gobierno Zapatero, por el Sr. Mariano Rajoy, presidente del mayor partido de la oposición en España, y por el Sr. Artur Mas, presidente de la Generalitat de Catalunya, es que los recortes realizados en nuestro Estado del Bienestar son necesarios porque durante estos años hemos estado gastando en él más de lo que la economía puede permitirse. En otras palabras, se aduce que no tenemos recursos suficientes para financiar el Estado del Bienestar que tenemos.

Otro argumento semejante es el indicado también por el Sr. Mariano Rajoy y por el Sr. Artur Mas, ambos dirigentes de coaliciones conservadoras-liberales, de que hay que reducir el Estado del Bienestar para salvarlo, como si este Estado del Bienestar estuviera demasiado obeso. Estos argumentos neoliberales se reproducen hasta la saciedad a pesar de que los datos existentes cuestionan la certeza y credibilidad de tales argumentos. Uno de estos datos es que el Estado del Bienestar en España y en Catalunya es el menos extenso de la UE-15, el grupo de países de semejante nivel de desarrollo económico al nuestro. Su gasto público social por habitante (que cubre los gastos de las transferencias y servicios públicos del Estado del Bienestar, tales como sanidad, educación servicios de ayuda a las personas con dependencia, escuelas de infancia, servicios sociales y otros) es el más bajo de la UE-15. Adelgazarlo puede significar un enorme debilitamiento del ya insuficientemente financiado Estado del Bienestar, lo cual hace difícil de entender el deseo de seguir recortándolo, a no ser que lo que se intente sea debilitarlo todavía mas para sustituirlo por los servicios privados. Hay intereses financieros, económicos y corporativos que están presionando a los partidos políticos en esta dirección y son influyentes en los partidos que están pidiendo que tales servicios se reduzcan todavía más para, según ellos, salvarlos

El segundo dato que cuestiona el argumento de que “nos gastamos más en el estado del bienestar de lo que podemos gastarnos”, es que, en realidad, España y Catalunya se gastan mucho menos de lo que podrían gastarse por el nivel de riqueza que tienen. España ya es tan rica como el promedio de los países de la UE-15, el grupo de países más ricos de la UE. Su PIB per capita es ya el 94% del PIB per capita promedio de la UE-15. En cambio, el gasto público social por habitante es sólo el 74% del promedio de la UE-15. Si en lugar del 74% fuera el 94% del promedio del gasto público social por habitante del promedio de la UE-15, España se gastaría 66.000 millones de euros más en su Estado del Bienestar de lo que se gasta. Estos recursos, pues, existen en España. Lo que ocurre es que el Estado no los recoge.

Una situación incluso más acentuada ocurre en Catalunya, donde el PIB per cápita ya es superior al promedio de la UE-15 (110%) y, sin embargo, el gasto público social per cápita es sólo el 73,3% del promedio de la UE-15. El argumento que utiliza el gobierno Mas es que tal déficit de gasto público social se debe al déficit fiscal de Catalunya con España. Pero, aunque no existiera tal déficit (que existe y debería corregirse) el gasto público social por habitante continuaría siendo más bajo del que le corresponde por su nivel de riqueza. De nuevo, el problema de la subfinanciación del Estado del Bienestar en Catalunya (y en España) se debe a que el Estado (tanto central como autonómico) no recoge los recursos, y ello a pesar de tener la capacidad de recogerlos, lo cual aplica, no sólo al estado central de España, sino también a sus CCAA, incluyendo Catalunya.

El hecho de que no los recoja se debe a lo que solía llamarse “poder de clase”, es decir, la resistencia de los súper ricos, de los ricos y de las rentas superiores, a pagar los impuestos que pagan sus homólogos en la UE-15. Así, mientras la gran mayoría de las personas que están en nómina pagan impuestos semejantes a sus homólogos en la UE-15 (un trabajador de la manufactura, por ejemplo, paga ya en impuestos el 84% de lo que paga su homólogo en la UE-15), los ricos pagan mucho menos. El fraude fiscal está generalizado en este sector de la población y alcanza la cifra –según estimaciones del sindicato de inspectores de Hacienda- de 88.000 millones de euros. En realidad, los impuestos de este sector han ido descendiendo en los últimos quince años, siendo ello responsable del déficit público estructural del Estado español. Tal déficit quedó oculto con el aumento de los ingresos al Estado, consecuencia del elevado crecimiento estimulado por la burbuja inmobiliaria. Cuando tal burbuja estalló, apareció el tamaño de tal déficit estructural de una manera clara. Este déficit, pues, es consecuencia de la reducción de los ingresos al Estado, en lugar de –como señalan los analistas neoliberales- un excesivo gasto público.

Hay otras maneras de reducir el déficit

Otra falsedad neoliberal es el argumento de que es necesario bajar el déficit a base de reducir el gasto. Se ignora que otra manera de reducir el déficit es aumentando los impuestos y, muy en especial, los de los grupos más adinerados que se beneficiaron de los recortes impositivos en los últimos quince años. Por cada recorte hay una alternativa que ni siquiera se considera. Así, por ejemplo, David Lizoain, un economista que ha estado analizando en detalle el presupuesto de la Generalitat de Catalunya, ha mostrado que, en Catalunya, los recortes sociales podrían haberse evitado mediante el mantenimiento del impuesto de sucesiones (400 millones de euros) y de patrimonio (538 millones); el establecimiento de un impuesto ecológico (de 5 euros por viaje aéreo en el Aeropuerto de El Prat), que hubiera recogido 150 millones, e impuestos finalistas en salud, que podrían haber alcanzado la cifra de 1.000 millones de euros (tal como hizo el gobierno de la provincia de Ontario en Canadá). Es más, la gravación de los beneficios exorbitantes de la banca (tal como aconsejó el Gabinete de estudios del Fondo Monetario Internacional) hubiera conseguido 600 millones de euros para Catalunya. Y así un largo etcétera. Con estos fondos podría haberse creado empleo y estimulado el crecimiento económico. El hecho de que se recorte el Estado del Bienestar en lugar de subir estos impuestos, se debe a que las rentas superiores tienen más poder político y mediático que las clases populares.

Lo mismo ocurre en España. Según los cálculos del Observatorio Social de España (basados en el criterio de David Lizoain) los ingresos la Estado podrían incrementarse en 16.731 millones si se creara un impuesto finalista para la sanidad (6.900 millones); si se gravaran los excesivos beneficios y sueldos de la banca (2.948 millones); si se estableciera un impuesto de sucesiones (2.552 millones), o un nuevo impuesto de solidaridad, como ha hecho Francia, que representa el 0.17% del PIB (1.841 millones); si se hiciera depender la multa del nivel de renta del multado, tal como se hace en Finlandia (862 millones) y si se aumentara la gravación de las rentas más elevadas (643 millones). Y no digamos la eliminación del fraude fiscal que, tal como indiqué en un párrafo anterior, alcanza la enorme cifra de 88.000 millones de euros.

Las propuestas de Rubalcaba

Es positivo que el candidato del partido gobernante, el Sr. Rubalcaba, haya abierto la posibilidad de iniciar una nueva manera de resolver los problemas creados por la crisis proponiendo un aumento de impuestos de manera tal que los fondos generados como resultado de tal medida pudieran utilizarse para crear empleo. Tales medidas son necesarias y urgentes, tal como han estado enfatizando los partidos a la izquierda del PSOE, marginados antidemocráticamente por los mayores medios públicos y privados de información. El problema con tales medidas es, sin embargo, que son tardías e insuficiente, pues el problema existente en España (que es el desempleo y la falta de crecimiento económico) requiere unas medidas mucho más sustanciales (con una reforma fiscal profunda) de las consideradas por tal candidato. Como he indicado en varias ocasiones (ver mi sección Política Económica en www.vnavarro.org) si España tuviera la política fiscal de Suecia, el estado español ingresaría 200.000 millones de euros más de los que recibe, con los cuales se podría, además de reducir el déficit, crear cinco millones de nuevos puestos de trabajo, permitiendo que el porcentaje de la población adulta que trabaja en los servicios públicos del Estado del Bienestar (muy poco financiados en España) pasara del 10% que tiene ahora al 24% que tiene Suecia. Ello permitiría eliminar el desempleo, crear una gran demanda, estimular la economía y corregir el enorme déficit social de España. Que esto no ocurrirá se debe a razones políticas y al sesgo neoliberal que existe en la mayoría de las instituciones mediáticas y políticas del país, tanto en España como en sus CCAA, incluyendo Catalunya.

Artículo publicado en El Plural